Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La alocución presidencial en la
noche del 12 de julio de 2015, bien puede entenderse como la antesala a la
firma del fin del conflicto, o por el contrario, como el previo anuncio a lo
que será un eventual rompimiento definitivo del proceso de paz de La Habana.
Lo anunciado en torno al
desescalamiento del conflicto por parte de las Fuerzas Armadas, debe entenderse
como un gesto que ojalá nos lleve al esperado anuncio del cese bilateral del
fuego. La veeduría, el acompañamiento y la evaluación nacional e internacional
tanto al cese unilateral de las Farc, como a las medidas adoptadas entre las
partes, para desescalar y “humanizar la guerra”, deberán servir para
desenmascarar a quienes desde el interior de las fuerzas armadas y de las
propias Farc, están interesados en torpedear el proceso de paz y de esa forma,
prolongar la guerra por más años. Por ello, dichas veedurías deberán estar
atentas a señalar a aquellas unidades y comandantes tanto de las fuerzas
armadas, como los de esa guerrilla, que de tiempo atrás hayan participado de
actividades y acciones militares de sabotaje a los anuncios de cese unilateral
y estén ahora, alistándose para afectar lo pactado en La Habana.
Y en este punto serán vitales las
comunidades campesinas, los líderes sociales, defensores de derechos humanos y
todos aquellos que por su trabajo comunitario y el interés de facilitar la vida
y la convivencia en territorios en disputa, para señalar a los veedores
nacionales e internacionales, qué comandantes farianos y qué unidades militares
están más interesadas en desobedecer las órdenes y directrices dadas tanto por
los miembros de la cúpula de las Farc, como las del Presidente Santos, en su
calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas. Tendrán que estar atentos,
también, a aquellos grupos delincuenciales, exparamilitares, bandas criminales
y a las propias tropas del ELN, que puedan prestarse para perpetrar atentados,
que pongan en riesgo lo pactado en La Habana.
Se necesita que los veedores
nacionales e internacionales que vigilarán las acciones de desescalamiento y de
cese unilateral anunciado por las Farc,
actúen con total transparencia. Los líderes de las Farc y el propio Gobierno,
deben estar dispuestos a “sacudir” las filas y sacar a quienes estén proclives
a desobedecer las órdenes. El plazo de cuatro meses, sin duda, suena a un
ultimátum para el proceso de paz. Ojalá que en cuatro meses, el país asista a
la firma del fin del conflicto armado interno y no, a la espera de la alocución
del Presidente, anunciando que da por terminadas las negociaciones de paz.
De otro lado, fue claro el
Presidente con el país, al reconocer que el gran obstáculo que hoy no permite
avanzar en los otros puntos de la Agenda, está dado en el tema de la justicia.
Es claro que las Farc no aceptan pagar un día de cárcel por los delitos
cometidos. Ojalá que lo dicho por Santos en torno a que “hay que obtener el máximo de justicia para alcanzar la paz”, no sea
el cerrojo que evite buscar salidas a este escollo, que debe servir para que
los colombianos entiendan que lo que se está dando en La Habana es
una negociación y no una claudicación o el sometimiento de las Farc al Estado
colombiano. Y en este punto, hay que volver a insistir en que si
hay cárcel para las Farc, entonces, deberá haberla para militares, policías y miembros
de la élite política y económica que han participado del conflicto armado y
coadyuvado a su extensión en el tiempo.
