Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
El
Proceso de Negociación que adelantan las Farc y el Gobierno de Juan Manuel
Santos Calderón en La Habana, plantea dos elementos novedosos, en relación con
anteriores experiencias de diálogos de paz: el primero, el reconocimiento de
las Víctimas, lo que implica el develamiento de las identidades y responsabilidades
de los victimarios y el establecimiento de los mecanismos de reparación
material y simbólica de quienes han sufrido las dinámicas de un largo y
degradado conflicto armado interno; y el segundo elemento, la perspectiva de
Paz Territorial, entendida como la oportunidad política y técnica que tendrá el
Estado y la institucionalidad derivada de su accionar, para consolidarse, por
fin, como un orden justo y capaz de garantizar condiciones de vida digna para
todos; y convertirse, ojalá, en un faro ético y moral que coadyuve a la
solución de viejos conflictos territoriales y a los nuevos que se pueden
presentar una vez se implemente lo que acuerde en La Habana.
Con
la apuesta de una Paz Territorial se buscará la consolidación del Estado como
orden social, cultural, político y económico y guía moral, en los territorios
en donde por su histórica debilidad y ausencia, permitió que grupos al margen
de la ley disputaran su autoridad y de esta forma se facilitara el
desplazamiento de millones de colombianos y se generaran disputas entre
comunidades y grupos de poder, por la
propiedad de la tierra y la explotación de los recursos naturales.
Así
entonces, la Paz Territorial se asume como un proceso de consolidación del
Estado como un orden político viable, en franco diálogo con las aspiraciones y
derechos de las comunidades afectadas por las dinámicas del conflicto armado
interno. En ese sentido, la Paz Territorial plantea la revisión de las
relaciones Estado-comunidades locales, que permitieron la construcción de un empobrecido sentido
de lo Público, de arriba hacia abajo. Una vez revisada y comprendida ese tipo
de relación, con la Paz Territorial deberá ser posible repensar ese sentido de
lo Público, esta vez de abajo hacia arriba. Con un nuevo sentido de lo Público
quizás sea posible una nueva ciudadanía, en la que los ciudadanos se hacen
responsables de sus obligaciones, al tiempo que aprenden a exigir el
cumplimiento y el respeto de sus derechos.
Ese
será el nuevo marco institucional, social y cultural que la Paz Territorial
exigirá para la consolidación de una paz
estable y duradera y la convivencia
en los naturales escenarios de posconflicto que deberán diseñarse una vez se
firme el fin del conflicto y se plantee la implementación de los acuerdos de La
Habana.
De
esta forma se reconoce el carácter novedoso de la Paz Territorial: “Esta referencia a la dimensión territorial de la paz es novedosa y tiene
un enorme potencial para buscar soluciones democráticas a viejos y nuevos
conflictos por la tierra y el territorio, que son particularmente graves. De
allí la necesidad de propiciar un debate amplio y plural sobre los sentidos de
la paz territorial, pues se trata de una problemática que suscita grandes
controversias, en la medida en que cada sector de la sociedad busca un orden
territorial diferente, según sus intereses y sus relaciones con este. El primer desafío de la paz territorial tiene que ver con
la terminación del conflicto y la reparación de los daños. El enfrentamiento
armado se ha expresado como una guerra irregular de larga duración que afecta a
todo el país, pero cuyas dinámicas y consecuencias son diferenciadas y
especialmente desproporcionadas sobre los territorios y los pobladores rurales.[1]
Así
entonces, la Paz Territorial se constituye en el camino posible y deseable
sobre el cual deberá caminar la nueva institucionalidad estatal y las que se
deriven de las relaciones del Estado con la “vieja” institucionalidad privada,
que de muchas maneras es responsable por el surgimiento de los grupos
subversivos y el escalamiento del conflicto armado interno. Superada la guerra
interna, el reto mayúsculo para el país, los colombianos, las élite de poder
regional y en particular la élite bogotana, empresarios, los llamados “Cacaos”,
los ex guerrilleros, campesinos y comunidades afrocolombianas e indígenas,
entre otros, es reconstruir las relaciones entre el Estado y la Sociedad, sobre
la base de un principio que resulta definitivo: proscribir el ethos
mafioso que se instaló en las formas en las que opera el Estado y el
grueso de actores sociedad civil, con la anuencia de gran parte de la sociedad.
