Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La respuesta del ex presidente Uribe alrededor del fallo del Ministerio Público que inhabilita por 18 años a su secretario privado, Bernardo Moreno por el caso de las chuzadas del DAS, es, sin duda, un desafío, una incitación y una provocación tanto para la sociedad civil, para las élites y por supuesto, para la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes e incluso, para la misma Corte Suprema de Justicia, para que unos y otros, busquen y promuevan acciones jurídico-políticas que terminen castigando a quien desde la Casa de Nariño no sólo aupó y apoyó las tareas de espionaje de su Secretario Privado, sino que usó el DAS para violar derechos y principios consagrados en la Constitución Política.
El desafío del ex presidente Uribe se apoya no sólo en que el país defiende la investidura presidencial y su condición de ex presidente, sino en un hecho político claro: la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes está cooptada y comprometida ideológica y políticamente con el propio Uribe y el llamado a la unidad nacional de Santos, que incluye, por supuesto, no mirar por el espejo retrovisor.
Es fácil asumir responsabilidades políticas y jurídicas cuando el Establecimiento y el poder político salvaguardan la investidura presidencial, haciéndola prácticamente intocable. Convendría en Colombia iniciar un proceso social, jurídico y político que termine con el desmonte de la dignidad presidencial, en aras no sólo de castigar a quien desde esa alta responsabilidad haya cometido errores, sino para legitimar el Estado ante una sociedad con débiles referentes morales y éticos.
La dignidad presidencial no puede ser obstáculo para que la justicia, las organizaciones sociales de la sociedad civil y parte de la sociedad, puedan investigar, juzgar, señalar y descalificar las actuaciones de aquellos que como Presidentes, se aprovecharon del poder que otorga dicha dignidad, con el claro propósito de enriquecer a unos pocos, beneficiar a miembros de su propia familia, legitimar la trampa y la ilegalidad, descalificar y perseguir a detractores, opositores y críticos, polarizar al país y hacer poco por la unidad de la nación, entre otros muchos eventos desafortunados, por llamarlos de alguna manera.
Lo sucedido con las ‘chuzadas’ del DAS es inadmisible. Y si el ex presidente Uribe asume públicamente las responsabilidades jurídicas y políticas por las actuaciones de su subalterno, entonces, es el momento para las instituciones jurídico-políticas, los actores de la sociedad civil y la sociedad en general, exijan, promuevan y apoyen acciones legales y políticas que permitan castigar ejemplarmente a quien desde la Presidencia, espió a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, políticos de la oposición y a particulares, y usó la fuerza represiva, intimidatoria e investigativa del Estado, para colocarla al servicio de una causa personal.
En su declaración el ex presidente Uribe señala: “Si aquello que hizo el doctor Moreno, en su calidad de Secretario General de la Presidencia, fue averiguar al DAS y a la Uiaf por las denuncias que medios de comunicación habían formulado sobre posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados, y además nunca sugirió actividades ilegales, yo asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta”.
Lo expresado por el ex presidente debería ser jurídica, política y socialmente suficiente para castigar a quien usó la fuerza y los recursos del Estado para perseguir, intimidar y desprestigiar a quienes de manera ligera calificó como detractores ideológicos y políticos.
Ya va siendo hora de que en Colombia los Presidentes se hagan responsables jurídicamente de sus actuaciones. La dignidad presidencial no puede ser el escudo para que desde el mismo Estado se viole la Constitución y la ley. Atrás quedaron sin castigo las actuaciones de Samper Pizano por el caso de la penetración de dineros de la mafia en su campaña presidencial; más atrás, quedaron sin condena la falta de firmeza de Belisario Betancur, quien entregó a los militares el poder político y militar durante la retoma del Palacio de Justicia, lo que garantizó la violación sistemática de los derechos humanos en dicha acción militar. Igualmente, se quedó sin castigo Julio César Turbay Ayala, que en el contexto del Estatuto de Seguridad, violó sistemáticamente los derechos humanos.
Le haría bien a la democracia y a la justicia ver a un presidente colombiano juzgado y encarcelado por las decisiones tomadas. No más responsabilidades políticas que terminan soslayando las presiones que ejercen gremios económicos, elites, líderes políticos (gamonales) y el sistema financiero nacional e internacional, a quienes juegan a ser Presidentes y siguen a pie juntillas las instrucciones de aquellos, porque saben que su dignidad los protege de todo mal y peligro.
La gran prensa le ha dado a la dignidad presidencial el carácter de deidad, lo que prácticamente obliga a los ciudadanos a venerarla y respetarla. Ojalá esa misma prensa se atreva a promover acciones políticas, legales y sociales, que permitan que el ex presidente Uribe pague por los errores cometidos por sus subalternos y por las decisiones que él mismo tomó durante el grave episodio de las chuzadas.
La respuesta del ex presidente Uribe alrededor del fallo del Ministerio Público que inhabilita por 18 años a su secretario privado, Bernardo Moreno por el caso de las chuzadas del DAS, es, sin duda, un desafío, una incitación y una provocación tanto para la sociedad civil, para las élites y por supuesto, para la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes e incluso, para la misma Corte Suprema de Justicia, para que unos y otros, busquen y promuevan acciones jurídico-políticas que terminen castigando a quien desde la Casa de Nariño no sólo aupó y apoyó las tareas de espionaje de su Secretario Privado, sino que usó el DAS para violar derechos y principios consagrados en la Constitución Política.
El desafío del ex presidente Uribe se apoya no sólo en que el país defiende la investidura presidencial y su condición de ex presidente, sino en un hecho político claro: la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes está cooptada y comprometida ideológica y políticamente con el propio Uribe y el llamado a la unidad nacional de Santos, que incluye, por supuesto, no mirar por el espejo retrovisor.
Es fácil asumir responsabilidades políticas y jurídicas cuando el Establecimiento y el poder político salvaguardan la investidura presidencial, haciéndola prácticamente intocable. Convendría en Colombia iniciar un proceso social, jurídico y político que termine con el desmonte de la dignidad presidencial, en aras no sólo de castigar a quien desde esa alta responsabilidad haya cometido errores, sino para legitimar el Estado ante una sociedad con débiles referentes morales y éticos.
La dignidad presidencial no puede ser obstáculo para que la justicia, las organizaciones sociales de la sociedad civil y parte de la sociedad, puedan investigar, juzgar, señalar y descalificar las actuaciones de aquellos que como Presidentes, se aprovecharon del poder que otorga dicha dignidad, con el claro propósito de enriquecer a unos pocos, beneficiar a miembros de su propia familia, legitimar la trampa y la ilegalidad, descalificar y perseguir a detractores, opositores y críticos, polarizar al país y hacer poco por la unidad de la nación, entre otros muchos eventos desafortunados, por llamarlos de alguna manera.
Lo sucedido con las ‘chuzadas’ del DAS es inadmisible. Y si el ex presidente Uribe asume públicamente las responsabilidades jurídicas y políticas por las actuaciones de su subalterno, entonces, es el momento para las instituciones jurídico-políticas, los actores de la sociedad civil y la sociedad en general, exijan, promuevan y apoyen acciones legales y políticas que permitan castigar ejemplarmente a quien desde la Presidencia, espió a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, políticos de la oposición y a particulares, y usó la fuerza represiva, intimidatoria e investigativa del Estado, para colocarla al servicio de una causa personal.
En su declaración el ex presidente Uribe señala: “Si aquello que hizo el doctor Moreno, en su calidad de Secretario General de la Presidencia, fue averiguar al DAS y a la Uiaf por las denuncias que medios de comunicación habían formulado sobre posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados, y además nunca sugirió actividades ilegales, yo asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta”.
Lo expresado por el ex presidente debería ser jurídica, política y socialmente suficiente para castigar a quien usó la fuerza y los recursos del Estado para perseguir, intimidar y desprestigiar a quienes de manera ligera calificó como detractores ideológicos y políticos.
Ya va siendo hora de que en Colombia los Presidentes se hagan responsables jurídicamente de sus actuaciones. La dignidad presidencial no puede ser el escudo para que desde el mismo Estado se viole la Constitución y la ley. Atrás quedaron sin castigo las actuaciones de Samper Pizano por el caso de la penetración de dineros de la mafia en su campaña presidencial; más atrás, quedaron sin condena la falta de firmeza de Belisario Betancur, quien entregó a los militares el poder político y militar durante la retoma del Palacio de Justicia, lo que garantizó la violación sistemática de los derechos humanos en dicha acción militar. Igualmente, se quedó sin castigo Julio César Turbay Ayala, que en el contexto del Estatuto de Seguridad, violó sistemáticamente los derechos humanos.
Le haría bien a la democracia y a la justicia ver a un presidente colombiano juzgado y encarcelado por las decisiones tomadas. No más responsabilidades políticas que terminan soslayando las presiones que ejercen gremios económicos, elites, líderes políticos (gamonales) y el sistema financiero nacional e internacional, a quienes juegan a ser Presidentes y siguen a pie juntillas las instrucciones de aquellos, porque saben que su dignidad los protege de todo mal y peligro.
La gran prensa le ha dado a la dignidad presidencial el carácter de deidad, lo que prácticamente obliga a los ciudadanos a venerarla y respetarla. Ojalá esa misma prensa se atreva a promover acciones políticas, legales y sociales, que permitan que el ex presidente Uribe pague por los errores cometidos por sus subalternos y por las decisiones que él mismo tomó durante el grave episodio de las chuzadas.
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