Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La denuncia que hizo Colombia ante la OEA alrededor de la presencia de guerrilleros farianos en territorio venezolano, debe servir para que el entrante gobierno de Colombia entienda que efectivamente hay un nuevo contexto en esta parte del continente, que debe no sólo conocer, sino respetar, tolerar y aprender a convivir con él.
El giro a la izquierda de varios países de la región y la evidente toma de distancia del poder hegemónico de los Estados Unidos, de alguna manera señalan el surgimiento de un nuevo contexto que muchos lo han calificado de guerra fría, que para bien o para mal, necesita de una postura moderada por parte de Colombia.
La insulsa y tímida reacción de la OEA, en cabeza de su Secretario General, da a pensar que por encima de las denuncias de Colombia, los países miembros de dicho organismo reaccionan en la medida en que los intereses de cada nación así se los permite. Por eso no se logró que se condenara a Venezuela en la OEA y todo quedó en llamados al diálogo y a la búsqueda de soluciones concertadas.
Y la respuesta se dio en ese sentido porque hay intereses económicos de los Estados Unidos, de Brasil, de Argentina y del resto de países de América Latina, que giran en torno a las riquezas petroleras y gasíferas de Venezuela. Existen, además, proyectos energéticos y convenios de cooperación, así como afinidades ideológicas que impiden que la denuncia de Colombia genere un rechazo unánime de todos los miembros de la OEA.
Dicho organismo hace rato viene en crisis, razón suficiente para que el nuevo gobierno de Colombia entienda que ni la OEA y menos aún, Unasur, son escenarios de solución a las peticiones y demandas que el país viene presentando de tiempo atrás.
A la internacionalización del conflicto armado lograda por Pastrana hay que ponerle límites. Uribe intentó por todos los medios darle un sentido subregional, al involucrar a países vecinos en la forma como deben cooperar, como deben mirar y como deben actuar ante el problema de seguridad nacional que enfrentamos desde hace varias décadas. Ese es un camino peligroso que sólo beneficia a los war lord que deambulan por todo el mundo buscando conflictos bélicos para poner a jugar las variables de un jugoso y atractivo negocio: la guerra. Y en ese asunto los medios de comunicación han servido a los intereses de empresas y empresarios interesados en desatar una guerra con Venezuela o en su defecto, lograr darle un carácter regional al conflicto armado interno de Colombia.
Santos no puede caer en la trampa de exigirles a sus vecinos, ideológicamente distintos, que rechacen, controlen o combatan a las Farc. La primera tarea que debe hacer el Estado colombiano es controlar sus fronteras internas, ganarse la confianza y el respeto de los ciudadanos que conviven en zonas de frontera, es decir, debe hacerse legítimo.
Posteriormente, convenir con sus vecinos las formas en que pueden coadyuvar, pero no a través de la imposición. La existencia de grupos armados al margen de la ley sigue siendo un problema interno que aísla aún más a Colombia y la aleja de las simpatías del vecindario. Y es peor el panorama para el país, por la entrega de 7 bases militares a los gringos para que desde allí se realicen actividades contrainsurgentes. La presencia de norteamericanos genera sospechas y desconfianza en el vecindario y Colombia debe reconocerlo y debe actuar en consecuencia.
Hay una toma de distancia de Ecuador, Venezuela y Bolivia frente al actuar de los Estados Unidos en la región. Que Colombia haya insistido en los dos periodos de Uribe en mantenerse bajo la égida del gran país del norte, no significa que ello deba ser aceptado como una norma, como una regla a seguir.
Haría bien el entrante gobierno de Colombia en reconocer que efectivamente hay unas nuevas circunstancias y condiciones contextuales que exigen un manejo distinto y diferenciado de cada uno de sus vecinos. El país no tiene ni la fuerza moral ni el reconocimiento y el respaldo internacional para exigir a otros gobiernos que combatan a un oponente interno, que por cuenta de su inclusión en un listado de organizaciones terroristas, con la carga ideológica y con los intereses que existen de por medio, se pretende que sea visto como un enemigo regional o universal.
Hacer presencia efectiva en las zonas de frontera, buscar su articulación a dinámicas de progreso sostenible es una tarea urgente que el Estado colombiano debe emprender. La estrategia militar para combatir a las guerrillas farianas debe contemplar la instalación de diques fronterizos permanentes que impidan que los guerrilleros salgan y entren con facilidad tanto a territorio colombiano, como al de sus vecinos.
La denuncia que hizo Colombia ante la OEA alrededor de la presencia de guerrilleros farianos en territorio venezolano, debe servir para que el entrante gobierno de Colombia entienda que efectivamente hay un nuevo contexto en esta parte del continente, que debe no sólo conocer, sino respetar, tolerar y aprender a convivir con él.
El giro a la izquierda de varios países de la región y la evidente toma de distancia del poder hegemónico de los Estados Unidos, de alguna manera señalan el surgimiento de un nuevo contexto que muchos lo han calificado de guerra fría, que para bien o para mal, necesita de una postura moderada por parte de Colombia.
La insulsa y tímida reacción de la OEA, en cabeza de su Secretario General, da a pensar que por encima de las denuncias de Colombia, los países miembros de dicho organismo reaccionan en la medida en que los intereses de cada nación así se los permite. Por eso no se logró que se condenara a Venezuela en la OEA y todo quedó en llamados al diálogo y a la búsqueda de soluciones concertadas.
Y la respuesta se dio en ese sentido porque hay intereses económicos de los Estados Unidos, de Brasil, de Argentina y del resto de países de América Latina, que giran en torno a las riquezas petroleras y gasíferas de Venezuela. Existen, además, proyectos energéticos y convenios de cooperación, así como afinidades ideológicas que impiden que la denuncia de Colombia genere un rechazo unánime de todos los miembros de la OEA.
Dicho organismo hace rato viene en crisis, razón suficiente para que el nuevo gobierno de Colombia entienda que ni la OEA y menos aún, Unasur, son escenarios de solución a las peticiones y demandas que el país viene presentando de tiempo atrás.
A la internacionalización del conflicto armado lograda por Pastrana hay que ponerle límites. Uribe intentó por todos los medios darle un sentido subregional, al involucrar a países vecinos en la forma como deben cooperar, como deben mirar y como deben actuar ante el problema de seguridad nacional que enfrentamos desde hace varias décadas. Ese es un camino peligroso que sólo beneficia a los war lord que deambulan por todo el mundo buscando conflictos bélicos para poner a jugar las variables de un jugoso y atractivo negocio: la guerra. Y en ese asunto los medios de comunicación han servido a los intereses de empresas y empresarios interesados en desatar una guerra con Venezuela o en su defecto, lograr darle un carácter regional al conflicto armado interno de Colombia.
Santos no puede caer en la trampa de exigirles a sus vecinos, ideológicamente distintos, que rechacen, controlen o combatan a las Farc. La primera tarea que debe hacer el Estado colombiano es controlar sus fronteras internas, ganarse la confianza y el respeto de los ciudadanos que conviven en zonas de frontera, es decir, debe hacerse legítimo.
Posteriormente, convenir con sus vecinos las formas en que pueden coadyuvar, pero no a través de la imposición. La existencia de grupos armados al margen de la ley sigue siendo un problema interno que aísla aún más a Colombia y la aleja de las simpatías del vecindario. Y es peor el panorama para el país, por la entrega de 7 bases militares a los gringos para que desde allí se realicen actividades contrainsurgentes. La presencia de norteamericanos genera sospechas y desconfianza en el vecindario y Colombia debe reconocerlo y debe actuar en consecuencia.
Hay una toma de distancia de Ecuador, Venezuela y Bolivia frente al actuar de los Estados Unidos en la región. Que Colombia haya insistido en los dos periodos de Uribe en mantenerse bajo la égida del gran país del norte, no significa que ello deba ser aceptado como una norma, como una regla a seguir.
Haría bien el entrante gobierno de Colombia en reconocer que efectivamente hay unas nuevas circunstancias y condiciones contextuales que exigen un manejo distinto y diferenciado de cada uno de sus vecinos. El país no tiene ni la fuerza moral ni el reconocimiento y el respaldo internacional para exigir a otros gobiernos que combatan a un oponente interno, que por cuenta de su inclusión en un listado de organizaciones terroristas, con la carga ideológica y con los intereses que existen de por medio, se pretende que sea visto como un enemigo regional o universal.
Hacer presencia efectiva en las zonas de frontera, buscar su articulación a dinámicas de progreso sostenible es una tarea urgente que el Estado colombiano debe emprender. La estrategia militar para combatir a las guerrillas farianas debe contemplar la instalación de diques fronterizos permanentes que impidan que los guerrilleros salgan y entren con facilidad tanto a territorio colombiano, como al de sus vecinos.
1 comentario:
Creo Germán que Uribe no tuvo nunca una política de Relaciones Exteriores, como tampoco la tuvo de transporte y obras de infraestructura, ni en justicia, ni laboral.... en fin, solo se hacía lo que a él se le ocurría y hasta donde él decidía. No en vano siempre se dijo que no tenía ministros sino viceministros porque él era quien todo lo decidía, y sus decidisiones pasaron y continuan pasando alrededor de la creación de su propio mito.... y creo que lo logró....
Claudia Patricia
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