Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
En Colombia la Carta Política señala que estamos bajo las orientaciones de un Estado Social de Derecho (ESD). Pero la verdad es que ese ESD apenas si puede alcanzar sus objetivos sociales, por cuenta del modelo económico vigente y en especial por las orientaciones y ejecuciones administrativas y políticas de cada gobernante, sea este presidente, gobernador o alcalde.
Así las cosas, el afianzamiento del ESD enfrenta férreos obstáculos que no sólo impiden garantizar bienestar a una población necesitada que sobrevive en precarias condiciones, sino que van creando prácticas estatales mas sujetas a las dinámicas del mercado, que a esperadas responsabilidades que debe asumir el Estado de forma directa.
Por ello, podemos encontrar disímiles actuaciones político-administrativas en alcaldías y gobernaciones, ligadas o desligadas del poder que ejerce la figura presidencial, en especial desde la lógica del poder centralizado que aún opera desde la capital del país. Justamente hoy, en el actual gobierno de Bogotá, asistimos a unas prácticas de operación estatal que buscan romper con aquella lógica que señala que el Estado es incapaz de prestar servicios públicos estratégicos, lo que asegura, de inmediato, la participación de agentes privados en la prestación de servicios esenciales y lucrativos como la recolección de basuras.
Con todo y los errores en la planeación y en la ejecución del cambio de modelo de recolección de basuras en la capital del país, lo que la Administración Petro tiene en mente es la consolidación de un Estado distrital fuerte y responsable de asuntos estratégicos. Mientras el Gobernante distrital cree en la necesidad de un Estado fuerte, el Presidente de la República agencia un modelo económico y político que necesita y casi que exige de la presencia de un Estado débil frente al poder de empresas privadas, nacionales y transnacionales.
La explotación de los recursos que ofrece la biodiversidad, en especial la riqueza minera, es el ejemplo que hoy permite constatar el tipo de Estado que está en la mente no sólo del actual Gobierno de Santos, sino el que históricamente se viene implementando en Colombia desde la administración de César Gaviria, pasando por los gobiernos de Samper Pizano, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.
Las posibilidades políticas para ajustar el Estado a las consideraciones y orientaciones de mandatarios de turno, del orden nacional y regional, nacen de la crisis ideológica y programática de los partidos políticos Liberal y Conservador. Así las cosas, no existe consenso político alrededor de la tipología de Estado que necesita un país biodiverso y con las condiciones de concentración de la riqueza y la creciente pobreza en la que sobreviven millones de colombianos.
Sobre las permisivas condiciones con las que cada mandatario concibe, propone y ejecuta una idea de Estado y del Estado Social de Derecho del que habla la Constitución Política, es posible comprender documentos Conpes, en especial cuando estos están orientados a facilitar la inclusión de agentes privados en el manejo de recursos estatales. Como es el caso del Conpes 3296 de julio de 2004, Lineamientos para promover la participación privada en la prestación de servicios ecoturísticos en el sistema de parques nacionales naturales –SPPN. En dicho documento, aprobado durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, es claro que la idea de Estado que se promovió y sobre la que sustentó la operación estatal entre 2002 y 2010, era la de un Estado débil, precario e incapaz de prestar, para el caso, servicios ecoturísticos de calidad. De allí que en el Conpes 3296 se diga: “…De manera preliminar se puede establecer que las áreas analizadas presentan dificultades de acceso, las instalaciones no se encuentran en condiciones óptimas de operación, y la mayoría de ellas no cuentan con servicios adecuados de agua potable y saneamiento básico…”.
Con el reconocimiento de estas condiciones, el propio Estado, en cabeza del entonces gobierno de Uribe Vélez, a través del Conpes 3296, abrió la posibilidad para que a través de concesiones y otros mecanismos, agentes privados puedan entrar a zonas de parques nacionales naturales a prestar servicios ecoturísticos, sin límites en los procesos de adecuación, mejoramiento o desmonte de las instalaciones existentes en parques como el Tayrona.
En el documento Conpes se lee: “…Desde esta perspectiva, se hace necesario identificar y evaluar una estrategia de operación alternativa. Esta deberá considerar la vinculación de recursos nuevos y de un operador especializado que permitan la realización de inversiones necesarias, que estimulen la integración y desarrollo de servicios ecoturísticos actuales y potenciales, y que contribuyan a la optimización del uso de la capacidad instalada, a la reducción de los costos de mantenimiento y de operación…En este sentido, la vinculación de la participación privada en la prestación de servicios ecoturísticos en las áreas del SPNN, debe evaluarse como una alternativa importante para resolver los problemas que enfrenta actualmente la UAESPNN…”[1].
Así, con el caso del cambio en el modelo de recolección de las basuras propuesto por el alcalde Petro y con el reconocimiento de la debilidad de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) para manejar los servicios turísticos de zonas de parques nacionales naturales, en el documento Conpes aprobado durante el Gobierno de Uribe Vélez, lo que se pone de presente es que al no existir una idea consensuada de lo que debe ser el Estado, cada alcalde[2], gobernador y presidente en Colombia puede tomar acciones bien para debilitarlo o para fortalecerlo en lo que corresponde a la prestación de servicios públicos, como la recolección de basuras, o la prestación de servicios ambientales y ecoturísticos, así como de conservación de zonas de especial valor ambiental. Por lo anterior, en Colombia el modelo o los modelos de Estado a implementarse están a discreción del mandatario de turno, lo que sin duda afecta, positiva y negativamente, la institucionalidad y la vida de los colombianos.
[1] Documento Conpes 3296. p. 12.
[2] No olvidemos el caso del alcalde de Cali, Apolinar Salcedo Caicedo, quien entregó a manos privadas el cobro del impuesto predial. Ese monopolio se lo entregó a la empresa Sicali. Otro ejemplo para señalar que la operación del Estado en Colombia es un asunto discrecional de alcaldes, gobernadores y presidentes.
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