Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo.
Permitir que el Fiscal General de la Nación sea elegido por el Presidente de la República es un despropósito jurídico-político que se explica por el afán del saliente gobierno de buscar a toda costa, cerrar actuales y próximos episodios de la parapolítica, del escándalo de los interceptaciones y seguimientos ilegales del DAS, efectuado contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y claro está, evitar que continúen las indagaciones e investigaciones por los crímenes de lesa humanidad, mal llamados falsos positivos, cometidos por miembros de la fuerza pública.
Hay que reconocer que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han actuado con criterio político en el largo y accidentado proceso de elegir el Fiscal General de la Nación. Pero ello es comprensible en el contexto de la confrontación entre los dos poderes, pero especialmente en los evidentes intereses que tiene Álvaro Uribe en varios procesos de la parapolítica, en los cuales están involucrados congresistas de su bancada que lo acompañaron desde 2002 y, por supuesto, su primo Mario Uribe, procesado también por nexos con grupos paramilitares.
Insisto en que las decisiones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como los de otras altas cortes, tienen un carácter jurídico-político que exhibe tendencias y posturas ideológicas muy difíciles de escindir de los fallos y pronunciamientos pretendidamente ajustados al derecho y a la Constitución Política. Como seres políticos, como ciudadanos políticamente activos, los magistrados no pueden ocultar sus preferencias y sus tendencias en materia de ideología política y menos aún, cuando sienten que uno de los poderes intenta someter su voluntad o cooptarlos.
La rivalidad planteada entre Uribe y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no sólo es una pésima señal para la esperada armonía institucional entre los poderes públicos, sino que explica y confirma el talante arbitrario con el cual actuó el saliente presidente durante su largo periodo de gobierno.
El proyecto de reforma a la justicia que acaba de presentar al Congreso el ministro Valencia Cossio, recoge la propuesta de campaña de Santos lo que de entrada genera un ambiente de prevención y desconfianza entre las altas cortes.
Atienda o no el Congreso dicha propuesta, lo que hay que hacer es exigirle al Presidente Santos que no insista en dicha reforma constitucional, lo que mandaría un mensaje claro en términos de la distancia que debe tomar y demostrar en relación con la forma como Uribe manejó las relaciones entre el ejecutivo y la rama judicial. De lo contrario, Santos estaría cumpliendo órdenes de Uribe o siguiendo sus pasos de manera objetiva.
El Fiscal que finalmente debe escoger la CSJ, bien antes del 7 de agosto o después, tiene la obligación moral, ética y política de continuar con los procesos que han escandalizado al país y que confirman la penetración paramilitar en el Estado, así como el actuar criminal de funcionarios públicos en los casos de las chuzadas del DAS y los falsos positivos.
Nada más dañino para la separación de poderes, para el Estado social de derecho y para la propia democracia, que permitir que el Presidente de la República, quien quiera que sea, tenga la potestad de elegir el Fiscal General de la Nación. En un contexto como el nuestro, en el que la política y los políticos se han asociado con el crimen organizado y con verdaderas mafias, es necesario mantener alejado al Fiscal de las presiones de mandatarios beneficiados directa o indirectamente de ese maridaje que se mantiene de tiempo atrás entre políticos, clase dirigente, empresarios y organizaciones criminales. ¿Será que la perversa propuesta es un sueño que comparten Uribe y Santos? Amanecerá y veremos.
Adenda: El hecho de que el presidente Santos haya reversado su decisión de nombrar a Vargas Lleras como ministro de Defensa, ante la molestia de Uribe Vélez, pone de presente la relación de dependencia que de tiempo atrás existe entre Santos y Uribe. Ante la más mínima molestia de su mentor, Santos corre a reversar sus propias decisiones. ¿Cuánto pesará la sombra de Uribe sobre el gobierno de Santos?
Permitir que el Fiscal General de la Nación sea elegido por el Presidente de la República es un despropósito jurídico-político que se explica por el afán del saliente gobierno de buscar a toda costa, cerrar actuales y próximos episodios de la parapolítica, del escándalo de los interceptaciones y seguimientos ilegales del DAS, efectuado contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y claro está, evitar que continúen las indagaciones e investigaciones por los crímenes de lesa humanidad, mal llamados falsos positivos, cometidos por miembros de la fuerza pública.
Hay que reconocer que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han actuado con criterio político en el largo y accidentado proceso de elegir el Fiscal General de la Nación. Pero ello es comprensible en el contexto de la confrontación entre los dos poderes, pero especialmente en los evidentes intereses que tiene Álvaro Uribe en varios procesos de la parapolítica, en los cuales están involucrados congresistas de su bancada que lo acompañaron desde 2002 y, por supuesto, su primo Mario Uribe, procesado también por nexos con grupos paramilitares.
Insisto en que las decisiones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como los de otras altas cortes, tienen un carácter jurídico-político que exhibe tendencias y posturas ideológicas muy difíciles de escindir de los fallos y pronunciamientos pretendidamente ajustados al derecho y a la Constitución Política. Como seres políticos, como ciudadanos políticamente activos, los magistrados no pueden ocultar sus preferencias y sus tendencias en materia de ideología política y menos aún, cuando sienten que uno de los poderes intenta someter su voluntad o cooptarlos.
La rivalidad planteada entre Uribe y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no sólo es una pésima señal para la esperada armonía institucional entre los poderes públicos, sino que explica y confirma el talante arbitrario con el cual actuó el saliente presidente durante su largo periodo de gobierno.
El proyecto de reforma a la justicia que acaba de presentar al Congreso el ministro Valencia Cossio, recoge la propuesta de campaña de Santos lo que de entrada genera un ambiente de prevención y desconfianza entre las altas cortes.
Atienda o no el Congreso dicha propuesta, lo que hay que hacer es exigirle al Presidente Santos que no insista en dicha reforma constitucional, lo que mandaría un mensaje claro en términos de la distancia que debe tomar y demostrar en relación con la forma como Uribe manejó las relaciones entre el ejecutivo y la rama judicial. De lo contrario, Santos estaría cumpliendo órdenes de Uribe o siguiendo sus pasos de manera objetiva.
El Fiscal que finalmente debe escoger la CSJ, bien antes del 7 de agosto o después, tiene la obligación moral, ética y política de continuar con los procesos que han escandalizado al país y que confirman la penetración paramilitar en el Estado, así como el actuar criminal de funcionarios públicos en los casos de las chuzadas del DAS y los falsos positivos.
Nada más dañino para la separación de poderes, para el Estado social de derecho y para la propia democracia, que permitir que el Presidente de la República, quien quiera que sea, tenga la potestad de elegir el Fiscal General de la Nación. En un contexto como el nuestro, en el que la política y los políticos se han asociado con el crimen organizado y con verdaderas mafias, es necesario mantener alejado al Fiscal de las presiones de mandatarios beneficiados directa o indirectamente de ese maridaje que se mantiene de tiempo atrás entre políticos, clase dirigente, empresarios y organizaciones criminales. ¿Será que la perversa propuesta es un sueño que comparten Uribe y Santos? Amanecerá y veremos.
Adenda: El hecho de que el presidente Santos haya reversado su decisión de nombrar a Vargas Lleras como ministro de Defensa, ante la molestia de Uribe Vélez, pone de presente la relación de dependencia que de tiempo atrás existe entre Santos y Uribe. Ante la más mínima molestia de su mentor, Santos corre a reversar sus propias decisiones. ¿Cuánto pesará la sombra de Uribe sobre el gobierno de Santos?
2 comentarios:
Hola Germán, gracias por mantenerme al día con tus reflexiones.
Jholany
Hola Uribito:
Creo que el tema merece una reflexión más profunda, pues en ella está involucrada una parte de la construcción institucional del pais.
Luis F.
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