Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Para
la concepción de esta reseña crítica se estableció el siguiente esquema: una
breve mirada al contexto, a cargo del autor de la reseña. Posteriormente se
presentan las ideas centrales del texto leído, comentadas por el responsable de
la reseña en la perspectiva de establecer lecturas cruzadas y sugerir nuevas
vetas de investigación. El autor de esta reseña concentra su atención en el
periodo del Frente Nacional y en las
disquisiciones que el reseñado hace en torno a las relaciones Estado-Sociedad-
Mercado.
Es
en el contexto de un Estado débil y de una sociedad escindida y con un
generalizado empobrecimiento cultural en el que es posible y necesario entender
los análisis y los indicadores estadísticos sobre disímiles formas de violencia
(comisión de delitos, entre estos los homicidios) en Cali[1] y los
departamentos de Valle del Cauca[2] y
Cauca[3].
A
lo anterior se suman otros elementos, factores y actores de poder y
circunstancias de contexto nacional y mundial. Entre éstos aparece el conflicto
armado interno que tiene expresiones distintas desde una perspectiva regional y
que deviene degradado por la lumpenización de miembros jóvenes de las
guerrillas, pero especialmente por la penetración del narcotráfico no sólo en
los frentes guerrilleros, sino en las estructuras de poder de fuerzas
paramilitares y neoparamilitares; y por supuesto, en las propias huestes de la
fuerza pública. Hay que señalar también la penetración del narcotráfico en la
economía regional y nacional, así como la entronización de prácticas negativas de
transacción social y política en la sociedad y en la clase política, dirigente
y empresarial que ha asegurado la construcción de un ethos mafioso compartido por millones de colombianos.
El
proceso de globalización también debe considerarse como un factor aportante al
análisis de la violencia en Cali y la región del Suroccidente colombiano, desde
la perspectiva que se abre cuando se habla de crímenes y delitos
transnacionales[4];
igualmente, dicho proceso puede considerarse como un factor generador de
‘nuevas’ formas de violencia, resultantes de políticas económicas aplicadas en
el país y que son de obligatorio cumplimiento
para el Estado debido a la firma de tratados de libre comercio y a la adopción
del modelo neoliberal.
Dicho
modelo garantiza una relación conflictiva entre Estado-Mercado-Sociedad,
caracterizada por la reducción del Estado a un simple coordinador con poca
capacidad de intervenir en el Mercado; un mercado que construye un
ciudadano-cliente que al estar imbuido en las lógicas del consumo olvida sus
obligaciones y derechos en el ámbito de lo político; y una sociedad que camina
a la deriva sin referentes de orden en lo político y en lo moral, pero con
medianas claridades en lo que concierne a lo económico (consumo), lo que
finalmente permite y/o facilita la entronización de un ethos mafioso. Ethos
mafioso que se funda en las lógicas y prácticas como los meso contratos, el
clientelismo y todas aquellas prácticas pensadas para limitar el sentido de lo
público y de lo colectivo, y dar vida al individualismo y al sentido de lo
particular.
Desde
ese complejo contexto se expone la reseña crítica del texto del profesor Álvaro
Guzmán Barney[5],
intitulado Delincuencia y violencia:
nación, región y ciudad, publicado en el libro Cuatro ensayos de coyuntura: Valle y Cauca a fines del siglo veinte,
editado bajo la responsabilidad de la Universidad del Valle, el Cidse y Cerec.
Como
bien lo dice el autor, “este artículo presenta un análisis
preliminar de las tendencias del delito y del homicidio durante la última mitad del siglo pasado y
los primeros del presente… El artículo hace referencia a la
situación nacional, a la de los departamentos del Valle y del Cauca y,
finalmente, a la ciudad de Cali… El énfasis analítico descansa sobre una presentación de series de tiempo de delitos y homicidios,
en el caso nacional desde 1958, en el regional y en el de Cali desde 1981.
Los
estudios sobre la violencia en Colombia son copiosos en datos y en
interpretaciones, pero adolecen de cruces con elementos y factores
institucionales, económicos, con la propia dinámica del conflicto armado
interno y las formas en las que históricamente se han dado las relaciones entre
el Estado y la sociedad, mediadas estas por las estructurales dificultades para
erigirse como un orden justo y viable, desde las exigencias de la
euromodernidad; y por la incapacidad de la segunda de aceptar la institucionalidad
y asumir las pautas de un orden social y político en todavía en consolidación.
En
palabras del autor se lee: “Como conclusión de otros trabajos
hemos planteado la necesidad de que los
estudios sobre la violencia subrayen su
relación con el conflicto social y, de manera más general, con el contexto de
orden de la sociedad. Es necesario encontrar explicaciones a la violencia no
sólo elaborando conceptualmente sobre la violencia misma, sino también haciendo
referencia a procesos aparentemente externos a los hechos violentos”.
Investigar
sobre las múltiples formas de violencia que se presentan en Colombia y en
particular las que se manifiestan en Cali, el Valle y el Cauca tiene obstáculos
fuertes en las fuentes a utilizar, dado que se reconocen como factores
negativos para la recolección eficiente de los datos, la no denuncia de los
ciudadanos, el subregistro de las autoridades municipales y la inconcordancia
de las cifras que entregan por ejemplo la Defensoría del Pueblo, Medicina Legal
y Policía, entre otras, a los que suman los datos recogidos por observatorios
universitarios.
Guzmán
Barney se refiere al asunto en estos términos: “En Colombia no ha
podido establecerse con claridad cuál es
la magnitud del delito y tampoco se ha hecho una evaluación en profundidad
sobre la calidad de las fuentes de información. El Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) estimó, sobre la base de una Encuesta de
hogares, que en 198 la criminalidad <>, o no denunciada,
era de 79.1%. mientras que en 1991 habría sido de 73,7% (Dane, 1995:104)… Ahora
bien, existen dos fuentes de datos que captan el delito: la Policía nacional y
la administración de justicia. Cada una de esas fuentes tiene puntos a su favor
o deficiencias, en cuanto a la calidad
de la información que proporcionan. El hecho es que las cifras globales
pueden ser muy distintas según la fuente …para ilustrar los
problemas que se plantean para el investigador, los delitos por inasistencia
alimentaria son los más numerosos, mientras que los homicidios tienen un
subregistro importante. La estadística de la Policía, por otro lado, capta los
delitos sobre los que la institución despliega
su actividad prioritaria: homicidios, lesiones personales, delitos
contra la propiedad, hurto agravado, porte de armas, la ley 30 etcétera. La
estadística de la Policía no tienen en cuenta
delitos como la inasistencia alimentaria y tiene subregistros muy
importantes en varios títulos del código penal, en lo que la institución no
centra su atención.”
Esta
circunstancia contextual debe ser tenida en cuenta para aquellos investigadores
que decidan dar continuidad a estudios como el aquí citado, en la perspectiva
de mantener un línea de investigación y/o de observación sobre las violencias
que se suceden en la ciudad de Cali y la región.
De
igual manera, habría que llamar la atención sobre una necesidad mucho más
compleja que la del mejoramiento de las fuentes de información. Se trata de
cambios misionales en la Policía nacional o una mejor articulación con la Academia
y otros sectores estatales y societales para el registro de datos que dan
cuenta de delitos y de conflictos no necesariamente asociados a violencia
física, sino psicológica y simbólica. Quizás allí se advierta un campo de
análisis, de cara a la posibilidad de pensar escenarios de posconflicto, en los
que la Policía deje de depender orgánicamente del Ministerio de la Defensa,
hecho este que daría sentido y posibilidad a los cambios misionales sugeridos.
En
cuanto a los datos y las sugerentes conclusiones a las que llega el autor, él
mismo define momentos históricos sobre
los cuales posó su interés analítico. Hago referencia al periodo que dio vida
al Frente Nacional, por considerar que es momento histórico clave y
determinante para el Estado, la sociedad y la política partidista. Guzmán
señala al respecto que “mientras los delitos aumentaron
durante el periodo del Frente Nacional los homicidios disminuyeron y cuando los
delitos comenzaron a disminuir los homicidios
aumentaron de manera notable. Es claro que los homicidios son una
parte del delito, pero el fenómeno
interesante es que las formas de delito distintas al homicidio tienden a
aumentar de manera significativa cuando
este disminuye e inversamente”.
Son
muchas las interpretaciones y las lecturas negativas y positivas que se hacen
sobre el Frente Nacional. Para algunos analistas e historiadores el Pacto de
Benidorm que dio vida al pacto de convivencia entre las fuerzas leales a los
Partidos Liberal y Conservador,
significó la crisis de identidad política, ideológica y programática de los dos
históricos partidos políticos colombianos, mientras que otros reconocen que
esta circunstancia poco importa si se observa que los índices de violencia
disminuyeron sustancialmente e incluso, se reconoce la consolidación pasajera
del Estado.
El
profesor Guzmán comparte de esta forma lo expresado líneas atrás: “El Frente Nacional habría
recuperado institucionalidad estatal, incidido en el desarrollo de la economía
nacional y logrado niveles importantes de legitimidad y apoyo humanidad. Esto
se reflejó entonces en un control significativo
de la violencia homicida, particularmente la heredada de la época de la Violencia. Este control,
debido a una mayor presencia de la institucionalidad estatal, sería compatible
con la regulación de otras esferas de la
vida social, especialmente las que tenían que ver con la propiedad, de manera
que la delincuencia bajo control, aquella que se denuncia y tiene algún
grado de seguimiento, bien pudo
aumentar y reflejarse de manera clara en las estadísticas de
policía relacionadas con los delitos contra el patrimonio económico. En
síntesis, una consolidación del poder estatal, por precaria que sea, puede
traducirse efectivamente en la disminución de la violencia homicida y en el
aumento de la delincuencia como sucedió en Colombia entre 1958 y 1976, periodo
que esencialmente corresponde con el Frente Nacional. Pero la explicación no
excluye de ninguna manera la intervención
de la economía y la regulación de la sociedad misma”.
Las
relaciones establecidas por Guzmán entre
crecimiento económico y las múltiples expresiones de violencia permiten
insistir en trabajos investigativos que den cuenta de una mejor manera de la
incidencia de la economía, del desarrollo y del crecimiento económico en los
problemas de convivencia, los conflictos sociales y sus expresiones violentas
(homicidios, delitos contra la propiedad) en ciudades como Cali y departamentos
como el Valle del Cauca con un desarrollo empresarial y agroindustrial
importante.
Guzmán
señala, citando al economista Carlos Ortiz, que “…pueden distinguirse
dos momentos de crecimiento: el primero, jalonado por el sector II de la
economía coincide, en buena medida, con el periodo 1958-1976; y el segundo,
jalonado por el sector III, coincide con el periodo 1977-2002. En ambos hubo un
buen desempeño de la economía
colombiana, pero de manera más notable en el primero que en el segundo. Pero,
una cosa es tener una sociedad articulada en torno a principios forjadores
de industria y de trabajo, así como un Estado mínimamente regulador y,
otra, una economía dependiendo del crecimiento de los servicios, en medio de un Estado acorralado, con una política pública permeada por el neoliberalismo y
enfrentado a varios grupos armados. Durante el periodo del Frente Nacional,
entonces, pudieron actuar factores de
orden económico y político que incidieron en la disminución drástica de la
violencia homicida en la sociedad colombiana, al mismo tiempo que contribuyeron
a la regulación estatal de la sociedad,
aumentando las tasas de criminalidad de delitos asociados con el patrimonio económico y, por tanto,
disminuyendo niveles de impunidad muy altos de la sociedad. Si el Frente
Nacional fue un principio de solución, lo fue de manera efímera para
circunstancias nacionales muy precisas. Tan pronto se desmontó el pacto
jurídicamente se desató una lucha por
una forma de Estado más incluyente, se
multiplicaron las movilizaciones contra el carácter dictatorial del Frente
Nacional y las intenciones elitistas de perpetuarlo, y se desarrollo una lucha,
en gran parte aunque no exclusivamente, armada por la democratización del
régimen político”.
Si
el modelo político del Frente Nacional sirvió para disminuir las tasas de
homicidio y en general para darle orden a la sociedad, ¿por qué las prácticas
políticas, las relaciones de poder y el sentido de las políticas públicas
diseñadas y aplicadas en esos momentos y circunstancias no se recogieron como
parte de una ‘exitosa’ experiencia en la ya difícil relación Estado-Sociedad en
un país como Colombia, que a través de su historia exhibe graves problemas de
legitimidad estatal, inaceptables niveles de precarización de la vida social,
así como indiscutibles tropiezos en sus procesos civilizatorios? El papel de
las élites es clave para responder la pregunta en la medida en que sobre ellas
recae, en parte, la responsabilidad de que hoy Colombia no tenga y/o exhiba un proyecto de nación[6] que
recoja las diferencias etno culturales de un país pluriétnico y multicultural,
afectado por la presencia de regiones diferenciadas que hasta cierto punto
actúan de la mano de un poder centralizado que ofrece dificultades para
mantener la cohesión y la unidad territorial. Pero no sólo las élites son
responsables, sino la academia, los medios de comunicación, la Iglesia Católica
y en general el grueso de una sociedad empobrecida culturalmente bien por la
tradición conservadora y su carácter premoderno y/o por la llegada del
narcotráfico y la entronización en la cultura del modelo económico neoliberal.
En
otro momento del texto de Guzmán Barney se comparan las cifras y las
circunstancias de violencia dadas en los departamentos de Valle y Cauca.
La reflexión gira en torno a la relación
entre desarrollo y criminalidad. En el texto se lee: “La comparación de la situación
de violencia homicida en los dos departamentos deja entrever diferencias
significativas. De manera agregada, el departamento del Valle es mucho más
violento que el del Cauca. Para todo el periodo 1981-2001, el Valle tuvo una
tasa promedio de homicidios de 75, mientras que la tasa promedio del Cauca fue
de 48. Pero, además, la temporalidad de las tendencias indica también situaciones diferenciadas, más relacionadas,
en el caso del Cauca, con la temporalidad política y, en el caso del Valle, con
la implantación, desarticulación o reorganización del narcotráfico. A partir de
1991 se nota un diferencial en las tasas de violencia homicida entre el Valle y
el Cauca, que lleva a pensar en un conflicto violento mayor en el Valle, de un
carácter que no es exclusivamente político”.
Interesante
resulta la interpretación que hace el autor alrededor de la relación entre
desarrollo, progreso y crecimiento económico con las manifestaciones violentas.
Dice Guzmán Barney que “nos encontramos ante una paradoja aparente: un
departamento con mayor desarrollo económico y, si se quiere, con mayor
presencia estatal, con mejores índices
socioeconómicos también y en una situación más ventajosa de lucha contra la
pobreza muestra indicadores más
desfavorables de violencia homicida que el otro departamento, en situación
socioeconómica más desventajosa…Nuestro argumento va en el sentido de subrayar
los efectos que tiene sobre la violencia la modernización de una departamento,
a partir de los años 1980, que tiene un fuerte anclaje en la economía ilegal,
en un Estado que no tiene presencia institucional efectiva y en una sociedad
con bajo sentido de lo público y lo normativo”.
Para
concluir, se llama la atención sobre la necesidad de indagar más sobre las
formas en las que el Estado y la sociedad se han construido local y
regionalmente. Es importante develar culturalmente sobre qué supuestos es
posible que se haya dado, se mantenga y se proyecte inamovible esa relación
conflictiva entre el Estado y la sociedad. Hay que indagar más desde la
psicología social qué elementos y factores, coyunturales y estructurales
facilitaron que fenómenos como el narcotráfico hayan penetrado y hayan
coadyuvado a la consolidación de ese ethos
mafioso al que ya se hizo referencia líneas arriba.
El
papel de la educación sigue siendo clave, de allí que aparezca una veta
investigativa importante para develar no sólo el lugar que la sociedad caleña,
caucana y vallecaucana le da a la educación, sino la calidad de la misma, pero
especialmente si en el contexto económico actual está sirviendo a los
propósitos de mejorar y consolidar los procesos civilizatorios en el país y en
esta región.
[1] “…La tasa de
homicidios de Cali en 1980 fue de 33 y en 2001 casi se triplicó, al llegar a
95. La trayectoria de la tasa entre 1980 y 2001 es muy significativa en sus
variaciones: muestra un ascenso entre 1980 y 1986, cuando pasó de 33 a 76, multiplicándose 2,3
veces en solo seis años; luego tuvo un breve descenso, entre 1986 y 1988,
cuando llegó a 50, y luego se asiste a un ascenso pronunciado, entre ese año y
1994, cuando llegó a su punto más alto del periodo: 120, multiplicándose 2,4
veces, también en un periodo de seis años, sobre una base mayor a la de
1980. En los cuatro años siguientes, disminuyó,
hasta llegar a 82 en 1998. En los tres últimos años, se asiste, de nuevo, a un
aumento hasta llegar a 95 en 2001” . Guzmán, p. 201.
[2] “La tasa de
homicidios en el Valle del cauca fue de 47 en 1981, decreció durante tres años
hasta 1984, cuando llegó a 39, su punto más bajo en el periodo de análisis. A
partir de ese momento, en sólo dos años se duplicó, al pasar a 79, reflejando
claramente una primera coyuntura de violencia, con su momento más pronunciado
en 1986, cuando empezó disminuir, de manera irregular, hasta llegar a 46 en 1988. A partir de ese año,
comenzó un aumento sostenido durante seis años y llegó a 124 en 1994, es decir
se multiplicó 2,7 veces, configurándose entonces una segunda coyuntura de
violencia homicida”. Guzmán. págs 194-195.
[3] “La tasa de
homicidios en el departamento del Cauca tiene algunas particularidades: comenzó
en 1981 con la cifra más alta (65) y terminó, veinte años más tarde, en un
momento de auge, pero con una cifra más baja (58). Parece que en el conjunto
del periodo, entre 1981 y 2001, la violencia homicida tendió a disminuir en el
departamento, pero hay variaciones muy significativas que deben tenerse en
cuenta. La tasa en un sentido general decrece hasta 1987, cuando inició un
aumento progresivo hasta 1991, año en que volvió a disminuir de manera notable hasta 1998” . Guzmán, p. 196.
[4] No
exclusivamente desde la perspectiva de conexiones entre grupos delincuenciales.
Se trata de la aparición de prácticas criminales y acciones disonantes
divulgadas por los medios de comunicación y aprendidas a través del registro
noticioso y el consumo cultural que ofrece la red Internet.
[5]
Sociólogo con grado de Doctor y profesor-investigador de la Universidad del
Valle, reconocido en el ámbito nacional y regional como un estudioso de la
violencia en Cali, ciudad en la que reside.
[6] “Cruzados apenas
los umbrales del siglo XXI conviene insistir en cierta excepcionalidad colombiana en el ámbito latinoamericano. A
saber, que las clases gobernantes y dirigentes de la <> nunca sufrieron derrota y, por tanto, su experiencia y
sensibilidad políticas son bastante limitadas en eso de ponerse <>. Esto les ha impedido dialogar y conciliar abiertamente con
las clases populares y con sus diversas organizaciones. Defienden en principio
y a ultranza un Estado fiscalmente débil…
Este cerramiento oligárquico resta legitimidad democrática al Estado
colombiano. Pero también le resta eficacia en cuanto instituciones clave para
el orden, como son un poder judicial independiente y su soporte, una policía
moderna, quedaron desbordados por la urbanización caótica, la acelerada
mundialización del crimen organizado con sus múltiples expresiones y secuelas
domésticas, de las cuales el narcotráfico ha sido la más grave…importándoles
fundamentalmente que el Estado tuviese baja capacidad fiscal extractiva,
independientemente de si había o no déficit
en las cuentas de la hacienda pública, se pasó a las clases populares
<>. En
efecto, a partir del Frente Nacional (1958-1974) la política social empezó a
funcionar como una <> administrada por los
políticos profesionales, cada vez más incontrolables, quienes dispensaban la
provisión de educación, casa-lote, electricidad, acueductos, vacunas.
Paliativos a la pobreza urbana y rural que sirvieron al sistema político para
crear y mantener clientelas en barrios y veredas que darían fluidez a un
mercado electoral competitivo en apariencia, pero de hecho, circunscrito a los
partidos Liberal y Conservador y a sus
múltiples facciones, movimientos y grupos que jugaban en la arena electoral del
lado del gobierno de turno. Así,
registramos modestos programas asistenciales que comenzaron a surgir en los
comienzos del Frente Nacional como las juntas de acción comunal y las brigadas cívico-militares…La
guerra irregular termina imponiendo una
lógica del terror sobre la población civil, que tiene una salida espeluznante
en las corrientes de desplazados. Aquí se corroen los precarios tejidos sociales y los tenues lazos entre autoridad y
población… En suma, y volviendo al inicio, lo que diferencia a nuestro país de
otros latinoamericanos no es la exclusión como tal, o la inseguridad ciudadana
en las grandes ciudades y en los campos, o la desigualdad social creciente,
sino la ausencia de una clase dirigente capaz de gobernar el Estado, de tramitar los procesos complejos
de construcción de ciudadanía y de dar curso al sentimiento de que todos somos
colombianos”. Palacios, Marco. Un país sin clase gobernante. EN: El
conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano para
Colombia – 2003. p. 33.
