COMUNICADO CIER
FRENTE AL DESASTRE AMBIENTAL
El Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región del Pacífico Colombiana -CIER- considera indispensable hacer pública una opinión sobre uno de los aspectos que se tocó en la instalación de la Mesa de Negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc, que tiene que ver con la explotación económica del medio ambiente y su impacto sobre la sostenibilidad y bienestar de la sociedad colombiana.
Este tema ha sido planteado desde hace un tiempo por prestigiosos columnistas nacionales, provenientes del medio académico. También se hizo explícito en el Informe Nacional de Desarrollo Humano “Razones para la Esperanza” (Pnud, 2011), e igualmente ha sido denunciado con coraje por la Contralora General de la República. El tema fue retomado en la presentación de las Farc y se resume en la idea, de unos y de otros, según la cual “Colombia está al borde de un desastre ambiental”.
En el Plan de Desarrollo, el Gobierno no sopesó los impactos sociales y ambientales que podía tener la llamada locomotora minero-energética, que está jalonado el crecimiento del producto, en medio de una creciente desigualdad. Es importante tener en cuenta que la locomotora viene funcionando, acogida a una modalidad de desarrollo cuestionable que se puede caracterizar como un enclave minero contemporáneo. En pocas palabras, se ha autorizado legalmente la extracción de minerales por empresas multinacionales, con una alta rentabilidad para éstas, pero con reducidas regalías para la nación, exportando los minerales sin valor agregado alguno en el país, generando un empleo reducido, en medio de una población en situación de pobreza y con un impacto negativo irreversible sobre el medio ambiente.
La Contraloría General de la República ha llamado la atención, recientemente, sobre el caso de la renovación del contrato de Cerromatoso. Denuncia que la explotación del ferroníquel no cuenta con una licencia ambiental y que aquella otorgada en 1982 se queda corta ante los requerimientos ambientales mucho más exigentes hoy en día. Firmar un nuevo contrato, sin estas exigencias, puede llevar a un acto ilegal. La situación particular de Cerromatoso, con un contrato que no llena los requisitos legales, en cuanto al pago de regalías y los requisitos ambientales, se puede generalizar para las contrataciones que se están haciendo a lo largo y ancho de la geografía nacional, con diversas compañías, muchas de ellas multinacionales, con la explotación del carbón, del oro, del petróleo, del coltán, entre otros.
Esta situación remite a la debilidad estatal para controlar y regular en beneficio colectivo la explotación de los recursos naturales. Con la creación del Ministerio del Medio Ambiente y la reorganización del Sistema Nacional Ambiental, SINA (Ley 99 de 1993), Colombia no sólo ratificó su respaldo a la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), sino que creó una serie de instituciones y procedimientos tendientes a proteger, conservar y aprovechar de maneras sostenible los recursos y las ventajas comparativas ambientales que un país biodiverso ofrece. Pero, lo que ha venido sucediendo en el país, especialmente en lo corrido del presente siglo, es el desmonte progresivo de la institucionalidad ambiental, dejando el manejo y aprovechamiento del medio ambiente como un asunto marginal, sin tener en cuenta su impacto social territorial, con tal de favorecer la explotación y exportación del mineral. Incluso, en zonas biodiversas, como en el Chocó Biogeográfico, en donde existen experiencias de titulación colectiva (Ley 70 de 1993), se han puesto en práctica concesiones sin mayor control estatal ambiental.
En estos momentos Colombia asiste al boom de la minería, en especial del oro, con graves consecuencias socio-ambientales y en medio de la presencia de actores armados, también de la guerrilla, al igual que otras bandas criminales que tienen intereses económicos en el negocio, en medio del conflicto armado. El panorama de la bonanza minera es complejo y muchos la califican como ‘bonanza maldita’.
Ante las difíciles y complejas realidades que la minería muestra y de manera más general, ante las nefastas consecuencias ambientales y sociales de un modelo de enclave extractivo que viene imponiéndose, el CIER propone a la opinión pública en general, al Gobierno, a los miembros de la mesa de negociación de Paz, con referencia específica al tema de la tierra y del territorio, así como al medio académico, los siguientes puntos en relación con la explotación minera en Colombia:
1. La afirmación que en Colombia existen territorios que deben estar excluidos de cualquier explotación minera. Se trata de territorios, como los páramos, los bosques de la amazonía, los bosques primarios andinos y del Pacífico que se deben preservar para beneficio de la humanidad.
2. El reconocimiento que la actividad y la explotación minera es posible en un país como Colombia, pero bajo claro control estatal y dentro de parámetros de beneficio económico, social y de sostenibilidad ambiental.
3. La aceptación de la existencia de varias modalidades de explotación minera, siempre y cuando sean ambientalmente sostenibles. Pueden presentarse casos puntuales y justificables de gran minería. Pero no es aceptable su funcionamiento bajo el modelo regresivo de un enclave minero. La retribución a la nación y a la sociedad local debe ser justa y equitativa de parte de las grandes empresas. El daño ambiental debe ser subsanable y no contradictorio con la sostenibilidad ambiental regional y nacional.
4. Un llamado de atención sobre la legitimación implícita de la minería de enclave que conlleva la diferenciación entre minería legal e ilegal. El estado ha sido débil en el control de los más poderosos, para los que se ha legislado. En perspectiva, la institucionalidad estatal debe cubrir toda la actividad minera. Sin embargo, hoy en día se busca sacar del negocio a medianos y pequeños mineros que no tienen las licencias necesarias. Es indispensable legalizarlos, controlando también los efectos sociales y ambientales de su actividad. En algunos casos, la actividad no se podrá desarrollar. En otros, por el contrario se puede proceder, seguramente con mayores beneficios que los que puede proveer la actividad minera alternativa de una gran explotación empresarial.
5. Responder a la necesidad de fortalecer todo el sistema institucional encargado del control ambiental y territorial en Colombia, en particular desmontar la redes clientelares de las CAR.
6. Atención, escucha, respeto y reparación para las comunidades tanto por parte del Estado así como por parte de corporaciones nacionales y globales, que agencian procesos extractivos que dejan evidentes y fuertes impactos socio ambientales.
7. Un llamado a la sociedad civil y en especial a las organizaciones ambientales y las instituciones académicas e investigativas de todo el país, para que sean vigilantes y veedores de los proyectos de exploración y explotación.
En el marco de lo afirmado anteriormente, el CIER no considera que la actividad minera deba excluirse de la política estatal de desarrollo per se, así como de los acuerdos que con ella se hagan en el contexto nacional. Pero, los territorios escogidos para la minería deben ser aptos para el desarrollo de dicha actividad, según criterios técnicos y ambientales. La actividad sólo se puede desarrollar siempre y cuando se aseguren procesos de mitigación y prevención de desastres y, ante todo, se tenga en cuenta el beneficio para la población circundante y para la nación.
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