ORDÓÑEZ, PALOMINO, PRETEL, OTÁLORA Y MONTEALEGRE: SEPULTUREROS DE LA INSTITUCIONALIDAD

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La consolidación de una institucionalidad[1] estatal que le sirva a la democracia y que tenga como norte la búsqueda del bien común, depende directamente de la estructura ética de los funcionarios y del tipo de relaciones que éstos establezcan, por ejemplo, con otras instituciones públicas, con particulares y con actores decisivos de la sociedad civil.

Con un  débil soporte ético y arrastrados por la doble moral de una sociedad patriarcal, premoderna y atravesada por un ethos mafioso, agentes de Estado como Alejandro Ordóñez Maldonado (Procurador General de la Nación), Rodolfo Palomino (Director General de la Policía Nacional), Jorge Pretel Chaljub (Magistrado de la Corte Constitucional), Jorge Armando Otálora (Defensor del Pueblo) y Luis Eduardo Montealegre (Fiscal General de la Nación), con sus actuaciones públicas y privadas configuran una enorme fuerza que no solo erosiona la legitimidad de sus cargos, sino que elimina el talante moral de una institucionalidad[2] que se supone que al estar al servicio del colectivo, construye una idea consensuada de bien común que le sirve a la democracia y al Estado para legitimarse.

Ordóñez, Palomino, Pretel, Otálora y Montealegre son enemigos de la institucionalidad que ellos representan y que han coadyuvado a crear, consolidar y difundir. Por sus andanzas, decisiones, actuaciones y por las interesadas relaciones que les preceden, las instituciones que representan motivan al grueso de la población a dudar del Estado como orden y forma de dominación que requiere, para ser aceptado, respetado y defendido, de demostraciones de pulcritud, diligencia, aplomo y seriedad.

El daño que estos cinco (5) funcionarios le han hecho al Estado es invaluable, de allí que urge redefinir los parámetros éticos y de moralidad pública bajo los cuales vienen funcionando la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.

La espuria reelección de Ordóñez Maldonado[3] evidencia su proyecto ideológico con el que claramente sometió la institucionalidad del ente de control, a sus aspiraciones personales y a su moral cristiana. De tiempo atrás se viene oponiendo al sentido y al espíritu liberal de la Carta Política de 1991. De igual manera, convirtió a la Procuraduría en una trinchera ideológica desde donde atacó y se opuso al desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional en temas como el aborto y el matrimonio igualitario, entre otros temas.

En lo que respecta al caso del General de la Policía, Rodolfo Palomino[4], la institucionalidad de una institución como la Policía quedó en cenizas ante las actuaciones del alto oficial que al parecer,  y según lo denunciado, hacen parte de su orientación sexual[5], por demás legítima, pero que no debió alinear con el cargo, la dignidad y el mando propios de su condición de oficial de la Policía Nacional. A ello se suman las denuncias periodísticas que darían a pensar en un posible enriquecimiento indebido e improbable de acuerdo con lo devengado durante sus años de servicio a la institución policial.

En cuanto al caso de Pretel[6], claramente impuso una interesada y mafiosa institucionalidad que terminó por enlodar el buen nombre de la Corte Constitucional, corporación que gozó de respeto, prestancia y admiración social gracias al talante ético de magistrados como Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández, entre otros. Hoy, la institucionalidad derivada de dicha entidad deviene manchada por las actuaciones del magistrado Pretel.

El caso de Otálora[7], de igual manera, resulta ejemplar para determinar el grado de debilitamiento de la institucionalidad derivada que arrastraba la Defensoría del Pueblo y que de muchas maneras le garantizaba un buen nombre y única posibilidad para muchos colombianos de contar con una entidad que velara y defendiera  sus derechos. Las denuncias por acoso laboral y sexual no solo resultan ignominiosas, sino que coadyuvan a que el Machismo, como práctica cultural, se perpetúe.

Y lo que tiene que ver con el caso de Montealegre[8], la institucionalidad derivada de las acciones de la Fiscalía, durante su escandaloso periodo, viaja río abajo en medio suspicacias que derivaron, en un primer momento, de sus relaciones con Carlos Palacino (Saludcoop) y posteriormente, por los recelos, por decir lo menos, que generaron los millonarios contratos otorgados a la politóloga Natalia Springer.

De esta manera, Ordóñez, Palomino, Pretel, Otálora y Montealegre se erigen como eficientes matarifes y sepultureros de eso que a lo mejor desconocen: la institucionalidad. Sus débiles referentes éticos los convierten en ladinos y resbaladizos funcionarios que parecen seguir a pie juntillas la escuela desinstitucionalizante que “sembró” y afianzó Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y el 2010.

Imagen tomada de pulzo.com

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[1] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/08/disquisiciones-sobre-la.html

[2] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/09/disquisiciones-sobre-la.html

[3] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2013/12/ordonez-maldonado-el-inquisidor-al.html

[4] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/12/periodismo-palomino-e-institucionalidad.html

[5] Véase: http://www.elespectador.com/entrevista-de-cecilia-orozco/comunidad-del-anillo-reino-10-cursos-de-policia-articulo-479538

[6] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/03/caso-pretel-proceso-de-paz-y-asamblea.html

[7] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2016/01/el-caso-otalora-tiene-un-contexto.html

[8] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/05/egos-institucionalidad-poder-y.html

Egos, institucionalidad, poder y masculinidad

Por Germán Ayala Osorio, comunicador  social y politólogo

Solemos concentrar los análisis, la crítica y la comprensión de los problemas del país, en los hechos y en los actores políticos y en los efectos y consecuencias de determinadas decisiones.  De esta manera, ocultamos o dejamos en la sombra, factores y elementos culturales que atraviesan la vida de agentes políticos, personajes de la vida pública y, por supuesto, la  de la sociedad en general.

Por ejemplo, hay consenso académico y político alrededor del origen agrario del conflicto armado interno. Pero poco miramos la racionalidad masculina que hay detrás de aquellos que, desde la legalidad o la ilegalidad, defendieron y defienden sus propiedades rurales, o decidieron expropiar a comunidades vulnerables como las indígenas, afros y campesinas. Y dentro de esa dañina y violenta racionalidad masculina, está la idea de Macho, la misma que latifundistas, paramilitares, militares y guerrilleros, exhiben a la hora de defender y luchar por lo que cada uno considera que es legal y legítimo. Sobre esa idea de hacerse Macho y poderoso y, de dominar grandes extensiones de tierra,  latifundistas y ganaderos apoyaron el paramilitarismo.

A esa racionalidad  de Gran Macho propietario, se suman elementos propios de hombres que no lograron conectar su ética privada, con la moral pública. Moral pública que deviene profundamente afectada por la corrupción y claro está, por esa dañina masculinidad asociada al poder y a la dominación.

Miremos qué puede haber detrás de las actuaciones de personajes como el Procurador Ordóñez, el Fiscal Montealegre y el Presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel Chaljub. Todos tres, hombres y machos cabríos que, envilecidos por el poder político que sus cargos otorgan, actúan desde sus mezquinos intereses y convicciones y por ese camino, debilitan las instituciones y someten a sus caprichos, la institucionalidad que juraron respetar.

Pretel Chaljub, además de Magistrado comprometido en la venta de un fallo de tutela (caso Fidupetrol o conocido como Fidupretel), juega a ser latifundista y ganadero, de allí que la adquisición irregular de unos predios rurales, sea un asunto secundario y “normal” para él, dado que, simplemente, siguió la línea comportamental de quien lo llevó a la Corte Constitucional; el mismo, que se siente Macho y poderoso, oteando desde un cerro, sus dominios territoriales, haciendas, sus vacas y caballos. De igual manera, el comportamiento asumido por Pretel para aferrarse a su cargo, a pesar de la ilegitimidad que le acompaña por sus actuaciones irregulares, oscuras y profundamente inconvenientes para el desarrollo de la función pública desde una Corporación en la que cientos de miles de colombianos creímos. Confianza que depositamos, cuando hubo en ella hombres distintos, probos. Estoy hablando de José Gregorio Hernández y Carlos Gaviria, entre otros.

El caso de Ordóñez representa el ejercicio de un ego con características reformadoras, que hacen de él, una suerte de nuevo Regenerador, capaz de perseguir impíos, es decir, mujeres que abortan,  homosexuales y algunos pocos corruptos, que se alejaron de su doctrina religiosa. Tan poderosa es su idea de Macho Regenerador, que olvidó por completo cuáles son sus deberes y obligaciones constitucionales como jefe del Ministerio Público. Este ladino personaje viene actuando, atrincherado en la Procuraduría, institución que convirtió en una Catedral desde donde persigue funcionarios públicos, mujeres y homosexuales,  y claro está, en una gran sede de campaña, con miras a llegar a la Casa de Nariño en 2018, con el claro propósito de doblegar el espíritu liberal de la Carta de 1991. No sabemos si tiene fincas o haciendas. De todas formas, el edificio de la Procuraduría es su feudo electoral, político y religioso. Para qué más. Es, de tiempo atrás, el alter-ego del mismo personaje que puso en la Corte Constitucional a Jorge Pretel, de allí que su campaña hacia la Presidencia hay que entenderla como parte del proyecto neoconservador que impuso ese otro Macho que mandó en Colombia entre 2002 y 2010.

En lo que corresponde al Fiscal Montealegre, hay que decir que su ego lo ha llevado, poco a poco, al lugar esperado por muchos: ser intocable. La actitud asumida contra la reforma política que busca el equilibrio de poderes, en un sistema profundamente presidencialista, lo viene convirtiendo en una suerte de nuevo emperador. Además, sus millonarias asesorías a Saludcoop, expresan el afán moderno de hacerse rico y exitoso, lo que finalmente terminó por facilitarle el camino a Palacino y a todos aquellos que malversaron recursos de la EPS y del Estado. No sabemos si Montealegre tiene fincas o haciendas, pero de igual manera, actúa como un Machito ostentoso e incapaz de ceder poder,  con el propósito de aportar a la consolidación de la institución que dirige y por ese camino, a la institucionalidad estatal.  Desde la Fiscalía otea hasta dónde puede llevar sus ansias de poder.

Detrás del Fiscal, del Procurador y del Presidente de la Corte Constitucional, se esconden las más profundas prácticas, principios y aspiraciones de una cultura que deviene mafiosa y profundamente asociada a los egos de hombres (Machos) que han hecho todo para hacerse con una parte del Estado, para  ocultar sus problemas de reconocimiento y autoestima.

Así entonces, el origen agrario del conflicto armado colombiano no puede analizarse exclusivamente sobre la lucha por la tierra y el sometimiento y la transformación de territorios, sino en un ethos fundado por una idea equivocada de ser hombre, sostenida a su vez, en otra de mayor alcance: dominar la Naturaleza.

Por lo anterior, debemos poner nuestros esfuerzos de cambio y construcción de la paz, sobre la base de transformar las ideas que alrededor de ser hombre, macho, poderoso y exitoso, nos impuso la cultura dominante, en especial aquella que desde las ciudades y lo urbano, construyeron negativas, imprecisas y defectuosas Representaciones Sociales (RS) alrededor de lo rural, la ruralidad que de ella se desprende y  por supuesto, de la gente que vive allí en esos territorios.

Es hora de decir No Más a Ególatras, Mesiánicos, Machos, Latifundistas y Regeneradores dentro del Estado. Sobre esas y otras características, la corrupción se instaló en las instituciones públicas, en el sector privado y en la cultura, de allí que se torne tan difícil para los colombianos  elegir Presidente, alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, que lleguen al Estado con la clara intención de servir a los demás y no para dar rienda suelta a sus mezquinas aspiraciones de poder.

Debemos trabajar por una profunda  transformación cultural. Aspiración esta que debe llevarnos a señalar, como inconvenientes, las prácticas y principios éticos de una cultura dominante (urbana y urbanizada) que jamás entendió que como país biodiverso, cultural y naturalmente, requiere de otro de otra clase de hombres -y de mujeres -.