Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Con la cacareada y al parecer fallida intención de demandar al Estado, por parte de Ingrid Betancur, bien vale poner sobre la mesa varios elementos alrededor de la situación planteada en torno a la responsabilidad que le cabe al Estado en el secuestro de la ex candidata presidencial y en el de los uniformados retenidos por las Farc.
Le cabe responsabilidad al Estado cuando es incapaz de salvaguardar la vida y la honra de sus asociados. Y es claro que el Estado colombiano no está en capacidad de garantizarnos la vida, ni siquiera con la ‘exitosa’ política de seguridad democrática. Todos sabemos que en cualquier momento podemos ser víctimas bien de fuerzas ilegales como paras, nuevos paras y guerrillas, como de organizaciones delincuenciales que hacen presencia en cada esquina de nuestras ciudades.
En varias de las circunstancias que rodearon el secuestro de policías e, incluso, el de la propia señora Betancur, aparece dicho factor de responsabilidad estatal. Miremos por ejemplo los casos de los soldados y policías que cayeron en manos de las Farc defendiendo bases y puestos de policía. La reacción tardía para responder a los descomunales ataques, como el que se produjo en la toma a Miraflores, es un elemento que claramente establece la responsabilidad del Estado, en cabeza de los comandantes militares, por no prever y proveer a tiempo los mecanismos, la infraestructura y la capacidad de reacción frente a un reconocido enemigo. Querer servir a la Patria no exime de responsabilidades a los comandantes, por el contrario, por su investidura, son mayores las competencias y los compromisos que deben tener frente a sus subalternos.
La presencia de uniformados en bases, en cerros alejados y en zonas escarpadas, entre otras características, debe estar soportada en una muy buena preparación mental y física de los soldados y policías, acompañadas de armamento suficiente para repeler ataques feroces como los que se presentaron en el cerro Patascoy y en la propia base de Miraflores. De igual manera, se debe contar con equipos para una reacción inmediata ante el hostigamiento del enemigo. Muchos de estos elementos fallaron en esos dos ataques, lo que facilitó la toma de rehenes por parte de las Farc.
Para el caso de los diputados del Valle del Cauca es evidente que la seguridad falló y la responsabilidad recae en la fuerza pública que debió y debe custodiar corporaciones importantes para el funcionamiento de la democracia y del propio Estado. El secuestro se pudo haber evitado con un plan de seguridad que por lo menos no facilitara la tarea de los guerrilleros que se llevaron con toda tranquilidad a los diputados de su recinto.
En la propuesta de conciliación, con miras a iniciar una demanda contra el Estado, Ingrid Betancur expone que hubo responsabilidad del Estado, en cabeza de quienes no le impidieron viajar a San Vicente del Caguán, señalándole apenas que correría riesgos de hacer un viaje por tierra hacia ese lugar. No basta con indicar que hay un peligro. El oficial a cargo debió impedir el paso de la entonces ex candidata presidencial, pues la responsabilidad del Estado se puso de manifiesto desde el primer momento en que se le negó el traslado en helicóptero, lo que dejaba entrever un riesgo inminente en dicha zona, que se confirmó al recomendarle que no continuara el viaje por tierra.
La exagerada respuesta mediática hacia la actitud y decisión de Betancur de exigir indemnización por los años perdidos en la selva, no puede servir para ocultar que efectivamente el Estado colombiano es responsable no sólo del secuestro de Betancur, sino de cada uno de los militares y policías liberados y retenidos aún por el grupo armado ilegal, así como es responsable por la muerte de ciudadanos que mueren a diario porque el propio Estado no guarda para sí el monopolio de la fuerza.
No se puede borrar la responsabilidad del Estado por el sólo hecho de que los plagiados fueron liberados. Parte de la responsabilidad está en hacer todo lo que esté a su alcance para que regresen al seno de sus familias los secuestrados, pero ello no anula el hecho de que los plagios se produjeron por fallas en el servicio, o en respuestas tardías, como en el caso de las tomas a las mencionadas bases militares.
Por un lado va el manejo personal que Ingrid le dio a su relación con el gobierno de Uribe, con las fuerzas militares y la que estableció con los propios medios de comunicación y la opinión pública y por el otro, va la incompetencia de los organismos del Estado para hacer cumplir la ley y salvaguardar la vida de todos los asociados.
Quizás ayude en estos casos que los funcionarios estatales entiendan que tienen el deber de prestar servicios eficientes y dar solución pronta a las demandas de los ciudadanos, entre ellas, la de asegurar el cumplimiento del derecho a la vida.
El espectáculo mediático montado por Caracol, RCN y la W, entre otros, poco ayuda a que los ciudadanos entiendan que aceptar casi de manera natural la autoridad del Estado significa que tenemos el deber de cumplir con la constitución y la ley, pero también el derecho de exigirle al Estado que cumpla con sus deberes. Pretender demandar al Estado no puede entenderse como una acción propia de apátridas o de insensatos. Otro asunto es que la demanda prospere y para ello el Estado tiene las herramientas para defenderse. Ojalá esta misma defensa mediática se hiciere denunciando a grupos de abogados y de funcionarios especializados en demandar al Estado y en ganar las demandas. Hay que buscar y lograr que quienes sirviendo al Estado violen los derechos de los asociados, paguen con sus propios recursos evitándose así golpear las arcas oficiales.
Baste, entonces, con recordar el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, para reconocer que cualquier ciudadano, incluida Ingrid Betancur y sus demás compañeros de cautiverio, pueden demandar al Estado cuando consideren que uno o varios de sus derechos han sido conculcados, bien por omisión o por la acción directa de un funcionario del Estado: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
Nota: Este artículo fue reproducido en la Revista Cierto, a partir del 13 de julio de 2010. http://www.revistacierto.com/, hasta el 16 de julio de 2010.
Con la cacareada y al parecer fallida intención de demandar al Estado, por parte de Ingrid Betancur, bien vale poner sobre la mesa varios elementos alrededor de la situación planteada en torno a la responsabilidad que le cabe al Estado en el secuestro de la ex candidata presidencial y en el de los uniformados retenidos por las Farc.
Le cabe responsabilidad al Estado cuando es incapaz de salvaguardar la vida y la honra de sus asociados. Y es claro que el Estado colombiano no está en capacidad de garantizarnos la vida, ni siquiera con la ‘exitosa’ política de seguridad democrática. Todos sabemos que en cualquier momento podemos ser víctimas bien de fuerzas ilegales como paras, nuevos paras y guerrillas, como de organizaciones delincuenciales que hacen presencia en cada esquina de nuestras ciudades.
En varias de las circunstancias que rodearon el secuestro de policías e, incluso, el de la propia señora Betancur, aparece dicho factor de responsabilidad estatal. Miremos por ejemplo los casos de los soldados y policías que cayeron en manos de las Farc defendiendo bases y puestos de policía. La reacción tardía para responder a los descomunales ataques, como el que se produjo en la toma a Miraflores, es un elemento que claramente establece la responsabilidad del Estado, en cabeza de los comandantes militares, por no prever y proveer a tiempo los mecanismos, la infraestructura y la capacidad de reacción frente a un reconocido enemigo. Querer servir a la Patria no exime de responsabilidades a los comandantes, por el contrario, por su investidura, son mayores las competencias y los compromisos que deben tener frente a sus subalternos.
La presencia de uniformados en bases, en cerros alejados y en zonas escarpadas, entre otras características, debe estar soportada en una muy buena preparación mental y física de los soldados y policías, acompañadas de armamento suficiente para repeler ataques feroces como los que se presentaron en el cerro Patascoy y en la propia base de Miraflores. De igual manera, se debe contar con equipos para una reacción inmediata ante el hostigamiento del enemigo. Muchos de estos elementos fallaron en esos dos ataques, lo que facilitó la toma de rehenes por parte de las Farc.
Para el caso de los diputados del Valle del Cauca es evidente que la seguridad falló y la responsabilidad recae en la fuerza pública que debió y debe custodiar corporaciones importantes para el funcionamiento de la democracia y del propio Estado. El secuestro se pudo haber evitado con un plan de seguridad que por lo menos no facilitara la tarea de los guerrilleros que se llevaron con toda tranquilidad a los diputados de su recinto.
En la propuesta de conciliación, con miras a iniciar una demanda contra el Estado, Ingrid Betancur expone que hubo responsabilidad del Estado, en cabeza de quienes no le impidieron viajar a San Vicente del Caguán, señalándole apenas que correría riesgos de hacer un viaje por tierra hacia ese lugar. No basta con indicar que hay un peligro. El oficial a cargo debió impedir el paso de la entonces ex candidata presidencial, pues la responsabilidad del Estado se puso de manifiesto desde el primer momento en que se le negó el traslado en helicóptero, lo que dejaba entrever un riesgo inminente en dicha zona, que se confirmó al recomendarle que no continuara el viaje por tierra.
La exagerada respuesta mediática hacia la actitud y decisión de Betancur de exigir indemnización por los años perdidos en la selva, no puede servir para ocultar que efectivamente el Estado colombiano es responsable no sólo del secuestro de Betancur, sino de cada uno de los militares y policías liberados y retenidos aún por el grupo armado ilegal, así como es responsable por la muerte de ciudadanos que mueren a diario porque el propio Estado no guarda para sí el monopolio de la fuerza.
No se puede borrar la responsabilidad del Estado por el sólo hecho de que los plagiados fueron liberados. Parte de la responsabilidad está en hacer todo lo que esté a su alcance para que regresen al seno de sus familias los secuestrados, pero ello no anula el hecho de que los plagios se produjeron por fallas en el servicio, o en respuestas tardías, como en el caso de las tomas a las mencionadas bases militares.
Por un lado va el manejo personal que Ingrid le dio a su relación con el gobierno de Uribe, con las fuerzas militares y la que estableció con los propios medios de comunicación y la opinión pública y por el otro, va la incompetencia de los organismos del Estado para hacer cumplir la ley y salvaguardar la vida de todos los asociados.
Quizás ayude en estos casos que los funcionarios estatales entiendan que tienen el deber de prestar servicios eficientes y dar solución pronta a las demandas de los ciudadanos, entre ellas, la de asegurar el cumplimiento del derecho a la vida.
El espectáculo mediático montado por Caracol, RCN y la W, entre otros, poco ayuda a que los ciudadanos entiendan que aceptar casi de manera natural la autoridad del Estado significa que tenemos el deber de cumplir con la constitución y la ley, pero también el derecho de exigirle al Estado que cumpla con sus deberes. Pretender demandar al Estado no puede entenderse como una acción propia de apátridas o de insensatos. Otro asunto es que la demanda prospere y para ello el Estado tiene las herramientas para defenderse. Ojalá esta misma defensa mediática se hiciere denunciando a grupos de abogados y de funcionarios especializados en demandar al Estado y en ganar las demandas. Hay que buscar y lograr que quienes sirviendo al Estado violen los derechos de los asociados, paguen con sus propios recursos evitándose así golpear las arcas oficiales.
Baste, entonces, con recordar el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, para reconocer que cualquier ciudadano, incluida Ingrid Betancur y sus demás compañeros de cautiverio, pueden demandar al Estado cuando consideren que uno o varios de sus derechos han sido conculcados, bien por omisión o por la acción directa de un funcionario del Estado: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
Nota: Este artículo fue reproducido en la Revista Cierto, a partir del 13 de julio de 2010. http://www.revistacierto.com/, hasta el 16 de julio de 2010.
7 comentarios:
Apreciado German
Cordial saludo
Muy pertinente tu reflexión, creo que este próximo gobierno esta siendo observado por los 40 millones de Colombianos y ante todo por la comunidad internacional, son muchos los retos, lo que tu planteas, además el manejo del impacto ambiental que deja el proceso del carbón en Santa Marta, creo que no se ha medido, por otro lado será que este nuevo gobno políticamente le apostara a una nueva reforma agraria?, donde según Stiglitz premio Nóbel de economía, la reforma debe apostarle a grabar con impuestos las tierras improductivas, ociosas, gran tarea la de Juan Camilo Restrepo. Cual es el impacto de la informalidad representada en un subempleo del 60% en Colombia¡¡¡ en términos de impuestos, de contribución al déficit fiscal, calidad de vida, seguridad social…. Muy complejo
Un abrazo
Martha V.
Hola pues Germán te digo sinceramente que Ingrid no estoy de acuerdo, y en cuanto a los policias y ejercito les darán su salario a las viudas, ese es mi punto de vista y a Ingrid nadie la mando pa ya así que se joda que pena con ella.
Saludos
Berta
Hola Uribito:
Lo anterior muestra claramente que el Estado colombiano como institución, es incipiente, premoderno y, por elllo, se le pide al gobierno que actúe paternalistamente y, a veces, hasta perfeccionistamente, lo que en un Estado de Derecho maduro y moderno no es posible.
Lo cierto es que entre más desarrollado sea un Estado, como institución, el grado de responsabilidad genérica es mayor, lo que implica que también es superior la de sus autoridades públicas y privadas.
Luis F.
Gracias por la gran información! Yo no habría descubierto esto de otra manera!
Muy buen material.
Lo que es un buen puesto. Me encanta la lectura de estos tipos o artículos. Puedo? Esperar a ver lo que otros tienen que decir.
Como novato, siempre estoy buscando en línea para los artículos que me puede ayudar. Gracias Wow! ¡Gracias! Siempre quise escribir en mi sitio algo así. ¿Puedo tomar parte de tu post en mi blog?
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