EN COLOMBIA NO HAY ESTADO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

De tiempo atrás se señala, se reconoce y se habla de la precariedad y de la labilidad del Estado colombiano. También se reconoce que tanto fuerzas del mercado, como élites de poder, naturalizan de tal forma la debilidad del Estado colombiano, que insisten en someterlo aún más a los siempre mezquinos intereses de grandes empresarios y banqueros, articulados como nunca al sistema financiero internacional.

Los desastres ambientales que ya se evidencian al paso incontrolado de la locomotora minero-energética del Gobierno de Santos, son una muestra clara y fehaciente de la inexistencia del Estado colombiano. Es tal la incapacidad para controlar las fuerzas explotadoras y expoliadoras de las riquezas del subsuelo nacional, que desde varios sectores económicos, políticos y sociales se declara que no hay Estado en Colombia.

Y lo cierto es que no hay Estado. Y no hay Estado no sólo por la evidente inexistencia de una institucionalidad ambiental capaz de ponerle límites a las actividades mineras, legales e ilegales, que viene aupando y permitiendo el Gobierno de Santos, sino porque los colombianos, los empresarios y otros actores económicos, sociales y políticos no lo han interiorizado como referente moral y político, como un orden necesario para hacer que la Nación recorra, por fin, caminos civilizados que le entreguen legitimidad a su presencia y a sus acciones.

Si aceptamos la tesis de que no hay Estado, entonces, ¿qué hay en Colombia? Hay gobernantes y gobiernos que administran una metáfora, una idea, un imaginario y  un concepto. Se administran unos recursos y una infraestructura y quizás una suerte de actividades simbólicas y fácticas que dan sentido y carácter de Estado a unas acciones y decisiones que claramente se toman desde intereses de Gobiernos y gobernantes que poco hacen para contrarrestar la debilidad del Estado. Gobiernos que ante las exigencias de la actual etapa de la globalización, se constituyen no en garantes de los intereses del Estado y de la sociedad, sino en negociadores óptimos, flexibles y eficientes que permiten la difusión e incursión de los agentes del mercado hasta donde sea posible en el país y su territorio.

Y para ello se valen de las fuerzas armadas para imponer un orden coyuntural sobre el que no existe la más mínima intención y pretensión de hacerlo perenne. Igualmente, se apoyan en la tradición y en diversas fuerzas de poder político y económico que hacen posible que los nacionales de este país confíen en que de verdad existe el Estado, como un tipo de orden capaz de garantizar condiciones dignas de vida para todos.

Presidentes, gobernadores y alcaldes fungen como autoridades estatales, pero actúan como mandos regionalizados, territoriales y lo más preocupante, sin la legitimidad necesaria que les permita, entre ellos, edificar y consolidar un solo referente de Estado, desde el cual se emane un ethos político que guíe los encuentros discursivos  y las prácticas cotidianas de quienes comparten, en medio de notables diferencias, una idea de Nación. 

 Así las cosas, el Estado colombiano es una fuerza ficticia que actúa de manera centrífuga, lo que se traduce en la incapacidad de convocar y de atraer a los ciudadanos, a empresarios, militares, banqueros y en general a la sociedad civil para construir, entre todos, un país posible en el que se brinden condiciones de vida digna para todos.

Un Estado así, envía mensajes confusos y equívocos a sus ciudadanos, que tienden, de esta forma, a actuar de acuerdo con parámetros, principios y valores sobre los cuales fincan sus intereses individuales, dejando de lado y haciendo casi imposible edificar maneras consensuadas de actuar con las que claramente se limiten y se pongan frenos a los ímpetus de quienes actúan, de manera natural y naturalizada, desde un interés particular.

En estos momentos el país y su biodiversidad están en manos de empresas nacionales y multinacionales mineras que de manera legal e ilegal explotan oro, carbón, ferroníquel, coltán y otros recursos del subsuelo. Se suman a este escenario de dominación y de extracción, guerrilleros, paramilitares y bandas criminales y la fantasmal presencia de la Fuerza Pública, todos y cada uno de ellos aupando intereses particulares y de gobierno, alejados, claro está, de un referente de orden colectivo.

Se hace aún más complejo el panorama para Colombia cuando miramos las realidades regionales. La nación y un país de regiones como el nuestro, que ha sido ‘obligado’ a vivir bajo una idea de Estado centralizado y que ha fracasado como orden territorial, social y como símbolo de unidad nacional. Un país que apenas si logra ocultar el carácter fragmentado con el cual se ordenó el territorio, corre el riesgo de que aparezcan sectores que sueñen con la posibilidad de una guerra de secesión o, por el contrario, que se consolide el funcionamiento desunido y separado de un orden que exhibe inmensas grietas y ficticios parámetros de vida pública.