Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
Los
recientes golpes militares, a través de bombardeos, que las Fuerzas Armadas le
propinaron a las Farc, en Guapi, y en otras zonas del país, no lograron
suspender los diálogos de La Habana, a pesar de la notable molestia que generó
en varios miembros de la cúpula de la organización subversiva y que se
evidencia en un reciente comunicado emitido desde territorio cubano.
Mayores
fueron los efectos que produjo el “secuestro”, “retención” o “captura” del
General Alzate, en tanto que los diálogos fueron suspendidos. Si
se comparan estos eventos, se pueden establecer algunas inferencias, que bien
pueden explicar porqué las Farc no suspendieron las negociaciones y hacia dónde
va el proceso de paz
En
el caso del General Alzate, sin duda, la presión política, militar y mediática,
se hizo sobre la base de una lectura de clase, sujeta, por supuesto, al alto
rango que ostentaba el militar capturado o secuestrado.
En
el caso de los soldados asesinados por las Farc en la zona del Naya, en el
Cauca, la presión mediática y militar fue tan fuerte, que Santos reversó la
medida adoptada por él, consistente en no bombardear los campamentos de las
Farc. Aunque no hubo lectura de clase por la muerte de los soldados, lo que sí
hubo fue una lectura lastimera y profundamente inconveniente, dado que a los
caídos, el discurso noticioso les desdibujó su condición de combatientes, lo
que facilitó a la dirigencia militar, presionar al Presidente para que
levantara la medida y facilitar así la retaliación de la Fuerza Pública, cuyos
resultados ya el país conoce (más de 34 guerrilleros asesinados en tres
bombardeos, entre ellos dos comandantes). Es decir, la vida de los soldados
cuenta, en la medida en que se valoran las circunstancias en las que mueren,
siempre en la perspectiva de soslayar su condición de combatientes.
La
respuesta de las Farc de suspender el cese unilateral del fuego se entendió
como un retroceso, en la medida en que ello garantizaría, en el corto y el
mediano plazo, el re escalamiento del conflicto. Hasta el momento, salvo un
reciente hostigamiento a un puesto de Policía en el Cauca, las Farc aún no han
dado un golpe contundente que pueda ser entendido como una clara acción militar
de venganza, ante los fuertes golpes recibidos en Guapi y en otras dos zonas
del país.
Así
entonces, los casos del General Alzate, los soldados asesinados por las Farc en
el golpe de mano en el norte del
Cauca y los guerrilleros caídos por los feroces bombardeos de fuerzas
combinadas de Ejército y Fuerza Aérea, exponen diversas circunstancias
contextuales que los hacen diferentes, no solo por los efectos que produjeron
en su momento, sino por las reacciones de actores de la sociedad civil y del estamento
militar, que presionaron decisiones de parte y parte.
A
pesar del tono de un reciente comunicado, pareciera que las Farc asumieron los recientes
golpes recibidos, como actos de guerra. En la misiva señalan: “El pasado 21 de mayo
el presidente Juan Manuel Santos dio la orden de bombardear un campamento del
29 Frente de las FARC-EP en Guapi. El resultado de esta orden, ejecutada con uso excesivo de la fuerza,
fue una masacre. Murieron 27 guerrilleros, la mayoría por efecto de las
bombas…”[1].
Y aceptan las Farc que fueron hechos de guerra, porque muy en el fondo
saben que dicha acción estatal se explica por el golpe que semanas atrás dieron
a las fuerzas oficiales, con un saldo de 11 soldados muertos. Reconocen, sin
decirlo, que se trató de un error, que finalmente minó la confianza pública que
se venía consolidando alrededor del proceso. Los medios, el Presidente y la cúpula militar,
calificaron la acción fariana como una masacre. Como se lee en el comunicado,
las Farc también hablan de una masacre.
El hecho de que las Farc no hayan suspendido los diálogos, a raíz de
los contundentes golpes recibidos, hace pensar a muchos analistas que el
proceso de paz está maduro y que subsiste un férreo compromiso de las partes para avanzar hasta
el final, cuando se firme el fin del conflicto armado.
Que contundentes hechos de guerra sufridos recientemente, no impulsen a
las Farc a suspender las conversaciones o, a pararse de la mesa de La Habana, da
cuenta de una cúpula guerrillera más dispuesta a dar la discusión, más en un
sentido político que militar, de los puntos que quedan por acordar y discutir,
así como sobre las salvedades que quedaron al margen de los tres puntos ya
acordados parcialmente. De esta manera, los líderes farianos se muestran más
dispuestos a discutir en la Mesa, asuntos políticos, que hechos de guerra que claramente
sobrevendrán cubiertos de un carácter vindicativo.
Y así lo deja entrever la cúpula de las Farc en reciente
comunicado: “Queremos afirmar de
manera enfática, que se equivocan quienes piensan que con los cuerpos
destrozados y la sangre de nuestros compañeros, van a imponernos una justicia que no persigue la responsabilidad de
los poderosos, que solo fija su mirada punitiva en los de abajo, en los
que tuvieron que hacerse rebeldes contra la injusticia, en una lucha que ya se
prolonga por 51 años, cuando en una fecha como hoy, mayo 27, fueron atacados en
Marquetalia. Ese tema, el de justicia, deberá ser abordado por
las partes en su debido momento. No lo rehuimos. Tenemos fórmulas para buscar
la reconciliación de la familia colombiana. No hemos venido a La Habana a
negociar impunidades. Pero primero deberá darse una respuesta al
paquete de propuestas mínimas sobre víctimas del conflicto que hemos presentado
al gobierno en la Mesa de Conversaciones y que recogen las formuladas desde
hace años por las organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos. Es urgente cumplir el mandato de
la Agenda que ordena, entre otros, el esclarecimiento del fenómeno del
paramilitarismo, y especialmente, su ataque y desarticulación definitiva.
Tenemos que estudiar las responsabilidades de este largo conflicto, retratadas
en el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas…”[2].
Si la lectura es correcta, el rompimiento del proceso de paz no se
daría por cuenta de feroces ataques y las “bajas” que las Farc puedan recibir
en adelante. Por el contrario, la ruptura se explicaría y se buscaría, si es el
caso, por los avances, compromisos y por lo acordado en la Mesa de La Habana.
Estaríamos hablando, entonces, de una madurez política de las Farc, que pondría a prueba el
talante político de los representantes del Gobierno y del Establecimiento, en
la medida en que se dé una negociación que satisfaga a quienes de tiempo atrás,
vienen exigiendo, por ejemplo, el desmonte del paramilitarismo y el
develamiento de los grandes empresarios que patrocinaron a las AUC.
Eso sí, de cara a una próxima incursión guerrillera, con saldo negativo
para la Fuerza Pública, se espera que, a pesar de las presiones de RCN, de
Acore y de los mismos militares, el Gobierno de Santos adopte la misma postura
de los negociadores de las Farc, de no suspender los diálogos, y menos aún, de pararse
de la Mesa.
Lo cierto es que el proceso de paz deviene debilitado en términos de la
confianza pública que había ganado, pero especialmente, por ese carácter
vengativo sobre el cual están pensando actuar, en adelante, militares y
guerrilleros, muy seguramente, con la anuencia de sus comandantes.
