Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Lo sucedido en Ecuador, más allá de si se trató de un planeado golpe de Estado, orquestado por un sector de la oposición representado por el ex presidente y ex militar Lucio Gutiérrez, pone de presente varios hechos.
Uno de ellos tiene que ver con el descontento de la fuerza policial por una ley de Servicio Público que desmonta privilegios de quienes portan el uniforme y en general los funcionarios del Estado. Pero pone de presente otro, mucho más complejo que tiene que ver con la necesidad misma que tiene la sociedad de contar con fuerzas militares que hagan viable la democracia, sin que ello implique el uso de la violencia.
Cuando la democracia se sostiene en ventajas salariales y exagerados privilegios de las fuerzas armadas, dicho régimen no sólo queda sometido a futuras pretensiones de las fuerzas uniformadas, sino que siempre estará en peligro de colapsar, justamente cuando un Presidente intente tocar y desmontar las prerrogativas bajo las cuales militares y policías aceptan defender la democracia.
Allí está un problema natural y que no es exclusivo de las democracias latinoamericanas: confiar la democracia a individuos que son formados en los cuarteles bajo principios como la obediencia debida, que sujeta la voluntad y mata la libertad de conciencia. Individuos formados para violentar la opinión contraria en el contexto de unas instituciones militares conservadoras, de clara estirpe antiliberal, que invisibilizan o eliminan interlocutores para dirimir las diferencias.
Es una contradicción natural que pocos ponen de presente pues las guerras entre Estados y los conflictos internos siempre están presentes como una posibilidad, porque detrás de éstos aparece el gran negocio de las armas y el poder incontrolable de las empresas multinacionales y de grandes corporaciones fabricantes de armas.
Por la misma condición humana, compleja y ambigua, la democracia no ha sido entendida como un régimen de gobierno y como una óptima forma de vida social, política, cultural y económica, en la que sea posible el disenso y el diálogo, como escenarios en los que es posible no sólo perder y ceder poder, sino en los que se puede determinar la derrota de mis argumentos. En especial, cuando dichos argumentos apuntan al mejoramiento de condiciones de vida para amplias mayorías.
Bien vale la pena que lo sucedido hace unas horas en el Ecuador, así como lo acontecido recientemente en Honduras y un poco más lejos en el tiempo en Venezuela, sirva para discutir, con claridad, cuál debe ser el papel y el lugar de las fuerzas armadas en el contexto democrático. Y ello pasa por revisar el tipo de formación que reciben los militares en las escuelas, así como su real sometimiento al poder civil, basado éste en la comprensión de la democracia como referente de vida buena para todos y no en las exageradas prebendas que un Presidente les asegure para mantener el orden democrático y constitucional.
En Colombia se repite con cierto orgullo que las fuerzas armadas han observado un histórico respeto por el orden democrático, hecho que les ha merecido reconocimiento internacional. Salvo el golpe de Rojas Pinilla, las fuerzas armadas en su conjunto han demostrado sumisión al poder civil, pero ello no ha sido óbice para que ellas mismas hayan colaborado a la construcción y legitimación de prácticas de mano dura en diferentes gobiernos.
Por ejemplo, lo sucedido con la retoma del Palacio de Justicia, durante la administración de Belisario Betancur Cuartas, puso de presente la forma irracional y anti democrática con la que actuaron las fuerzas militares en ese específico escenario. También huelga recordar el papel intimidatorio que las fuerzas militares jugaron durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, en el que sirvieron con honores a los objetivos trazados en el Estatuto de Seguridad: perseguir a opositores, violar libertades ciudadanas y de asociación, así como a ideólogos y simpatizantes de las guerrillas. Y no podemos olvidar las actuaciones de miembros de las fuerzas militares durante el gobierno de Uribe, en el que por lo menos 1.800 personas fueron asesinadas, casos que se conocen como ‘falsos positivos’, pero que deben reconocerse como delitos de lesa humanidad.
Recordar hoy estos casos sirve para reconocer que hemos tenido en Colombia gobiernos que han sido incapaces de imponer a la óptica castrense, el orden civil y democrático, bien porque su legitimidad ha sido cuestionada por amplios sectores de la sociedad civil o porque hay una exagerada admiración y respeto (miedo) en Mandatarios que prefieren entregar prebendas (premios, el pago de primas especiales y una exaltación permanente, entre otros) a los militares y policías, escondiendo en esa actitud y decisión problemas serios de legitimidad y de capacidad para imponerse ante el poder intimidatorio de las armas.
Aquellos gobiernos, especialmente latinoamericanos, que se dicen democráticos y que han aumentado no sólo los privilegios de las fuerzas militares, sino el número de efectivos, poco hacen para profundizar la democracia. Por el contrario, vienen construyendo tipos de democracia en las que siempre habrá el riesgo latente de violación de derechos y de reducción de garantías constitucionales. No serán nunca reales democracias, pues sus funcionamientos y sus dinámicas estarán siempre sujetos no sólo al sostenimiento de prebendas para los uniformados, sino al poder de las armas, el cual siempre estará presto para imponerse al poder civil y al bienestar individual y general.
Anoche el Presidente Correa fue rescatado por el ejército ecuatoriano, lo que significó el enfrentamiento con miembros de la Policía de ese mismo país. El orden democrático y constitucional, representado en la dignidad presidencial, fue mantenido gracias a la decisión presidencial de decretar el estado de excepción, pero especialmente gracias a la acción del comando del ejército que lo rescató del hospital donde se encontraba, al parecer, privado de su libertad. Otra deuda más que adquiere la democracia ecuatoriana con quienes ostentan las armas. De esta forma, se profundizan aún más los riesgos de una contradicción natural de la democracia: la existencia y el papel a jugar por las fuerzas militares.
Lo sucedido en Ecuador, más allá de si se trató de un planeado golpe de Estado, orquestado por un sector de la oposición representado por el ex presidente y ex militar Lucio Gutiérrez, pone de presente varios hechos.
Uno de ellos tiene que ver con el descontento de la fuerza policial por una ley de Servicio Público que desmonta privilegios de quienes portan el uniforme y en general los funcionarios del Estado. Pero pone de presente otro, mucho más complejo que tiene que ver con la necesidad misma que tiene la sociedad de contar con fuerzas militares que hagan viable la democracia, sin que ello implique el uso de la violencia.
Cuando la democracia se sostiene en ventajas salariales y exagerados privilegios de las fuerzas armadas, dicho régimen no sólo queda sometido a futuras pretensiones de las fuerzas uniformadas, sino que siempre estará en peligro de colapsar, justamente cuando un Presidente intente tocar y desmontar las prerrogativas bajo las cuales militares y policías aceptan defender la democracia.
Allí está un problema natural y que no es exclusivo de las democracias latinoamericanas: confiar la democracia a individuos que son formados en los cuarteles bajo principios como la obediencia debida, que sujeta la voluntad y mata la libertad de conciencia. Individuos formados para violentar la opinión contraria en el contexto de unas instituciones militares conservadoras, de clara estirpe antiliberal, que invisibilizan o eliminan interlocutores para dirimir las diferencias.
Es una contradicción natural que pocos ponen de presente pues las guerras entre Estados y los conflictos internos siempre están presentes como una posibilidad, porque detrás de éstos aparece el gran negocio de las armas y el poder incontrolable de las empresas multinacionales y de grandes corporaciones fabricantes de armas.
Por la misma condición humana, compleja y ambigua, la democracia no ha sido entendida como un régimen de gobierno y como una óptima forma de vida social, política, cultural y económica, en la que sea posible el disenso y el diálogo, como escenarios en los que es posible no sólo perder y ceder poder, sino en los que se puede determinar la derrota de mis argumentos. En especial, cuando dichos argumentos apuntan al mejoramiento de condiciones de vida para amplias mayorías.
Bien vale la pena que lo sucedido hace unas horas en el Ecuador, así como lo acontecido recientemente en Honduras y un poco más lejos en el tiempo en Venezuela, sirva para discutir, con claridad, cuál debe ser el papel y el lugar de las fuerzas armadas en el contexto democrático. Y ello pasa por revisar el tipo de formación que reciben los militares en las escuelas, así como su real sometimiento al poder civil, basado éste en la comprensión de la democracia como referente de vida buena para todos y no en las exageradas prebendas que un Presidente les asegure para mantener el orden democrático y constitucional.
En Colombia se repite con cierto orgullo que las fuerzas armadas han observado un histórico respeto por el orden democrático, hecho que les ha merecido reconocimiento internacional. Salvo el golpe de Rojas Pinilla, las fuerzas armadas en su conjunto han demostrado sumisión al poder civil, pero ello no ha sido óbice para que ellas mismas hayan colaborado a la construcción y legitimación de prácticas de mano dura en diferentes gobiernos.
Por ejemplo, lo sucedido con la retoma del Palacio de Justicia, durante la administración de Belisario Betancur Cuartas, puso de presente la forma irracional y anti democrática con la que actuaron las fuerzas militares en ese específico escenario. También huelga recordar el papel intimidatorio que las fuerzas militares jugaron durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, en el que sirvieron con honores a los objetivos trazados en el Estatuto de Seguridad: perseguir a opositores, violar libertades ciudadanas y de asociación, así como a ideólogos y simpatizantes de las guerrillas. Y no podemos olvidar las actuaciones de miembros de las fuerzas militares durante el gobierno de Uribe, en el que por lo menos 1.800 personas fueron asesinadas, casos que se conocen como ‘falsos positivos’, pero que deben reconocerse como delitos de lesa humanidad.
Recordar hoy estos casos sirve para reconocer que hemos tenido en Colombia gobiernos que han sido incapaces de imponer a la óptica castrense, el orden civil y democrático, bien porque su legitimidad ha sido cuestionada por amplios sectores de la sociedad civil o porque hay una exagerada admiración y respeto (miedo) en Mandatarios que prefieren entregar prebendas (premios, el pago de primas especiales y una exaltación permanente, entre otros) a los militares y policías, escondiendo en esa actitud y decisión problemas serios de legitimidad y de capacidad para imponerse ante el poder intimidatorio de las armas.
Aquellos gobiernos, especialmente latinoamericanos, que se dicen democráticos y que han aumentado no sólo los privilegios de las fuerzas militares, sino el número de efectivos, poco hacen para profundizar la democracia. Por el contrario, vienen construyendo tipos de democracia en las que siempre habrá el riesgo latente de violación de derechos y de reducción de garantías constitucionales. No serán nunca reales democracias, pues sus funcionamientos y sus dinámicas estarán siempre sujetos no sólo al sostenimiento de prebendas para los uniformados, sino al poder de las armas, el cual siempre estará presto para imponerse al poder civil y al bienestar individual y general.
Anoche el Presidente Correa fue rescatado por el ejército ecuatoriano, lo que significó el enfrentamiento con miembros de la Policía de ese mismo país. El orden democrático y constitucional, representado en la dignidad presidencial, fue mantenido gracias a la decisión presidencial de decretar el estado de excepción, pero especialmente gracias a la acción del comando del ejército que lo rescató del hospital donde se encontraba, al parecer, privado de su libertad. Otra deuda más que adquiere la democracia ecuatoriana con quienes ostentan las armas. De esta forma, se profundizan aún más los riesgos de una contradicción natural de la democracia: la existencia y el papel a jugar por las fuerzas militares.
Nota: no hago distinción entre fuerzas armadas y de policía. Las primeras cuerpos armados destinados a tareas de defensa territorial, y los segundos, fuerza civil, aunque porta armas. y no hago la distinción por cuanto la existencia de fuerzas que porten armas, así su uso no sea defender instituciones jurídico-políticas, siempre serán un riesgo para la democracia y para los ciudadanos.
Este artículo fue publicado en Aula & Asfalto, espacio académico del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Central de Bogotá, edición 207 de octubre de 2010.
1 comentario:
Hola Uribito:
Creo que desde el comienzo confundes dos conceptos jurídicos y de facto diferentes: la Policía con las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército. La Policía, en el planeta tierra, es un cuerpo civil cuya función es la preservación de la salubridad, tranquilidad y moralidad ciudadanas, en tanto que las Fuerzs Armadas son un cuerpo cuya finalidad es la defensa de la sobernía y las instituciones jurídico-políticas que de ella surgen. Por esto, quienes "rescataron" al presidente fue el Ejército, que sí es fuerza armada.
Si la Policía es un cuerpo civil, su reglamentación debe, necesriamente, obedecer a la ley civil o "función pública", porque las Fuerzs Armadas tiene un régimen especial.
No obstante lo anterior, creo que lo fundamental de tu texto es la parte final, en el sentido de que la existencia de estas fuerzas constituyen una insalvable paradoja democrática, por demás democrática que no ha sido solventada y, ello la conduce a defenderse usándola o, por el contrario, dando más libertades, lo que a la postre podría llevarla a desaparecer. Aún los griegos vivieron esta perplejidad fáctica.
Luisf.
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