Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La cuestión agraria en Colombia ha sido un elemento generador de múltiples procesos de violencia, que no sólo confirman la incapacidad del Estado colombiano para asegurar la convivencia dentro de su territorio, sino la permisividad de una sociedad civil cómplice con fenómenos como el narcotráfico, las guerrillas y el paramilitarismo.
Hasta tanto el Estado no logre definir prioridades en el ámbito de la seguridad alimentaria, el problema agrario seguirá nutriendo el conflicto armado interno de Colombia. El país no puede continuar acelerando la salida del campo y la consecuente desaparición, física y cultural, del campesinado y de quienes han decidido mantener una relación inmanente con la tierra. El forzoso desplazamiento de campesinos, indígenas y afros, y de quienes han decidido mantener una relación espiritual y respetuosa con la tierra, debe ser enfrentado por el Estado de manera decidida, asegurando el retorno a las parcelas de aquellos que hoy sobreviven en ciudades y pueblos. Hay que insistir en que la tierra debe estar al servicio de un programa serio de seguridad alimentaria que blinde al país frente a los siempre asimétricos tratados de libre comercio, cuando se firman con países poderosos que mantienen subsidios a sus productores.
Es necesario y urgente revisar la expansión y puesta en marcha de proyectos agro-industriales que, bajo la lógica y el discurso del monocultivo, terminan no sólo concentrando la tierra en pocas manos y desestimulando al pequeño y al mediano productor, sino, afectando el medio ambiente, especialmente en lo que tiene que ver con el acceso al agua y el empobrecimiento de los suelos.
El gobierno de Santos ha señalado que mantendrá la política pública Agro Ingreso Seguro. Ojalá lo haga con los ajustes necesarios, porque lo sucedido con dicha política pública obedeció no sólo a la intención del anterior gobierno de pagar favores políticos con recursos públicos, sino que responde a la lógica que viene detrás del proceso de globalización económica, en donde campesinos, afros e indígenas se ven presionados a entrar en los circuitos de consumo, lo que implica que sus proyectos de vida sean considerados inviables no sólo por el propio Estado colombiano, sino por empresarios y específicos sectores de la llamada sociedad civil. Y en ese camino, el Estado colombiano ha venido articulándose sin mayor reflexión, a las iniciativas globalizantes de muchas empresas red o empresas globales, afectando en materia grave la vida y el bienestar de quienes de tiempo atrás mantienen una relación consustancial con la tierra, que resulta diametralmente distinta a la que proponen y exigen proyectos productivos extensivos, como los de la palma africana y la caña de azúcar, entre otros.
Con la propuesta de Santos de convertir y mutar al campesino en empresario, con la vaga idea de hacer de él un próspero y exitoso Juan Valdez, hay un riesgo cultural enorme que se cierne sobre el campesinado y sobre todos aquellos que labran la tierra: obligarlos a producir bajo la modalidad del monocultivo, lo que podría terminar beneficiando a empresarios grandes y medianos. Al final, los campesinos pueden quedar a expensas de un tercero que les va a imponer condiciones en la producción. Se romperían y desaparecían tradiciones, prácticas socioculturales y seguramente grupos humanos que enriquecen la diversidad cultural del territorio nacional.
Lo que el trabajador de la tierra puede necesitar, y en especial los campesinos, son vías terciarias y secundarias en buen estado, así como la compra directa de sus productos por parte del Estado, con el firme propósito de garantizar precios estables y justos tanto para quien produce, como para el consumidor final. Además, requiere ese trabajador del campo, seguridad, apoyo técnico y respeto por sus cosmovisiones.
El problema agrario en Colombia se soluciona tocando los intereses de los grandes latifundistas. Insistir en convertir en prósperos empresarios a quienes trabajan la tierra deja de lado una realidad: las mejores tierras del país están en manos de los paramilitares, narcotraficantes y latifundistas que de tiempo atrás se han beneficiado del Estado y de sus políticas.
Antes de proponer un proyecto de ley para enfrentar el problema agrario, el gobierno de Santos debería primero diseñar una política de seguridad alimentaria con la que se definan prioridades y estrategias que permitan, por un lado, abaratar el costo de los alimentos con claro beneficio para los consumidores nacionales y por el otro, dignificar la vida de campesinos y de todos aquellas comunidades que viven de cultivar la tierra.
La cuestión agraria en Colombia ha sido un elemento generador de múltiples procesos de violencia, que no sólo confirman la incapacidad del Estado colombiano para asegurar la convivencia dentro de su territorio, sino la permisividad de una sociedad civil cómplice con fenómenos como el narcotráfico, las guerrillas y el paramilitarismo.
Hasta tanto el Estado no logre definir prioridades en el ámbito de la seguridad alimentaria, el problema agrario seguirá nutriendo el conflicto armado interno de Colombia. El país no puede continuar acelerando la salida del campo y la consecuente desaparición, física y cultural, del campesinado y de quienes han decidido mantener una relación inmanente con la tierra. El forzoso desplazamiento de campesinos, indígenas y afros, y de quienes han decidido mantener una relación espiritual y respetuosa con la tierra, debe ser enfrentado por el Estado de manera decidida, asegurando el retorno a las parcelas de aquellos que hoy sobreviven en ciudades y pueblos. Hay que insistir en que la tierra debe estar al servicio de un programa serio de seguridad alimentaria que blinde al país frente a los siempre asimétricos tratados de libre comercio, cuando se firman con países poderosos que mantienen subsidios a sus productores.
Es necesario y urgente revisar la expansión y puesta en marcha de proyectos agro-industriales que, bajo la lógica y el discurso del monocultivo, terminan no sólo concentrando la tierra en pocas manos y desestimulando al pequeño y al mediano productor, sino, afectando el medio ambiente, especialmente en lo que tiene que ver con el acceso al agua y el empobrecimiento de los suelos.
El gobierno de Santos ha señalado que mantendrá la política pública Agro Ingreso Seguro. Ojalá lo haga con los ajustes necesarios, porque lo sucedido con dicha política pública obedeció no sólo a la intención del anterior gobierno de pagar favores políticos con recursos públicos, sino que responde a la lógica que viene detrás del proceso de globalización económica, en donde campesinos, afros e indígenas se ven presionados a entrar en los circuitos de consumo, lo que implica que sus proyectos de vida sean considerados inviables no sólo por el propio Estado colombiano, sino por empresarios y específicos sectores de la llamada sociedad civil. Y en ese camino, el Estado colombiano ha venido articulándose sin mayor reflexión, a las iniciativas globalizantes de muchas empresas red o empresas globales, afectando en materia grave la vida y el bienestar de quienes de tiempo atrás mantienen una relación consustancial con la tierra, que resulta diametralmente distinta a la que proponen y exigen proyectos productivos extensivos, como los de la palma africana y la caña de azúcar, entre otros.
Con la propuesta de Santos de convertir y mutar al campesino en empresario, con la vaga idea de hacer de él un próspero y exitoso Juan Valdez, hay un riesgo cultural enorme que se cierne sobre el campesinado y sobre todos aquellos que labran la tierra: obligarlos a producir bajo la modalidad del monocultivo, lo que podría terminar beneficiando a empresarios grandes y medianos. Al final, los campesinos pueden quedar a expensas de un tercero que les va a imponer condiciones en la producción. Se romperían y desaparecían tradiciones, prácticas socioculturales y seguramente grupos humanos que enriquecen la diversidad cultural del territorio nacional.
Lo que el trabajador de la tierra puede necesitar, y en especial los campesinos, son vías terciarias y secundarias en buen estado, así como la compra directa de sus productos por parte del Estado, con el firme propósito de garantizar precios estables y justos tanto para quien produce, como para el consumidor final. Además, requiere ese trabajador del campo, seguridad, apoyo técnico y respeto por sus cosmovisiones.
El problema agrario en Colombia se soluciona tocando los intereses de los grandes latifundistas. Insistir en convertir en prósperos empresarios a quienes trabajan la tierra deja de lado una realidad: las mejores tierras del país están en manos de los paramilitares, narcotraficantes y latifundistas que de tiempo atrás se han beneficiado del Estado y de sus políticas.
Antes de proponer un proyecto de ley para enfrentar el problema agrario, el gobierno de Santos debería primero diseñar una política de seguridad alimentaria con la que se definan prioridades y estrategias que permitan, por un lado, abaratar el costo de los alimentos con claro beneficio para los consumidores nacionales y por el otro, dignificar la vida de campesinos y de todos aquellas comunidades que viven de cultivar la tierra.
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