“El estado, al haber descuidado importantes cuestiones existenciales, no le dejó a la sociedad más remedio que desarrollar soluciones o substitutos propios. Esto es así sobre todo en el precario ámbito de la seguridad donde, a falta de presencia estatal, surgieron grupos armados de autoayuda (milicias y demás) o grupos ilegales ocuparon el espacio libre. Como resultado, se constata que Colombia, sobre todo a nivel local y regional, muestra los arreglos más diversos en relación con la solución del problema de seguridad.”[1]
Por
Germán Ayala Osorio, profesor Asociado y politólogo de la Universidad Autónoma de Occidente.
Que oficiales, suboficiales, soldados y agentes de ejército y policía nacional[2] sean detenidos por participar en atracos, secuestros, en desapariciones forzadas, en detenciones arbitrarias, en masacres con sello paramilitar y en ejecuciones extrajudiciales, son de por sí hechos de extrema gravedad, pero lo es más aún cuando estos asuntos poca atención obtienen de la sociedad civil; deberían de llamar la atención de toda la sociedad colombiana pues es el Estado colombiano el que en últimas termina siendo señalado y demandado por los crímenes cometidos por estos funcionarios públicos.
Esa serie de conductas impropias de quienes juraron en algún momento defender las instituciones y mantener el orden hacen pensar en que algo está pasando al interior de las fuerzas militares y en la policía nacional.
No es fácil hallar explicaciones pues estas instituciones, a través de sus máximos representantes, hábilmente, individualizan responsabilidades, sin examinar rigurosamente qué es lo pasa en las instituciones militares colombianas. Lo sucedido en Cali con varios policías que conformaban una banda de criminales con el objetivo de atracar entidades financieras debe considerarse como un alerta preocupante. Pero no, quedan contentos con echarlos de la institución y dejar que la justicia ordinaria actúe en consecuencia. Quizás ahí esté el primer error. ¿Será que es necesario revisar las políticas de reclutamiento, incorporación e incluso, revisar las condiciones salariales de quienes realmente ponen el pecho en este largo conflicto interno? ¿Habrá que invertir la pirámide salarial?
Recuerdo lo expresado por el general Gómez Padilla hace ya muchos años cuando un periodista le preguntó por los casos de corrupción al interior de la Policía Nacional. El alto oficial señaló, sin pena, ‘eso es lo que da la tierra.’ Esa respuesta, insuficiente para explicar qué estaba pasando al interior de la policía nacional, tiene una alta dosis de determinismo que la hace inaceptable, por eso hay que seguir indagando.
Todos los hechos son graves. Desde los falsos positivos hasta la participación en masacres en connivencia con los criminales de las AUC. Para el caso del evidente y aplaudido connubio entre las Fuerzas Militares y las AUC hay que señalar que los altos oficiales implicados, sindicados o señalados (Yanine Díaz y Rito Alejo del Río, para nombrar solo dos) generaron una política de acompañamiento, de colaboración y participación en masacres que llevarían el sello de las autodefensas que muy pocos subalternos decidieron denunciar, y que por acción u omisión, terminaron apoyando la acción paraestatal. De ello, por lo tanto, son culpables todos aquellos militares que no denunciaron las relaciones entre oficiales y suboficiales con los líderes de las autodefensas.
El trabajo sucio es una práctica propia en regímenes políticos que desconocen el estado social de derecho, buscando con ello eliminar contradictores políticos y posibles simpatizantes de grupos armados ilegales no afectos a quienes fungen como perseguidores. Colombia es el mejor ejemplo y desde distintas esferas de la sociedad civil se apoyan este tipo de prácticas delictivas. Pues bien, el trabajo sucio lo hicieron, sin duda, los paramilitares en masacres como la de Mapiripán, para citar solo un ejemplo, mientras que los militares esperaban sentados el desarrollo de los operativos.
Hay un elemento clave que debe mirarse para comprender el por qué dichos casos se presentan y presentaron al interior del ejército, especialmente en acciones propias de la llamada delincuencia común e incluso, aquellas llevadas a cabo de manera conjunta con los paramilitares. Este elemento tiene que ver con la ‘profesionalización’, esto es, la contratación de soldados ‘profesionales’, que en muchos casos descubren un escenario complejo y preocupante hacia futuro: la dependencia de verdaderos mercenarios para poder ganar la guerra interna. Por un lado va quien se pone el uniforme convencido de servir a la patria con fervor, disciplina y apego a la constitución y a la ley; y por el otro, quien se viste de ‘camuflado’ para solucionar un problema de subsistencia o porque es feliz viendo correr sangre en quienes señala previamente como sus opositores.
Es común en estos soldados ‘profesionales’ incumplir con rituales como saludar a la bandera, o a un oficial superior, e incluso formar para ejercicios del llamado ‘orden cerrado’; y ya en los escenarios de la guerra, la obediencia debida queda en entre dicho justamente por que el carácter de mercenarios no les permite discernir entre lo correcto y lo incorrecto.
Ya Nicolás Maquiavelo había hecho referencia a los riesgos en los que podría caer el Príncipe si decidía contar con la ayuda de mercenarios para defender el Estado. Leamos con atención la cita textual tomada de la obra de Maquiavelo, teniendo claro que las circunstancias contextuales son distintas tanto para la Colombia de hoy, como para la Italia de la época.
“…Empero las armas con que un Príncipe defiende su Estado pueden ser tropas propias, o mercenarias, o auxiliares, o mixtas, y me ocuparé por separado de cada una de ellas. Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas. Si un Príncipe apoya su Estado en tropas mercenarias, no se hallará seguro nunca, por cuanto esas tropas, carentes de unión, ambiciosas, indisciplinadas, infieles, fanfarronas en presencia de los amigos y cobardes frente a los enemigos, no tienen temor de Dios, ni buena fe con los hombres. Si un Príncipe, con semejantes tropas, no queda vencido, es únicamente cuando no hay todavía ataque. En tiempo de paz despojan al Príncipe, y, en el de guerra, dejan que le despojen sus enemigos…”[3]
La advertencia de Maquiavelo la dejo como inquietud para quienes se sienten cercanos, desde la investigación académica, a los asuntos de seguridad nacional asociados al funcionamiento de las fuerzas militares.
De otro lado, Colombia no se ha puesto a pensar en la salud mental de sus soldados ‘profesionales’ y de todos aquellos que se internan varios meses en la manigua persiguiendo a los criminales de las Farc. Este es un asunto pendiente del que muy pronto habrá hechos que lamentar. Es cuestión de esperar.
En lo que toca a los falsos positivos es claro que la presión que ejerce el Presidente en las tropas los puede llevar a que miembros de las fuerzas oficiales busquen el camino más fácil: desaparecer civiles, uniformarlos y hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate. En las claras y evidentes presiones del Ejecutivo se ponen en juego ascensos, despidos, traslados forzados e incluso el reconocimiento por los buenos servicios prestados.
Es posible que a la mencionada presión se sume los incentivos que se ofrecen en el Decreto 1400 del 05 mayo de 2006 por el cual se crea la Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional (BOINA); es posible que dicho decreto termine presionando a los miembros de la fuerza pública en la búsqueda de beneficios económicos, buscando, a toda costa, ofrecer positivos.
El artículo 2o. OPERACIONES DE IMPORTANCIA NACIONAL señala que para efectos del presente decreto, "se consideran de importancia nacional aquellas operaciones en las cuales se logre la captura de los cabecillas de los niveles I y II que se encuentran determinados en la Directiva expedida por el Ministro de Defensa Nacional." En el parágrafo del artículo 1 se lee: “esta bonificación podrá ser otorgada a una misma persona tantas veces cuantas se haga acreedora a ella, por participación en operaciones de importancia nacional.”[4]
¿Quién controla el manejo de esos dineros; tiene la Procuraduría General de la Nación los instrumentos para vigilar los manejos de dichos recursos? Son preguntas que muy seguramente no se hacen en los controles internos de las instituciones comprometidas.
Lo cierto es que genera terror lo que está pasando en las instituciones armadas del Estado. La primera consecuencia es que se pierde la confianza del ciudadano justamente en quienes están para defender su vida y su honra.
[1] WALDMANN, Peter. Guerra civil, terrorismo y anomia social, el caso colombiano en un contexto globalizado. Bogotá: Norma- Vitral – Konrad Adenauer Stiftung, 2007. p. 226- 227.
[2] La alusión a estas dos fuerzas no significa que actos corrupción no se hayan presentado en la fuerza aérea o en la Armada Nacional.
Germán Ayala Osorio, profesor Asociado y politólogo de la Universidad Autónoma de Occidente.
Que oficiales, suboficiales, soldados y agentes de ejército y policía nacional[2] sean detenidos por participar en atracos, secuestros, en desapariciones forzadas, en detenciones arbitrarias, en masacres con sello paramilitar y en ejecuciones extrajudiciales, son de por sí hechos de extrema gravedad, pero lo es más aún cuando estos asuntos poca atención obtienen de la sociedad civil; deberían de llamar la atención de toda la sociedad colombiana pues es el Estado colombiano el que en últimas termina siendo señalado y demandado por los crímenes cometidos por estos funcionarios públicos.
Esa serie de conductas impropias de quienes juraron en algún momento defender las instituciones y mantener el orden hacen pensar en que algo está pasando al interior de las fuerzas militares y en la policía nacional.
No es fácil hallar explicaciones pues estas instituciones, a través de sus máximos representantes, hábilmente, individualizan responsabilidades, sin examinar rigurosamente qué es lo pasa en las instituciones militares colombianas. Lo sucedido en Cali con varios policías que conformaban una banda de criminales con el objetivo de atracar entidades financieras debe considerarse como un alerta preocupante. Pero no, quedan contentos con echarlos de la institución y dejar que la justicia ordinaria actúe en consecuencia. Quizás ahí esté el primer error. ¿Será que es necesario revisar las políticas de reclutamiento, incorporación e incluso, revisar las condiciones salariales de quienes realmente ponen el pecho en este largo conflicto interno? ¿Habrá que invertir la pirámide salarial?
Recuerdo lo expresado por el general Gómez Padilla hace ya muchos años cuando un periodista le preguntó por los casos de corrupción al interior de la Policía Nacional. El alto oficial señaló, sin pena, ‘eso es lo que da la tierra.’ Esa respuesta, insuficiente para explicar qué estaba pasando al interior de la policía nacional, tiene una alta dosis de determinismo que la hace inaceptable, por eso hay que seguir indagando.
Todos los hechos son graves. Desde los falsos positivos hasta la participación en masacres en connivencia con los criminales de las AUC. Para el caso del evidente y aplaudido connubio entre las Fuerzas Militares y las AUC hay que señalar que los altos oficiales implicados, sindicados o señalados (Yanine Díaz y Rito Alejo del Río, para nombrar solo dos) generaron una política de acompañamiento, de colaboración y participación en masacres que llevarían el sello de las autodefensas que muy pocos subalternos decidieron denunciar, y que por acción u omisión, terminaron apoyando la acción paraestatal. De ello, por lo tanto, son culpables todos aquellos militares que no denunciaron las relaciones entre oficiales y suboficiales con los líderes de las autodefensas.
El trabajo sucio es una práctica propia en regímenes políticos que desconocen el estado social de derecho, buscando con ello eliminar contradictores políticos y posibles simpatizantes de grupos armados ilegales no afectos a quienes fungen como perseguidores. Colombia es el mejor ejemplo y desde distintas esferas de la sociedad civil se apoyan este tipo de prácticas delictivas. Pues bien, el trabajo sucio lo hicieron, sin duda, los paramilitares en masacres como la de Mapiripán, para citar solo un ejemplo, mientras que los militares esperaban sentados el desarrollo de los operativos.
Hay un elemento clave que debe mirarse para comprender el por qué dichos casos se presentan y presentaron al interior del ejército, especialmente en acciones propias de la llamada delincuencia común e incluso, aquellas llevadas a cabo de manera conjunta con los paramilitares. Este elemento tiene que ver con la ‘profesionalización’, esto es, la contratación de soldados ‘profesionales’, que en muchos casos descubren un escenario complejo y preocupante hacia futuro: la dependencia de verdaderos mercenarios para poder ganar la guerra interna. Por un lado va quien se pone el uniforme convencido de servir a la patria con fervor, disciplina y apego a la constitución y a la ley; y por el otro, quien se viste de ‘camuflado’ para solucionar un problema de subsistencia o porque es feliz viendo correr sangre en quienes señala previamente como sus opositores.
Es común en estos soldados ‘profesionales’ incumplir con rituales como saludar a la bandera, o a un oficial superior, e incluso formar para ejercicios del llamado ‘orden cerrado’; y ya en los escenarios de la guerra, la obediencia debida queda en entre dicho justamente por que el carácter de mercenarios no les permite discernir entre lo correcto y lo incorrecto.
Ya Nicolás Maquiavelo había hecho referencia a los riesgos en los que podría caer el Príncipe si decidía contar con la ayuda de mercenarios para defender el Estado. Leamos con atención la cita textual tomada de la obra de Maquiavelo, teniendo claro que las circunstancias contextuales son distintas tanto para la Colombia de hoy, como para la Italia de la época.
“…Empero las armas con que un Príncipe defiende su Estado pueden ser tropas propias, o mercenarias, o auxiliares, o mixtas, y me ocuparé por separado de cada una de ellas. Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas. Si un Príncipe apoya su Estado en tropas mercenarias, no se hallará seguro nunca, por cuanto esas tropas, carentes de unión, ambiciosas, indisciplinadas, infieles, fanfarronas en presencia de los amigos y cobardes frente a los enemigos, no tienen temor de Dios, ni buena fe con los hombres. Si un Príncipe, con semejantes tropas, no queda vencido, es únicamente cuando no hay todavía ataque. En tiempo de paz despojan al Príncipe, y, en el de guerra, dejan que le despojen sus enemigos…”[3]
La advertencia de Maquiavelo la dejo como inquietud para quienes se sienten cercanos, desde la investigación académica, a los asuntos de seguridad nacional asociados al funcionamiento de las fuerzas militares.
De otro lado, Colombia no se ha puesto a pensar en la salud mental de sus soldados ‘profesionales’ y de todos aquellos que se internan varios meses en la manigua persiguiendo a los criminales de las Farc. Este es un asunto pendiente del que muy pronto habrá hechos que lamentar. Es cuestión de esperar.
En lo que toca a los falsos positivos es claro que la presión que ejerce el Presidente en las tropas los puede llevar a que miembros de las fuerzas oficiales busquen el camino más fácil: desaparecer civiles, uniformarlos y hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate. En las claras y evidentes presiones del Ejecutivo se ponen en juego ascensos, despidos, traslados forzados e incluso el reconocimiento por los buenos servicios prestados.
Es posible que a la mencionada presión se sume los incentivos que se ofrecen en el Decreto 1400 del 05 mayo de 2006 por el cual se crea la Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional (BOINA); es posible que dicho decreto termine presionando a los miembros de la fuerza pública en la búsqueda de beneficios económicos, buscando, a toda costa, ofrecer positivos.
El artículo 2o. OPERACIONES DE IMPORTANCIA NACIONAL señala que para efectos del presente decreto, "se consideran de importancia nacional aquellas operaciones en las cuales se logre la captura de los cabecillas de los niveles I y II que se encuentran determinados en la Directiva expedida por el Ministro de Defensa Nacional." En el parágrafo del artículo 1 se lee: “esta bonificación podrá ser otorgada a una misma persona tantas veces cuantas se haga acreedora a ella, por participación en operaciones de importancia nacional.”[4]
¿Quién controla el manejo de esos dineros; tiene la Procuraduría General de la Nación los instrumentos para vigilar los manejos de dichos recursos? Son preguntas que muy seguramente no se hacen en los controles internos de las instituciones comprometidas.
Lo cierto es que genera terror lo que está pasando en las instituciones armadas del Estado. La primera consecuencia es que se pierde la confianza del ciudadano justamente en quienes están para defender su vida y su honra.
[1] WALDMANN, Peter. Guerra civil, terrorismo y anomia social, el caso colombiano en un contexto globalizado. Bogotá: Norma- Vitral – Konrad Adenauer Stiftung, 2007. p. 226- 227.
[2] La alusión a estas dos fuerzas no significa que actos corrupción no se hayan presentado en la fuerza aérea o en la Armada Nacional.
[3] MAQUIAVELO, Nicolás. El Príncipe. Bogotá: Panamericana Editorial, 2007. p. 93-94.
[4] DECRETO 1400 DE 2006. Departamento Administrativo de la función pública de la República de Colombia. Firmado por Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera; ministro de la Defensa, Camilo Ospina Bernal; director del DAS, Andrés Mauricio Peñate Giraldo, y el director del departamento administrativo de la función pública, Fernando Grillo Rubiano.
1 comentario:
Muy bien utilizada la advertencia de Maquiavelo.
Gracias Germán
Blanca
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