Con el
afianzamiento de la globalización corporativa, Colombia entra
en el más complejo estadio en el que sobresale la sempiterna incapacidad del
Estado nacional de asegurar el monopolio de las armas, el control de sus
fronteras internas y el cumplir, con probada legitimidad, la acción fiscal
(sistema de tributación).
El incumplimiento
del ideal moderno de Estado-nación, tanto en el
pasado como en el presente, generó -y genera aún- en la población
colombiana y en las propias elites, la
necesidad de mantener estrategias individuales y colectivas de supervivencia por encima de la
más urgente necesidad: consolidar un proyecto de nación seguro en la praxis, y coherente
y cohesivo en lo simbólico.
La historia
política, económica y social colombiana da cuenta de eventos, hechos y
acontecimientos de especial significado y recordación. Entre otros, la Violencia desatada el 9
de abril de 1948 con la muerte del caudillo Jorge Eliécer Gaitán Ayala y la
posterior Violencia Política que, con algunas características especiales, jugó
a convertirse en una verdadera ruptura histórica, pero que terminó en un
episodio trágico tanto para las elites políticas que la orquestaron como para
quienes participaron ciegamente de los enfrentamientos.
Pasados los
crueles episodios de intolerancia partidista, el Frente Nacional significó el
progresivo, pero lento debilitamiento de los partidos políticos, convertidos,
más que nunca, en carteles burocráticos y mensajeros durante las dos
administraciones de Uribe Vélez.
Sin embargo,
Colombia no ha sufrido rupturas capaces de generar cambios sustanciales en las
formas ‘aceptadas’ de hacer política, y en aquellas que tradicionalmente han impedido
que la acción estatal alcance y le dé la
legitimidad al establecimiento y al régimen político.
La sensación de
estancamiento y de involución por la presencia otoñal de unas guerrillas con la aparente
falta de un proyecto político, alimentó por décadas expresiones políticas
propias de una democracia en construcción, de una nación fragmentada y de un
Estado débil: altos índices de abstención en los eventos electorales,
polarización política, clientelismo y empobrecimiento de la discusión pública de
asuntos públicos, dada la efectiva mediación informativa-noticiosa de unos
medios de comunicación articulados más a los intereses económicos corporativos,
que a la función vigilante de la cosa
pública y al noble propósito de
generar una opinión pública crítica, deliberante y capaz de discernir con
claridad sobre asuntos públicos estratégicos.
Ante un “permanente cambiar para que todo siga igual’,
como máxima expresión de dicho estancamiento, los colombianos ven aún pasar su propia
historia arropados en el dolor, la incertidumbre y las crisis que generan una
guerra interna no declarada. De esas condiciones, quizás, se desprenda la
reducida idea de paz que los colombianos tienen, únicamente concebida como el
silenciamiento de los fusiles. De ahí que el discurso guerrerista de Uribe
Vélez haya calado tanto en las audiencias y en varios sectores societales
cansados de los excesos de unas guerrillas lumpenizadas y convertidas en verdaderos carteles de la
droga.
Los intentos por
lograr la paz en esas condiciones se exponen como fracasos, cuyas lecciones
poco recogen quienes se aventuran en el diseño de nuevos caminos de
entendimiento entre el Estado y las fuerzas insurgentes. Por ello, quizás las
esperanzas de lograr esa paz por la vía del diálogo y la negociación hayan
fortalecido la idea de que lo que necesita el país es un proceso de
pacificación (quizás haya que decir paxificación,
por aquello de la pax romana) que de
una vez por todas elimine a quienes de tiempo atrás han confrontado el orden
social establecido.
Después del
estruendoso fracaso de los diálogos de paz entre las FARC y el Gobierno de
Pastrana (1998- 2002), los colombianos parecieron encontrar el líder político
capaz de romper con un mal histórico que Daniel Pécaut señaló en su momento como
“…la eterna compañía del Frente Nacional”.
Así, con la
reelección inmediata de Álvaro Uribe Vélez (2006-2010), y la posibilidad de un
tercer período, Colombia y los
colombianos aspiraban a que tardíamente se alcanzara el carácter y el tono del
Estado-nación moderno, a partir de la derrota militar de las FARC. Por ese
camino, y ante la insepulta presencia del bipartidismo, Uribe Vélez recuperó y
refundó la unicidad y el talante excluyente y cooptante del viejo Frente
Nacional, sostenido ahora en una especie de capitalismo de camarilla el cual blindó su
segunda administración.
Paralelo a la
razonable aspiración nacional, el segundo período de Uribe Vélez consolidó no
sólo el unanimismo ideológico, mediático y político, sino que abrió la
posibilidad, ante la intención manifiesta de buscar una segunda reelección, de
que se diera una Ruptura Histórica, apoyada,
inicialmente, en el trabajo ideologizante de medios de comunicación, líderes de
opinión, opinadores furtivos de Internet, con el denodado y definitivo apoyo de
gremios económicos, militares, industriales y banqueros.
Los anteriores
actores hicieron posible vislumbrar esa posibilidad de que Colombia viviera esa
Ruptura Histórica, junto a varios hechos políticos como el escalamiento, profundización e
internacionalización del conflicto armado interno, evidenciado, en primera
instancia, con la intervención militar de Colombia en territorio ecuatoriano; también, la decisión política y militar de
aniquilar a las FARC con la
colaboración decidida de los norteamericanos; otros hechos políticos que
claramente ayudaron a que se vislumbrara aquel escenario, fueron la violación sistemática de los derechos humanos
a críticos, sindicalistas, periodistas, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y simpatizantes
de izquierda, a través de las intervenciones ilegales efectuadas desde el DAS,
lo que se conoció y se conoce aún como las ‘chuzadas’ del DAS, convertido, para
analistas políticos y detractores de Uribe, en la policía política de su
gobierno.
El segundo
periodo de la administración Uribe (2006-2010) se caracterizó, además, por el
gran entusiasmo que despertó en sectores societales el nuevo escenario político
y democrático que se construyó a partir de la modificación constitucional que
abrió la puerta a la reelección presidencial inmediata. Con el aval de la Corte Constitucional,
el directo beneficiado fue el presidente Álvaro Uribe Vélez y su gobierno, que
hicieron ingentes esfuerzos políticos para lograr el apoyo en el Congreso al
proyecto reeleccionista. En términos del propio Uribe Vélez,
se hablaría de esfuerzos persuasivos
hacia las bancadas y los congresistas indecisos de apoyar la aventura
reeleccionistas, que terminó siendo una verdadera alteración institucional por
la evidente pérdida del equilibrio de poderes.
Lo que el
Presidente Uribe llamó esfuerzos persuasivos, terminaron develando todo un plan
de compra de conciencias a congresistas para que cambiaran su voto, para lograr
así la aprobación en el Congreso del proyecto de reelección inmediata. Desde la acción mediática, se conoció lo
sucedido como ‘yidispolítica’, lo que generó no sólo un escándalo político,
sino procesos judiciales en contra de los congresistas Yidis Medina y
Teodolindo Avendaño, condenados por el delito de cohecho, así como contra el
ministro Sabas Pretel de la Vega
(Ministerio del Interior y de Justicia), llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia y
sancionado por la Procuraduría General
de la Nación
con 12 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.
La gran prensa colombiana informó con alborozo la
aprobación en el Congreso nacional de la reelección inmediata. Por ejemplo, EL
TIEMPO tituló Congreso colombiano dio vía
libre a segunda reelección de Uribe (sic). La prensa, que había cerrado filas en torno al
gobierno de Uribe, no aludió a la afectación de un principio, de un valor y de
un pilar fundamental para la democracia: el equilibrio de poderes, de los frenos y contra pesos que se requieren
para vivir realmente en democracia.
Con las decisiones tomadas al interior del Congreso y
la posterior validación de la reelección presidencial inmediata en la Corte Constitucional,
que declaró exequible la ley que dio vida a la reelección, quedaron varias
conclusiones. La primera, que el equilibrio de poderes es y fue un asunto menor
tanto para los ciudadanos que apoyaron la recolección de las firmas para dar
vida al referendo reeleccionista, como para aquellos que no vieron las
implicaciones constitucionales y democráticas de permitir que Uribe
permaneciera ocho años en el poder.
La segunda, que la democracia es quizás la apuesta
política que mayores exigencias hace al ser humano, especialmente cuando en la
condición humana contemporánea, en especial para el caso colombiano, aparecen
factores pre políticos que de forma decisiva impiden jugar el juego
democrático: la intolerancia, el individualismo, la ignorancia supina tanto de
líderes políticos como de los ciudadanos del común, la avaricia y las ansias de
poder, entre un largo listado que ponen a la democracia en un ideal cada vez
más lejos de alcanzar.
La tercera, que a los periodistas y a la fragmentada
sociedad civil colombiana les importó poco que se modifique la Constitución en
beneficio de un individuo y de un proyecto político excluyente, que resultó
comprometido con la violación de los derechos humanos y con la crisis
institucional generada por el enfrentamiento del Ejecutivo y las altas Cortes.
Quedará para el juicio de la historia el acomodaticio papel que jugó la gran
prensa nacional en estas horas aciagas. De la sociedad civil realmente se
espera aún alguna reacción, así sea tardía.
La cuarta, que no hemos aprendido en Colombia que se
necesitan instituciones fortalecidas y no proyectos individuales y que por
ello, los caudillos y los Mesías aluden a un pasado en el que todavía viven
muchos colombianos. Esas figuras hacen parte de un proyecto premoderno de
Estado, en el que los colombianos no pueden insistir.
La quinta, que detrás del silencio de actores de la
sociedad civil y de la cómplice decisión de quienes se han beneficiado de las
dos administraciones de Uribe, hay una profunda subvaloración de la democracia (social, política y económica
de la que habla Sartori), sostenida en un proyecto autoritario de país,
esperado por largo tiempo.
La sexta, que la rigidez de la Constitución política
de 1991 se puso a prueba, con lo que se demostró que el grosor de su blindaje
estaba más del lado de quienes añoran el marco constitucional de 1886, que en
la propia estructura y cohesión del texto constitucional.
La séptima, que la política se puso al servicio de la
avaricia, del crimen organizado y de la irresponsabilidad política de una clase
política y dirigente que de tiempo atrás le ha dado la espalda a los profundos
problemas sociales, económicos y políticos generados por un Estado incapaz de
cumplir con responsabilidades y tareas modernas.
La octava, que hoy más que nunca se necesita de una
educación que, fundada en la defensa de principios democráticos y de los
pilares de una constitución garantista, mire de manera crítica la historia y
las actuaciones de quienes de manera decisiva desean retroceder y regresarnos
al modelo feudal. Para ello es clave pensar en una educación alimentada y
sostenida en el pensamiento crítico.
Y la novena, que sólo a través de la discusión y el
diálogo respetuoso, en escenarios públicos y privados, podemos avanzar en la
construcción de una verdadera democracia.
El papel de los
medios masivos durante el segundo periodo de Uribe no cambió mucho en relación
con la postura que asumieron las mismas empresas mediáticas y los periodistas en la primera administración.
Aunque medios y periodistas trabajaron en la generación de estados de opinión
favorables, los escándalos políticos y en especial la fuerte inestabilidad institucional
generada en el agrio enfrentamiento entre el Presidente Uribe y los magistrados
de la Corte Suprema
de Justicia, en especial los de la Sala
Penal, fueron minando la confianza de las audiencias y de
ciertos sectores de la élite política y económica. Se sumó a lo anterior los
problemas diplomáticos, económicos, sociales y políticos generados por la
ruptura de las relaciones diplomáticas con Ecuador, por la incursión militar en
su territorio en la que el ejército colombiano logró asesinar al cabecilla
guerrillero y miembro del Secretariado de las Farc, alias ‘Raúl Reyes’; y con
Venezuela, a raíz del manejo dado por el gobierno colombiano al papel como
mediador que jugó el Presidente de
Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, en el logro de liberaciones unilaterales
de prisioneros o secuestrados por parte de las Farc.
El pensamiento
único en Colombia
Con la ayuda de empresas demoscópicas, un buen número
de columnistas, opinadores furtivos de internet, un gran porcentaje de medios
masivos y periodistas y, por supuesto, la efectiva acción política y
comunicativa de la Casa
de Nariño, Colombia asiste a lo que aquí se ha llamado unanimismo ideológico y político. Esto es, un forzado y forzoso consenso que señala,
sin tapujos, que solo hay una forma de gobernar, de pensar y actuar, que viene
siendo el correlato de lo que Ignacio Ramonet llamó el Pensamiento Único.
María
Teresa Herrán
sostiene que “en la administración Uribe,
los medios, convertidos en simples “Cajas de resonancia”, refuerzan el unanimismo,
lo cual produce los siguientes efectos”:
1. La ineptitud para la negación: Regis Debray analiza cómo en la videosfera contemporánea,
en la que predomina la TV,
y por lo tanto la imagen, ésta ignora las subordinaciones y las relaciones de
causa a efecto. En un esquema unanimista, con más veras, la negación
desaparece. Dice Debray: “la imagen
sólo puede proceder por yuxtaposición y adición sin un solo plano de
realidad... la ineptitud para la negación formará espíritus positivos, abiertos
al lado bueno de las cosas tomando el mundo por medio del cuerpo, sin las vanas
negatividades de otros tiempos”.
El caso de
la campaña “Colombia es pasión”,
asegura Herrán, patrocinada por el gobierno, los empresarios y los medios, es un
ejemplo concreto de lo afirmado por Debray. 2. La obsesión por lo
positivo: el corolario de
la incapacidad de negación es, desde luego, la obsesión por lo positivo.
Bourdieu (6), en ese magnífico pequeño libro rojo “Sobre la
televisión”, en el que analiza el campo periodístico recalca cómo “la TV llama la atención sobre hechos “para todos los
gustos”: hechos que no deben escandalizar a nadie, en los que no se ventila
nada, que no dividen, que crean consenso, que interesan a todo el mundo pero
que por su propia naturaleza no tocan nada importante”.
Para el caso colombiano, dicho unanimismo señala que
el único gobernante que ha hecho las cosas bien, en los últimos años, fue
Álvaro Uribe Vélez, pues hizo posible, entre otros asuntos, que podamos viajar
por las carreteras nacionales escoltados y vigilados por la fuerza pública; que
gracias a esa seguridad, los inversionistas extranjeros, a partir de beneficios
tributarios, y a la revaluación del peso
y la desaceleración de la economía americana, hayan aumentado sus inversiones
en Colombia, entre otros positivos indicadores macroeconómicos, que en general,
ofrecieron un entorno positivo a los gremios de la producción y a la banca
nacional e internacional.
Todo lo anterior, soportado en la decisión política y
militar de acabar con las FARC, semilla
de todos nuestros problemas, tal y como lo justifican quienes comparten este
controvertible, pero decisivo imaginario colectivo.
Negar lo anterior en la segunda administración de
Uribe indispuso a quienes, atrincherados en el unanimismo ideológico y político
-también mediático-, desconocían o minimizaban cualquier error cometido por el
Gobierno de entonces. Esos niveles de empatía gubernamental con la opinión
pública y las sinergias generadas con poderes económicos y políticos fueron,
sin duda, importantes para el devenir de un país como Colombia, en el que las
crisis políticas suelen dar al traste con proyectos económicos de gran
envergadura y con las buenas intenciones de mandatarios que quisieron -y
quieren- ganarse un lugar en la historia colombiana.
Hoy, a pesar de la fuerza de las esclusas dispuestas
por quienes hicieron parte y sostuvieron el forzoso consenso político y
económico, las minorías que sobreviven por fuera del unanimismo político,
ideológico y mediático intentan golpear las férreas estructuras del pensamiento único que parece imponerse
en Colombia. Y lo han hecho, apoyados en la denuncia de inocultables hechos
políticos, con los cuales las minorías que están por fuera del pensamiento único colombiano, exigen que
se acepte que estamos ante una crisis política, de gobernabilidad y legitimidad
superior a la vivida por el gobierno de Samper Pizano.
Por ello, es evidente cómo sistemáticamente se van
develando, por lo menos, las simpatías
ideológicas del gobierno Uribe con el paramilitarismo; los tozudos hechos
de la parapolítica también dejan entrever el estrecho concepto de Estado que
agencia el Presidente de la
República, que se expresa, por ejemplo, en la búsqueda de
mecanismos y estrategias que desvirtuaran la autoridad, competencia e
independencia que tiene la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) para juzgar a quienes hicieron posible que llegara a la Casa de Nariño en dos
ocasiones.
DELGADO, Álvaro. Insurgencia para rato, señores.
Boletín Actualidad Colombiana, edición 472, mayo 16- 31 de mayo de 2008.
Bogotá: CINEP, ILSA Y PLANETA PAZ. Gilberto Vieira, importante intelectual y
dirigente comunista del siglo XX, dijo
en su momento, que “mientras exista ese
poder que hace operativa la guerra sucia, el movimiento insurgente se justifica
y se va a desarrollar más. Ese movimiento insurgente no desaparecerá si se
sigue negando la posibilidad de un acuerdo político que supere el mecanismo de
la guerra sucia y los problemas históricos y presentes de la realidad política,
social y económica de Colombia. Si no se logra imponer el fin de la guerra
sucia, que incluye la depuración del Estado de los elementos que han apoyado un
régimen excluyente y autoritario extensivo a las propias fuerzas armadas, no se
dará punto final al horror que padece el pueblo colombiano desde hace muchas décadas,
y no se va a poder solucionar el problema del conflicto armado.”
