¿Libertad de Prensa o ‘justicia’ periodística?

Germán Ayala Osorio, profesor Asociado y politólogo de la Universidad Autónoma de Occidente

Por estos días de agitación nuevamente la llamada opinión pública se polariza, esta vez por cuenta de las tardías decisiones administrativas, fiscales, policivas y jurídico-políticas adoptadas por el Gobierno de Uribe Vélez en torno a las llamadas pirámides, especialmente contra la firma DMG; quizás por el despliegue periodístico en torno a este asunto, un hecho jurídico-político y periodístico apareció en escena, pero tuvo escasa presencia en los medios informativos.

Se trata de la orden arresto contra el director de la revista SEMANA, Alejandro Santos Rubino, proferida por la juez 16 penal, Amanda Vargas de Norato, ante el incumplimiento (parcial) de un fallo de tutela en el que se ordenó a SEMANA rectificar una información tendenciosa y calumniosa publicada en abril de 2008, en la que José Alfredo Escobar Araújo vio conculcados sus derechos a la honra y al buen nombre.

La respuesta del periodista no se hizo esperar y señaló, para la misma revista que dirige, que “respeta la justicia, pero el fallo atenta contra la libertad de prensa. Los medios deben ser respetuosos de la justicia y rectificar cuando se equivocan. Sin embargo, en este caso, a pesar de haber rectificado en dos ocasiones y de haber demostrado buena fe, la juez insistió en que había desacato. Esto es un abuso del poder judicial.”[1]

Se deben examinar varios asuntos en este hecho. El primero que hay que señalar es el error periodístico que origina la legítima reacción del magistrado Escobar y que se traduce en una tutela ante lo que él consideró una violación a su derecho al buen nombre. Hay que señalar, entonces, que SEMANA se equivocó al relacionar al magistrado con un ‘controvertido opita o mecenas de la justicia, con vínculos con el narcotráfico, según lo deja entrever la misma publicación.

La equivocación se soporta en una práctica periodística nociva a la que recurren medios y los periodistas: no identificar plenamente las fuentes y basar sus textos en decires, en comentarios de terceros, o en el peor de los casos, generar y dejar la sensación en los lectores de que efectivamente se consultaron unas fuentes, cuando es perfectamente posible pensar en que lo dicho obedezca a impresiones, opiniones o conjeturas del propio periodista que elabora las notas. Miremos las frases usadas por Semana en el artículo que generó la acción judicial. “SEMANA dialogó el viernes pasado con algunos de los juristas que fueron al homenaje de su colega Yesid Ramírez en Neiva. Ninguno de ellos quiso hacer un pronunciamiento oficial.” Más adelante, aparece otra frase que pone en evidencia la nociva práctica periodística. “Otro de los invitados al viaje a Neiva le dijo a esta revista que él estaba casi seguro[2] de que Ascencio Reyes había pagado todos los gastos de los tres días.”

Así como el director de SEMANA exige que la libertad de prensa se mantenga como derecho y principio periodístico, también es perfectamente viable que los lectores, incluso las propias fuentes consultadas y en especial los involucrados en los textos periodísticos a publicarse, reciban una versión de los hechos en la que con absoluta claridad y precisión se señale quién dijo qué, cuándo, en qué momento, contexto, circunstancias y por qué. No es éticamente responsable basar la información en opiniones cuyos responsables, es decir, las fuentes, se ocultan en un sospechoso anonimato del cual el periodista que acepta la negativa de la fuente de ser identificada con nombre y cargo, debe hacerse responsable por el daño que dichas declaraciones generen en el buen nombre de terceros involucrados en las declaraciones.

Si una fuente exige no ser identificada, lo primero que el periodista debe considerar es la posibilidad de no publicar ese testimonio por cuanto el riesgo de cometer un error se acrecienta. Frases como fuentes cercanas a Palacio, fuentes policiales o fuentes cercanas a esta publicación son estratagemas a las que recurren los periodistas para poder opinar en artículos periodísticos pretendidamente objetivos, pero que no son más que un conjunto de opiniones ligeras o comentarios sostenidos en odios, antipatías o en simples apreciaciones.

El hecho de que esas maneras de (no) identificar a las fuentes aparezcan validadas en los manuales de periodismo y en los propios manuales de redacción de los medios impresos no quiere decir que éticamente sean unas prácticas responsables, todo lo contrario, se convierten en la mejor estrategia para difamar, como en el caso que nos ocupa, y en otros casos, en una inmejorable oportunidad para el periodista de ventilar sus opiniones, sus apreciaciones y hasta sus odios.

El segundo asunto que hay que exponer es la certeza con la cual SEMANA aseguró lo que dijo en el artículo en cuestión, titulado El ‘mecenas’ de la justicia (sic). Miremos varios elementos del texto publicado. En la ‘bajada’, por ejemplo, señala: “Un controvertido opita, que tiene influencia en la Fiscalía y que les paga vuelos chárter a magistrados de las Altas Cortes, figura como socio comercial de un extraditable.”

Más adelante señala la Revista que: “En Neiva los esperaba el hombre que sería el organizador de los homenajes: Ascencio Reyes Serrano. Un enigmático personaje que la opinión pública no conoce, pero que en los altos círculos de la justicia es hombre orquesta. Su amistad viene de tiempo de atrás con magistrados y ex magistrados y es un hecho, para funcionarios de la justicia[3], que tiene influencia en la Fiscalía de Mario Iguarán.”

Si la Revista tenía la certeza de que lo dicho por funcionarios de la justicia era cierto, por qué entonces tuvieron que rectificar lo dicho; se trata acaso de una retractación de las fuentes consultadas, acaso de un engaño o simplemente de una acción periodística asociada a la búsqueda sistemática e interesada de la Casa de Nariño, del Gobierno de Uribe Vélez, de desprestigiar a las Altas Cortes, especialmente a los magistrados no afectos o aquellos responsables de llevar los casos en el contexto de la llamada Parapolítica. Si se tratase de una retractación de las fuentes, en las rectificaciones debió la Revista reconocerlo, con el ánimo de dejar claro que el reportero fue asaltado en su buena fe y que existen grabaciones de los testimonios recogidos.

El tercer asunto tiene que ver con el principio de proporcionalidad que existe entre el daño generado por la publicación y la forma en que SEMANA cumplió con la orden de rectificar la información calumniosa, equívoca e imprecisa.

En esta materia se equivoca el director de la Revista al señalar que es suficiente con haber rectificado en dos ocasiones, cuando el despliegue y el tratamiento dado a la información calumniosa se da con elementos periodísticos que visualmente impresionan al lector: fotografías a color de los involucrados, leyendas o pie de fotos[4] tendenciosos que fácilmente llevan al lector a tomar partido a favor de lo dicho por SEMANA; un titular que califica y señala, así como una bajada o sumario que confirma y amplía lo señalado en el título del artículo, además de cuatro intertítulos. Lo contrario sucede con las dos rectificaciones en donde solo aparece texto, sin imágenes.

Si bien puede resultar exagerado exigirle a la Revista publicar la rectificación en Portada, no lo es el que se le exija que reconozca el error explicando las circunstancias en las que éste se produjo, es decir, que explique al magistrado y a los lectores cuáles fueron los procedimientos reporteriles puestos en marcha, y el por qué se acudió -y se acude- a fuentes fantasmas para informar. De igual forma, la Revista está obligada a utilizar los mismos elementos periodísticos y de diseño, para rectificar lo publicado. El mea culpa debe ser amplio y generoso en recursos, tal y como lo fue el artículo que generó la acción jurídica.

En ningún caso se trata de un abuso de poder por parte de la justicia, por el contrario, creo que se trata de que los medios entiendan que la honra de los ciudadanos está por encima de un ejercicio periodístico irresponsable, ligero, amañado, en especial cuando en un complejo contexto político-jurídico (el de la Parapolítica) sobresalen el desconocimiento del Gobierno de la independencia del poder judicial y el irrespeto a la acción jurídica de las Altas Cortes que de tiempo atrás ha expresado el Presidente Uribe Vélez.

De este caso deben aprender SEMANA y sus periodistas que una cosa es informar con veracidad y otra muy distinta es jugar con la honra de los ciudadanos. Debe ser la justicia la que defina o no la culpabilidad de los individuos y no la prensa, especialmente cuando ella misma no tiene certeza de los señalamientos que publica.

Antes de exigir condiciones para una efectiva libertad de prensa, medios y periodistas deben asegurarle al país un ejercicio periodístico responsable y serio, del cual, como lo demuestra este caso, está lejos la publicación hebdomadaria.


[1] La información citada fue tomada de Semana.com

[2] ¿Qué significa estar casi seguro? Acaso jurídicamente puede terne validez este tipo de aseveraciones, quizás periodísticamente resulte interesante, pero no hay certeza en la aparente fuente consultada por la Revista.
[3] ¿Por qué no se identificó a estos supuestos funcionarios?
[4] Uno de los pie de fotos señala: “En esta fotografía, de noviembre de 2005 en Santa Marta, aparecen –de izquierda a derecha– los magistrados Carlos Isaac Náder, Francisco Ricaurte, Gustavo Gnecco y José Alfredo Escobar.”

*Nota: en la edición de la revista SEMANA del 24 de noviembre de 2008, dos de sus columnistas habituales salieron en defensa del Director de la Revista. Uno de ellos, la columnista María Jimena Duzán, sostiene que: "Así de absurdo resulta el desafío que le ha impuesto a la libertad de expresión y de información en el país la insólita decisión del juez que ordenó el arresto de Alejandro Santos, director de esta revista, por haber desacatado un fallo de tutela a favor de José Alfredo Escobar, el magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que saltó a la fama por cuenta de su afición a los botines italianos. (Sí, cómo no, se trata de los mismos botines que le fueron regalados al magistrado por el controvertido Giorgio Sale, y que según la mujer de Escobar Araújo, para entonces secretaria general de la Procuraduría, "fueron de todo su gusto". El regalito, bueno es recordarlo, les costó caro al magistrado y a su mujer: él tuvo que renunciar al cargo de presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y su mujer al de la Procuraduría. Sin embargo, al magistrado no se le ha abierto ninguna investigación por cuenta de ese regalito, a diferencia de otros colegas suyos quienes han sido denunciados por el gobierno Uribe ante la comisión de acusaciones. (Eso es lo que yo llamo un magistrado con suerte.)"

Insisto en que por un lado van las actuaciones del señor Escobar Araújo, de las cuales la propia justicia debe proferir sus fallos, y por el otro el trabajo periodístico poco riguroso. En ningún caso se puede entender la reflexión como una defensa del magistrado. Tan solo se trata de un ejercicio de análisis de una nota en la que a todas luces se incurre en errores que no se pueden dejar de advertir.