Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
En
el reciente fallo[1]
del Tribunal Superior de Bogotá, con el que se condena al líder paramilitar
Salvatore Mancuso, se hace referencia al papel que jugaron los medios masivos
en la legitimación del paramilitarismo en la opinión pública.
Al
hacer referencia al rol que jugaron los medios masivos y en general el
periodismo colombiano en la consolidación social, ideológica y política del
fenómeno paramilitar, la magistrada Alexandra Valencia elevó, sin proponérselo,
a los medios masivos a la categoría de actores políticos. Esta discusión hay
que darla, dado que las actuales sociedades devienen cada vez más mediatizadas
y proclives a consumir, sin mayor análisis, los discursos
periodístico-noticiosos que la prensa construye no para develar la verdad, sino
para construir verdades a medias y por esa vía, ocultar la gravedad de unos
hechos que comprometen a tradicionales
élites de poder económico y político.
La valerosa y polémica alusión de Valencia en su fallo
condenatorio, de inmediato fue recogida por los medios masivos: “Que los medios fueron complacientes y
mostraron una imagen favorable de los jefes de las autodefensas; “De acuerdo
con el fallo, lo medios tienen una responsabilidad en el desarrollo de los
grupos paramilitares por su actitud "complaciente" con los jefes de
esas organizaciones”[2]; “En la sentencia la magistrada aseguró que en la expansión
del bloque Catatumbo hubo un "impulso ideológico que terminó en la
difusión mediática en donde se registraron sendas entrevistas a Carlos Castaño
en las que se presentaba como líder y redentor".Esas entrevistas y notas
generaron una "naturalización de la opinión pública de los actos cometidos
de barbarie".A través de los medios de comunicación, dice la magistrada,
los paramilitares usaron su estrategia de llevar discursos de odio. Esa
práctica, según el Tribunal, sigue sucediendo, esta vez usando, además, redes
sociales. Por esta razón, el Tribunal exhortó al Congreso para que legisle
sobre el delito de ofensa”[3].
Resulta improbable que el Congreso
decida legislar en torno al delito de ofensa y por esa vía, se pretenda
restringir y ponerle cortapisas a las libertades de expresión y de prensa, tal
y como teme hoy la gran prensa bogotana.
Hay que señalar que dichas libertades
entran en un diálogo conflictivo cuando los procesos de investigación
periodística se ponen en marcha y se establecen relaciones perniciosas entre
fuentes oficiales y periodistas. De igual manera, cuando aparece el ejercicio
subjetivo de la opinión, en especial aquella que se vuelve masiva y con visos
de verdad incontrastable cuando los medios, en especial la prensa escrita,
abrió sus editoriales para fijar posturas políticas frente a los paramilitares,
así como las tribunas de opinión a columnistas que vieron o veían con buenos
ojos el actuar de las AUC que, en claro contubernio con sectores de las fuerzas
armadas, operaron como una empresa criminal[4]
cuyo máximo propósito no era enfrentar militarmente a los grupos subversivos.
Lo planteado por la magistrada Valencia
debe servir para abrir un gran debate nacional en torno al poder de una prensa
que deviene cooptada y sometida al poder de grandes emporios económicos, que
valoran muy bien el poder de penetración que tienen los noticieros de televisión y en general el ejercicio periodístico,
cuando estos resuelven aceptar la doctrina del pensamiento único y su correlato, el unanimismo ideológico y
político[5].
De cara a un eventual posconflicto, el
país necesita de políticas públicas de Estado no para regular el ejercicio periodístico,
sino para garantizar pluralidad informativa. Y para ello, es urgente que a la
gran prensa que defiende los intereses de una reducida élite y el proyecto
político y económico de la Derecha, se pueda oponer otros medios que, con igual
poder de penetración y con capacidad para generar estados de opinión, puedan
informar desde perspectivas y orillas ideológicas y políticas distintas. De esta
forma la democracia se ampliaría y posiblemente el país pueda contar con una
opinión pública calificada y capaz de discernir sobre asuntos públicos de
especial valor y trascendencia.
Si hubo o no
complacencia de los medios frente al actuar de los paramilitares, en anteriores
ejercicios de seguimiento y análisis a medios escritos logro dar puntadas y
constatar que por lo menos se expresaron simpatías con un fenómeno
multifactorial que la misma prensa redujo a hechos de violencia política. “En específicas tribunas de opinión de los diarios
bogotanos se promovió, apoyó, legitimó, validó, justificó, se promovió y por
momentos se intentó reducir la dimensión de un fenómeno multifactorial, que se
viabilizó a través de unas estructuras armadas convertidas con el tiempo en una
empresa criminal de gran calado. Hubo, entonces, una especie de para-opinión que coadyuvó a que
el paramilitarismo, como fenómeno sistémico y complejo, se entronizara en los
discursos de consumidores asiduos de la prensa, que no vieron riesgos, ni
problemas en los discursos proclives a un actor armado ilegal al que se
endilgan masacres y la comisión de otros delitos contra la humanidad. Una para-opinión acorde con unos
principios y valores resultantes del actuar débil de un Estado que ha sido
incapaz de erigirse como un actor capaz de garantizar la paz, la vida y la
honra de sus asociados”[6].
En otro ejercicio
analítico señalo que “en los procedimientos periodísticos, en las maneras
en las que se establecen las relaciones fuente-periodista o columnista, el
poder del guerrero suele
ponerse por encima de la condición civil que ostenta el periodista o el
columnista. Y peor aún, cuando al encuentro comunicativo el actor armado llega
uniformado, armado y acompañado por su esquema de seguridad.
Sin duda alguna, se construye un inconveniente escenario de dominación, en el que el paramilitar, guerrillero o soldado somete al periodista o al columnista, lo que inmediatamente invalida el diálogo y por ende, la consecución de la información y su posterior exhibición. Esas circunstancias facilitan la dominación del actor armado, legal o ilegal, sobre quien tiene la función de comunicar. Y peor aún, cuando detrás aparece la admiración del columnista o periodista, tal y como sucedió en los casos arriba señalados.
De
allí se desprende, entonces, un elemento contextual, ético y político para un
ejercicio periodístico responsable: no aceptar entrevistas o encuentros con
actores armados, cuando la disposición del espacio, de las formas discursivas
están claramente orientadas a favorecer o a exaltar la perspectiva de lucha de
cada uno de éstos actores de la guerra interna colombiana. Es claro que los
uniformes y las armas son un discurso que amedrenta, indispone y predispone a
quienes participan como civiles en un contexto comunicativo en el que la
información cobra y tiene un interés periodístico. Y resulta peor la pretendida
situación de comunicación cuando previo al encuentro entre el
periodista-columnista y el agente armado ilegal o legal, subsiste en el primero
una admiración del uniforme y de los uniformados.
El ejercicio de la prensa debe partir de un principio clave: los actores armados no son héroes, no representan un mejor estar en el mundo, no son ejemplos de vida. Creo que si Yamhure y Hernández-Mora hubiesen tenido claro este principio, no hubiesen terminado al servicio de la causa paramilitar y menos aún, hincados ante la arrogancia de Castaño, quien no era más que un espíritu vengativo reproducido por una sociedad violenta, que tiene en el ejercicio de la prensa al mejor vehículo para legitimar la lucha armada de quienes a todas luces recogen la estupidez y perversidad que sólo es posible en el ser humano.
A
la crisis del periodismo noticioso en Colombia se suma la crisis del
periodismo de opinión cuando éste se pone al servicio de actores armados y
sirve para ocultar hechos y reacomodar discursos con claro beneficio sectorial,
en un claro olvido del interés general. Así las cosas, lo que está en
entredicho es la ya maltrecha credibilidad de los medios masivos colombianos”[7].
[1] Busqué el texto completo del fallo,
pero no lo hallé.
[2] http://www.pulzo.com/medios/236376-propuesta-de-crear-delito-de-ofensa-incluido-en-sentencia-de-mancuso-forma-de-censura
[4] Véase Paramilitarismo en Colombia:
más allá de un fenómeno de violencia política: Cali, UAO, 2011.
[5] Véase De la democracia radical al unanimismo
ideológico, medios y seguridad democrática. Cali: UAO, 2006.
