Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Mientras el fin del conflicto armado entre el Estado colombiano y las Farc
se termina de negociar en La Habana, van apareciendo retos políticos y sociales
de enorme interés y complejidad, que no comprometen exclusivamente las acciones
institucionales de un orden establecido que debe transformarse sustancialmente,
si de verdad se quiere avanzar hacia deseados estadios de posconflicto.
Vislumbro varios retos: el
primero, derrotar a Uribe y sus áulicos en la jornada política- electoral que
viviremos cuando nos corresponda votar la refrendación del Acuerdo Final de La
Habana. Ese primer desafío bien se puede inscribir en la resbalosa e
inquietante categoría de Cultura Ciudadana. Esa misma, que en varias ciudades
deviene baja o empobrecida por la
acción político-mediática de los noticieros de televisión RCN, CM& y
Caracol y de programas radiales como la FM y la W, entre otros espacios,
convertidos de tiempo atrás en plataformas ideológicas e informativas de
los “Señores de la Guerra” que
sobreviven dentro del Establecimiento. Sin duda, Uribe es un Señor de la Guerra
que sigue empecinado en que nos sigamos matando entre colombianos.
Para superar esa baja cultura política, el Gobierno de
Santos debería de descentralizar el esfuerzo pedagógico que viene adelantando
en los canales de televisión y radio, para apoyarse en líderes de opinión
regionales y actores de la sociedad civil como las universidades que
abiertamente apoyen el Proceso de Paz con las Farc, para contrarrestar la
campaña de desinformación que el llamado “uribismo”, con la ayuda de periodistas
y columnistas de dichos medios, adelanta de tiempo atrás contra lo que sucede
en la Mesa de Negociación instalada en Cuba.
Cada colombiano que acompaña y
apoya el fin del conflicto armado con las Farc debe convertirse en un
multiplicador de las ventajas y beneficios que traerá para el país y para la
sociedad colombiana la finalización de un largo, fratricida y degradado
conflicto armado interno. Confrontación armada que solo ha dejado beneficios
económicos a políticos, así como a militares y policías de alto rango, que han sacado enormes “tajadas” de un presupuesto
militar sobre el cual poco control ejercen los órganos encargados de vigilar
las inversiones y el manejo de ese
enorme gasto en defensa. El solo hecho de que Generales y demás oficiales se
retiren enriquecidos económicamente, debería de ser suficiente para sospechar y
concluir que la guerra es un negocio que le conviene a unos pocos.
El segundo reto ciudadano es
comprender muy bien lo acordado en La Habana y vigilar, en adelante, que
gobernadores, alcaldes, concejales y diputados y los próximos cinco
presidentes, hagan todo para honrar la palabra empeñada por el Estado y por las propias Farc, con el objetivo
estratégico de cumplir con lo que señala
el Acuerdo Final de Paz.
Todos los que apoyamos los
esfuerzos de paz del Gobierno y de las Farc, junto con las universidades y
otros actores de la sociedad civil, debemos estar atentos para que las
instituciones comprometidas, den cuenta de
las transformaciones que deberán sufrir el Estado, el mercado y la sociedad,
para honrar lo acordado en territorio cubano.
Y el tercer reto, en perspectiva
de esa nueva cultura política que está por gestarse, está en elegir bien a los
próximos mandatarios locales, regionales y en particular, a los Presidentes del
posacuerdo. En particular, los ciudadanos debemos reconocer que el
Presidente y los mandatarios locales y
regionales que elijamos en 2018, llevarán sobre sus hombros la transición de la
guerra a la paz. Y ello tiene enormes desafíos. Por lo anterior, y en conexión
con los dos retos anteriores, debemos salir a las urnas para votar por todos
aquellos candidatos que de forma pública se comprometan con respetar lo firmado
en La Habana. Aquellos que de forma
sistemática han atacado el Proceso de Paz, como Uribe, Ordóñez y el Presidente
de Fedegan, entre otros, o han guardado sospechoso y sistemático silencio, como
es el caso de Germán Vargas Lleras, resultan inconvenientes para el nuevo país
que empezaremos a construir una vez Farc, Estado y sectores del
Establecimiento, acepten “sacar y proscribir las armas de la política”.
Para resumir, quienes no queremos
ver y contar más civiles desplazados y asesinados, así como ver combatientes,
legales e ilegales, morir en los campos de batalla, debemos optar por
consolidar una cultura política democrática que promueva el respeto por la vida
y por todos aquellos que piensan diferente. A pesar de lo incomprensible que
nos parezca, en el juego democrático es posible y quizás legítimo que existan
sectores interesados en que continúe la guerra. Finalmente, sus ideologías e
intereses, por más de 50 años, han estado anclados a las dinámicas de la
confrontación armada.
Igualmente, en ese mismo
escenario democrático resulta aún más legítimo buscar la derrota en las urnas de quienes tozudamente
insisten en prolongar el conflicto armado interno y de esa forma saciar sus
mezquinos intereses económicos y políticos. Intereses estos que se soportan en
buena medida en una negada, pero evidente animadversión hacia quienes han
sufrido los efectos de la guerra: campesinos, afros e indígenas. Sin duda, para
los Señores de la Guerra estas comunidades
y pueblos resultan incómodas. Ven a sus miembros como ciudadanos disonantes que
“deberían ser eliminados cultural y físicamente”, de allí que la mejor forma
para hacerlo sea prolongar la guerra, al tiempo que mantienen en pie el proyecto paramilitar con
el que se buscó aniquilar a comunidades afros, indígenas y campesinos.
Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM
