Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Después de una seguidilla de
hechos violentos perpetrados por las Farc y de ‘amenazas’ de rompimiento de los diálogos, el proceso de
paz de La Habana pasa, por estos días, por un buen momento desde la perspectiva
de la entrega de buenas nuevas.
El mismo proceso de negociación
genera y exhibe hechos históricos que hacen pensar que la firma del fin del
conflicto está cerca. Y es así, por la llegada a Cuba de un grupo de personas
que representa a las víctimas de los actores armados; y de otro compuesto por
académicos que buscarán generar consenso alrededor de las causas y las
circunstancias contextuales que coadyuvaron y justificaron el surgimiento del
conflicto armado interno; de igual manera, por el arribo de una comitiva de
militares activos, que asesorará a los negociadores del Gobierno en asuntos que
guardan relación con la posible dejación de armas, la desmovilización de los
guerrilleros de las Farc y el desminado de zonas en las que las Farc
‘sembraron’ artefactos explosivos, entre otros temas que requieren de la
experticia castrense.
Es decir, por cuenta de las
víctimas, los académicos y de los militares activos, el proceso de paz de La
Habana entra en una etapa definitiva, que parece no tener reversa o factor de
poder alguno que lo detenga, salvo que
las ‘fuerzas oscuras’ asesinen a una personalidad que presione al Presidente a
que rompa los diálogos. Recordemos que el presidente Santos dijo que “si atentan contra una figura importante
explota el proceso de paz”[1]. No
se puede descartar que ello suceda, puesto que dentro de las propias fuerzas
armadas y en sectores económicos, sociales y políticos de ultraderecha, hay
intereses creados que presionan y buscan extender la guerra por otros 50 años
más.
Lo positivo también es negativo
Para quienes creen que lo mejor
que le puede pasar al país es ponerle fin al conflicto armado interno, los
últimos hechos resultan ser positivos. Muy positivos. Pero para aquellos
sectores de poder, minoritarios por cierto, pero influyentes en una engañada
opinión pública, la llegada de representantes de las víctimas, de los
académicos y especialmente de militares activos, se convierte en un hecho no
sólo negativo, sino grave.
Esas reacciones tienen nombre
propio: Centro Democrático, manejado por el ex presidente Uribe Vélez,
detractor de Santos y enemigo acérrimo del proceso de paz. Se suma a esa
reacción negativa el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez
Maldonado, quien además de oponerse a las negociaciones, en específico lo viene
haciendo contra el Marco Jurídico para la Paz y contra lo que será la justicia transicional.
Ante la arremetida de estos
exponentes de la ultaderecha colombiana, Santos sale a los medios y aclara las
funciones que cumplirán tantos los militares, como los académicos que arribaron
a Cuba. No serán negociadores los primeros, y los segundos no hacen parte de
una adelantada Comisión de la Verdad.
El senador del Centro
Democrático señaló que demandará la decisión de Santos de enviar militares a
Cuba, por cuanto considera el ex presidente que éstos van a negociar con las
Farc, lo que constituye una práctica deliberatoria que la Constitución prohíbe a los uniformados. En concreto el
polémico político antioqueño se refiere al artículo 219 de la Carta Política,
que señala que “la fuerza pública no es
deliberante; no podrá reunirse sino por orden
de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que
se relacionan con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con
arreglo a la ley. Los miembros fuerza pública no podrán ejercer la función del
sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades
o debates de partidos o movimientos políticos”[2].
Exagera y se equivoca el senador
del Centro Democrático. Las funciones dadas al grupo de militares activos que
viajó a La Habana no hacen parte de las asignadas al equipo negociador del
Gobierno de Santos. Es decir, no tienen un sentido político que implique la
deliberación y la discusión de asuntos o temas que hacen parte de la agenda de
negociación pactada. Ese grupo de militares no discutirá con los negociadores
de las Farc asuntos como la integridad del territorio y el orden
constitucional.
Hay que señalar que la
preocupación del señor senador por las fuerzas armadas no es genuina. Él mismo,
cuando fungió como Comandante Supremo entre 2002 y 2010, debilitó la
institucionalidad militar al manejar los asuntos castrenses desde lógicas
privadas, asociadas a su carácter megalómano, mesiánico y profundamente
autocrático. Tomó decisiones que irrespetaron los conductos regulares y manejó a la fuerza pública como si fuera su
propio cuerpo armado.
Lo que se viene
Hay que buscar con urgencia el
cese bilateral al fuego y evitar que el proceso entre en un profundo desgaste
frente a la opinión pública, manipulada por unos medios masivos que no
acompañan del todo las negociaciones en La Habana. En especial, porque lo
acordado, se espera que sea refrendado en las urnas. Por ello, se necesita un
cese total de hostilidades, para desarmar a quienes desde la ultraderecha
buscan que la guerra se mantenga.
Si bien hay acuerdos preliminares sobre tres puntos y
hay avances en los 4 y 5 de una agenda pactada a seis, estos son y serán los
momentos y las circunstancias más delicadas del proceso de paz. Del lado de las
Farc, es urgente que los negociadores aseguren que tienen el control total
sobre sus frentes. Y por el lado del Gobierno, deberá no sólo poner en cintura
a los miembros de la fuerza pública que no estén comprometidos con el fin del
conflicto, sino evitar que la ultraderecha atente contra las negociaciones,
pues bastaría con atentar o matar a una
figura importante, para romper las negociaciones. Así como podemos pensar que está cerca la
firma del fin del conflicto, de igual forma podemos advertir que las
negociaciones se pueden romper en cualquier momento.
