JUZGAR Y CONDENAR PRESIDENTES Y EXPRESIDENTES

Un ex presidente no es más que un testigo protegido de las redes de corrupción.

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

No debería de causar revuelo y mucho menos generar polémica que la Fiscalía o cualquier otra instancia competente, ordene investigar o compulse copias para que se indague la conducta de Presidentes o de ex Presidentes.

Más allá de la reciente petición a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a Uribe Vélez por su posible participación, directa o indirecta en la masacre de El Aro, cuando fungía como Gobernador de Antioquia; y también más allá de los reales alcances que tendrá la Jurisdicción Especial de Paz acordada en La Habana para juzgar o no a ex presidentes colombianos, procesar y condenar a uno o a varios ex presidentes de este país debe verse como un acto de madurez política, jurídica y social.

En el contexto de un conflicto armado degradado, en el que los Presidentes fungen como Jefes de Estado, de Gobierno y además como Comandantes Supremos de las Fuerzas Armadas, las mayores responsabilidades sobre lo acontecido en ese complejo escenario de guerra interna deben recaer en estos altos funcionarios. Así entonces, son responsables, por acción u omisión por todo lo acontecido en materia de orden público: masacres, desplazamientos y desapariciones forzadas, entre otros delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública, que bajo sus órdenes, participaron de la comisión de esas conductas punibles.

En estos 51 años de guerra todos los Presidentes colombianos deberían ser investigados, procesados y juzgados por las decisiones tomadas como comandantes supremos de las fuerzas armadas y como responsables del orden público. Los horrores vividos durante este largo y degradado conflicto armado interno están soportados y fueron orientados desde instancias de poder político. Eso no se puede negar. 

Se equivocan quienes entienden la posibilidad de juzgar a ex presidentes como actos de retaliación política que amenazarían el orden jurídico y político y nos llevaría a una sin salida. Se trata de miedos infundados por esas fuerzas que defienden el Establecimiento y sus acciones proclives a mantener privilegios de clase.

Por el contrario, una sociedad como la colombiana, escindida en clases sociales, carente de referentes éticos y morales y con enormes dificultades para consolidar procesos civilizatorios que coadyuven a aceptar las normas y aprender a resolver los conflictos de manera civilizada, necesita asistir a ese tipo de eventos sociales y políticos. Resultaría ejemplarizante social, cultural, jurídica y políticamente, ver caer a un Presidente en ejercicio por probados hechos de corrupción o por su participación en hechos punibles y execrables como los falsos positivos.

Quizás, con el procesamiento, juzgamiento y encarcelamiento de ex jefes de Estado, los colombianos puedan empezar a transformar las lógicas con las que asumen el sentido de lo público, el papel del Estado y los proyectos políticos, económicos y sociales que los Presidentes ejecutan, no siempre basados en los intereses de las grandes mayorías.

Es claro que quienes han llegado al Solio de Bolívar no lo han hecho con el objetivo de consolidar el Estado como un orden justo y como referente de moralidad pública y con la idea de ampliar y profundizar la democracia y muchos menos, de apuntalar un proyecto de nación que dé cabida a indígenas, afros y campesinos, etnias y comunidades tradicionalmente excluidas por los intereses citadinos desde los cuales los Presidentes colombianos han actuado.

Debemos, como sociedad, empezar a desmitificar la figura presidencial y por esa vía, otorgarle social, política y jurídicamente responsabilidades que no pueden quedar soslayadas por el fuero presidencial. Esta figura de protección debe desaparecer, para que reine, entonces, el sentido de responsabilidad de quienes deciden proponer sus nombres para llegar a manejar el Estado y claro está, para quienes deciden apoyarlos económica y electoralmente.

Resulta inaceptable que la clase dirigente, empresarial, militar, la élite y la burguesía sigan llevando a la Presidencia a una serie de monigotes que solo gobiernan o mandan para mantener en inmejorables condiciones económicas a quienes hacen parte fundamental de este funesto Establecimiento.

Quienes apoyamos el juzgamiento de presidentes en ejercicio y de ex presidentes, lo hacemos porque estamos seguros de que la figura presidencial ha sido irrespetada por grupos de poder que han puesto en el Solio de Bolívar a sus marionetas para que estas les ayuden a consolidar los procesos de penetración, cooptación y captura del Estado y por esa vía, mantener sus privilegios de clase.

Adenda: Guatemala acaba de dar muestra de madurez política, social y jurídica al retirarle el fuero presidencial  al corrupto presidente, Otto Pérez Molina. 



Imagen tomada de www.elespectador.com