Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
La
gente del común, aupada por una prensa incapaz de ir más allá del espectáculo
noticioso, suele mirar y entender los actos de guerra y las acciones
terroristas, como hechos propios de ‘gente mala’ que no quiere la paz.
Recientemente
la acción de guerra de las Farc en Inzá (Cauca) fortaleció imaginarios
colectivos y representaciones sociales en cientos de miles de colombianos que
vieron por televisión el saldo fatal de muertos y heridos, entre militares y
civiles, y los estragos en las instalaciones tanto de la policía, como en las
viviendas y negocios aledaños.
Condenable
acción de guerra que no sólo genera terror en la población civil, sino que
afecta el ambiente y la confianza en el proceso de paz de La Habana. Pero no
podemos olvidar que justamente se está negociando en la Isla, con el claro
objetivo de ponerle fin a la
confrontación militar entre las Farc y el Estado colombiano. Y mientras no se
pacte el cese bilateral del fuego, estas acciones seguirán presentándose.
Muy
seguramente en la anunciada reacción de las fuerzas militares y de policía se
buscará ‘devolver’ el golpe a las Farc. El mismo Presidente Santos condenó el
‘atentado’ y ordenó a las fuerzas estatales salir a buscar a los responsables y
producir las ‘bajas’ necesarias en las filas de las Farc, con las que sea
posible ‘equiparar’ el daño recibido en Inzá.
La
responsabilidad del acto de guerra fue asumida por la cúpula de las Farc que
hoy dialoga en Cuba. Y sus voceros ‘justificaron’ la acción militar advirtiendo
que hace parte de la dinámica del conflicto. Y es cierto. Ahora bien, frente a
la propuesta de los negociadores de las Farc, de un cese unilateral del fuego a
partir del 15 de diciembre, hay que decir que es, como mínimo, inoportuna. De
hecho, la misma prensa, apoyada en fuentes oficiales, calificó el anuncio como
propio de cínicos. No era el momento para lanzar la propuesta.
Hay
que insistir, entonces, en un cese bilateral del fuego con veeduría
internacional. Tanto guerrilleros como militares y policías deben apostarle a
esa posibilidad, pensando especialmente en minimizar el número de civiles
víctimas de las acciones bélicas perpetradas por cada uno de los bandos
enfrentados.
De
otro lado, era de esperarse la reacción de detractores del proceso de paz ante el hecho
bélico, como el Uribe Centro Democrático, que de cara al escenario electoral de
2014, busca a toda costa posicionar nuevamente el discurso de la guerra, ahora
en cabeza de su candidato presidencial, el poco carismático Oscar Iván Zuluaga.
Estaciones de policía en los pueblos
De
tiempo atrás se cuestiona la ubicación de estaciones de Policía y unidades
militares dentro de los cascos urbanos. En varios municipios del Cauca, comunidades
indígenas han exhortado al Estado para que ordene la salida de los uniformados
de plazas y esquinas de pueblos como
Inzá. Las solicitudes se apoyan en una realidad político-militar: dichas
unidades policiales son declaradas por las Farc como objetivo militar, lo que
claramente pone en peligro a los civiles que de manera obligada conviven con
unidades de la fuerza pública.
Es
cierto que el Estado tiene el deber institucional de hacer presencia, física y
simbólica, en todo el territorio nacional. Pero la naturaleza del conflicto
armado interno y su progresiva degradación, lo obligan a extremar las medidas
de seguridad y a mantener las actividades de inteligencia militar que coadyuven
a minimizar los ataques y los daños colaterales que estos produzcan.
Para
el caso de Inzá, habrá que revisar qué falló. ¿Acaso por la temporada
decembrina, los uniformados se ‘relajaron’, bajaron la guardia, y de esta
manera le dieron la oportunidad a las Farc para que dieran el golpe? Sin duda,
se trató de un golpe planeado por parte de las Farc. ¿Falló la inteligencia
militar? Si fue así, entonces la presencia de estaciones de Policía y de bases
militares dentro de cascos urbanos se convierten en verdaderas trampas mortales
para los propios uniformados y para los civiles que allí conviven.
Así, entonces, la responsabilidad por lo sucedido
en Inzá recae tanto en las Farc, como grupo agresor, como en el Estado que no
pudo evitar el ataque, muy seguramente porque hubo errores y falencias en la
prestación del servicio. ¿Qué hacían los oficiales del Ejército en el lugar del
ataque? Este interrogante y otros, y el golpe mismo, serán abordados y
estudiados en las unidades militares. Sería importante que la gran prensa
averiguara porqué se produjo el ataque y qué pasó con la inteligencia militar.
