Tres Caínes y un solo Dios: el rating

Por Lisandro Penagos Cortés

En estos tiempos en que todo tiene un precio –incluida la vida– no resulta extraño que la muerte sea utilizada como arpón para ensartar billetes. La fórmula es eficaz y muy sencilla. Se retoma de la realidad mediática una historia violenta, se escriben unos libretos (amañados, o mejor, descontextualizados para no hilar tan delgado), se buscan unos actores taquilleros, buenos directores audiovisuales, tecnología de punta y se adoba con publicidad hasta la saciedad. El resultado: rating, es decir, pauta publicitaria, o sea, ganancias, billete. Los Tres Caínes es más de lo mismo. No hay originalidad, solo la ficcionalización de la realidad con alto grado de irresponsabilidad social. El viejo truco, diría Maxwell Smart, el superagente 86, ese sí, un personaje resultante de una idea original.

No es que no pueda utilizarse la historia como insumo, es que se ha caído en el facilismo y la superficialidad. Ella ha sido el mayor insumo creativo de todos los tiempos y ha dejado para la posteridad historias únicas sobre Cleopatra o Jesús, Hitler o Mandela. Sobre el Imperio Romano, el Cristianismo, la Segunda Guerra Mundial o el Apartheid. Ambientadas en Jerusalén o Egipto, en Alemania o Suráfrica, han repercutido porque trascienden la imitación, la puesta en escena de la bondad o la barbarie, la simpleza maniquea de erigir malos o buenos totales, y han conformado relatos que dan cuenta de las complejas relaciones que determinan la aparición de liderazgos –positivos o negativos– en el devenir de las naciones. Colombia no ha contado aún muchas historias desde otras voces, desde otras experiencias y se siguen produciendo series televisivas hechas a la menor provocación, que es la mayor apuesta, la rentabilidad. El morbo es colectivo.

No es que no se pueda ganar dinero con una producción televisiva, nadie trabaja para perder, es que no se tiene conciencia y se engaña al público sumiéndolo más en la ignorancia, asumamos –por ahora– que sin otras intenciones. Nos venden la idea de historia real, pero la cuestión no es tan simple, ni las versiones tan libres. Se tergiversa, se esconde, se lavan imágenes y conciencias, se manipula, se cuenta el cuento desde un solo lado, se desinforma, se deforma en nombre de la libre adaptación y se trabajan historias que el país no ha digerido. Aún palpita le dolor, aún corre la sangre, aún suenan las balas. Los elementos melodramáticos hacen el resto. En el fondo solo es un buen negocio y como tal se emula, RCN le apuesta a lo que le funcionó a CARACOL. Escobar el patrón del mal dejó más de 12.000 millones de pesos en ganancias y el rancho está ardiendo, porque se está vendiendo. Es una excelente producción en lo audiovisual, pero lo es conceptualmente.

Tanto como en el país y el mundo, en la televisión se observa un profundo desencuentro: los negocios, no tienen en cuenta a la gente, solo al consumidor. La calidad de nuestros productos audiovisuales medida en términos de rating y ganancias –no de impacto social– hicieron primero que se exportaran, y luego, que llegaran grandes productoras a trabajar en asocio con sus pares nacionales: Telemundo, Sony, Disney, Fox, Univisión y Televisa, para citar algunas. Es una cuestión de globalización y economía, que en dichos términos, va bien.

Hay más trabajo y presencia en el ámbito internacional. No se trata aquí de medir la sensibilidad social o el aporte en la construcción de nación de estos productos. No. Son solo negocios. Y cuál es la relación con el proyecto de país. La economía de la nación crece y llegan multinacionales (BHP Billiton, Banco Santander, Occidental Petroleum, Telefónica y SAP, para citar solo las cinco que hacen pública su información, según la Corporación Transparencia Internacional, aunque operan 57) pero no mejora la calidad de vida de las comunidades intervenidas. A quién le importa, solo interesan las ganancias, no las personas. Estamos sometidos por la televisión privada, privada de calidad, de contextos, de contendidos, de originalidad, de casi todo.

No en vano el único premio declarado desierto en la reciente edición de los premios India Catalina fue el de Mejor historia y libreto original de serie o miniserie. No hay nada nuevo, es más de lo mismo, de lo que arroja ganancias, de lo que hace sonar la caja registradora. Y que ya suelten el argumento de que en Colombia la realidad supera la ficción. Lo que se comprueba es que los capos, narcos, paracos, guerreros, políticos corruptos y demás ralea violenta, tuvo y tienen más creatividad que nuestros libretistas, productores, directores, etc. No ayudan a construir sociedad estos productos tan simplistas, donde se rinde culto a la agresión entre nosotros y se aliena a través una práctica cultural en apariencia tan inofensiva como ver televisión.

Falta ver cómo manejará la serie Tres Caínes lo que han evidenciado libros como Guerreros y Campesinos. El despojo de la tierra en Colombia; Paramilitarismo en Colombia. Más allá de un fenómeno de violencia política; o El caso Klein, de Alejandro Reyes Posada, Germán Ayala, y Olga Behar y Carolina Ardila, respectivamente, que el fenómeno paramilitar fue aupado desde las altas esferas políticas de la nación, que no fue –como no ha sido ningún otro de los fenómenos violentos de la nación– una iniciativa aislada, sino más bien y sobretodo, el aprovechamiento de los señores de la guerra de una situación de la que siempre sacan provecho, político y económico, y de la que salen limpios cuando se cuenta la historia, porque suelen ser también los dueños de los medios. Se nombrará a El Ubérrimo. No creo. A la estirpe paisa que se apoderó de Córdoba. Tampoco. A los altos mandos bogotanos que trajeron a los mercenarios. Menos. ¡Válgame Dios, el rating!

OTRA MIRADA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Por Fernando Dorado
Popayán, 21 de noviembre de 2011

El gran mérito del actual movimiento estudiantil universitario en Colombia es que ha planteado el debate sobre el modelo de desarrollo que está en marcha en el país। Es el mismo tema que está en la médula de los conflictos que han estallado en el mundo. Se entronca de esa manera con los procesos de movilización social planetaria.

Y no podía ser de otra manera. La mayoría de los actuales estudiantes serán mañana “proletarios con título o con micro-empresa”. Serán trabajadores calificados y explotados por el gran capital. Sólo aquellos que hacen parte del círculo exclusivo de la burguesía trans-nacionalizada o que por condiciones particulares obtienen grados de excelencia (apoyo y sacrificio de sus padres, cualidades excepcionales para el estudio u otras), podrán acceder a niveles de dirección de empresas en Colombia o en el exterior o trabajarán en áreas de investigación científica y tecnológica. Uno entre mil.

El resto de profesionales, tecnólogos y técnicos se convertirán – como ya lo son – en trabajadores asalariados (“precariados”) o en desempleados। La minoría encontrará empleo en entidades del Estado o en empresas (empleo formal real) pero la gran mayoría serán “empleados por cuenta propia” (empleo informalizado). Es importante resaltar que en el sistema productivo internacional las cientos de millones de PYMES existentes, que en más del 95% son micro-empresas con menos de tres (3) empleos y que tienen una vida “competitiva” inferior a dos años, cumplen un papel absolutamente subordinado a los intereses de los grandes consorcios transnacionales. Es trabajo asalariado camuflado.

Esa es la causa principal que ha llevado a millones de jóvenes profesionales del mundo entero a iniciar y encabezar un movimiento planetario contra el poder plutocrático financiero mundial y contra la institucionalidad política – “nacional” y transnacional, (gobiernos y supra-gobiernos, ONU, OTAN, FMI, BM, OMC, etc।) – que están al servicio del capital súper-centralizado del círculo de multi-millonarios trans-nacionalizados. Son los mismos jóvenes que lideran e inspiran las revoluciones árabes, el movimiento de los “indignados” en España y los “ocupas” en EE.UU. No ven futuro o lo ven negro.

Todos los puntos y aspectos que han planteado los dirigentes estudiantiles relacionados con la calidad de la educación y con la Autonomía Universitaria apuntan a responder a la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de profesional requieren las empresas que actualmente dominan la economía colombiana y las compañías trans-nacionales que ya tienen planes a 50 años para invertir en Colombia?

La respuesta es una sola: El gran capital requiere un trabajador calificado para aplicar paquetes tecnológicos diseñados en las metrópolis híper-desarrolladas। Y lo que es más grave, el sistema económico colombiano (y mundial) no está en capacidad de absorber esa mano de obra. Serán cada vez más “precariados”(1) , en todo el sentido de la palabra: precarios niveles de formación, ingresos bajos, inestabilidad laboral, competencia infernal, obligados a emigrar, subvalorados y discriminados. Sin futuro.

Los estudiantes colombianos han tenido el valor de adelantarse a mirar y a cuestionar las condiciones de vida que el sistema capitalista les ofrece en el mundo laboral y productivo। Por ello ya empiezan a ser cuestionados por el gobierno sobre su “arrogancia y triunfalismo”. ¿Cómo se les ocurre cuestionar temas más allá de lo académico y estrictamente educativo? ¿Quién les dio permiso para hacerlo? ¿Quién los está manipulando? Con intención mordaz los periodistas les dicen: “¡No se dejen utilizar!” (2)

El verdadero triunfo: Transferir la fuerza acumulada a la sociedad

Si los estudiantes mantienen y fortalecen la línea de debatir con toda la sociedad sobre el futuro de la educación superior en Colombia van a hacer una contribución inmensa al desarrollo de un movimiento socio-político de amplio espectro, en donde iremos más allá de las luchas contra los efectos de las políticas neoliberales para entrar en el escenario de cuestionar la estructura de todo el sistema capitalista।

No dejarse llevar al terreno de las negociaciones puntuales e inmediatistas es la clave del momento। No permitir que la asociación de rectores universitarios se ponga al servicio de la estrategia del gobierno de reducir la “concertación” a aspectos estrictamente de presupuesto, regulación aislada del mundo académico, “autonomía universitaria estrecha”, y demás temas que van a colocar sobre la mesa.

Es evidente que el movimiento estudiantil no puede echarse sobre sus hombros la transformación estructural del país। Tendrá que llegar a acuerdos con la sociedad y con el gobierno. Deberán diseñar una estrategia que lleve a que los problemas estructurales se debatan ampliamente en diversos escenarios de la sociedad. Será la forma como los estudiantes le transfieren parte de su fuerza acumulada al conjunto del pueblo colombiano. El arte es saber triunfar sin pretender obtener todo de un momento para otro. El “todo” no lo pueden ganar solos.

La tarea entonces – como creo que lo tienen bien claro los dirigentes estudiantiles – es concertar una agenda nacional, con foros y eventos en todo el país, con participación de todos los sectores sociales y políticos, sin afanes y sin limitaciones। Ya se oye hablar de “Constituyentes Educativas”, lo cual puede ser una buena iniciativa.

La concepción de “Contra-poder-desde-abajo” y los limitantes del movimiento

La concepción de “contra-poder-desde-abajo” es fundamental para acumular fuerza y transferirla a la sociedad। Si mantenemos en los movimientos sociales el enfoque de “lucha reivindicativa”, lo acumulado en las luchas se diluye en las “mesas de negociación”.

La reciente lucha de La Minga de Resistencia Social y Comunitaria en 2008 ofrece lecciones de máxima importancia. Veamos:
En octubre de 2008 el movimiento indígena caucano apoyado por otras organizaciones sociales y en el marco del Paro laboral del proletariado cañero (“corteros” de caña), consiguió derrotar a Uribe। Fue el único triunfo en las calles y carreteras del movimiento social colombiano durante esos dos períodos (8 años). Diferente a la derrota política de 2003 cuando Uribe quiso aprobar su referendo neoliberal que después aplicó por decreto.

En Cali los indígenas le dieron la espalda a Uribe, lo desairaron y humillaron, obligándolo a ir hasta el resguardo de La María (Piendamó), territorio ancestral indígena। En ese lugar la dirigencia indígena mantuvo en alto sus propuestas estructurales y no se dejó llevar a la mesa de negociación como hábilmente quería el gobierno. Fue una derrota plena de la política uribista y un gran avance del movimiento social.

¿Qué ocurrió inmediatamente? Los sectores más conservadores del movimiento indígena, las cúpulas burocráticas de sus organizaciones “reivindicativas”, forzaron al conjunto del movimiento a proseguir la movilización hacia Bogotá con el objetivo de “obligar a negociar al gobierno”। El triunfo de amplio contenido político se puso al servicio de acuerdos puntuales sobre tierras que el gobierno no ha cumplido plenamente. Así, diluyeron la fuerza, se la entregaron al gobierno, quién hábilmente montó el espectáculo de la concertación mientras en el territorio impulsaba la conformación de organizaciones paralelas controladas y al servicio del gobierno y de las castas dominantes en la región (OPIC).

La esencia del problema está en la concepción de “fuerza”। La fuerza “propia” del movimiento está en el grado de organización, cohesión y unidad de los sectores sociales comprometidos. Sin embargo, la fuerza política acumulada – aspecto fundamental para obtener triunfos y avances – está materializada en el grado de aceptación y apoyo de la sociedad, que neutraliza y/o debilita la fuerza del Estado o de los sectores sociales o políticos a quienes se esté enfrentando. La credibilidad es un aspecto primordial. Por ello, cuando se cometen errores, ya sea que nos dejemos provocar, no actuemos con oportunidad y seguridad, mostremos incoherencia, o que aparezcan intereses ocultos o “subterráneos” ajenos al movimiento, el gobierno o contradictor aprovecha para generar desconfianza en la opinión pública. Así, la fuerza acumulada desaparece o se debilita como por encanto. Quedamos reducidos a lo “propio”. Allí, perdemos.

Análisis de las primeras de cambio del actual movimiento estudiantil

En esta primera fase del movimiento los hechos a resaltar son: 1। Se acertó en el contenido de la propuesta. Se ha ubicado la problemática en el terreno estructural, político, no reducido a la coyuntura. 2. La unidad cualificada de las organizaciones estudiantiles y la participación de universidades públicas y privadas. 3. Los métodos de lucha y decisión pacíficos, lúdicos, creativos, participativos, lo que les ha generado el apoyo y respeto de la ciudadanía.

El manejo de medios ha sido adecuado। La consigna “por educación pública superior gratuita, de alta calidad y sin ánimo de lucro” ha calado en la opinión pública. Igualmente fue correcto condicionar el levantamiento del paro al retiro del Congreso del proyecto de reforma a la Ley 30/92 y la disposición del gobierno a concertar una propuesta de reforma de la educación pública superior con participación de la sociedad, lo cual fue aceptado por el gobierno ante la contundencia de la movilización y el amplio apoyo mostrado.

Desde mi propio punto de vista no se ha sabido aprovechar la debilidad del gobierno que, como se observa ahora, necesitaba salir a Europa a mostrarse como el gran estadista, pacificador y defensor de los DD.HH. ante el mundo, y no le convenía dejar al país en medio de un conflicto que coincide con las movilizaciones estudiantiles de Chile y de los “indignados” en varios continentes.
La actitud tradicional del movimiento social en Colombia ha sido la de querer acorralar y derrotar plenamente al gobierno en aspectos puntuales। La mesa de negociación termina siendo el escenario, en donde los gobiernos hacen concesiones y aplacan las movilizaciones y conflictos pero a la larga no se cumple nada de lo pactado. De allí la desconfianza de que hablan los dirigentes estudiantiles.

La situación es diferente ahora। En el marco de las actuales circunstancias la lucha está planteada en el terreno de ganarse a la sociedad, neutralizar las fuerzas vacilantes y/o contrarias y obligar al gobierno a someterse a una dinámica de “democracia participativa”, deliberante, incluyente, en donde las diversas fuerzas de la sociedad puedan participar.

Por ello la fuerza no puede equipararse al “paro” o a las “movilizaciones”। Es evidente que entre más participación tenga el paro y las marchas más legitimidad “propia” tiene el movimiento pero, no es suficiente. La fuerza política no puede basarse en el paro. El paro y las marchas sólo son un medio de llamar la atención. Es la justeza de la propuesta la que garantiza la acumulación de la fuerza y su transformación en un movimiento de gran cobertura y proyección.

Ante la intervención de Santos comprometiéndose a retirar el proyecto y autorizando a la Ministra a sentarse a dialogar con los estudiantes, éstos con oportunidad, autonomía, presteza y firmeza debían haber levantado el movimiento “decretando” e imponiendo a los rectores de las universidades sus condiciones para el restablecimiento inmediato de las labores académicas en el contexto del fortalecimiento del movimiento y la preparación social e integral de la propuesta।

Se argumenta que el gobierno habría podido incumplir। Es posible. Si no retiraba el proyecto muy seguramente los parlamentarios – que fueron los que presionaron cobarde y oportunistamente a Santos–, lo habrían retirado, y habría sido una doble derrota del gobierno. Que los rectores se habrían negado a abrir las universidades como está ocurriendo. Claro, porque el paro no se ha levantado. Pero si los estudiantes salen a los medios a plantear que ya tienen organizadas brigadas para asear y organizar los claustros universitarios para iniciar clases, los rectores no habrían tenido el más mínimo argumento para hacerlo.

La actitud de desconfianza en el cumplimiento del gobierno es la típica actitud del movimiento “reivindicativo”, que actúa a la defensiva y no confía en sus propias fuerzas। La que se propone como concepción de lucha parte del presupuesto de que somos un poder (contra-poder-desde-abajo), con capacidad de reordenar espacios, de hacer ejercicios de autonomía, de competir con los niveles de imposición y decisión institucionales. Claro, midiendo la fuerza y no sobrepasando los objetivos.

La responsabilidad del movimiento y la organización amplia estudiantil ahora está en el plano de organizar las actividades académicas – estudiar con juicio –, y paralelamente proponer e insertar la discusión y la elaboración de la propuesta en la sociedad।

Se deberán organizar foros, eventos, consultas ciudadanas, debates públicos y toda clase de actividades antes de sentarse oficialmente a concertar una propuesta concreta। Dichas actividades deben ser organizadas oficialmente – en condiciones de igualdad – con el Ministerio de Educación, las rectorías y consejos académicos, las secretarías de educación departamentales y municipales, y las organizaciones de estudiantes, profesores y de la sociedad, a fin de garantizar los recursos, difusión, convocatoria y realización exitosa.

En esa dinámica un “contra-poder-desde-abajo” irá surgiendo y alimentándose de la sapiencia popular y social। Las “Constituyentes Educativas” o como se las quiera llamar, podrán ser construidas. El movimiento estudiantil estaría entregándole no sólo un triunfo a su pueblo sino transfiriéndole su fuerza, que bastante la necesita.

Quedaría el insumo para que los “precariados” colombianos se llenen de indignación y de valor para encabezar un movimiento de nuevo tipo en nuestro país. ¡Por Democracia Real YA!

1. El “precariado”. http://www.cgt.es/descargas/MR_11_Precariedad_Laboral.pdf

2. Palabras del periodista Felipe Zuleta Lleras de El Espectador en entrevista del Canal Caracol (20.11.11).

La Minga se mueve y..., por Fernando Dorado

Por Fernando Dorado

Nuevamente las comunidades indígenas caucanas vuelven a movilizarse. Aspiran a encabezar unas jornadas de lucha que son más que justificadas. Son pueblos en peligro de extinción. Sus comunidades están siendo exterminadas por fuerzas poderosas que mueven todos los hilos de la violencia, el narcotráfico, la apropiación violenta del territorio, la aculturización y la muerte.Las transnacionales y la oligarquía colombiana – especialmente la vallecaucana y caucana – a cuya cabeza está el gobierno criminal de Uribe, están detrás de su territorio y riquezas.

Pero el objetivo central es derrotar su heroica e invencible resistencia social y política, que es un ejemplo para el resto de colombianos y latinoamericanos. Ellos siempre han percibido a los indios como un estorbo para alcanzar “su progreso”. El programa levantado por La Minga desde hace 5 años es un planteamiento eminentemente político. Ataca la política neoliberal que de hecho desconoce los derechos de los pueblos originarios. Además, ese programa del CRIC, va más allá, y enfrenta toda la política imperial y oligárquica que afecta al conjunto del pueblo colombiano en sus más caros intereses.

La dirigencia de La Minga se ha esforzado por vincular otros sectores sociales en la movilización de octubre/09 y por darle un cariz internacional a las jornadas, lo cual es un paso muy importante en la cualificación de sus luchas. Sin embargo existen problemas conceptuales que han impedido que ese propósito se consiga con la fuerza y contundencia que se requiere para retomar la iniciativa.

La Minga hace un año. El año pasado (2008) se presentaron unas condiciones especiales para avanzar, no sólo en la vinculación de otros sectores sociales sino, fundamentalmente, para romper con la dicotomía contradictoria entre lo reivindicativo y lo político, que el movimiento social caucano heredó (o construyó) en décadas pasadas y que se ha convertido en un lastre para nuestras luchas. Esas condiciones se dieron porque la movilización indígena confluyó en el tiempo y en el espacio, con la lucha (paro o huelga) de los proletarios agrícolas conocidos como los “corteros de caña”, trabajadores de los cañadulzales del valle geográfico del río Cauca, que enfrentaban valerosamente al principal núcleo oligárquico colombiano que son los empresarios asociados en ASOCAÑA, quienes son - hoy por hoy -, la principal base de apoyo empresarial del gobierno de Uribe.

Este foco de empresarios encabezados por Ardila Lulle (dueño de INCAUCA y de un emporio de riqueza en varios países de Latinoamérica) y Luis Carlos Sarmiento Angulo (entre los 500 hombres más ricos del mundo, dueño del Grupo Financiero AVAL y principal soporte económico de este gobierno) es la médula empresarial de este semi-feudal país, y son quienes se benefician directamente de los subsidios, exenciones tributarias, zonas francas y de los riquísimos proyectos y negocios de agrocombustibles (etanol, principalmente), diseñados para garantizarles pingües ganancias cuando a partir del año 2011 el combustible de los nuevos vehículos deberá estar compuesto por un 85% de etanol.

Esa gran burguesía con mentalidad latifundista es el principal enemigo, mortal y traicionero de los indios nasa caucanos. Fueron quienes financiaron el asesinato en 1974 de uno de los fundadores del CRIC, el compañero Gustavo Mejía, y se han aliado con todo tipo de mafias para desaparecer a decenas de importantes dirigentes como fue el caso del cura nasa Álvaro Ulcué Chocué en 1984.Desgraciadamente, hace un año, el movimiento no logró romper con las dinámicas particulares de cada sector. La mayoría de la dirigencia indígena no entendió que esa fusión de luchas (corteros proletarios e indios campesinos) era la concreción práctica de su programa, y que la derrota de esa clase burguesa a manos de los trabajadores, sería la derrota de uno de sus principales enemigos.

La elite originaria no logró comprender que el poder que tenían entre manos los obreros estaba enfrentando a su peor enemigo, el verdadero “patrón” de Uribe Vélez.La dirigencia de los trabajadores tampoco estaba preparada para unirse de verdad con los pueblos ancestrales, de los cuales ya hay entre sus filas en labores de “corte de caña”, por lo menos un 15 a 20% de indígenas.

La visión “economista” del paro, a pesar que el gobierno ya les había dado un tratamiento político al hacer encarcelar a 6 de sus dirigentes por supuestamente tener relaciones con la guerrilla (caso que todavía no se ha resuelto en los tribunales), les impidió asumir a La Minga como algo propio, como un espacio compartido, y así como vieron llegar la marcha a sus ciudades salieron a despedirla. Fue un corto encuentro pero no una verdadera unión, mucho menos fusión.Cada quien siguió en su lucha.

La Minga con un programa político pero con una práctica reivindicativa se fue para Bogotá a “negociar” con Uribe, y los trabajadores de la caña de azúcar, con sus mujeres esposas revolucionadas y beligerantes, con la producción paralizada y las fábricas tomadas, y con una inmensa fuerza de opinión y solidaridad, desperdició ese potencial en negociaciones en mesas por empresa (separadas), en donde los empresarios colocaban las condiciones, donde ni siquiera los asesores jurídicos y sindicales podían hacer presencia.Una jauría de especialistas en economía y finanzas, lo más preparado de este país, “negociando” con unos bien intencionados líderes corteros pero sin la información y la preparación suficiente. Algo realmente lamentable.Hoy La Minga ha crecido en audiencia, jóvenes universitarios, sectores barriales de una gran cantidad de ciudades, sindicatos y otras organizaciones sociales están a la expectativa. Se han hecho giras en Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué y otros centros urbanos, en donde la gente ha discutido sus problemas y anhelos.

Las jornadas de octubre se van a desarrollar en varios países latinoamericanos. Ojalá la fuerza esté acompañada de claridad política. En Colombia se necesita con urgencia que el movimiento social ayude con su fuerza real a sacudir la conciencia de los pueblos para empezar a enterrar el “embrujo uribista”.Ojalá así sea, antes de que la dictadura en ciernes, nos entierre a todos. En honor al padre Álvaro Ulcué y a los caídos en las luchas nasas, recordemos estos versos del canto de María, el Magníficat, que le gustaba leer: Desplegó la fuerza de su brazo y desbarató los planes de los soberbios;derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes;colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió sin nada...

Tomado, con autorización de Fernando Dorado, de http://selvasorg.blogspot.com/2009/10/colombia-la-minga-se-mueve-y.html

PARÁFRASIS DE LA CRIMINALIDAD POLÍTICA, POR HERNANDO LLANO ÁNGEL

(http://calicantopinion.blogspot.com)


1- En Colombia la justicia no se ha politizado. Es el crimen el que se ha politizado.


2- Vivimos en una sociedad tan criminalizada, que ya nadie habla de comprometerse sino de involucrarse.


3- El signo de los tiempos: los verdugos gobiernan y las víctimas emigran.


4- El progreso electoral: pasamos de partidos políticos a microempresas electorales y de microempresas a organizaciones criminales.


5- Título de la obra: Referéndum Reeleccionista. Banda Musical: Concierto para delinquir. Vocalista: Luis Guillermo Giraldo. Autor: Álvaro Uribe Vélez.


6- Ejecutorias presidenciales: el narcotráfico se ha politizado; la verdad se ha extraditado y la política se ha criminalizado.

Evocación nostálgica: Hace 17 años que Pablo abandonó La Catedral

¿Autopista mediática hacia una dictadura?, por María Elisa Rojas, estudiante de comunicación social

Por María Elisa Rojas, estudiante de comunicación social de la UAO

Es claro que durante el mandato del Dr. Álvaro Uribe Vélez se ha visto claramente un fenómeno, bien curioso y cuestionador que involucra a los medios de comunicación, y es la propaganda política dentro de dichos medios. ¿Pero qué es todo este cuento de publicitar ideologías políticas en los medios de comunicación? Y ¿Qué tiene que ver todo esto con el señor Presidente de la Republica?

Uribe, quien ahora busca reformar, nuevamente, la constitución con el fin de poder ser reelegido por segunda vez, ha sido objeto de primeras planas de muchos de los periodicos y revistas del país, pero con qué intención. Es de conocimiento de todos que actualmente se debate en el congreso el referendo que busca dicha reforma , proyecto cuestionado en varias ocasiones, por diversos motivos, entre ellos las irregularidades que se han visto en la recolección de las firmas, e indirectamente, que el presidente ha hecho campaña desde el poder[1] y en una serie de dineros y vínculos ilícitos relacionados directamente con dicha campaña.

Grandes diarios como “El Tiempo” y “El Espectador” han registrado cada momento de este fenómeno, pero en realidad cuál ha sido el papel de estos dos medios dentro del proceso del referendo que busca la reelección[2] Es evidente que cada uno de ellos ha tenido papeles diferentes, cada uno ha mostrado las cosas desde su punto de vista, o por qué no decirlo, desde un bagaje de intereses diferentes, y por ende han mostrado la misma realidad desde perspectivas totalmente distintas ¿y acaso esto tiene importancia en cuanto a la toma de decisiones por parte de la población? Claro que sí, porque estas decisiones están justamente basadas en la información que llega a todas las personas a través de estos medios masivos. Es así como entramos a un mundo de manipulación mediática, en donde de una forma u otra vamos entendiendo por qué de muchos de los fenómenos políticos que vive el país y cómo los medios de comunicación, aparentemente tan inofensivos, son piezas esenciales de cada uno de dichos procesos.

Un proceso aparentemente tan sencillo, como el referendo, ha tenido más obstáculos de los esperados, se ha visto atravesado por un sinnúmero de escándalos e irregularidades, empezando por todos los cuestionamientos y críticas que se la han hecho por ser considerado como un acto indirecto contra el sistema democrático, como lo dice claramente el columnista Salomón Kalmanovitz, en un artículo publicado por el diario el Espectador, “Votar por el referendo reeleccionista perpetúa un régimen que representa intereses de terratenientes, empresarios recostados en el Estado y que ha jugado, a veces con demasiada cercanía, junto al crimen organizado; por lo tanto, está de espaldas a los valores de la democracia liberal y existe el inminente peligro de que termine liquidándola[3]”

Y siguiendo así encontramos una larga serie de personajes, periodistas y analistas políticos que encuentran perjudicial que se lleve a cabo dicha reforma y por ende la reelección por segunda vez. Y estas criticas no salen del aire, todas están fundamentadas en una gran cantidad de inconsistencias que se han visto a lo largo del mandato del Dr. Uribe, bueno, “visto” sería mucho decir porque se han creado cortinas de humo en los medios de comunicación que han impedido que la información sea transmitida con total objetividad, y esta es justamente la razón por la cual la sociedad aún no cae en cuenta de las implicaciones que traería aprobar un tercer mandato consecutivo; pero es tiempo de abrir los ojos, y ver lo que en realidad está pasando con nuestro país, para así tomar una decisión clara y objetiva ante esta encrucijada en la que se están convirtiendo las próximas elecciones.

Pero ¿cómo pueden ser los medios de comunicación los responsables de las opiniones de todos los ciudadanos? Antes que todo debemos entender que los medios lo que hacen para manipular por medio de la información, no es ocultar, sino alterar una serie de factores en cuanto a la presentación de las noticias, el lugar del periódico (en este caso), el despliegue que se le da, y cuán detallada se presenta, y esto no es un caso exclusivo de los medios colombianos, alrededor del mundo se han presentado muchos casos de información manipulada para lograr un objetivo[4].

¿Y es, acaso esto lo que han hecho estos dos diarios colombianos? Efectivamente, si se leen detenidamente los contenidos que han presentado ambos diarios, podemos encontrar que la información se plantea de una forma diferente, que no tienen el mismo despliegue y que ocupan lugares diferentes dentro de éstos; y para esto vemos un ejemplo claro, y es la cantidad de información que se ha presentado acerca de este tema en El Tiempo, siendo una cantidad de artículos bien relevante en comparación con otros medios, en especial con El Espectador, que a pesar de que le ha dado cubrimiento a la noticia, no ha “bombardeado” de tal forma al público con información.

Es una clara prueba del despliegue que dicho diario le ha dado al tema, y no se trata propiamente de artículos escandalosos y reveladores, se trata de un seguimiento detallado de lo que pasa y cómo, paso a paso, se va buscando su aprobación; por ejemplo, encontramos un articulo publicado el pasado 30 de abril en donde se hacen claros los intereses del medio: “Miembros de la coalición uribista esperan que durante el debate se produzca una fuerte réplica de la oposición, encarnada por los senadores liberales y los del Polo. Pero también dan por descontado que el referendo será aprobado por la ‘aplanadora oficialista’, aún si el debate se alarga a una nueva sesión[7]” A simple vista esto es un artículo informativo normal, como todos los que estamos acostumbrados a leer, pero hay ciertos elementos que representan la tendencia, y lo es, por ejemplo el énfasis que hacen en cuanto a la certeza que tienen los uribistas de que el referendo pasará por el congreso. Hay allí otro elemento, que se encuentra en muchos de los artículos leídos con respecto a los temas relacionados con el presidente Uribe, y son los adjetivos utilizados con la oposición, y esto nos lleva directamente a otro aspecto interesante de toda esta maraña política en la que se encuentra nuestro país, la estigmatización de los opositores del actual gobierno.

Desde que el Dr. Uribe Vélez ocupó y plagó el país con su sinnúmero de planes para combatir a los grupos armados, surgió un fenómeno en contra de las personas que no estaban de acuerdo con sus políticas, de un momento a otro, fueron llamados, guerrilleros, comunistas, terroristas, y otra cantidad de adjetivos bien despectivos; todo por pensar diferente ¿Y los medios tienen algo que ver con dicha estigmatización?

Es claro que directamente no vamos a encontrar en un medio una noticia que hable de que las personas que no creen en las políticas del presidente sean así, pero si lo han hecho de manera muy indirecta, ya que le ha dado un matiz de peligroso a todo lo que tiene que ver con la oposición, poniéndolos en el lugar de los villanos en vez de catalogarlos como cuestionadores; y esto perjudica directamente a mucha parte de la escena política nacional, ya que por ese mismo motivo no se ha prestado la suficiente atención a información relevante y a nuevas propuestas, el pueblo se ha encasillado en la imagen del presidente salvador y por eso nadie se detiene a observar todos los demás factores que hay alrededor de su mandato, y por consiguiente relacionados con su reelección, factores tan relevantes como su desempeño en temas de suma importancia para la realidad nacional, temas como la salud la educación entre otros, los cuales deberian ser prioridad para todas las personas, sin dejar de lado que el combate de los grupos al margen de la ley sea un asunto importante, pero tal vez no sea prioridad mas si nos detenemos a observar que muchas de las otras problemáticas pueden ser causantes de dichos conflictos.

Ahora queda a juicio de cada quien, detenerse a observar lo que de verdad pasa alrededor, no es sano dejarse cegar por las vislumbrantes artimañas que tiene los medios de comunicación, comprender que la realidad es otra, que la aclamada ética periodística no existe más, que detrás de cada medio hay una gran serie de intereses que alteran la información que a diario recibimos, por eso es bueno tomarse un tiempo para ver y analizar minuciosamente si dichos intereses se ven reflejados, ver nuestra realidad y pensar quién nos está gobernando. Este es el cuestionamiento que debe orientar la decisión… ¿Voto o no voto el referendo?

[1] Vale la pena resaltar que esta no es la primera vez que esto ocurre, luego de ser aprobada por primera vez la reelección para el periodo 2006-2010 el mandatario fue acusado de estar publicitando su campaña desde el poder.

[2] La reelección ya había sido aprobada para las elecciones de 2006, pero se hace la salvedad de que solo podía efectuarse por dos periodos consecutivos, lo que se busca ahora es extender dicha salvedad a los 3 periodos.

[3] Tomado de la pagina web del diario: www.elespectador.com artículo publicado el 3 de Mayo de 2009.

[4] Basados en una serie de videos y artículos tomados del blog “No más mentiras” de Wordpress.

[5] Este es el cuadro que muestra la cantidad de noticias que aparecen en el archivo del Tiempo con respecto al referendo reeleccionista en los últimos años.

[6] Y este es el cuadro que muestra lo mismo pero en el mes de abril del presente año.

[7] Tomado de la pagina web del periódico el tiempo www.eltiempo.com

La Corte Constitucional es del bolsillo del gobierno

Por:

Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca

Página Web: www.recalca.org.co
Correo electrónico: recalca@etb.net.co

Bogotá, 29 de julio de 2008

La Corte Constitucional es del bolsillo del gobierno

En una vergonzosa decisión, la Corte Constitucional declaró que el TLC suscrito entre Estados Unidos y Colombia es constitucional. Aunque el fallo completo no se conoce, del comunicado de prensa emitido se deduce que esta institución declaró la exequibilidad del TLC a pesar de que considera que éste puede ser aplicado en una forma que viole la Constitución y los derechos colectivos. La Corte trató de lavarse las manos ante esta posibilidad con la afirmación de que "los desarrollos o aplicaciones del TLC podrán ser objeto de decisiones judiciales". Por ahora es difícil saber que quiere decir exactamente esta expresión. ¿Se refiere a que el examen de constitucionalidad continúa abierto, ahora en relación con las leyes y decretos de implementación? Si esto es así, significa que los magistrados tenían conciencia de que en todo o en parte, el Tratado y por lo tanto la ley aprobatoria era inconstitucional. Al parecer, según las noticias de prensa, la verdadera consideración que tuvo la mayoría de la Corte fue, para mayor vergüenza, la imposibilidad de llevarle la contraria al "consenso" neoliberal y de poner en dificultades la relación de Uribe con el gobierno de los Estados Unidos. Ni siquiera se atrevió a establecer reservas o declaraciones interpretativas, a sabiendas de que en numerosos aspectos, por lo menos, cabían perfectamente. Pudo más el temor reverencial al ejecutivo.

En todo caso, con este enfoque, eludió el análisis del fondo y la conveniencia económica del mismo y lo diluyó en el futuro examen de las normas que lo implementen. Se reconoce que se ha cometido una grave ofensa a la dignidad nacional con la firma del TLC, pero la Corte, en un acto irresponsable, le pasa la 'papa caliente' a quien le toque implementarlo. Como si la inconstitucionalidad no estuviera ya implícita en los compromisos establecidos en el texto del Tratado. De hecho, es esto último lo que algunos van a tratar de argumentar después. Quiere decir que ni siquiera tuvo la capacidad de defender plenamente la constitucionalidad del Tratado. El alto tribunal perdió totalmente su independencia y se acomodó a las exigencias y presiones del gobierno.

Una sola persona, el magistrado Jaime Araujo Rentaría, se atrevió a llamar las cosas por su nombre e hizo un salvamento de voto. Señaló que el TLC viola más de 100 artículos de la Constitución, que existe una tradición de análisis de fondo de los tratados internacionales, que hubo graves errores de procedimiento en su trámite y que nadie demostró cuantitativamente los beneficios del mismo. También dejo constancia de que "con la aprobación de este Tratado, se acabó la seguridad alimentaria de Colombia, se vulneró el derecho a la salud y al ambiente sano y los derechos de nuestros pueblos indígenas y de las mujeres".

En consecuencia, aunque se considere "cosa juzgada" seguimos convencidos que el Tratado es inconveniente e inconstitucional. Ante la segura expedición por parte del gobierno de todo un arsenal de decretos para la implementación del TLC, inclusive sin contar con la ratificación en los Estados Unidos, llamamos a que la población colombiana se oponga a esta implementación, como una forma de explicar la naturaleza dañina del mismo.

La esclavitud del odio

Por David Rosales

Es indigna la posición de muchos medios de comunicación oficiales ante el actual conflicto diplomático que enfrenta a Colombia con Ecuador y Venezuela. Pero en el espectro de la infamia y la cobardía, la postura de la revista Semana, una publicación que siempre se vanagloria de su carácter liberal, tiene un puesto tristemente privilegiado.

Con un cubrimiento digital actualizado hora a hora por las novedades en las discusiones de la OEA y las declaraciones de los presidentes inmersos en el conflicto, Semana es un ejemplo del talante pusilánime y oportunista que muy a menudo transforma el periodismo en un oficio sin heroísmo ni dignidad. Ese mismo talante que lució su director, Alejandro Santos, acorralado entre la indefensión y la pasividad, en su debate con el presidente Álvaro Uribe a raíz de un informe sobre el poder del paramilitarismo en Colombia. Santos muestra al hablar y al escribir una anemia emocional e ideológica que algunos consideraran ataraxia o estoicismo. Pero, ya lo dice un proverbio chino, hay un límite tras el cual la paciencia deja de ser una virtud. Y ese límite lo cruzó Uribe cuando tachó a la revista dirigida por Santos de ser una publicación dolosa y mediocre.

Santos tampoco se ha pronunciado ante los insultos que Uribe profirió contra Daniel Coronell, periodista vinculado a su publicación, descalificaciones que también afectan a Semana, pues si hay alguna veracidad en la iracundia del presidente, la revista emplea a calumniadores dentro de sus filas.

Pero es menester dejar a un lado ese hecho para entrar al análisis del nuevo desacierto histórico de Semana. En un editorial, publicado Online el 4 de marzo de 2008, la revista abraza un espíritu nacionalista y concluye que, gracias a la crisis diplomática, el apoyo de los colombianos al presidente Álvaro Uribe no es mayoritario, sino absoluto.

Cito la conclusión del editorial: “Dentro de la gravedad de los acontecimientos que se están viviendo, que nadie sabe qué desenlace van a tener, se debe destacar la altura y la prudencia con que el presidente Uribe y el gobierno en general han manejado la situación. Las provocaciones de Chávez tienen la evidente intención de producir una reacción de Colombia que desemboque en un incidente. La cabeza fría del gobierno ha evitado que este caiga en la tentación de responder a estas provocaciones. Álvaro Uribe contaba, antes de este episodio, con el apoyo de más del 80 por ciento de sus compatriotas. En la actual coyuntura, el respaldo a su liderazgo es prácticamente unánime”.

El editorial de Semana asume que la posición de Colombia en la tensión con los países vecinos es justificable, porque “tiene suficientes argumentos a favor de la acción militar contra el campamento de las Farc en donde se encontraba ‘Raúl Reyes’”. La crisis, según la revista, se ha producido porque “porque Ecuador y Venezuela han logrado vender efectivamente el concepto de que la penetración de las Fuerzas Armadas colombianas dos kilómetros dentro del territorio ecuatoriano es una violación a su soberanía”.

Entre otras citas de la revista, se lee: “Colombia en defensa de su seguridad nacional tenía argumentos para actuar en la forma como lo hizo”. En cuanto a las acusaciones contra los presidentes de Ecuador y Venezuela, la revista también las avala así: “Todo lo que el gobierno colombiano reveló de los computadores de ‘Reyes’ es real”. Lo anterior se refiere a pruebas de nexos entre los gobiernos de Ecuador y Venezuela hallados en el computador del subversivo dado de baja por el Ejercito Nacional.

Semana es una revista que se auto-promociona bajo el argumento de ser liberal y profunda en su ejercicio del periodismo. Profunda en cuanto está sujeta a la prisa de los diarios, y tiene la posibilidad de agrupar y conectar información para elaborar panoramas informativos sobre distintos fenómenos de la realidad nacional. Sin embargo, en la práctica esa hondura de su labor periodística puede ser más reputación que realidad, si se analiza el editorial desde una perspectiva histórica.

“Colombia tiene la razón”. Este tipo de afirmaciones sobre el bien y el mal, lo correcto e incorrecto, lo verdadero y lo falso, pertenecen al mundo de la filosofía, de la cavilación moral, y no al periodismo. Incluso, en el periodismo de opinión, se ofrece un contraste de hechos y pensamientos que al estar unidos por un argumento, intentan conducir al lector hacia una visión particular de los problemas políticos o sociales de su entorno, pero nunca a una afirmación total sobre lo verdadero o lo falso, o sobre el bien y el mal. Semana está en su derecho de asumir una posición en el conflicto, pero al hacerlo, debe presentar los motivos de su elección con una rigurosidad mayor.

El único motivo que esboza la revista es el carácter terrorista y la repugnancia nacional contra el terror de las FARC. Cita los cilindros bomba, el atentado contra el club el Nogal y otras infamias en las que la anacrónica y brutal agrupación guerrillera es bastante diestra. Pero Semana, al igual que una triste y notoria mayoría de colombianos, ignoran que el debate ya no puede pensarse en términos nacionales. La lucha contra las FARC compete sólo a la nación, aunque este punto no es claro para muchos habitantes del país. Una inmensa mayoría de colombianos a quienes enervan los alaridos pseudo-bolivarianos de Chávez, no se indignan ante la ingerencia norteamericana que en su lucha contra el cartel de Medellín entrenó y contrató a varios paramilitares antioqueños. (A propósito, léase el libro Killing Pablo, de Mark Bowden, o el artículo de Semana ‘Pacto con el Diablo’ disponible en http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=109450).

Al margen queda el debate sobre la naturaleza del conflicto y las ingerencias foráneas. Ese no es un argumento sólido para sostener que la postura del oficialismo colombiano sea correcta y para convocar, en torno a ella, el apoyo no sólo circunstancial sino ideológico de los habitantes del país. Lo que se discute en la OEA es la internacionalización del conflicto. La diplomacia consiste en callar las verdades y revelar las perogrulladas como si fuesen trascendentales. En ese sentido, la tensión diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela es la manifestación histórica de un secreto a voces: la guerra en Colombia es un conflicto internacional. Toda guerra, en el mundo contemporáneo, en la aldea global para usar el lugar común más abstruso del periodismo, es un acontecimiento planetario. Las dos partes en estos infiernos armados son siempre apoyadas o condenadas por el poder de una nación extranjera. Lo fueron las FARC desde su nacimiento, inspiradas en el triunfo de Fidel Castro contra la dictadura de Batista en Cuba y apoyadas por ese Stalin antillano, cuyas manos hoy temblorosas están manchadas con la sangre y las lágrimas de la mejor generación de escritores cubanos en desacuerdo con su despotismo. Lo ha sido siempre el Estado de Colombia, aplaudido y recompensado por John F. Kennedy y todos los presidentes de la potencia norteamericana.

Sin embargo, la perogrullada de la internacionalización de la guerra colombiana rompió una de las reglas fundamentales: la del respeto a la soberanía de otro país. Esa es la esencia del debate en la OEA. La reacción del gobierno colombiano fue menos inteligente: para desviar las reprensiones del mundo, Álvaro Uribe, sus ministros y defensores deciden mostrar pruebas en las que la internacionalización del infierno colombiano se hace más evidente. Resulta que Rafael Correa y Hugo Chávez, según esos elementos de sospecha, serían colaboradores de las FARC.

La postura del gobierno colombiano es errada, torpe y sus consecuencias pueden ser sufridas por sus habitantes, porque entre más internacionalizada se muestre la carnicería del país mayores serán las presiones de los fanatismos ideológicos y de los imperios económicos. Fundamentalismos y emporios para los cuales los sistemas políticos y mercantiles están por encima de la vida, la dignidad y la felicidad de los pueblos. Una reacción inteligente del gobierno hubiera sido concentrarse en los motivos por los cuales debió irremediablemente intervenir una parte del territorio ecuatoriano y no soplar más sobre la hoguera de las ingerencias extrañas en su drama.

Semana y los otros medios de comunicación que desde hace mucho vendieron la integridad de su ejercicio informativo al régimen de Uribe, no pudieron sobreponerse al fervor nacionalista que enerva a muchos colombianos. No pudo por temor despertar la iracundia de ese ochenta por ciento que, gracias a la sevicia de las FARC y al conservadurismo ultramontano y genético del país, se muestra tolerante con otros fenómenos que debería combatir con la misma indignación de su repudio hacia el bárbaro anacronismo de la subversión. Fenómenos como la manipulación del poder judicial y legislativo para perpetuar a un caudillo en el poder, y el pacto diabólico que muchos guardias políticos del uribismo firmaron con el paramilitarismo. Un pacto que manchó las manos de cincuenta congresistas es decir, uno de cada cinco de los perversamente llamados “padres de la patria”.

Lo más trágico del asunto es la simpatía o tolerancia, en un porcentaje importante de ese ochenta por ciento, ante las acciones de los paramilitares. El fenómeno ya no del unanimismo, sino del absolutismo que proclama Semana, es una cumbre en esa montaña tenebrosa del conservadurismo perpetuo. La guerra contra la insurgencia pierde cada vez más sus proporciones de razón, hasta tal punto que una revista de pretendida mesura y liberalidad intelectual justifica la ingerencia en países vecinos bajo argumentos similares a los que han animado muchas guerras preventivas: paranoia y antipatía hacia un gobierno ajeno.

Hasta el momento ninguno de los medios de comunicación hegemónicos del país hace un llamado a la paz y a reconciliación con las naciones vecinas. Semana y una gran mayoría de publicaciones y programas informativos, en radio y televisión, explotan el aborrecimiento hacia Hugo Chávez y alientan naciente desprecio contra Rafael Correa para alimentar el monstruo del un nacionalismo en Colombia. Ese nacionalismo, lamentable y oscuro como todos, está forjado con eslabones de odio. Fundido en ese odio nacionalista está también el odio hacia las minorías políticas, azuzado desde un Gobierno que liga toda voz independiente y contradictoria con el terrorismo y la subversión.

Es tanto el peso de esos rencorosos grilletes que, de hacerse una encuesta, un porcentaje representativo de colombianos estaría dispuesto a bañar en sangre el continente para defender su “patria”. Es de mal gusto terminar un ensayo con vaticinios apocalípticos, pero si los medios y el gobierno continúan obstinados en su nacionalismo militarista, sin una publicación independiente que invite a la población a anteponer la paz sobre el patriotismo y el caudillismo, estaría de vuelta el despotismo oscurantista de la Latinoamérica decimonónica.

La necesidad de ser incómodo

Por David Rosales
Sala de Periodismo UAO

Estados Unidos, la potencia mundial con la opinión pública más maleable y patriotera del mundo, tiene una gran tradición de pensadores históricos, artistas, escritores y cineastas que antes de ponerse la mano en el corazón y lagrimear frente a las barras y las estrellas, denuncian a todo pulmón la soberbia, el cinismo y la ineptitud del gobierno norteamericano.

Aquellos pensadores añaden a ese gesto heroico una burla a la paranoia y el conformismo de una sociedad en la que muchos individuos se ufanan de ser ‘average’, ciudadanos promedios que consumen información como hamburguesas.

El 10 de noviembre de 2007 murió Norman Mailer, el más ruidoso y fuerte de esa tradición crítico-histórica. Como narrador fue y será una figura inevitable en las letras del siglo XX; como periodista, un ejemplo para los innovadores de las actuales y futuras generaciones.

Pero Mailer debe ser recordado como un hombre que no temió ser incómodo para los mentirosos y los ingenuos de su tiempo. Odiado por las feministas, los belicistas y por todos los que posaron de existencialistas y libertarios en una época en la estaba de moda serlo, el autor de ‘Los hombres duros no bailan’ fue tildado de machista, sexista, intolerante y ególatra.

Mailer se negó a ser de ese tipo de escritores que se dedican a la redacción de novelas o cuentos con la misma inocencia de quien se dedica al polo o a los viajes exóticos. Mientras Capote hacía reír a la aristocracia gracias a su charlatanería y su memoria tan prodigiosa para la literatura como para los chismes, Mailer exploraba un lado innombrable del individuo contemporáneo sin el permiso o el aplauso de los demás.

Sin miedo a la censura de los patrioteros y de todas aquellas figuras que practicaban ese hobbie tan pintoresco e infantil, el de la rebeldía publicitaria, Mailer revisó los mitos de su país y dijo lo que nadie quería oír sobre las guerras de Vietnam e Irak, sobre el ‘hedonismo’ de los norteamericanos, esa amalgama de soledad, opulencia y aburrimiento.

La vida y la obra de Mailer son una lección para un país cuyo símbolo literario besa las manos del rey español, de Bill Clinton y de Fidel Castro sin pudor. Incómoda enseñanza para todos los periodistas que perdieron el don de cuestionarse a sí mismos y a los demás porque temen fastidiar a la audiencia que los llevó a la cima. Afortunadamente, Gore Vidal, el gran novelista norteamericano todavía vive para incomodar a Estados Unidos y al mundo.

La ciudad soñada de Ospina

Por Karina Ausecha

Sala de Periodismo UAO

En plena contienda electoral del 28 de octubre, los aspirantes a la alcaldía de Cali propusieron reformas al interior de varias instituciones que están en crisis. El ganador de la contienda, Jorge Iván Ospina, deberá tomar decisiones trascendentales frente al tema de los servicios públicos, la disposición de basuras y la movilidad de la ciudad, y por ese camino, recuperar la confianza y la gobernabilidad perdidas de tiempo atrás.

Las propuestas del nuevo alcalde con respecto a la recuperación de entidades como Emcali, Emsirva y Metrocali, deberán ser evaluadas a la luz de los procesos que se están llevando a cabo al interior de las mismas. Procesos que es necesario revisar para saber qué resultados se pueden esperar.

La crisis institucional, financiera y de dirección que vive la ciudad de Cali puede medirse y sentirse en los impactos que ésta genere en la comunidad caleña. El alza en los servicios públicos, la movilidad ante el cierre de importantes vías de la ciudad por la construcción del sistema de transporte integrado MIO, además del eterno problema del basuro de Navarro, entre otros, describen un oscuro panorama para la Sultana del Valle.

El alcalde electo, Jorge Iván Ospina, recibe una ciudad descuadernada: instituciones públicas intervenidas y casi inviables. Deberá lidiar, además, con la profunda desconfianza con la que las elites políticas y económicas de la ciudad miran su proyecto de gobierno. Se suma a lo anterior, los problemas de movilidad por la construcción de las obras del MIO, que ya los caleños sienten que serán eternas.

He aquí una radiografía de tres instituciones públicas claves para el funcionamiento armónico de la ciudad. Podrá Ospina seguir soñando con una Cali distinta o se unirá a los caleños que soportan, de tiempo atrás, una pesadilla tras otra. Esa es la cuestión.


Emcali, en la luz y en la sombra

Empresas Municipales de Cali entró en crisis financiera y administrativa en 1999. Ante esta situación, la Superintendencia de Servicios Públicos, amparada en la Ley 142 (o ley de servicios públicos), intervino a Emcali administrativamente, es decir, que la empresa pasó de ser gerenciada por el municipio, a ser administrada por un agente especializado asignado por la entidad de vigilancia.

Según Gonzalo Peñalosa, coordinador de Gerencia Financiera de Emcali, en el año de 1999 la empresa “no tenía los recursos suficientes para el pago de sus deudas, de sus acreencias, de sus compras y la Superintendencia decidió tomar posesión, que es declarar al alcalde incompetente para la labor”.
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Durante los años 2000, 2001 y 2002 la empresa estuvo bajo intervención administrativa, pero el cambio de gobierno significó la salida del primer gerente nombrado por la Superintendencia. Ante la llegada de Eva María Uribe, quien a su vez nombró otro agente interventor para Emcali, se cambió la figura de intervención administrativa a intervención con fines liquidatorios. Peñalosa explicó que este cambio permitió la cesación de pagos “porque las finanzas de la empresa seguían muy golpeadas”.

Con el cambio de intervención nace el acuerdo de Salvamento de las Empresas Municipales de Cali, donde se propusieron cinco puntos que fueron consultados y consensuados con el presidente Uribe Vélez, con el propósito de mantener la empresa y hacerla viable. Dentro de estos puntos se establece una renegociación tanto de las deudas como de los pagos, y la creación de un fondo de capitalización, punto que ha sido fuente de críticas por involucrar directamente el bolsillo de los usuarios.

Peñalosa recuerda que “éste es un fondo donde todos los usuarios aportan el 2% del valor de su factura mensual con el único fin de hacer obras de inversión social”. Añadió que el valor aportado, más la tasa de interés que se genere cada año, será devuelto a partir del quinto año. Es decir, que como el fondo empezó desde el 2005, lo que se recaudó en ese año se devolverá cinco años después, y así sucesivamente.

Con dicha medida la facturación de los servicios públicos aumentó, circunstancia que generó descontento en los usuarios de Emcali. No obstante, Peñalosa asegura que quien desee retirarse del fondo lo puede hacer diligenciando una carta a Emcali, y se le reintegrará el aporte hecho hasta el momento.

Sin embargo, personas como Graciela Torres, representante de la Junta de Acción Comunal del barrio Nueva Granada, comentó que cuando salió la medida, hizo las diligencias correspondientes para salirse y sacar a sus vecinos del fondo de capitalización. La Gerencia General de Emcali le respondió que ante la modificación del artículo 151 de la ley 142 de servicios públicos, el contrato de la empresa con los usuarios permite el cobro del 2%, ante lo cual se le negó la petición de retiro. Hasta el momento ella y sus vecinos siguen pagando los recibos de servicios públicos con el 2% adicional en sus facturas.

En cuanto al pago de las deudas de la Emcali, el funcionario aseguró que se han venido cumpliendo, y que la empresa está en un proceso de estabilización. No obstante, se teme que con el cambio de administración ese proceso se vea frustrado dado que el electo alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en diversas ocasiones aseguró que empresas municipales debía volver al municipio.

Peñalosa explica que la decisión de terminar con la intervención le concierne a la Superintendecia, pero que aún hay indicadores, de carácter administrativo y operativo que no se están cumpliendo, como el índice de pérdidas tanto en acueducto como energía: “Pérdidas altas que no permiten que la empresa sea lo suficientemente eficiente”, asegura el funcionario. Además, el índice de recaudo que se proponía era del 95% y oscila actualmente entre el 70% y el 60%.

Gonzalo Peñalosa dijo que “lo que se espera es que Emcali no quede a merced de la politiquería, como el pago de favores de los políticos de turno”. En el mundillo político las empresas municipales de Cali, Emcali, siempre han sido catalogadas como la ‘caja menor’ del Alcalde, justamente para pagar favores, con la anuencia, en muchos casos, del Sindicato. Asunto que Ospina prometió combatir desde el día de su posesión, el 28 de octubre del presente año.

Peñalosa fue enfático en su posición de que Emcali debe seguir por el mismo camino, y que “lo que se busca es que empresas municipales sea manejada eficientemente y hasta que esto no esté lo suficientemente consolidado y establecido, no creo que la Superintendencia vaya a devolver al municipio su administración”.


Emsirva, un depósito de problemas

Esta empresa, recientemente multada por la CVC por los malos manejos de lixiviados y por la inadecuada disposición de residuos industriales que viene haciendo, vive su propio vía crucis. Ya son varios millones de pesos que acumula, fruto de otras infracciones cometidas contra el medio ambiente.

El problema de Emsirva está en la disposición final, aseguró Leandro Hurtado, profesional especialista de la CVC. Este problema data de la misma construcción del basuro de Navarro, el cual nació sin las adecuaciones técnicas y ambientales necesarias para preservar los afluentes cercanos a la zona. De hecho, según el funcionario, bajo el relleno se encuentra el segundo acuífero más importante de Colombia y están cayendo lixiviados a estás aguas subterráneas.

Según documentos de la CVC, hasta 1995 Navarro fue administrado por la Secretaría de Salud, pero la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se le dio potestad a las corporaciones ambientales para actuar autónomamente. Así las cosas, Navarro pasó a ser administrado por la CVC. Fue en este año, cuando la entidad le pidió a Emsirva un plan de manejo ambiental para el basuro.

Sólo hasta 1999 Emsirva entregó un plan de manejo, dentro del cual se contempló el cierre inminente del basuro y la construcción de un relleno transitorio aledaño a la zona, con vigencia de tres años. No obstante, Emsirva incumplió con el acuerdo y continuó con la disposición de basura en la zona clausurada, ante lo cual en el año 2001 se produjo un deslizamiento en la parte alta del cerro.

La CVC le impuso una multa por 1084 mil millones de pesos a Emsirva por incumplir la prohibición de depositar residuos sólidos en el antiguo botadero, lo que ocasionó el mencionado deslizamiento de la montaña. Para el año siguiente la CVC expidió una resolución en la que se le exigía al municipio de Cali, a Emsirva y/o Serivambientales, el cierre tanto del antiguo botadero de Navarro como de los rellenos transitorios construidos para tres años.

Como reza en los archivos de la CVC Emcali, el municipio de Cali y Serviambientales fueron multadas de nuevo por la suma de 189 mil millones de pesos en el año 2002, por incumplir la resolución de 2001 donde se les pedía adecuar la impermeabilización del relleno transitorio y construir una planta para el tratamiento de lixiviados. Así mismo, se exigió buscar otro sitio de disposición final de residuos sólidos, asunto que aún no se ha resuelto.
Serivambientales es una empresa que forma parte del consorcio español UTE, con la cual Emsirva hizo un acuerdo en el año de 1998 para el manejo de los residuos sólidos por un término de 20 años. Pero desde el primer año se presentaron problemas, y Sintraemsirva (Sindicato de trabajadores de Emsirva) denunció falencias en el cumplimiento del contrato por parte de la empresa española. No se construyó el relleno sanitario que reemplazaría a Navarro, ni las adecuaciones para de modificación del mismo, pero Serivambientales si recibió el pago por el trabajo no realizado. Ante las irregularidades presentadas el municipio deshizo el contrato en el año 2002.
En los años 2003 y 2004, Emsirva y la CVC hicieron labores de reconstrucción de la zona afectada por el deslizamiento, adecuaron los canales de aguas lluvias, así como el manejo de lixiviados, con el fin de asegurar el cierre inminente y definitivo del botadero. Se fueron alargando los plazos para la consecución de otro sitio para la disposición final de basuras, hasta la resolución DARSUROCCIDENTE No. 000183 del 28 de septiembre de 2005, donde se le impuso al municipio la obligación del sellado del relleno transitorio.

A pesar de esto, en diciembre del año pasado se firmó el Acta de entendimiento por parte de la Alcaldía de Cali, el Agente Especial SSPD – Emsirva E.S.P, el viceministro de Agua Potable y Saneamiento (E), el Ministro de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la CVC, donde se acordó como única solución construir un vaso para la disposición final de las basuras de Cali, Yumbo, Candelaria y Jamundí, en la zona aledaña al relleno transitorio, por un lapso de diez meses.

La segunda semana de noviembre la CVC declaró ante los medios de comunicación, que Emsirva ha venido incumpliendo con sus labores en lo referente al manejo de lixiviados y residuos industriales. Según Leandro Hurtado, Emsirva ha venido haciendo las cosas mal. “Ellos desafortunadamente no le han dado un buen tratamiento a los lixiviados permitiendo que éstos caigan al canal del sur y a la madre vieja”. Agregó que “ellos tienen una zona de depósitos industriales peligrosos al aire libre. Estos residuos están en contacto con los recicladores y pueden generar una tragedia”.

La CVC les da tres meses para sellar el relleno transitorio y abandonar el vaso para la disposición de residuos contemplado en el Acta de Entendimiento. Por parte de Emsirva no se obtuvo declaración alguna dado que la resolución expedida por la CVC no se había oficializado; sólo fue anunciada ante los medios de comunicación.

Es una situación crítica que no solo involucra al electo alcalde de Cali, sino a la administración de los municipios que realizan la disposición de basuras en este mismo lugar. No obstante, la posición de Ospina desde el momento en que comenzó su campaña fue potenciar a Emsirva como accionista mayoritario del negocio de basuras para que se apropie tanto de la recolección como de la disposición final de las mismas.


Metrocali, una empresa desarticulada

Es una entidad que ha recibido duras críticas desde que se comenzó con la construcción del sistema masivo de transporte MIO. Aún los caleños se preguntan para cuándo estarán listas las obras, debido a las irregularidades presentadas en la adjudicación de licitaciones y los problemas de planeación evidenciados en la construcción del sistema.

Se tenía planeado que para el 8 de mayo del 2008 entraría a operar la primera fase del sistema, pero recientemente se anunció ante los medios de comunicación que sólo hasta el primero de octubre del 2008 los caleños podrán desplazarse por medio del MIO.

Noticia que no caló bien en el gremio de los transportadores que ya hicieron inversiones para la adquisición de 500 buses articulados de la primera fase. Además porque se espera que entre el mes de diciembre de 2007 y enero del 2008 lleguen los buses a la ciudad. Buses para los cuales no se tienen listos los parqueaderos, ni presupuestados los costos que implicará tenerlos inutilizados casi por un año.

La falta de planeación de Metrocali la expuso ante el Concejo de la ciudad el alcalde Ramiro Tafur, el 14 de noviembre. El alcalde dijo ante los medios que esta entidad emprendió el proyecto sin tener listo el diseño y una planeación clara. Añadió que los retrasos en las obras no se deben a la falta de recursos porque Metrocali cuenta con 124.000 millones de pesos para los contratistas, y aclaró que el problema ha estado en la falta de planeación y de gestión.
Según el director de planeación de Metrocali, Marco Tulio Valencia, “la ejecución de las obras se ha concentrado en la primera fase, conformada por 27 Kilómetros de longitud total, de los cuales se encuentran concluidos 16; los once restantes están en proceso de construcción con un avance del 70%. Estos son: un tramo de 560 metros, en la carrera primera y las calles 13, y quinta, entre carrera 52 y ciudad jardín. Igualmente está en construcción los patios - talleres y terminales correspondientes a esta primera fase”.

Valencia explicó que el proyecto está dividido en tres fases: “La primera fase comprende las troncales carrera primera entre calles 70 y 13, calle 13 entre carrera primera y carrera 15, calle 15 entre carrera primera y carrera 15, carrera 15 entre terminal puerto mallarino y calle quinta, y calle quinta entre carrera 15 y ciudad jardín (calle 16)”, en la cual se ha concentrado el proyecto.

Están pendientes las fases dos y tres. “La segunda fase comprende las troncales Av. Tercera Norte entre calle 70 (Sameco) y glorieta de la estación, y Av. De las Américas entre glorieta de la estación y calle 15. La tercera fase comprende la pretroncal oriental envolvente calle 70 entre la terminal norte (Sameco) y terminal Guadalupe en el sur”, explicó Valencia.

Quedan pendientes dos fases del sistema de transporte para las cuales no se tiene fecha definida. Lo que se proyecta es la entrada en funcionamiento de la primera fase, que se espera descongestione el flujo vehicular en estos sectores donde la construcción de los terminales del MIO han generado una crisis en la movilidad en la ciudad. Para diciembre se anunció la apertura de la calle 13, y de las calles comprendidas en el tramo de la calle quinta entre Cosmocentro y Carrefour.

No obstante, el tema de SIUR, sistema unificado de información y recaudo, fundamentalmente para el desarrollo operativo, sigue en proceso de licitación lo cual ha retrazado las obras. Esto se debió al rechazo de la propuesta económica que ganó la licitación, al encontrarse que ingresó de forma extratemporánea, ante lo cual la junta directiva de Metrocali determinó negar la licitación y enviar el caso ante las entidades reguladoras correspondientes.

Pero esta no es la única irregularidad encontrada al interior de la entidad. El alcalde Ramiro Tafur, explicó a los concejales que el lote donde se había proyectado la construcción de la terminal sur es de propiedad de la Universidad Libre, y que Metrocali hizo la concesión sin tener en cuenta esta circunstancia. Además, Tafur hizo énfasis en que con frecuencia antes de comenzar las obras se deben hacer arreglos de servicios públicos de Emcali, asunto que no se contempla por la falta de planeación.

Por su parte, Jorge Iván Ospina, dentro de su plan de gobierno, propuso la revisión de las condiciones de adjudicación del sistema de recaudo, SIUR, para evitar que siga aumentando el endeudamiento del municipio por malos manejos administrativos. Pero además de esto, tendrá que hacerle frente a los problemas de planeación citados por al actual alcalde de Cali, Ramiro Tafur.

El Apagón Nacional Por Hernando Llano Ángel

Después de la alocución y rueda de prensa del Presidente Uribe, el pasado 19 de Abril, no queda la menor duda de que todos los colombianos somos rehenes de un pasado criminal. También que vivimos un presente ignominioso, donde los verdugos son tratados con toda consideración y las víctimas con total desprecio

También que vivimos un presente ignominioso, donde los verdugos son tratados con toda consideración y las víctimas con total desprecio. Y parece que estamos resignados a heredar, una vez más en nombre de la paz y la reconciliación, un futuro de impunidad y olvido. Quizá por ello los comandantes de las autodefensas celebran desde Itagüi la propuesta de Petro de un “acuerdo nacional por la verdad”. No gratuitamente los protagonistas políticos de la semana pasada fueron el Senador Petro y el Presidente Uribe.
Ambos deambulan extraviados en el laberinto del pasado, como si la política fuera un ajuste de cuentas personal con los crímenes de ayer, y no una ardua lucha contra la ignominia del presente por un futuro menos indigno y vergonzoso para todos. La política es mucho más que un asunto de honorabilidad personal o familiar, que trasciende los insultos y los desafíos altisonantes. No puede ser reducida por la oposición a una búsqueda insensata de culpabilidad personal de Uribe o sus familiares en su cruzada contra las FARC por el execrable asesinato de su padre en la Hacienda de Guacharacas. La política es, antes que nada, un asunto de responsabilidad pública, donde se deben examinar las conductas de los gobernantes, antes que los duelos y reacciones de orden personal y familiar.

Del otro lado, es deplorable escuchar a un jefe de Estado, que simboliza la unidad nacional, descalificar a su oponente por haber sido en el pasado un “guerrillero mediocre”. Peor aún, haber afirmado en tono irónico que en su caso personal “habría sido buen guerrillero y habría buscado tener éxito militar en lugar de buscar éxito como calumniador.” Con semejante belicosidad, terminó el Presidente Uribe rindiéndole un tributo a las FARC y su presente obcecación criminal, empeñada en demostrar con atentados como el de Cali que la política de seguridad democrática es más un éxito mediático que una realidad tranquilizadora. A tal extremo se dejó arrastrar el Presidente Uribe en la defensa apasionada de su cruzada contra las FARC, que terminó confesando que de “haber sido yo paramilitar, habría sido paramilitar de frente, no de corbata y de escritorio. Con fusil al hombro, buscando éxito militar”.

Semejante declaración, apenas comprensible en los labios de un terrorista en transición a la vida civil, es absolutamente desconcertante en la alocución pública de un Presidente, pues así demuestra su total desprecio con los familiares de más de 10.000 víctimas de los paramilitares. De alguna manera, se constituye en la prueba reina que permite comprender el trato benigno que la llamada ley de Justicia y Paz, de iniciativa gubernamental, da a los comandantes paramilitares, auténticos criminales de lesa humanidad, que bajo la coartada de su lucha contrainsurgente no estarán ni siquiera ocho años privados de la libertad. Poco importa que hayan forjado la máquina criminal más cruel y despiadada de todo el continente y de nuestra historia reciente, según los testimonios de sus propios integrantes, quienes se entrenaban descuartizando campesinos vivos para así ganar la confianza de sus comandantes. Dicha declaración del Presidente también permite comprender porque los reconoce como interlocutores políticos de un supuesto proceso de paz, pues en el pasado, cuando estuvo como Gobernador de Antioquia, fueron los pacificadores, a sangre y fuego de Urabá.
En efecto, apenas a seis meses de iniciada su Gobernación en Antioquia, el entonces Senador Fabio Valencia Cossio, denunciaba que la política de orden público de Uribe había generado un “incremento de los homicidios en un 387% en el Urabá, y está auspiciando el paramilitarismo con las cooperativas de seguridad Convivir” (El Tiempo, 30 de Agosto de 1995, p.6A). “El número de asesinatos llegaría a 1.200 en la zona bananera en 1996, la cifra más alta de toda su historia, y la tasa de promedio por 100.000 habitantes alcanzaría proporciones trágicas, con un registro superior a 500 (Dávila, Escobedo, Gaviria y Vargas 2001)”.[1] Como si lo anterior no comprometiera la responsabilidad política del entonces gobernador Uribe, un año después en un comunicado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), señalaban: “La tranquilidad que hoy se respira en Urabá, y la entrada en funcionamiento de las Convivir, crea un clima para que retornen los empresarios y ganaderos, nosotros por nuestra parte, cumplida nuestra misión en la región buscaremos abrir nuevos frentes de trabajo, en otros lugares donde la guerrilla asola la población con el secuestro, la extorsión y el boleteo.”[2]

Pero mucho más grave que ese horror del pasado, donde las Convivir hicieron parte de esa gesta pacificadora, es que el Presidente Uribe sea incapaz de reconocer que ellas fueron un error bajo cuya mampara legal iniciaron o continuaron sus acciones criminales muchos de los actuales comandantes paramilitares, como el propio Mancuso y el ya indultado Chepe Barrera, sin que en este último caso hayamos conocido verdad, reparación o justicia alguna. Error en el que persiste tercamente el Presidente, asumiendo toda la responsabilidad política, como se desprende de su apasionado discurso en el Consejo Comunitario de Aracataca, el pasado 14 de Abril, cuando en tono de arenga militar ordenó: “General Padilla: que critiquen lo que critiquen, que se venga el mundo encima, pero bajo mi responsabilidad política, acabe con lo que queda de las FARC, que es la hora de hacerlo. General Padilla: que se venga el mundo encima, que critiquen lo que critiquen, pero bajo mi responsabilidad política, proteja a Cali, saturando a Anchicaya y el área de influencia de comunidad rural en construcción de confianza con la Fuerza Pública. Proteja a Urabá, saturando ese corazón de montaña entre Tierradentro y Mutatá con Fuerza Pública y con comunidades rurales, cooperantes con la Fuerza Pública, recibiendo una periódica bonificación económica. Hágalo cuanto antes, General, que el proyecto de la Sierra Nevada nos respalda, porque ha mostrado que es un proyecto de recuperación”. Proyecto de recuperación que se debe, también, a la gesta “pacificadora” de Jorge 40 y Hernán Giraldo, como ambos lo reconocen ahora ante la Fiscalía. Es por todo lo anterior que nuestro futuro tiene tan graves visos de impunidad, pues el Presidente está empeñado en reeditar la tercera generación de las Convivir, para que reemplacen rápidamente las huestes paramilitares recién desmovilizadas.

Lo que está pasando por alto el Presidente es que su orden al general Padilla constituye una grave infracción al DIH, que prohíbe mandatos de tierra arrasada y guerra sin cuartel como los de Aracataca, además de involucrar a la población civil en el desarrollo de las hostilidades. Orden que puede convertir mañana en realidad la exageración de García Márquez sobre las miles de víctimas de la masacre de las bananeras. Con la pequeña diferencia que hoy existe la Corte Penal Internacional. Toda la razón le asistía a Don Miguel de Unamuno, cuando advertía, en medio de la guerra civil española, que “Es más fácil civilizar un militar que desmilitarizar un civil”. Seguramente por ello Doña Lina de Uribe, hace apenas un año, terminaba su entrevista con María Isabel Rueda en la revista Semana (Edición 1.259) diciendo: “Uribe es un personaje muy extraño. Uno de los más extraños que haya conocido en mi vida.”

Sin duda, un personaje incapaz de reconocer, como Manuel Marulanda, que no hay peor error que el horror de la guerra, pues tiende a ocultar con el manto de la impunidad los más atroces crímenes de lesa humanidad. Nuestro ignominioso presente es como un espejo donde se reflejan simultáneamente los protagonistas del terror, pero ellos son incapaces de reconocerse. Llevan tantos años apostando a la muerte, que todavía creen que pueden derrotar al enemigo en el campo de batalla. Las FARC han degradado la política a una estratagema criminal de secuestros y narcotráfico, en lugar de convertirla en una estrategia revolucionaria de orden social. Ambas partes, Uribe y Marulanda, le temen tanto a la vida y la paz, que no tienen el valor de apostarle a la política. Confían tan poco en la justeza de sus ideas y en la decencia de sus intereses que sólo creen en el “éxito militar”. No conciben la política sin las armas, sin una red de cooperantes remunerados o de alianzas tácitas y hasta explícitas con organizaciones criminales, en virtud de las cuales ganan las elecciones o impiden que otros las ganen. Y todo ello en nombre de la “seguridad democrática” y la defensa del Estado de derecho.

Mientras en la otra orilla de esta insólita “democracia”, las FARC y el ELN, secuestran en nombre de la libertad y asesinan bajo la coartada de la justicia social. Tal es el tiempo de tenebrosa oscuridad que estamos viviendo. La nación se está apagando, no por problemas de interconexión eléctrica, como ayer, sino por finas y sofisticadas redes de complicidad institucional con el crimen. De alguna forma, todos somos rehenes de un pasado criminal. Unos pocos, los más privilegiados, son espectadores jubilosos de este presente ignominioso, que acrecienta sus ganancias y lo reconocen en un comunicado de solidaridad incondicional con el pasado y el presente de Uribe, como el publicado por el Consejo Gremial Nacional. Entre tanto, la mayoría se resigna indolente a heredar un futuro de impunidad, pues apenas sobrevive antes de la hora del juicio final. Ya lo sentenciaba San Agustín en “La ciudad de Dios”: “Un gobierno sin justicia es un gran robo”, la peor de las ignominias.
[1] - Romero Mauricio, “Paramilitares y autodefensas 1982-2003”, p 211.Bogotá IEPRI, Editorial Planeta 2003.
[2] - Ibidem, p. 219

Mate al mate de coca, por Rodrigo Uprimny

Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional, critica la prohibición gubernamental de que las comunidades indígenas produzcan mate de coca
Por Rodrigo Uprimny
Fecha: 03/24/2007 -1299 REVISTA SEMANA

“Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley”. Recuerdo esa frase atribuida al dictador populista brasileño Getulio Vargas, a raíz de la reciente decisión del Instituto Nacional para Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de prohibir y ordenar el decomiso de los derivados de la hoja de coca elaborados por las comunidades indígenas colombianas, como el mate de coca, por considerar que esos productos violan la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.
Esa decisión del Invima, que se basó a su vez en un concepto que recibió de los ministerios de Relaciones Exteriores, y del Interior y Justicia, parecería mostrar una adhesión extrema del gobierno colombiano al derecho internacional, pues estaría dispuesto a privar de sus fuentes de trabajo a miles de indígenas colombianos, con tal de respetar sus obligaciones internacionales. Pero no creo que sea así. Un análisis breve muestra que el actual gobierno tiende a aplicar diferenciada y selectivamente el derecho internacional. Lo sigue con rigor excesivo en ciertos casos, mientras lo desprecia olímpicamente en otras ocasiones.
Un ejemplo de desprecio olímpico ocurrió a finales del año pasado: el 28 de diciembre, esos mismos ministerios anunciaron que el gobierno no acataría una decisión del Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que había condenado a Colombia por violar el debido proceso del ex contralor Francisco Becerra en el llamado proceso 8.000.
En esa ocasión, esos ministerios argumentaron que la decisión del Comité de la ONU no era vinculante, por lo que Colombia podía apartarse de ella, a pesar de que nuestro país ratificó hace casi 50 años el Pacto y aceptó desde hace varias décadas que los colombianos pudiéramos presentar quejas ante dicho Comité.
En ese caso, como vemos, el respeto al derecho internacional no pareció trasnochar mucho a esos ministerios, a pesar de que se trataba de una decisión de condena a Colombia por violación a los derechos humanos.
El anterior no es el único evento en el que el gobierno no se ha preocupado mucho por la legalidad internacional. Así, sin debate nacional alguno, el presidente Uribe apoyó la invasión a Irak, que era contraria a la Carta de Naciones Unidas, pues no fue aprobada por el Consejo de Seguridad. Y sin explicación alguna, ese mismo gobierno sigue incumpliendo un importante compromiso internacional adquirido por Colombia hace más de 40 años. En efecto, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Colombia en 1968, ordena a los Estados que adopten, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva del principio de la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. Esos dos años pasaron hace casi cuatro décadas y nadie conoce todavía el plan del actual gobierno para lograr la gratuidad de la educación primaria.
En cambio, ahora ese mismo gobierno, que poca sensibilidad muestra por el derecho internacional en materia de paz y derechos humanos, aplica con rigor desmesurado la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Y digo con rigor desmesurado, pues no es para nada claro que realmente Colombia se haya obligado internacionalmente a prohibir que sus comunidades indígenas elaboren derivados de la coca, como el mate o los vinos de coca, que son productos muy distintos a la cocaína. Es más, yo creo que ese concepto de los ministerios y la decisión del Invima son equivocados desde el punto de vista constitucional e incluso del derecho internacional.
La razón es que Colombia, al ratificar la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que complementa y modifica el Convenio de 1961, hizo una reserva explícita sobre este punto. Colombia declaró que ratificaba el tratado en el entendido de que la penalización del cultivo de coca se debía “armonizar con una política de desarrollo alternativo, tomando en cuenta los derechos de las comunidades indígenas involucradas”. Eso significa que Colombia aclaró a la comunidad internacional que la lucha contra el narcotráfico tenía que respetar los derechos de esas comunidades, por lo que es razonable concluir que bien puede nuestro país, sin incumplir sus compromisos internacionales, permitir la elaboración de esos derivados de la hoja de coca.
A su vez, la Corte Constitucional, en la sentencia C-176 de 1994, consideró que esa reserva era no sólo apropiada, sino incluso necesaria para proteger la diversidad étnica y cultural, que es un principio constitucional que debe ser respetado por las autoridades. Según esa sentencia, era indispensable distinguir entre los usos legítimos de la coca y su utilización como materia prima para la cocaína, no sólo para proteger la identidad cultural de las comunidades indígenas que usan la coca, sino por una razón de a puño, que era la siguiente: que numerosos estudios habían demostrado “que la hoja de coca podría tener formas de comercio alternativo legal que precisamente podrían evitar la extensión del narcotráfico”.
Es una lástima que los representantes de la materia en el gobierno no hubieran leído esa sentencia de la Corte, que no sólo podría aclararles el punto jurídico, sino que además les habría brindado una buena recomendación de política social. En lugar de ello, el gobierno adoptó una decisión que muy poco tiene que ver con el cumplimiento por Colombia de sus obligaciones internacionales, pero que, en cambio, tiene efectos devastadores sobre una prometedora innovación productiva de los indígenas colombianos.
Pero no es tarde: un buen ‘matecito’ de coca, que siempre es reconfortante, podría no sólo llevar al gobierno a reconsiderar su decisión, sino a tener una mayor consistencia en el manejo de los compromisos internacionales de Colombia. ¿No sería acaso mejor que el gobierno se preocupara por lograr la gratuidad de la educación primaria que por prohibir el saludable mate de coca?
(*) El centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad “DeJuSticia” (www.dejusticia.org) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.

Chiquita Brands, por Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

¿Hay o no investigaciones en el caso de la multinacional Chiquita Brands en Colombia?
[Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

El caso de la multinacional Chiquita Brands viene siendo investigado por organismos defensores de Derechos Humanos nacionales e internacionales por lo menos desde 2004. (Boletín 448 de actualidad colombiana, http://www.actualidadcolombiana.org/)
Resulta paradójico que el hoy Fiscal General de la Nación,Mario Iguarán Arana, al parecer desconozca la existencia de investigaciones en contra de Chiquita Brands Internacional, y además se haya comprometido a solicitar información al Departamento de Justicia de Estados Unidos para establecer, como lo menciona el periódico El Tiempo en su edición del sábado 17 de marzo, “si con el dinero de la multinacional se adquirieron fusiles y se realizaron masacres en el noroeste colombiano”. Como si el caso no estuviera ya, suficientemente documentado, tanto por comunidades, organismos defensores de derechos humanos nacionales como internacionales, por lo menos desde 2004, época de confesión de estos hechos por parte de la transnacional bananera.
Pero resulta más paradójico que en la Fiscalía sí existan investigaciones, pero no contra la transnacional, sino en la que ésta aparece como el “ofendido Chiquita Brands Internacional”. En efecto, de acuerdo con esta información obtenida a raíz de acciones de tutela interpuestas por la falta de respuesta a derechos de petición dirigidos por el Colectivo de Abogados, al entonces Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio, se tuvo conocimiento que se adelanta ante la Fiscalía la investigación previa radicada con el número 2432 SIJUF 958.570, según el Gaula Rural de Antioquia.
Es casi inconcebible que después de una declaración como la hecha por el presidente de la multinacional Chiquita Brands Internacional en junio de 2004, la Fiscalía de manera oficiosa no haya iniciado una investigación por el grave delito que representa financiar grupos armados ilegales como lo son en este caso los paramilitares, que como se sabe y está de sobra documentado son responsables de innumerables crímenes de lesa humanidad.
Sobre este punto basta recordar que el mismo Cesar Gaviria, entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos - OEA - , abrió una investigación específica sobre el caso, luego de la solicitud de los países involucrados en la entrada del armamento a Colombia, es decir, Nicaragua y Panamá; y de la confesión del jefe paramilitar Carlos Castaño, quien en entrevista con el diario El Tiempo el 30 de junio de 2002, reconociera públicamente que el mayor éxito logrado por las AUC, era precisamente la introducción al país de dicho arsenal. Gaviria entonces nombró como parte del equipo investigador al embajador en ese tiempo de los Estados Unidos en Colombia, Morris Busby y al argentino Sergio Caramagna, actual jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, entre otros expertos.
Es casi inconcebible que después de una declaración como la hecha por el presidente de la multinacional Chiquita Brands Internacional en junio de 2004, la Fiscalía de manera oficiosa no haya iniciado una investigación…
Y es que Chiquita Brands, según los Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no sólo colaboraba con los paramilitares entrando armamento a Colombia, sino que también los financiaba económicamente con pagos previamente revisados y aprobados por altos directivos de la compañía en Cincinnati y los cuales venían realizando desde 1997, luego de un encuentro entre el jefe paramilitar Carlos Castaño y el gerente de Banaldex (empresa filial de Chiquita Brands).
Fueron precisamente los cientos de crímenes cometidos en esta zona, acrecentados en la década de los noventa, y la evidencia irrefutable de la financiación por parte de Chiquita Brands y otras empresas transnacionales a grupos paramilitares, por los cuales, el Tribunal Permanente de los Pueblos, acusara el pasado mes de abril de 2006, a dicha empresa por las “violaciones graves y masivas de los derechos laborales, y específicamente de la libertad sindical; por desprecio de la dignidad y de la vida de los trabajadores y sus comunidades, así como por el respaldo a políticas económicas que contribuyen al deterioro dramático de las condiciones de vida y salud de una parte creciente de la población colombiana” y así mismo declarara responsable a los órganos del Estado Colombiano como autores y/o cómplices de los crímenes de lesa humanidad documentados.
Ya es hora, luego de 79 años que esta empresa, conocida en 1928 como United Fruit Company, responda, y no solamente económicamente, sino también jurídica y políticamente por su historial violatorio de derechos en Colombia y que los trabajadores y los campesinos afectados, sean reconocidos como las verdaderas víctimas, y no que los victimarios sean tenidos como los ofendidos.
La Fiscalía General de la Nación debe asumir su responsabilidad por la falta de una acción investigativa seria, que permita avanzar en el esclarecimiento histórico de los hechos; la determinación de responsabilidades penales de los directivos de la transnacional; de los agentes estatales comprometidos por acción y omisión en su actuación; y de las autoridades judiciales que con su inactividad perpetuaron la impunidad y la negación de los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas, sus familiares, las comunidades afectadas y la sociedad colombiana.