OJO POR OJO, DIENTE POR DIENTE

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Para entender la suspensión del cese unilateral del fuego, que hace pocas horas las Farc ordenaron, a raíz del duro golpe recibido en zona rural de Guapi, Cauca, hay que remontarse a los hechos acaecidos en otra zona del golpeado departamento caucano, a mediados de abril del presente año.

La acción armada de las Farc en el Cauca, que dejó 11 militares muertos y otros tantos heridos, desató la más cruenta ofensiva de las Fuerzas Armadas, con el fin claro de vengar la muerte de los hombres que cayeron en el golpe de mano en territorio caucano.

Han sido reiterados los bombardeos de la Fuerza Pública, a patrullas y campamentos de las Farc, sin que hasta el momento haya un balance oficial y público de civiles muertos, heridos y desplazados por las acciones de guerra desplegadas. De igual manera, no hay cifras de animales muertos y mucho menos, un balance de los daños socio ambientales que dejan estas acciones de guerra.

La muerte de alias ‘Becerro’, en zona rural de Bojayá, generó terror entre la población civil y provocó el desplazamiento de comunidades asentadas en ese territorio. Antes de este operativo, se registró un bombardeo en un resguardo indígena, con el saldo de una persona muerta. Es decir, el conflicto se escaló, a partir de la acción perpetrada por las Farc en  inmediaciones del corregimiento de Timba, Cauca.

A pesar de las acciones de guerra del Estado, las Farc mantuvieron, hasta hoy, el cese unilateral al fuego, con varios hechos que darían cuenta de su incumplimiento, aunque no se descarta que hayan sido ‘obligados’, por el asedio de la fuerza pública.

El rompimiento de la medida obedece al duro golpe que hace unas horas, dieron fuerzas combinadas de aviación y ejército a las Farc, en zona rural de Guapi, en el departamento del Cauca, territorio históricamente en disputa. El saldo de guerrilleros muertos asciende a 26, lo que motivó a la dirigencia fariana a levantar la orden del cese unilateral del fuego. “Deploramos el ataque conjunto de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía ejecutado en la madrugada del jueves contra un campamento del 29 Frente de las FARC en Guapi (Cauca), en el que, según fuentes oficiales, resultaron asesinados 26 guerrilleros", manifestó a través de su página oficial el grupo guerrillero luego de anunciar la suspensión de la tregua unilateral declarada en diciembre”[1] 

 Si bien las acciones militares de parte y parte se enmarcan en la disposición concertada de dialogar en medio de las hostilidades, lo cierto es que a los ejércitos enfrentados, los anima cada vez más, un espíritu de venganza, que de manera sistemática los acerca a las prácticas de la ley del Talión (lex talionis).

De esta manera, y poco a poco, militares y guerrilleros, pierden el sentido y el objetivo político de su naturaleza como actores armados, para enfrascarse en una lucha vindicativa que dificultará en el mediano y largo plazo, los procesos de reconciliación que vendrán una vez se firme el fin del conflicto en La Habana. Es tal el talante vengativo de la lucha de estas dos fuerzas y la insensatez de sus dirigentes, generales y comandantes guerrilleros, que poco aprecian la vida de sus propios hombres en armas y menos aún, valoran el bienestar de los civiles que sobreviven a los bombardeos y a las acciones terrestres tanto de la Farc como del Ejército. El asunto de fondo es que ni guerrilleros y soldados rasos pueden comprender que ellos son, simplemente, instrumentos o fichas de una guerra que no ha logrado desestabilizar el orden establecido. De allí que su lucha, su honor y valentía poco o nada sumarán a la transformación del país, así se firme el fin del conflicto.

Solo la política puede parar los escenarios de barbarie, odio y venganza que guerrilleros y militares vienen consolidando en los territorios en disputa. Ojalá lo sucedido en Guapi, Cauca, provoque que las partes que dialogan en La Habana, pacten de una vez por todas un cese bilateral del fuego, con verificación nacional e internacional. Ello, en algo, detendría los ánimos vindicativos y sañudos con los que unos y otros vienen operando en los campos de batalla. Eso sí, dudo mucho que así sea, porque ese mismo ánimo vengativo de los ejércitos en disputa, lo exhiben actores y agentes sociales de la sociedad civil.

De un lado, los medios masivos vienen aupando y legitimando ese carácter vindicativo con el que operan las fuerzas armadas y que es compartido por sectores de la sociedad. Y lo hacen, a través de tratamientos noticiosos irresponsables[2] y lastimeros[3], que terminan por polarizar aún más a la opinión pública, que sigue enganchada en la trampa dicotómica, guerra o paz. De la misma manera, Acore, el Procurador Ordóñez y el Centro Democrático, vienen jugando un papel protagónico, al insistir en que, en lugar de hablar de un cese bilateral del fuego, lo que debe darse es la concentración de las Farc en un territorio, hasta que se firme el fin del conflicto que se negocia en territorio cubano.

Mientras las Farc se recuperan del golpe recibido, lo único que resta esperar es la respuesta militar que deben estar preparando para vengar la muerte de sus 26 compañeros. Y muy seguramente, el próximo golpe se produzca en las mismas condiciones en las que se produjeron los hechos de guerra de las Farc, en abril, y el que acaba de producir la fuerza pública en Guapi: mientras el enemigo duerme. 

Es decir, no se trata propiamente de “bajas” producidas en combate, sino en operaciones nocturnas y sorpresivas, que devienen, por supuesto, con toda la sevicia con la que se suele actuar cuando el enemigo duerme y da ventajas. Y ello se explica, porque no hay interés en demostrar superioridad y experticia en el campo de batalla,  a través de la puesta en marcha de estrategias militares, sino en producir el mayor golpe militar, porque ambos actores armados saben que allí estará atenta la prensa para cubrir los horrores que produce la guerra, con ese lenguaje noticioso que tanto daño produce en las audiencias.

Pareciera que ese carácter vindicativo, rencoroso, hostil y resentido, de unos y otros, se hiciera más fuerte al saber que después de los hechos de guerra, hay una prensa que está allí para magnificar sus acciones y con ello, quizás, agradar a los superiores que descansan, unos en La Habana, y otros, en cómodos y aireados casinos de oficiales.

Imagen tomada de https://www.google.com.co/search?q=ley+del+talion&espv=2&biw=1024&bih=636&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjFg4awwLvKAhWMmh4KHesVBp4Q_AUIBigB#imgrc=qt_ewCKSRmkR5M%3A

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[1] Tomado de http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-suspenden-cese-al-fuego-unilateral/428616-3

[2] Véase http://www.laotratribuna1.blogspot.com/2015/05/medios-proceso-de-paz-y-erosion-de-la.html

[3] Véase http://www.laotratribuna1.blogspot.com/2015/05/periodismo-lastimero.html

…HORAS DESPUÉS DE LO ACONTECIDO EN EL CAUCA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los recientes hechos de guerra, acontecidos en el departamento del Cauca, significan un retroceso para las negociaciones de Paz que se adelantan en La Habana, en la medida en que se acrecienta la desconfianza entre las partes. Además, sirve para que el odio social y político hacia las Farc, se profundice. Es decir, pierde el país, el Proceso de Paz, el Gobierno de Santos y por supuesto, las Farc.

Más allá de si se trató de una acción militar deliberada y planeada por un Frente o una Columna de las Farc, los análisis militares y políticos deben orientarse en otros sentidos, dado que las Fuerzas Militares aseguran que las Farc atacaron a la tropa y por su parte, los voceros de esa organización armada, insisten en señalar que se trató de una respuesta a un hostigamiento, a un operativo militar.

Por lo anterior, propongo que los hechos sean mirados y analizados a la luz de los siguientes factores y/o elementos: el primero, el factor Venganza. Este elemento recoge el espíritu vengativo con el que podrían estar operando los actores armados enfrentados, en franca contradicción con lo propuesto, tanto por los máximos comandantes y voceros de las Farc que están en Cuba, como por la cúpula militar que dice respaldar el Proceso de Paz y seguir la línea trazada por el Presidente. Es decir, que las tropas farianas y las oficiales[1], no estarían en total sintonía con las negociaciones de paz y con las orientaciones de sus jefes inmediatos. De ser así, estaríamos ante un complejo escenario, dado que el futuro de las conversaciones de paz estaría en manos de “unas ruedas sueltas”. ¿El golpe de mano de las Farc, supone un resquebrajamiento de la unidad de mando? ¿En la decisión del líder guerrillero, pesó más la idea de ganarse una felicitación de sus superiores, o quizás buscaba vengar la muerte de uno o de varios de sus hombres, caídos en viejos operativos militares?

Ese mismo espíritu vengativo será el que guiará, en adelante, las operaciones militares, dado que el Presidente reversó la medida de no bombardear los campamentos de las Farc y dio la orden de intensificar las acciones contra esa organización armada. Esto significa que las tropas oficiales, muy seguramente, buscarán producir, en el corto plazo, un golpe igual, similar o quizás peor, al sufrido a manos de las Farc, en el Cauca. Así, entonces, el Gobierno instala en las mentes de los soldados, ese espíritu vengativo, que hará posible que el conflicto se escale nuevamente y entremos en un círculo vicioso en el que las tropas enfrentadas buscarán, a toda costa, golpear al enemigo. Es decir, habrá, muy seguramente, más desplazados y más animales muertos y ecosistemas naturales afectados.

El segundo elemento que propongo para ampliar el análisis, es el factor Territorial.  La historia del conflicto armado interno colombiano tiene, en el Cauca, un capítulo aparte. Las dificultades que el Estado y la sociedad civil han tenido para consolidar en ese departamento un orden justo, viable y sólido, no solo ponen de presente el empobrecido talante ético y político de las élites tradicionales, sino que facilitan que la disputa territorial se circunscriba a los intereses y objetivos de los actores armados que operan en el departamento del Cauca. Intereses y objetivos que no necesariamente están articulados con los diálogos de paz y la posible firma del fin del conflicto. Así las cosas, lo que viene sucediendo en el Cauca, de tiempo atrás, y lo sucedido ayer con ese hecho de guerra, dificultan pensar ese Departamento, desde la perspectiva de una Paz Territorial, dado que las fuerzas sociales y la civilidad misma, han sido proscritas por las acciones bélicas de las Farc y las Fuerzas Armadas, y por la omisión y la incapacidad de liderazgo de varios actores de la sociedad civil caucana.

El tercer elemento que propongo para analizar lo acontecido en el norte del Cauca, tiene que ver con el Cese Bilateral del Fuego. La muerte de los 11 militares debería de ser motivo suficiente para declarar y decretar el cese bilateral del fuego. Y esa aspiración debe ser conectada con la preparación militar de las tropas para impedir que el enemigo los golpee de la forma como lo hizo en el Cauca y por supuesto, con la desconfianza con la que deberían de operar los militares, con respecto a un enemigo con el que se está dialogando, pero que tiene intactos los deseos de producir positivos resultados operacionales y por ese camino, incumplir con el declarado cese unilateral del fuego. Sin duda, los soldados se confiaron y deben de saber, que la guerra no ha terminado.

Se equivoca Santos al reversar la medida de no bombardear los campamentos de las Farc y al ordenar la intensificación de los ataques, pues él mismo se obliga a aplazar la orden de cesar las hostilidades por parte de las tropas oficiales. Es claro que la decisión la tomó, presionado por los acontecimientos, por el Procurador Ordóñez, la cúpula militar, todos instigados por tratamientos periodístico-noticiosos espectaculares y tendenciosos, sostenidos en un lenguaje moralizante que promueve los odios, la incomprensión del conflicto armado  y que claramente proscribe, ética y políticamente, la búsqueda del fin de la guerra.

No es conveniente que el Presidente adopte medidas, que claramente afectan el ambiente del Proceso de Paz, en especial, cuando estas se toman “en caliente” y por las presiones de sectores de poder, que no ven la urgente necesidad que hay de decretar un cese bilateral del fuego, justamente, para evitar que se presenten más muertos en las filas oficiales y el regreso del terror a las zonas sobre las que volverán a darse los bombardeos y el re escalamiento del conflicto.

Y el cuarto elemento que propongo, tiene que ver con el ejercicio de los Medios de comunicación. Los tratamientos periodístico-noticiosos dados por la prensa, en especial los noticieros de televisión, poco aportan a la comprensión de los hechos sobre los cuales se generó la noticia, en el contexto de un conflicto armado interno y de un proceso de paz que se adelanta en medio de dudas, miedos e incertidumbres.

Las emisiones de los noticieros de televisión, de la noche del 15 de abril de 2015, de RCN  y Caracol, claramente sirvieron para polarizar aún más a una opinión pública que se mueve, entre la natural sensibilidad que despierta la muerte violenta de los “héroes[2] de la Patria”, la desconfianza frente al Proceso de Paz y el deseo de que se firme el fin del conflicto.

El discurso noticioso poco ayuda y/o facilita la comprensión de los hechos convertidos en noticia, dado que es ahistórico y se sostiene sobre un lenguaje moralizante, que promueve la vieja y caduca dicotomía Buenos-Malos, en donde todos sabemos quiénes son los Buenos y quiénes los Malos.

Si las empresas mediáticas no modifican sustancialmente sus criterios de noticia y reorientan sus políticas editoriales, y sus periodistas se comprometen a tratar los hechos de guerra con responsabilidad con el momento histórico que el país afronta, el Proceso de Paz podría romperse por la presión mediática. De igual manera, de mantenerse esa lógica noticiosa, lo acordado en La Habana tendría, en los medios y en el lenguaje noticioso, a un enemigo incontrastable y capaz de generar inconvenientes estados de opinión de pública, para una efectiva reconciliación.

Toda muerte es lamentable y mas, cuando se produce en condiciones violentas y peor aún, cuando la sevicia se hace presente. El país debe comprender debe aspirar a que no se produzcan más muertos, en especial, si reconocemos que quienes vienen muriendo en la guerra interna colombiana, son colombianos y, los más pobres.

Imagen tomada de elpais.com.co

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[1] Aunque no se ha pactado un cese bilateral del fuego, las tropas estatales bien podrían tomar las precauciones necesarias para que las Farc no las golpeen de la manera como lo hicieron, en la zona rural de Buenos Aires, Cauca. De igual manera, bien podrían los comandantes militares establecer “pactos de no agresión” con miembros de las Farc, con el fin de lograr convivir, mientras se define el cese bilateral del fuego. Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2015/01/pactos-de-no-agresion-y-cese-bilateral.html

[2] En ese proceso de construcción  social y mediática de los Héroes de la Patria, aparece un elemento y un principio moral que indica que dichos Héroes serían intocables, es decir, no se pueden herir o matar, a pesar de su condición de combatientes. De allí que los ánimos se exalten cada que las guerrillas asesinan policías y militares en hechos de guerra, que la prensa no duda en llamar atentados o masacres, cuando existen otras nomenclaturas, con menor carga moral, para calificar lo que claramente pudo ser un golpe de mano, que facilitaron quienes tenían la responsabilidad de medir los riesgos de pernoctar en una zona en donde opera el enemigo interno.

SOBRE EL CASO DEL GENERAL ALZATE (II)

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Antes del medio día del 18 de noviembre de 2014, las Farc reconocieron que el General Alzate Mora está en su poder. Así se lee en el comunicado emitido por la agrupación armada: “El día 16 de noviembre, a eso de las 15:00 horas, unidades guerrilleras pertenecientes al Bloque Iván Ríos de las FARC-EP, en ejercicio de sus tareas de seguridad, interceptaron, en uno de los retenes móviles que mantienen a orillas del río Atrato, el bote en que se trasladaba el señor Brigadier General del Ejército Nacional, en servicio activo, Rubén Darío Alzate Mora, comandante de la denominada Fuerza de Tarea Conjunta Titán que opera en esta zona del país. En compañía del general Alzate viajaban el cabo segundo del Ejército Jorge Contreras Rodríguez y la señora Gloria Urrego, abogada al servicio de la mencionada unidad militar.  Una vez identificados plenamente, pese a vestir ropas civiles, los tres fueron capturados por nuestras unidades, en razón a que se trata de personal militar enemigo, que se mueve en ejercicio de sus funciones, en área de operaciones de guerra”[1].

A pesar de confirmar la retención del alto oficial, continúan las dudas y las especulaciones sobre la presencia del General Alzate y de sus acompañantes en el caserío Las Mercedes, área rural de Quibdó. El propio alias Pablo Catatumbo, desde La Habana, instaba al ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón a que le explique al país qué hacía Alzate Mora en la zona.

De esta manera, las Farc, al justificar y asumir la responsabilidad de la retención, captura o secuestro, según la perspectiva ideológica desde donde se asuma la lectura del hecho de guerra, devuelven el balón al Gobierno. Ahora, corresponde al Gobierno y a su equipo negociador dar el paso siguiente, que no debería de ser otro que continuar con los diálogos y rápidamente llegar a un cese bilateral del fuego. Será difícil superar la actual coyuntura política y militar, sin duda, la más difícil que en  dos años ha enfrentado el proceso.

Veamos los siguientes elementos de juicio, de cara a comprender qué significa lo que está sucediendo y qué puede pasar con los diálogos de La Habana: en primer lugar, al mantenerse las dudas sobre la presencia de Alzate Mora en una zona en disputa, Santos deberá actuar con total firmeza frente a los generales que hacen parte de la cúpula militar. Es claro que hay información de inteligencia militar que no conocen el Presidente y su ministro de la Defensa. Se especula que el General estaría en actividades tendientes a facilitar la desmovilización[2] de guerrilleros. Si esto es cierto, dichas gestiones se estarían haciendo sin el consentimiento y/o conocimiento del Presidente.

Esa circunstancia pone en riesgo la unidad de mando, que de tiempo atrás deviene fracturada por cuenta de oficiales que extrañan a Uribe como su líder político-militar. Se trata de un  sector importante de las fuerzas armadas y en particular de las fuerzas militares que desconoce la autoridad de Santos y que se mantiene afecta a la figura de Uribe. Las filtraciones de información de inteligencia, como coordenadas de operativos para la extracción de comandantes guerrilleros, que debían viajar a Cuba y los datos que daban cuenta del “secuestro” de Alzate Mora, constituyen hechos claros de que Uribe funge como una especie de comandante en la sombra. Esas filtraciones no responden a un simple ejercicio de simpatía hacia el ex presidente. Por el contrario, se trata de una manera de desafiar la autoridad de Santos como jefe supremo de las fuerzas armadas.

Este asunto, independientemente de si se logra la liberación del General y de sus acompañantes, debería ocupar la atención del Presidente. Si de verdad tiene voluntad de paz, debe sacudir la cúpula militar y limpiarla de todos aquellos oficiales que no aceptan ser subordinados de un presidente que se la jugó por buscar el fin del conflicto. Si Santos no tiene el suficiente carácter para llamar a calificar servicios a quienes no obedezcan sus órdenes y sigan sus orientaciones, el proceso de paz podría continuar, pero bajo la constante presión de esa ala militar. Al final, el proceso de paz se romperá definitivamente.

Otro elemento que hay que tener en cuenta es que la lucha territorial se mantiene. Lejos está la consolidación del Estado en territorios como el Chocó, en donde históricamente la presencia de paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros compite con un Estado que deviene precario y débil o que simplemente no hace presencia simbólica y física (institucional).

A pesar de los duros golpes recibidos durante los 8 años de Uribe y los cuatro primeros de Santos, las Farc mantienen presencia en zonas selváticas y compiten con las fuerzas militares por el dominio territorial y la búsqueda de respaldo de las comunidades asentadas en dichos territorios. En el comunicado, las Farc advierten que “una vez identificados plenamente, pese a vestir ropas civiles, los tres fueron capturados por nuestras unidades, en razón a que se trata de personal militar enemigo, que se mueve en ejercicio de sus funciones, en área de operaciones de guerra”[3].

Lo que se puede venir

En estos momentos la vida del General y de sus acompañantes corre peligro. Más de dos mil efectivos militares hacen presencia en la zona rural de Quibdó, para dar con el paradero del oficial, convertido en un trofeo de guerra en disputa por los dos actores armados. Y ya el país conoce el desenlace fatal de operativos militares de rescate. Y así lo confirman en su misiva:”Respetamos la vida e integridad física y moral de nuestros prisioneros y estamos plenamente dispuestos a garantizarlo hasta donde nos sea permitido por la ira estatal”.

El país debe imaginar que sobre el operativo de rescate que ya las fuerzas militares ejecutan en la zona en donde se produjo el plagio o la detención del oficial, el Presidente poca injerencia tiene. Esto es, los militares, en especial la cúpula, sienten que el “secuestro” de un General no sólo pone en entredicho su capacidad y formación operacionales, sino que se convierte en una afrenta que sólo puede ser respondida con el rescate del alto oficial. Sacarán en esta ocasión el coraje que al parecer no han tenido para ir en la búsqueda de los dos soldados profesionales “capturados” por las Farc recientemente en el sur del país.

Si la presión militar termina por “obligar” a los miembros de las Farc a asesinar al General, para evitar su rescate, entonces estaría dada la condición que el mismo Presidente dispuso para terminar definitivamente los diálogos de paz: “si atentan contra una figura importante, se rompen los diálogos” [4](sic).

Urge, entonces, que Santos detenga los operativos de rescate. De igual manera, se requiere que voceros de los países garantes, del CICR y de actores de la sociedad civil afectos al proceso de paz, integren de inmediato una comisión que vaya a La Habana, para acordar con la cúpula fariana la entrega del General, del Cabo Contreras y de la abogada, Gloria Urrego.

Lo cierto es que en estos momentos la continuidad del proceso de paz de La Habana pende de un hilo. Un hilo que ya no maneja Santos o sus negociadores. Ese hilo lo están manipulando a discreción, tanto las Farc como la cúpula de las fuerzas militares.

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[1] Tomado de http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/estado-mayor-central-emc/2283-farc-ep-confirman-que-el-alzate-mora-est%C3%A1-en-su-poder

[2] Véase http://otramerica.com/opinion/colombia-actor-reclama-papel-las-fuerzas-armadas/3269

[3] Tomado de http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/estado-mayor-central-emc/2283-farc-ep-confirman-que-el-alzate-mora-est%C3%A1-en-su-poder

[4] Véase http://www.noticiascaracol.com/busqueda/nacion%20video%20314820%20si%20atentan%20contra%20una%20figura%20importante%20se%20rompen%20dialogos%20de%20paz%20santos

A propósito de la molestia de “Timochenko” con el juicio indígena

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El máximo líder de las Farc tiene todo el derecho a criticar y desconocer la justicia indígena, que recientemente condenó a varios de sus hombres por el absurdo asesinato  de dos miembros de la guardia indígena del pueblo Nasa[1].

Y lo tiene, porque él, además de estar en la ilegalidad, es un “guerrero” que desprecia la condición civil y ama profundamente la lógica militar  y la vida en armas. Al estar por fuera de la ley, él y su fuerza guerrillera están en contra de cualquier tipo de justicia y de institucionalidad que intente someter y juzgar a quienes en nombre de las Farc y del “pueblo colombiano” violan el ordenamiento jurídico y los derechos tanto de los otros combatientes (miembros de la Fuerza Pública), como de miembros de la población civil, en el contexto de un degradado conflicto armado interno. En el fondo, desconoce la justicia civil, es decir, togados o indígenas[2] que no alcanzan a entender y dimensionar la lucha armada, que para él, deviene heroica y propia de verdaderos hombres, de patriotas.

Piensa el comandante de las Farc que para juzgar a sus hombres y mujeres combatientes, ni el Estado y ahora menos la justicia indígena Nasa, tienen la suficiente legitimidad para impartir justicia a quienes se levantaron en armas justamente por la debilidad de un Estado que aún no se erige como un orden moral y legítimo que guíe a la sociedad.

Y por ese camino, "Timochenko" cree que la única justicia válida es la llamada “justicia revolucionaria”, es decir, la justicia fariana. Así lo registró la revista Semana: “El único tribunal legítimo para juzgar a los milicianos implicados en el absurdo episodio provocado por la irracionalidad sospechosa de unos cuantos indígenas (...) es el contemplado por el reglamento de régimen disciplinario de las FARC”[3]. Esa misma “justicia revolucionaria” ha ordenado el ajusticiamiento de quienes han cometido errores o delitos  y  también, ha garantizado dosis de impunidad para farianos procesados bajo dicha justicia. Me pregunto: una vez desmovilizado, ¿aceptará vivir bajo las condiciones de un Estado de derecho (imperio de la ley) al que él combatió? ¿Cómo deberá ser ese Estado para que “Timochenko” se someta de verdad a la justicia ordinaria?

En ese punto, coinciden con los militares que buscan y defienden la ampliación del fuero militar y el fortalecimiento de la Justicia Penal Militar. Si aceptamos las tesis de militares y guerrilleros, entonces, estos “guerreros” (alentados, contradictoriamente, por civiles) solo pueden ser juzgados por sus pares. Por esa vía, quienes portan uniforme, desde la legalidad o desde la ilegalidad, se erigen como una suerte de “intocables” y de seres “superiores”, justamente porque la causa que defienden parece ser que deviene naturalmente legítima, pero especialmente, porque está sostenida en un también natural y obvio desprecio de la condición civil. 

Si bien los militares no apelan al ajusticiamiento de sus miembros, en muchos casos los juicios penales militares terminan en absoluciones y/o en castigos menores a quienes claramente han violado las propias normas y códigos militares, así como las leyes ordinarias. No es gratuito que desde las huestes castrenses se insista en que los “falsos positivos” sean examinados a la luz de la Justicia Penal Militar.

La molestia de guerrilleros y militares con la justicia ordinaria gravita alrededor de que jueces civiles (incluyendo ahora a la justicia indígena) desconocen la lógica, los procedimientos y las circunstancias operativas que condicionan el proceder de los hombres en armas. En varias ocasiones lo han dicho militares activos y retirados; y del lado de las Farc, durante los diálogos de La Habana, sus negociadores han fustigado la legitimidad del Estado y de su aparato de justicia, para someter y juzgar a los guerrilleros. Lo hicieron, por ejemplo, con el Marco Jurídico para la Paz.

Volvamos a lo dicho por “Timochenko”. En esa línea argumentativa, el líder de las Farc parece olvidar que él, junto a sus pares los miliares, en algún momento de sus vidas fueron civiles e hicieron parte de la población civil, de la sociedad. Es tal el amor por las armas de unos  y otros, y el convencimiento de que solo a través de la guerra es posible lograr los cambios que dicen buscar a través de su lucha “revolucionaria”, que el desdén por la civilidad y por los civiles, deviene en una suerte de principio orientador de las particulares doctrinas militar y revolucionaria.

Lamentable resulta leer a quien hoy está al frente de una organización guerrillera que conversa con el Gobierno de Santos para buscar ponerle fin al conflicto armado. Da miedo, desazón y tristeza escuchar las declaraciones de este líder fariano, porque detrás de su discurso no se advierte cansancio alguno por portar un espurio uniforme y por mantener una guerra que él sabe mejor que nadie, no va a ganar en el campo de batalla. Resulta incoherente que las Farc hablen en La Habana de verdad, justicia, reparación y no repetición, cuando se oponen, desde ya, a que la “justicia de los civiles” opere tal y como sucedió con el juicio indígena. ¿Qué podemos esperar, entonces, del modelo de justicia transicional[4] que se vaya a implementar una vez se ponga fin al conflicto armado y se refrenden los acuerdos?

La desafortunada postura asumida por el máximo comandante de las Farc ante la legítima acción judicial de los indígenas Nasa, pone de presente que lo difícil  no está en firmar un armisticio, o acordar el fin del conflicto, e incluso, lograr  la desmovilización de los guerrilleros. La real dificultad estará en desmontar la estructura mental de quienes están convencidos de que portar un uniforme y hacer la guerra los hace mejores seres humanos, frente a quienes desde la condición civil y una proba y coherente civilidad, creen en que las armas y la guerra deben estar proscritas y ser el último recurso para avanzar en la solución de los problemas y los conflictos.

Adenda 1. El líder de las Farc habla de milicianos y no de guerrilleros. Los Nasa hablan de guerrilleros. La diferencia no es semántica.

Adenda 2. La postura de “Timochenko” es abiertamente contraria a la que asumieron sus negociadores y que dejaron ver a través de un comunicado en el que lamentaban los hechos.

Imagen tomada de www.eltiempo.com

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[1] Véase http://www.laotratribuna1.blogspot.com/2014/11/farc-milicias-y-justicia-indigena.html

[2] El artículo 246, capítulo 5,  de la Carta Política reconoce la jurisdicción indígena.

[3] http://www.semana.com/nacion/articulo/timochenko-jefe-de-las-farc-ataca-los-indigenas/409001-3

[4] Véase http://www.laotratribuna1.blogspot.com/2014/10/apuntes-sobre-la-justicia-transicional.html

MILITARES EN LA HABANA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Inane esfuerzo de aquel Mesías que pretendió vaciar de sentido histórico y político a la guerra interna, dejando de usar la nomenclatura conflicto[1]

La presencia de militares activos en la mesa de diálogo instalada en La Habana sirvió para ahondar la polarización política entre aquellos que desean y  creen  en que es posible -y necesario-  poner fin al conflicto a través de una negociación política, y otros tantos que les parece mejor extender la guerra interna y buscar la eliminación física del enemigo interno, esto es, las guerrillas.

La llegada de la comisión de militares la asumieron  columnistas, periodistas y políticos como una humillación y una clara afrenta contra el honor de los miembros de la Fuerza Pública, representados por ese pequeño grupo de altos oficiales que se desplazó a territorio cubano. Se ha dicho también que Santos los obliga a violar la Constitución por cuanto su presencia en la mesa de diálogo configura un acto deliberatorio.

Argumentan quienes rechazan la presencia histórica de los uniformados en un proceso de paz, que esa circunstancia le da o le reconoce un estatus político-militar que la cúpula de las Farc no tiene.  Olvidan que dicho reconocimiento llegó por cuenta del Presidente al momento de aceptar que en Colombia sufre un conflicto armado interno y al abrir el espacio de diálogo en La Habana; de igual manera, llegó por la presencia histórica de dicha guerrilla y las circunstancias contextuales que legitimaron su levantamiento armado  en los años 60.

Todo lo anterior advierte una enorme sensibilidad y un respeto casi reverencial que se despierta cada que se hace referencia al ámbito militar y a sus miembros. Cuando mueren en combate, o cuando son sorprendidos por los guerrilleros, o cuando caen en campos minados y son atacados con cilindros bomba, los medios masivos de inmediato califican los eventos como actos terroristas o cobardes asesinatos. Un discurso que desconoce que ellos, militares y policías, participan de un conflicto armado interno en el que la posibilidad de morir a manos del enemigo siempre estará presente, mientras se porte un uniforme o se pertenezca a una fuerza armada del Estado. Los golpes de mano y los ataques a patrullas policiales y militares no constituyen actos terroristas. Son acciones de guerra perfectamente normales. Otra cosa es que haya sevicia e irrespeto a los heridos y a los capturados o retenidos. Y ello, se da de parte y parte.

Parecen olvidar quienes critican y se oponen a la llegada de militares a La Habana que policías y militares son parte del conflicto armado interno en su calidad de combatientes. De igual manera, los guerrilleros se constituyen en combatientes porque obedecen órdenes de sus comandantes. Se trata de una lucha entre guerreros, entre pares armados. Eso no tiene discusión.

Hacer que los militares vayan a La Habana y se sienten frente a frente con sus enemigos es una decisión que consolida el reconocimiento jurídico-político que el presidente Santos, el Congreso y la propia Corte Constitucional hicieron del conflicto armado interno. Y antes que minar la moral, el honor y la mística militar, lo que hace el Presidente no sólo es fortalecer el proceso de paz y darle mayor seriedad a las negociaciones, sino valorar la vida de quienes por decisión autónoma o por circunstancias contextuales portan hoy el uniforme y enfrentan al histórico enemigo. No se valora la vida de un militar o de un policía rindiéndole homenaje el día del funeral. Por el contrario, se dignifica la vida de los combatientes que defienden el Estado evitando que mueran en los campos de batalla  y poniendo fin a un degradado y largo conflicto.

Y a pesar de que la comisión militar cumplirá con funciones exclusivamente técnicas, qué bueno sería provocar encuentros entre generales y coroneles con mando de tropa y entre comandantes de las Farc, con el claro propósito de intercambiar impresiones alrededor de lo que ha significado para el país una guerra de 50 años, que deviene profundamente degradada. Ello daría a los militares y en general a los combatientes de ambos bandos, un talante distinto que el de meros instrumentos de muerte. Todos tienen la capacidad discursiva para defender la causa sobre la cual se mantienen en pie de lucha y proponer soluciones, reconociendo, por ejemplo, que el orden establecido deviene profundamente débil e ilegítimo por cuenta de la corrupción y por la cooptación mafiosa del Estado por parte de élites mezquinas y corruptas.

Y esos encuentros discursivos entre combatientes los debe llevar a la conclusión que lo mejor para el país es ponerle fin al conflicto interno. Y ese diálogo también podría servir para que tanto militares como guerrilleros sientan vergüenza, al tiempo que reconocen que se trata de una guerra entre ejércitos incapaces de someter al adversario. Y que este hecho hace que esta guerra interna sea inútil por cuanto quienes luchan en ella no están allí para ganarla o perderla, sino para consolidar una forma de vida que reproduce una cultura de la violencia que se extiende al grueso de la sociedad.

Por ello, quienes intentan ver a los miembros de la Fuerza Pública como intocables soldados de porcelana,  o como meros instrumentos generadores de miedo y violencia, terminan haciéndole un flaco favor a la comprensión social del honor, la moral y la mística militar. Por el contrario, quienes apoyan la idea de que se sienten frente a frente con el enemigo, terminan reconociendo que hay algo más importante que el honor militar: la vida.

Imagen tomada de Semana.com

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[1] www.laotratribuna1.blogspot.com

CRISIS DE MANDO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Con las últimas acciones[1] de guerra de las Farc bien vale preguntarse si obedecen a un inocultable resquebrajamiento de la unidad de mando o a una política guerrerista emanada desde La Habana. Las Farc pueden estar sufriendo luchas intestinas, producidas por molestias en las unidades que están en territorio colombiano, frente a una cúpula que descansa en La Habana y que no está expuesta a la persecución de las fuerzas estatales.

Es probable que las columnas y/o frentes que recientemente derramaron petróleo crudo en ríos  y quebradas y los que derribaron torres de energía en Buenaventura y en el sur del país estén mandando mensajes claros a los miembros del Secretariado que hoy están en Cuba. Y los temas de ese posible reclamo pueden ir desde problemas crisis de liderazgo (sensación de abandono), logísticos, por el manejo de las finanzas, en especial de aquellos frentes responsables del negocio del narcotráfico, hasta los normales celos que se generan en aquellos comandantes de frente que reclaman un lugar en la mesa de diálogo de La Habana.

No es fácil mantener, a la distancia, la unidad de mando y eso lo saben ‘Iván Márquez’ y hasta el propio ‘Timochenko’. Puede haber frentes que deambulen confundidos y difusos en sus objetivos militares y políticos. Lo mejor que pueden hacer estos líderes es decir la verdad al país, antes de que el proceso de paz se rompa por físico cansancio del Gobierno frente a acciones demenciales que poco sentido político tienen, pero que repercuten negativamente en la confianza de una volátil opinión pública fácilmente manipulable y manipulada por la gran prensa. No se descarta que sectores económicos e incluso, militares estén ejerciendo presión para que el proceso de paz se rompa, al reconocer que los costos para mantener y consolidar la paz serían superiores a los que demanda hoy mantener la guerra.

Pero así como las Farc pueden estar sufriendo problemas con el mantenimiento de la unidad de mando y en la estructura monolítica que se supone representan como organización armada, lo mismo puede estar pasando dentro de las Fuerzas Militares. Baste sólo con recordar las recientes declaraciones del ex general Rey en el programa de televisión Los Informantes sobre el malestar que dentro de las filas hay contra el Presidente Santos y el proceso de paz y los hechos políticos en donde claramente se evidenció que dentro de las filas se estaba deliberando y tomando posiciones frente a las negociaciones de La Habana.

Si es así, estamos ante un escenario complejo y difícil en tanto que el proceso de paz sería no solo inviable, sino que perdería sentido político y estratégico de cara a pensar escenarios de posconflicto una vez la posguerra sea un hecho. Una cosa es que posterior a la firma de un eventual fin del conflicto armado un grupo de guerrilleros decida no acogerse y mantenerse en armas y otra muy distinta es que antes de un acuerdo definitivo, las Farc evidencien divisiones que puedan dar al traste con la unidad de mando que se reclama y se espera como garantía de que el Gobierno de Santos está negociando, efectivamente, con el pleno de la organización.

Similar situación puede suceder con la unidad de mando dentro de las fuerzas militares. La diferencia es que el Presidente, como comandante supremo, tiene el poder discrecional para llamar a calificar servicio a quienes se opongan a su política de paz  y al proceso de transformación de las fuerzas oficiales. Y aunque aquellas unidades operativas oficiales pueden hacer mucho daño a las negociaciones en La Habana, al asumir posturas de total inacción frente a los desafíos bélicos de las Farc, es poco probable que se organicen para dar un golpe de Estado, pero si terminen apoyando la conformación de ejércitos que se opongan a las acciones jurídicas encaminadas a devolver tierras o al funcionamiento de las llamadas Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

Es urgente que las partes que dialogan en La Habana expongan con claridad lo que pueda estar sucediendo al interior de las estructuras armadas que unos dirigen y que otros representan como miembros del equipo negociador del Gobierno de Santos. Una prolongación sin sentido del proceso, hará más visibles esas divisiones y disidencias.

No es saludable mantener unas negociaciones cuando las fuerzas que combaten devienen en  procesos anárquicos y de discrecionalidad en tomas de decisiones que deben estar centralizadas. Y en este caso es preciso que actores de la sociedad civil, interesados en la paz y en el posconflicto, exijan claridad al Gobierno y a la dirigencia de las Farc en torno a si realmente existe unidad de mando en los ejércitos que cada uno mantiene en pie de lucha. De lo contrario, estaríamos ante un esfuerzo inane por mantener un proceso de de paz que al final ellos saben que  resultará en un fiasco, en un nuevo fracaso.

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[1] Se consideran como hechos de guerra las últimas arremetidas de las Farc, aunque se trata de acciones ecocidas (derrame de crudo en ríos y quebradas)  y de ataques contra la infraestructura energética (como el caso de Buenaventura). 

FARC, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los recientes y reiterados atentados de las Farc contra  valiosos ecosistemas naturales en el Putumayo, dejan entrever una abierta y clara actitud ecocida de la organización armada ilegal, que bien puede obedecer a una ‘política’ avalada por los líderes farianos que negocian en Cuba, o por el contrario, se trataría de decisiones inconsultas de guerrilleros que  hoy ya no reconocen la autoridad de los comandantes que están en territorio cubano.

Si las actividades ecocidas de las Farc responden a una política del Secretariado, entonces el Estado debe preparar demandas ambientales contra sus líderes y los organismos internacionales deberán hacer lo mismo, dado que Colombia tiene obligaciones en materia  de conservación ambiental que no puede eludir, así el conflicto armado interno persista.

Ahora bien, si los atentados obedecen a decisiones inconsultas de guerrilleros comandantes de frente o de columna, entonces las Farc deben reconocer públicamente que no tienen mando unificado  y que hay unidades operativas que ya no hacen parte de su estructura. Será difícil que las Farc reconozcan que la unidad de mando está resquebrajada. Por ello, la inteligencia militar debe estar atenta para descubrir qué pasa al interior de las Farc y entregar esta información a los negociadores del Gobierno y al propio Presidente, dado que ello no sólo afectaría el proceso de paz, la firma del fin del conflicto, sino el diseño de escenarios de posconflicto.

En cualquier caso, estamos ante verdaderos hechos demenciales dado que comprometen la flora, la fauna y la vida de los habitantes de la zona, si se piensa en las consecuencias que genera el derrame de cientos de barriles de crudo en ríos y afluentes.

Estamos ante afectaciones ambientales que dejan muy mal a las Farc. Peor aún es el silencio que la cúpula fariana guarda  ante los execrables hechos, que bien puede entenderse como una forma de convalidar lo que hacen sus frentes o, por el contrario, una manera clara de ocultar que perdieron el control de los guerrilleros que hoy decidieron ‘victimizar’ al medio ambiente y de forma conexa, a quienes de manera directa puedan sufrir por cortes en el suministro de agua por la contaminación que conlleva el derrame de crudo en aguas de los ríos Orito, Quembí, Putumayo y Guamuez.

De igual manera, llama la atención que ante los primeros hechos en los que las Farc obligaron a transportadores de crudo a derramarlo, la Fuerza Pública poco o nada haya hecho para evitar que dichas acciones se repitieran. Después de ocho días de repetidos atentados, se anuncia la llegada de una brigada móvil  para vigilar por aire y tierra los desplazamientos de los camiones cisterna que transportan el petróleo. ¿Por qué demoró el Ministro de la Defensa en tomar la decisión? ¿Acaso la inacción hace parte de una postura política que busca debilitar el proceso de paz de La Habana, ante una volátil opinión pública?

En este punto, el presidente Santos deberá exigirle a los comandantes de fuerza que cumplan con la tarea de proteger no sólo la vida y la honra de los colombianos, sino la biodiversidad y en general ecosistemas naturales de especial valor como los afectados recientemente.

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, en forma un tanto tímida exigió a los voceros de las Farc explicar y parar las acciones contra el medio ambiente. La verdad es que estos hechos golpean la credibilidad que el proceso de paz había ganado en los últimos meses y dan la oportunidad para que la ultraderecha, representada hoy en el Congreso a través del Centro Democrático, presione al gobierno de Santos para que conmine a las Farc a parar los atentados y de esta manera, enrarecer el ambiente de un proceso que deviene complejo y delicado.

Ya bastante tiene el país que pensar en materia de reparación económica y moral a las víctimas de la guerra interna, bien a manos de las Farc, del Estado y de los paramilitares, para tener que entrar a valorar cuánto cuesta reparar ecosistemas naturales afectados no sólo por el derrame de petróleo, y la presencia permanente y flotante de combatientes en zonas de páramo y bosques, sino por los bombardeos perpetrados por unidades de la Fuerza Aérea y de la aviación del Ejército.

Adenda: con los efectos socio ambientales y económicos que deja la temporada de verano, la intensa sequía que ya se produce y que puede empeorar con la llegada del Fenómeno de El Niño, queda clarísimo que en materia ambiental el Gobierno de Uribe fue un total desastre. Fueron ocho años de total desmonte de las instituciones ambientales. En cuanto al Gobierno de Santos hay que señalar que poco hizo para preparar el país para afrontar esta situación ambiental. El hoy llamado Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible no es más que un ‘elefante blanco’ no sólo paquidérmico en la toma de decisiones tendientes a mitigar el impacto del fuerte verano, sino inexistente como unidad orientadora y coordinadora de la gestión ambiental en todo el territorio nacional. 

CAMBIO CULTURAL Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS FARC

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

En el documento Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones[1] no se habla de la entrega o la disposición de curules para las Farc, a pesar de que hay acuerdos generales en el tema de participación política. Se plantean, eso sí, la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz de la Cámara de Representantes para campesinos, mujeres, sectores sociales y víctimas del conflicto armado interno.

Los temas sobre los cuales parece haber consenso entre las partes que dialogan en La Habana son la ampliación y la profundización de la democracia, a través de garantizar la pluralidad política e ideológica, en una sociedad tradicionalmente conservadora y en mucho sectores, goda. También se habla de garantías para la oposición y de la consolidación, por fin, de un Estatuto para la Oposición.  Incluso, se propone en dicho documento la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. De igual manera, en el documento está consignada la necesidad de crear el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia y un Tribunal Nacional de Garantías Electorales.  Visto así, pareciera que se trata de crear nuevas instituciones, lo que supone de inmediato la creación de burocracia.

Pero el asunto va más allá de crear instituciones. De lo que se trata es de avanzar hacia la transformación cultural del país. Y ello pasa por modificar sustancialmente las costumbres políticas, garantizar el control ciudadano de lo público, el ejercicio de una ética de máximos y no de mínimos como sucede hoy en Colombia. Proscribir el ethos mafioso que se ha entronizado en el Estado y en la sociedad. También es urgente fortalecer movimientos sociales que, con vocación política, puedan llegar al Estado y representar los intereses de sectores tradicionalmente invisibilizados. De igual manera, se necesita que haya pluralidad informativa, y para ello hay que modificar la estructura de la propiedad de los medios masivos y garantizar la viabilidad económica de medios alternativos y comunitarios. Son, pues, muchos los elementos, factores y circunstancias que deben cambiar, de cara a profundizar la democracia colombiana. Debemos pasar de una débil democracia electoral, a una democracia económica, política y social con niveles óptimos de vida democrática, en condiciones de dignidad para los ciudadanos.

No podemos desconocer que la entrega de curules para las Farc es un tema delicado y álgido para una sociedad polarizada y de sectores de poder económico, político, militar y mediático que ven como un premio inmerecido la entrega de curules[2] a quienes han violado los derechos humanos. Pero más allá de este asunto, lo que debe discutirse es una modificación sustancial de los modelos de Estado y el propio modelo de desarrollo. Sobre la posibilidad de que al movimiento político[3] que recoja las banderas políticas de las Farc se le otorguen de manera directa unas curules, en el documento se lee: “En lo que respecta a las garantías específicas para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP  a la actividad política legal, hemos acordado discutir este tema como parte del punto 3 de la Agenda del Acuerdo General, Fin del Conflicto[4]”.

Que las Farc hagan política, más allá de las circunstancias y de los hechos jurídico-políticos previamente definidos en el Marco Jurídico para la Paz y los que se logren consensuar a través de los mecanismos de justicia transicional, demandará una verdadera revolución cultural en el pueblo colombiano, en especial en aquellos sectores que aún desconocen las condiciones en las que se dio el levantamiento armado y en aquellos ciudadanos que se resisten a examinar, con juicio, la legitimidad de un Estado débil, violento y excluyente como el que hemos construido todos los colombianos, bien por acción o por omisión; de igual manera, el esfuerzo cultural va dirigido hacia  aquellos que aún desestiman los problemas que ofrece tener una sociedad desordenada, indisciplinada y con graves dificultades en lo que alude a procesos de socialización.

Por lo anterior, firmar la paz con las Farc demandará no sólo grandes esfuerzos sociales, políticos, económicos e institucionales, sino culturales, con efectos claros en la forma como opera -y debería operar- la institucionalidad democrática, en un régimen democrático históricamente débil, excluyente y violento.

A lo anterior hay que sumar la posibilidad de que las curules de la UP sean asignadas de manera directa a un grupo de ex combatientes de las Farc, en el contexto de un tratado de paz firmado y validado jurídica y políticamente. Sobre este asunto, hay que señalar que el sometimiento a la voluntad popular suele entenderse como una condición democrática que nadie puede eludir, cuando decide someter a las urnas su nombre, una propuesta de gobierno o la aspiración a un cargo de elección popular.

Si lo propuesto está fincado en la necesidad de resarcir el nombre de quienes fueron asesinados por el Estado, en contubernio con fuerzas narco paramilitares, en lo que sin duda configuró un execrable genocidio, estaríamos ante una legítima acción de perdón por parte del Estado, que podría tener efectos sociales y políticos en los imaginarios que tienen los colombianos alrededor de lo que es la democracia y en las formas como ésta debe operar.

¿Por cuánto tiempo estarían asignadas las curules? ¿Cuatro años o más serán suficientes para que los congresistas farianos demuestren no sólo capacidad para legislar en pro de un mejor país, sino un fuerte compromiso ético-político diferenciado, eso sí, de las prácticas corruptas y de los intereses de una clase política tradicional que de tiempo atrás convirtió al Congreso en un apéndice de los grandes conglomerados económicos que se benefician de la actividad legislativa?

La propuesta ya genera preocupación e indignación en las élites tradicionales, en sectores del pueblo colombiano y en sectores políticos de una derecha que vería como un peligro que a las minorías de izquierda que hoy hacen presencia en el Congreso, se sume el trabajo legislativo de unos ex guerrilleros beneficiados por una enrarecida justicia transicional y por la negación transitoria del poder del voto popular. Y crecen las prevenciones y los miedos en el momento en que dichos ex guerrilleros y ahora congresistas puedan en el mediano plazo hacer un legítimo y necesario contrapeso a las decisiones interesadas de un Congreso que viene de tiempo atrás legislando para favorecer a sectores privilegiados con capacidad para hacer lobby ante los legisladores, en desmedro de los derechos de grandes mayorías.

El reto para los ‘nuevos’ congresistas farianos estaría en actuar para cambiar el rumbo de un país sometido a la voluntad de una clase política y empresarial mezquina, que insiste en continuar con la concentración de la riqueza en pocas manos y de beneficiar a empresas nacionales y multinacionales que continúan saqueando las riquezas que ofrece una biodiversidad mal administrada por parte del Estado.

Quienes defienden con fuerza esa circunstancia de la democracia que indica que toda propuesta política de poder debe pasar por la voluntad popular y definirse en las urnas, suelen olvidar que en Colombia el clientelismo es una institución social y política arraigada en la cultura, que le resta legitimidad a los procedimientos democráticos.

Cuando los congresistas de las Farc vean venir el fin de la medida excepcional que les daría las curules de manera directa, deberán abstenerse de apelar a las prácticas clientelistas que de tiempo atrás vienen usando la mayoría de los congresistas para llegar al Congreso y perpetuar su poder en dicha corporación. No existe hoy indicio cultural alguno que haga pensar que ese comportamiento no se daría en los ex guerrilleros, pero desde ya hay que instarlos para que no caigan en dicha práctica, si el escenario de participación política se da tal y como se dice que sucederá inexorablemente.

Así las cosas, el problema no estaría exclusivamente en hacer modificaciones a la institucionalidad democrática, sino en modificar sustancialmente la cultura, elemento que parece que poco se discute en La Habana y muchos menos, hace parte de los debates públicos y privados en Colombia.  

La debilidad de la democracia, la precariedad del Estado, la fuerza de la violencia política, la corrupción, el clientelismo y en general las prácticas cotidianas en amplios sectores sociales de este país tienen un profundo arraigo cultural que hace que los cambios institucionales excepcionales y transitorios que hoy exigen las Farc, resulten inocuos sino entendemos que Colombia, como país y como nación, deberá hacer ingentes esfuerzos para modificar sustancialmente las prácticas, cambiar los referentes y los valores culturales sobre los cuales se ha legitimado tanto la violencia ejercida por las Farc durante más de 50 años, como la que ejercen de tiempo atrás, contra las grandes mayorías, quienes han cooptado el Estado y  los partidos políticos para profundizar los privilegios de una clase dominante.

Bienvenidas todas las propuestas que se expongan para poner fin al conflicto armado interno y lograr, por ese camino, la desmovilización y la dejación de armas por parte de las Farc, pero primero deberíamos empezar por aceptar la nociva fuerza que ha ejercido la cultura dominante sobre amplios sectores sociales del país. Creo que un paso clave para alcanzar la paz y para lograr el cambio cultural que Colombia necesita está en que tanto la clase dirigente y política, como los líderes de las Farc, reconozcan sus delitos, errores y crímenes. Estaríamos ante un buen  punto de partida de cara a consolidar los cambios culturales que demanda la reconstrucción de este país. Es claro que tanto las Farc, como los miembros del equipo de negociación del Gobierno, exhiben aún en la mesa de diálogo una fuerte arrogancia que hace pensar en que no será fácil llegar a un acuerdo que deje contento a las partes y que no termine por profundizar la debilidad del Estado y en general, del orden social y político que hoy opera en Colombia.

Elementos para el cambio cultural

El respeto a la vida es un factor de cambio cultural que debe ser exigido por todos los que participan en las negociaciones de La Habana, como entre quienes seguimos en la distancia los diálogos de paz. Eso pasa por exigirle al Estado que guarde para sí el monopolio de las armas y por ese camino, se haga responsable de la vida y de la honra de sus asociados. Hacer el tránsito de un Estado premoderno, a uno moderno es una condición definitiva para que la revolución cultural inicie en un contexto propicio.

Mientras ello sucede, los colombianos debemos modificar culturalmente nuestros referentes de justicia, eliminando el imaginario individual de que ante la debilidad de la justicia, bienvenida la venganza a través de la contratación de sicarios que la hagan efectiva.

De igual manera, en el marco del respeto al Otro, debemos modificar sustancialmente las formas como venimos representándonos la mujer y lo femenino. El machismo y la cultura dominante no pueden insistir en un discurso publicitario que promueve un tipo de mujer que se somete a la voluntad del hombre y que actúa según lo que el machismo y la cultura conservadora le proponen, es decir, una mujer que sólo sirve para cocinar, atender al marido y tener hijos. La violencia, física y simbólica, contra las mujeres debe cesar, lo que nos pone ante un reto mayúsculo: estamos ante el reto de de-construir la dañina, enferma y perversa masculinidad que hoy impera en el país.

Y por ese camino de respetar a los demás, necesitamos proscribir los señalamientos que ciertos exponentes de la cultura dominante (conservadora y violenta), como el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, vienen haciendo contra la comunidad LGTBI y contra aquellas mujeres, que siguiendo su conciencia y su ética, y de acuerdo con el marco jurídico, deciden abortar. Es decir, la planteada revolución cultural debe hacer posible que en este país nos reconozcamos en la diferencia, para desde allí, aceptar que en esa diversidad de formas de pensar y de cosmovisiones hay una inmensa riqueza y un fuerte principio con el cual podemos edificar una verdadera democracia.

Con todo lo anterior, el asunto de consolidar la paz a través de la desmovilización, la dejación de armas y la participación política de las guerrillas, no pasa exclusivamente por la aprobación de medidas excepcionales en la institucionalidad democrática, para hacer posible la reinserción de los guerrilleros. Necesitamos una revolución cultural de la que aún no son conscientes ni las Farc, ni los negociadores del Gobierno, y menos aún, la Iglesia Católica, el Procurador Ordóñez, el grueso de la población colombiana  y otros poderosos exponentes de la cultura dominante.

Imagen tomada de EL TIEMPO.com

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[1] Firmado en La Habana en enero de 2014, por el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo, Farc-EP.

[2] Apartes de este documento fueron publicados en la revista Contextos de la Universidad Santiago de Cali, USC, bajo el título Cambio cultural y las curules de las Farc. Vol 2, Nro 7, 2013.

[3] Las Farc lanzaron en la clandestinidad el Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia.

[4] Documento Informe Conjunto de la Mesa de Negociaciones, p. 18.