Observatorio CIER
Categorías
Modelo Socio económico,
Políticas y Relaciones Internacionales
y Litigios Jurídico Ambientales
Por
Germán Ayala Osorio, CIER
Presentación
El
texto que a continuación se presenta es el resultado de un seguimiento a varios
medios escritos colombianos. El propósito de dicho seguimiento NO es analizar
los tratamientos periodístico-noticiosos dados por tres medios masivos escritos
a disímiles hechos. Por el contrario, el seguimiento sirve para describir el
contexto nacional e internacional, a partir de las categorías contenidas en el
título de este documento.
Este
ejercicio hace parte de las actividades del Observatorio de Medios del Centro
Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER, de la
Universidad Autónoma de Occidente. El periodo de seguimiento está comprendido
entre enero y mayo de 2014.
Mirada al contexto
En
el contexto de un mundo en el que la seguridad alimentaria sufre por cuenta de
plantaciones que buscan garantizar la producción de agro combustibles y el
crecimiento de la minería a mediana y gran escala, la ONU, como organismo
multilateral, insiste en el mantenimiento de proyectos agrícolas que aseguren
la alimentación de los pueblos del mundo, a través de unidades familiares de producción
agrícola con las que puedan ser
autosostenibles.
En
ese complejo contexto internacional y dadas las circunstancias que impone el
proceso de globalización económica, hay que destacar la debilidad del Estado
colombiano y la de sus instituciones para enfrentar no sólo la apuesta mundial
por los agrocombustibles, sino por la mega minería, y la explotación de
hidrocarburos, éstas últimas generadoras de conflictos socio ambientales y por
supuesto, de litigios jurídicos entre
empresas mineras del orden nacional e internacional y el propio Estado,
propietarios privados, o comunidades cobijadas bajo la figura de la propiedad
colectiva.
Esas
circunstancias contextuales exógenas tienen soporte en un modelo de desarrollo
extractivo que no respeta límites de resiliencia y mucho menos hace concesiones
o consideraciones culturales, a juzgar por los efectos socio ambientales que
viene generando en Colombia el boom
minero-energético, en especial los efectos negativos que dejaron y dejan aún
las políticas ambientales de los gobiernos de Uribe Vélez y de Santos Calderón.
En
esa línea se registra el siguiente titular en el diario EL TIEMPO: 2014, año de la ONU para la agricultura
familiar (sic). En el texto noticioso se lee lo siguiente: “Con esta declaratoria, la entidad busca
promover políticas activas a favor del desarrollo sostenible. Una estrategia
contra la pobreza, que contempla el respeto al medio ambiente y la
biodiversidad”.
A
propósito del avance de la minería, legal o ilegal, el viernes 31 de enero de 2014
se registra un hecho jurídico-político de especial significado, a cargo de la
Corte Constitucional, corporación y corte de casación que en muchos casos ha
llamado la atención de disímiles gobiernos en torno a la necesidad no sólo de
proteger la biodiversidad, sino de garantizar los derechos de las víctimas del
desplazamiento forzado, entre otros asuntos.
El
hecho jurídico-político cobra
vida periodística a través del siguiente titular: Magistrados, rumbo a la selva (sic). El antetítulo es claro: Corte Constitucional estudia tutela que
busca acabar con Parque Yaigojé Apaporis (sic). Se trata de un litigio
jurídico-ambiental de especial connotación.
En
la nota periodística, a cargo de Angélica Cuevas, se lee que “los magistrados Eduardo Mendoza, Nilson
Pinilla y Jorge Iván Palacios viajarán este viernes al Parque Nacional Yaigojé
Apaporis para avanzar en la solución de uno de los conflictos mineros más
polémicos del país: la presencia de la minera canadiense Cosigo Resources
dentro de esa reserva natural en la Amazonia. Un conflicto que ha dividido a
las poblaciones indígenas de la región pues unos quieren que se extraiga oro de
su territorio y otros se oponen a ello… A diferencia de otras compañías que
recibieron títulos dentro de parques nacionales, Cosigo se ha negado a
enunciar de manera voluntaria a ellos y argumenta que es un derecho
adquirido”.
Los
hechos políticos y los conflictos socio ambientales con los que claramente
queda en evidencia la debilidad del
Estado para controlar a las multinacionales que explotan materias primas,
continuarían apareciendo en las páginas de los diarios colombianos de mayor
circulación. En el mismo diario EL ESPECTADOR, en su edición del miércoles 29
de enero de 2014.
Frenan plan de Anglogold para tumbar
consulta popular (sic) es el titular
de una nota publicada el 29 de enero de 2014 en el periódico EL ESPECTADOR. Este
hecho socio ambiental, jurídico, político y periodístico tiene como antecedente
el fallo del Tribunal del Tolima con el que se garantizaron los efectos
jurídicos de la consulta popular en la que la comunidad de Piedras dijo no en
las urnas a la explotación minera a gran escala.
En
el texto noticioso se lee que: “Las
pretensiones de la multinacional Anglogold Ashanti, de declarar sin piso jurídico
la decisión que tomaron los habitantes de Piedras (Tolima) de cerrarle las
puertas de su municipio a la minería a gran escala, acaban de frustrarse por
cuenta de una decisión del Tribunal Administrativo del Tolima. La compañía
pretendía que se declarara nula la decisión judicial que avaló la consulta
popular…”.
Los
costos sociales, culturales y ambientales que viene dejando la minería a
gran escala en Colombia son incontrastables. Es claro que la sociedad en
general, la sociedad civil en particular y hasta el propio Estado no han
dimensionado los daños ambientales que viene dejando la actividad minera, en
especial la explotación de carbón y de oro.
En
la edición del domingo 12 de enero de 2014 el periódico EL ESPECTADOR se
publicó apartes de un informe concebido por la fundación Fescol. El título es
el siguiente: El verdadero precio del
carbón (sic).
En
el documento, preparado por Guillermo
Rudas, se explica que “…el aporte a la
generación de empleo del sector de la minería e hidrocarburos es muy pobre, en
comparación con otras industrias… Entre
2001 y 2012 el sector agropecuario ha generado 223.000 nuevos empleos, la
industria manufacturera 517.000 y la minera a duras penas 81.000 nuevos empleos…”.
El
oscuro balance que hace Guillermo Rudas alrededor de los aportes versus los
efectos que deja la mega minería del carbón y la explotación de hidrocarburos,
deja las huestes académicas para llegar a los territorios de las empresas
demoscópicas. Y es así, a juzgar por la nota publicada en EL TIEMPO el sábado
22 de febrero de 2014, bajo el título Regiones
ven beneficio de minería que la opinión no (sic). En el texto periodístico
se lee lo siguiente: “En medio del debate
académico, los bajos precios mundiales, las dificultades en la aprobación de
licencias ambientales y la demora en la
definición de los límites de la zona de
páramo, entre otros, un sondeo evidenció la fuerte brecha en la percepción que
sobre la minería tienen las regiones del país y la opinión pública en
general. Según la Brújula Minera,
estudio del Centro Nacional de Consultoría, en los municipios y zonas
productoras la industria es aceptada por los beneficios laborales y económicos,
pero en la opinión pública
la percepción no es la misma”.
Mientras
que en sectores académicos y periodísticos se habla de un boom minero que no solo deja regalías, sino efectos socio
ambientales negativos, proyecciones de agentes de la sociedad civil advierten
sobre una disminución del auge minero en el país, lo que traería consecuencias
nefastas en materia económica y financiera.
Así lo registra una nota en EL ESPECTADOR del martes 18 de febrero de
2014, intitulada ¿Cuentas externas en
riesgo? (sic).
En
el texto periodístico se lee lo siguiente: “Aunque
el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, cree que el boom minero
está atravesando un cuarto menguante y que el país tiene que prepararse para el
retorno del auge en los próximos años, un informe revelado por la Asociación
Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) le apunta a perspectivas menos
alentadoras de crecimiento del sector minero-energético en la próxima década.
Esto traería como consecuencia la afectación de las cuentas externas
colombianas en la década que viene”.
A
la discusión acerca de un eventual desplome del boom minero y de la reducción
de los beneficios y/o ventajas que deja la minería al país económico, se sumó
el testimonio de Orlando Cabrales, vice ministro de Energía. Su opinión sirve
de título a la nota publicada por EL ESPECTADOR, el sábado 1 de marzo de 2014:
“La locomotora minera sí jalona la
economía” (sic). En el texto periodístico se lee que “el viceministro de Energía, Orlando Cabrales, salió al paso a los que
señalan que la locomotora minero-energética se descolgó el año pasado y anunció
que esta sigue siendo la palanca dinamizadora de la economía nacional”.
Las
grandes obras
de infraestructura también tienen un fuerte impacto social y ambiental, en
especial en Colombia dada la manifiesta debilidad del Estado colombiano y la
fragilidad de las instituciones de control. La construcción de hidroeléctricas,
por ejemplo, deja efectos nocivos en experiencias como Salvajina en el Cauca,
en donde no sólo se reconoce que cambió el clima, sino que se afectó la vida de
mineros y agricultores que debieron cambiar de actividad (dedicarse a la pesca)
o migrar por razones económicas. También hay que nombrar a Urrá y Por ce I y
II. En esta ocasión, el registro noticioso da cuenta de Hidroituango.
Los
efectos nocivos en el recurso ictiológico, por ejemplo, termina por afectar la
seguridad alimentaria de comunidades campesinas que parte de su sustento lo
extraen del río Cauca, afluente este desviado para que sus aguas pasen ahora
por túneles, para luego generar energía hidráulica. En el texto periodístico se
lee que “la desviación del río Cauca,
considerada una obra de ingeniería sin precedentes, también implica serios
impactos sociales y ambientales”.
El desarrollo extractivo y la reprimarización de
la economía que se promueve y se impone en Colombia viene dejando graves
consecuencias socio ambientales y crisis ecológicas que gran magnitud. El
titular del periódico EL TIEMPO se convierte en una clara evidencia de lo que
viene sucediendo en el país en materia de un desarrollo claramente
insostenible. Colombia, primero en conflictos
ecológicos en Latinoamérica (sic).
En
el texto noticioso se lee lo siguiente: “Son
7,9 millones los afectados por 72 disputas entre comunidades e industrias, según
Atlas de Justicia Ambiental… Mineras, hidroeléctricas y agroindustrias hacen
parte de las empresas que llegan con sus proyectos productivos a los
territorios, y con las cuales las comunidades entran en pugna por el acceso y
el uso de recursos naturales como ríos y páramos. Así lo demuestra el primer
inventario de los conflictos por el
medioambiente, compilado por el Instituto Cinara de la Universidad del Valle,
en alianza con el Atlas Global de Justicia Ambiental…”.
Es
tan poco lo que se puede hacer ante la profundización del modelo extractivo y
la reprimarización de la economía colombiana, que a la sociedad en general solo
le queda participar en campañas de ahorro de energía como la de Apagar las luces por el Amazonas (sic).
Y es así, si tenemos en cuenta lo expresado por Ángel Gurria, secretario
general de la Ocde, quien dijo que “nuestro
planeta se está calentando de manera peligrosa y necesitamos actuar de
inmediato para evitar la catástrofe”.
Mientras
el debate sobre los efectos del boom minero continuaba ocupando las páginas de
la gran prensa, desde el sur del país llegaban noticias en torno a la
existencia de más reservas de hidrocarburos (petróleo y gas), concentrados en
condiciones geológicas (esquistos).
Colombia, en la era de esquistos (sic) es el titular del diario El Espectador
del 01 de abril de 2014.
Las
contradicciones del desarrollo extractivo y la huella humana que se extiende
por el planeta posibilitan y dan sentido a llamados de atención para que se
planten más árboles, en especial en grandes urbes en donde el verde
prácticamente ha desaparecido por la voracidad de un desarrollo que se
concentra en la construcción de vías cada vez más rápidas y en una política de
expansión de barrios y edificaciones. De allí que el llamado a concebir
ciudades verdes haga parte de esas contradicciones en las que suele caer el ser
humano a través de un modelo de desarrollo extractivo y poco amable con
ecosistemas naturales sometidos a procesos de urbanización.
La
Tierra urge ciudades verdes (sic) es el titular del diario EL PAÍS del 23 de
abril de 2014, con el que se da vida a un texto periodístico que aborda la
pregunta de cuán verde es la ciudad de Cali. La Alcaldía de Cali y otros
actores hablan de tiempo atrás de la construcción de un Corredor Verde.
Curiosamente, ante el pedido de varios sectores de convertir una zona de Navarro
(del antiguo botadero a cielo abierto) en un pulmón para la ciudad, la alcaldía
de Rodrigo Guerrero responde con el proyecto urbanístico Eco ciudad Navarro, cuyo
nombre obedece a un simple eufemismo con el se pretende ocultar lo que
claramente será un proyecto urbanístico para estratos sociales 1, 2 y 3, en
unos terrenos que presentan problemas sanitarios y posibles riesgos para la
salud humana.
El tema ambiental en
Colombia y en el mundo deviene con la clara intención de develar y reconocer
que hay ya suficiente información y hechos tozudos que indican una crisis
ambiental generalizada en disímiles partes del mundo. Pero una crisis ambiental
que no supone la adopción de políticas de decrecimiento y mucho menos de
revisar a fondo el globalizado modelo de desarrollo y la lógica de consumo que ordena el mundo en estos momentos.
Quizás la conciencia de la
crisis no alcance para entender lo que plantea Enrique Leff: “La crisis ambiental es un efecto del
conocimiento –verdadero o falso–, sobre lo real, sobre la materia, sobre el
mundo. Es una crisis de las formas de comprensión del mundo, desde que el
hombre aparece como un animal habitado por el lenguaje, que hace que la
historia humana se separe de la historia natural, que sea una historia del
significado y el sentido asignado por las palabras a las cosas y que genera las
estrategias de poder en la teoría y en el saber que han trastocado lo real para
forjar el sistema mundo moderno…Pero lo inédito de la crisis ambiental de
nuestro tiempo es la forma y el grado en que la racionalidad de la modernidad
ha intervenido al mundo, socavando las bases de sustentabilidad de la vida e
invadiendo los mundos de vida de las diversas culturas que conforman a la raza
humana, en una escala planetaria. El conocimiento ha desestructurado a los
ecosistemas, degradado al ambiente, desnaturalizado a la naturaleza”.
Casi en la misma línea
planteada por Enrique Leff se entiende lo expresado por el economista y líder espitirual chileno,
Alfredo Sfeir, en una nota en el diario EL PAÍS. En la entrevista el economista
chileno señala que “el actual modelo está agotado, y la gente está tratando
desesperadamente de seguir creyendo en que podrá arrojar resultados algún día.
Y termina con la siguiente sentencia, que a su vez sirvió para titular la nota:
“El actual modelo económico se deshumanizó”
(sic).
La prensa cumple con la
tarea de registrar llamados diarios sobre la crisis ambiental, así
como los riesgos que afrontaría el Planeta y la supervivencia del ser humano,
entre otros asuntos. “La voluntad política es un recurso renovable”: Gore es el
titular de una nota que trae las opiniones del ex vicepresidente de los Estados
Unidos, Al Gore, quien estuvo de visita en Bucaramanga y habló de políticas de
conservación.
En esa misma lógica de
registrar hechos ambientales y llamados lastimeros alrededor de los efectos
ambientales que deja el actual modelo de desarrollo, se entiende una nota
titulada No proteger la biodiversidad nos cuesta el 3,7% del PIB (sic). En el
texto periodístico editado por el diario EL PAÍS se publican apartes del V
informe nacional de Biodiversidad: “Este informe contiene información sobre los avances en política de
biodiversidad entre el 2009 y 2013, y
reseña los cinco motores de destrucción ambiental: el cambio en los usos del
suelo (por actividades como la ganadería, la minería y los cultivos ilícitos),
la degradación de los ecosistemas, la invasión biológica de otras especies, la
contaminación y el cambio climático…
Y aunque estos sectores económicos son polos de desarrollo en las regiones, sus
efectos ambientales y económicos también
son críticos para Colombia”.
Dentro del proceso
informativo que los medios masivos echan a andar, es clave reconocer la
redundancia como un elemento clave no sólo en la masificación de la
información, sino en el aseguramiento de mayores efectos en las audiencias, en
la medida en que la radio, la televisión, la prensa y ahora las redes sociales
e internet, replican de manera circular una determinada información. Así las
cosas, el 12 de mayo, el diario EL ESPECTADOR publica una nota sobre el ya
mencionado Informe Nacional de Biodiversidad en Colombia. El titular es
contundente en la medida en que recoge las preocupaciones y el sentido de los
llamados de emergencia que se vienen exponiendo de tiempo atrás alrededor de
los efectos negativos que deja el actual modelo de desarrollo extractivo:
Desarrollo si, pero no así (sic).
En esa misma perspectiva
de criticar el modelo de desarrollo extractivo y de señalar los riesgos
sociales y ambientales, aparece una nota en el diario EL TIEMPO del sábado 1 de
mayo de 2014 intitulada ‘Seguir con energías fósiles es cavar nuestras tumbas’
(sic). Además de llamativos y contundentes, titulares como estos poco aportan a
la real comprensión de los retos y problemas ambientales que afronta Colombia y
el mundo, por parte de las audiencias, imbuidas en lógicas de consumo y
sobreviviendo en medio de condiciones laborales precarias y difíciles. En esta
ocasión la fuente responsable de la frase, cuyo sentido no es nuevo, es Yolanda
Kakabadse, presidenta del Fondo Mundial para la Naturaleza, quien advierte “que para lograr el desarrollo económico de
América Latina no se requiere arrasar con su territorio”.
A los llamados de atención
de economistas, líderes espirituales y de expertos ambientales, muchos de ellos
en su momento empleados del Banco Mundial y operadores incansables del hoy
criticado modelo de desarrollo, se suma la ONU. El organismo multilateral
insiste en llamar en hablar en los Objetivos del Milenio y de otras iniciativas
y programas, que resultan ser verdaderos e inocuos esfuerzos por cambiar las
circunstancias en las que opera hoy el mundo, si se revisa, por ejemplo, que
los grandes países desarrollados poco hacen para mitigar el impacto de sus
industrias, fábricas y modelos de crecimiento económico, en lo que se refiere
al control de emisiones de CO2. En la nota del 26 de mayo de 2014,
intitulada El reto de priorizar los
objetivos globales (sic). Los temas son recurrentes: hambrunas, control de
enfermedades, educación, pobreza, subdesarrollo y desarrollo tecnológico.
La conciencia tardía que
suele emerger de cuando en cuando en las páginas de la prensa, se traslada en
forma de discusión a las secciones de opinión de los periódicos. La discusión
sobre los temas ambientales produce y reproduce viejos dilemas humanos, que
cobran vida a través de relaciones dicotómicas que llevan a extremos:
crecimiento-decrecimiento; desarrollo- no desarrollo; agua o petróleo; y
extraer- no extraer, entre otras.
Para el 13 de abril de
2014 en el diario EL TIEMPO se registra
la columna de opinión de Orlando Cabrales Segovia, quien funge como vice
ministro de Energía. Desde el titular recoge una evidente dicotomía que por
estos días toma fuerza ante el registro periodístico de innumerables desastres
ambientales: Agua o petróleo, un falso dilema (sic). El columnista defiende la
explotación de hidrocarburos. En apartes del texto de opinión se señala lo
siguiente: “Han surgido diversas
versiones que culpan al sector hidrocarburífero por la crisis del agua en
Casanare. En este departamento, la industria
de hidrocarburos tan solo consume el 0.7 por ciento del agua consumida,
una cifra mínima comparada con el uso de otros sectores. Además, la industria
del petróleo utiliza en promedio el 1 por ciento del área total del bloque
asignado para las plataformas de
perforación y las eventuales facilidades de producción, y por cada hectárea
intervenida existe la obligación de de
reforestar e hectáreas”.
Aquí el asunto no se puede
reducir a las obligaciones y a marcos legales que harían posible obligar a las
petroleras a reforestar, dado que el Estado en su conjunto deviene precario,
especialmente las instituciones ambientales como las CAR y los órganos de
control como la Procuraduría y Contraloría. El poder político y económico de
las petroleras termina por facilitar su operación sin mayores consideraciones
ambientales en lo que refiere a la mitigación que su actividad extractiva deja
en valiosos ecosistemas.
