Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Vivir en democracia quizás sea uno de los retos económicos, sociales, culturales y por supuesto, políticos, más grandes que tienen hoy la sociedad y el Estado colombianos. Y es así en la medida en que a pesar de la compleja condición humana, la democracia debería servir para desechar cualquier intento de revivir regímenes autoritarios, despóticos o dictaduras, que de alguna manera confirman que de esa condición humana es posible esperar lo más sublime, pero también lo más degradante y execrable.
En la democracia no sólo se define quién decide o cómo se decide, sino que es importante preguntarse qué se decide y para qué. La democracia no puede reducirse a un asunto procedimental y menos aún, reducirla a las maneras más o menos aceptadas para que un evento electoral discurra en condiciones normales. En Colombia existe una democracia electoral, y estamos aún lejos de consolidar una democracia que se haga amplia y profunda en ámbitos sociales (respeto al pensamiento divergente), culturales (reconocimiento de la diferencia), políticos (participación y discusión amplia de asuntos públicos) y económicos (posibilidades de una vida digna para todos).
Una democracia, entendida exclusivamente desde lo procedimental, desde las circunstancias regladas, deja por fuera la acción constitucional y con ello, se pierde la posibilidad de controlar el poder del Estado, e incluso, el poder de un Mandatario en el contexto de un régimen presidencialista, que puede originar prácticas de gobierno no democráticas.
Para el caso colombiano, se necesita avanzar institucionalmente en mecanismos jurídicos y políticos que permitan controlar, por ejemplo, al Presidente que en su accionar, deliberadamente socave el equilibrio de poderes, connatural a la democracia, a través del ejercicio del clientelismo y el populismo mediático, erosionando los objetivos que debe alcanzar el Estado social de derecho. Tal y como sucedió en los dos periodos de Uribe Vélez donde redujo el Estado, la democracia y el derecho a la medida de sus decisiones.
Pero es igualmente importante soportar la democracia en un proceso de cambio cultural que asegure prácticas y principios básicos para vivir democráticamente. Por ejemplo, el reconocimiento real y efectivo de las diferencias, que se explica en la existencia de seres humanos que piensan distinto y que se oponen a discursos aparentemente consensuados. De igual forma, es un principio clave para democracia, el aseguramiento de condiciones dignas de vida que le permitan a amplias mayorías discernir en torno a asuntos públicos que requieren capacidad cognitiva en los ciudadanos que desean participar de la vida pública. Esa capacidad cognitiva se logra cuando el Estado asegura calidad en la educación a través de procesos de inclusión.
En Colombia ha sido posible que el ejercicio político de la democracia, no necesariamente esté soportado en el espíritu de la Constitución en aras de lograr el bienestar general. Y es así, porque la acción estatal, de tiempo atrás, ha estado encaminada hacia la consolidación de sectores poderosos, externos e internos, que históricamente no han permitido profundizar la democracia en términos de garantizar derechos, libertades y condiciones legítimas de vida digna para las amplias mayorías, asociadas a un territorio, a una nación, a un Estado social de derecho. Huelga decir que dichos sectores poderosos evidencian un carácter precapitalista y feudal, que les impide ampliar sus horizontes económicos dadas las deprimentes condiciones de consumo de amplios sectores societales.
Vivir en democracia obliga a pensar en la Constitución política que le da vida al régimen democrático y que de manera natural genera tensiones entre aquella y la Carta Magna, en la medida en que la última es garante de derechos y libertades, y el régimen democrático, está teleológicamente pensado para profundizar esas garantías constitucionales, haciéndolas efectivas y reales en los distintos escenarios humanos. Cuando la democracia no logra traducir esos objetivos en realidades fácticas, no sólo fallan el régimen político, sino la sociedad entera que exhibe su incapacidad para exigir al Estado la ampliación de derechos y libertades.
El Estado debe garantizar que lo expresado en la Carta Política se cumpla de manera precisa, buscando para sí, ampliar la legitimidad necesaria para hacerse viable y creíble, y de esta forma, lograr que la democracia, real y profunda, se entronice en la ciudadanía de tal forma que sea el único régimen político deseable dentro de los imaginarios individuales y colectivos.
Un régimen político democrático que transcurra al margen de los derechos humanos, de su cumplimento, y de su extensión, no puede llamarse una democracia real, seria y profunda. Será siempre un remedo de democracia.
La violación constante de los derechos humanos en Colombia, bien por parte de las guerrillas, los particulares, los paramilitares y el propio Estado, van configurando un tipo de democracia que, soportada en el miedo, le va indicando al ciudadano que debe tomar distancia de procesos de participación y de comunicación acerca de asuntos públicos. En Colombia hoy es un riesgo discutir o proponer un proceso de paz, exigir la libertad de los secuestrados, y enarbolar las banderas de un sindicalismo propositivo e incluso, criticar a quienes en ámbitos privados, ejercen el poder.
Hay tan poco espíritu y conciencia democráticas en los ciudadanos colombianos, que ellos terminan agradeciendo al Estado o a un mandatario de turno, el cumplir con sus obligaciones. Cuando un gobierno en particular o un Estado, como estructura, nos aseguran poder viajar por las carreteras, ello no debe ser entendido como un favor que nos están haciendo a los ciudadanos que usamos las vías carreteables. Por el contrario, tan sólo están cumpliendo con su deber y así lo debemos reconocer y exigir.
La existencia de ese espíritu democrático exige superar ese talante de súbditos que aún mantienen muchos ciudadanos y que se evidenció en las expresiones de agradecimiento hacia Uribe Vélez, por haberle devuelto a unos pocos, la posibilidad de regresar a las fincas. Es ahí en donde debería de trabajar a fondo el gobierno de Santos, para borrar de los imaginarios colectivos e individuales ese ánimo o visión feudataria que aún persiste en ciertas élites y en extensos grupos humanos.
De igual manera, aquel régimen democrático que no avance en la necesidad de limitar el poder del Estado, o de aquellos sectores sociales, económicos y políticos, tradicionalmente opuestos a la profundización de la democracia, será un simple holograma y una muestra fehaciente de la complejidad de la condición humana, especialmente en las condiciones en las que se desarrolla en Colombia.
La Constitución y del mantenimiento de su rigidez deben servir para limitar el poder del Estado y de aquel mandatario que ponga en marcha procesos involutivos en materia de equilibrio de poderes, aseguramiento social y en general, en la ampliación de la legitimidad estatal. En Colombia, por largos periodos hemos asistido a la construcción de una fantasía democrática diseñada para mantener condiciones históricas de inequidad, asegurando el ejercicio interesado de ciertos sectores poderosos, especialmente en lo político y en lo económico, que hoy han garantizan la continuidad de un modelo económico y político abiertamente antidemocrático. Le vendría bien a las élites y al Presidente Santos leer la propuesta de democracia radical de Chantal Mouffe .
Nos falta mucho en Colombia para profundizar la democracia desde nuestra acción cotidiana, en los espacios de trabajo, y en los encuentros sociales। La democracia es un reto humano que indica que hemos avanzado lentamente, por los riesgos que conlleva aceptar que el Otro puede tener la razón o que tiene el derecho a pensar distinto.
Vivir en democracia quizás sea uno de los retos económicos, sociales, culturales y por supuesto, políticos, más grandes que tienen hoy la sociedad y el Estado colombianos. Y es así en la medida en que a pesar de la compleja condición humana, la democracia debería servir para desechar cualquier intento de revivir regímenes autoritarios, despóticos o dictaduras, que de alguna manera confirman que de esa condición humana es posible esperar lo más sublime, pero también lo más degradante y execrable.
En la democracia no sólo se define quién decide o cómo se decide, sino que es importante preguntarse qué se decide y para qué. La democracia no puede reducirse a un asunto procedimental y menos aún, reducirla a las maneras más o menos aceptadas para que un evento electoral discurra en condiciones normales. En Colombia existe una democracia electoral, y estamos aún lejos de consolidar una democracia que se haga amplia y profunda en ámbitos sociales (respeto al pensamiento divergente), culturales (reconocimiento de la diferencia), políticos (participación y discusión amplia de asuntos públicos) y económicos (posibilidades de una vida digna para todos).
Una democracia, entendida exclusivamente desde lo procedimental, desde las circunstancias regladas, deja por fuera la acción constitucional y con ello, se pierde la posibilidad de controlar el poder del Estado, e incluso, el poder de un Mandatario en el contexto de un régimen presidencialista, que puede originar prácticas de gobierno no democráticas.
Para el caso colombiano, se necesita avanzar institucionalmente en mecanismos jurídicos y políticos que permitan controlar, por ejemplo, al Presidente que en su accionar, deliberadamente socave el equilibrio de poderes, connatural a la democracia, a través del ejercicio del clientelismo y el populismo mediático, erosionando los objetivos que debe alcanzar el Estado social de derecho. Tal y como sucedió en los dos periodos de Uribe Vélez donde redujo el Estado, la democracia y el derecho a la medida de sus decisiones.
Pero es igualmente importante soportar la democracia en un proceso de cambio cultural que asegure prácticas y principios básicos para vivir democráticamente. Por ejemplo, el reconocimiento real y efectivo de las diferencias, que se explica en la existencia de seres humanos que piensan distinto y que se oponen a discursos aparentemente consensuados. De igual forma, es un principio clave para democracia, el aseguramiento de condiciones dignas de vida que le permitan a amplias mayorías discernir en torno a asuntos públicos que requieren capacidad cognitiva en los ciudadanos que desean participar de la vida pública. Esa capacidad cognitiva se logra cuando el Estado asegura calidad en la educación a través de procesos de inclusión.
En Colombia ha sido posible que el ejercicio político de la democracia, no necesariamente esté soportado en el espíritu de la Constitución en aras de lograr el bienestar general. Y es así, porque la acción estatal, de tiempo atrás, ha estado encaminada hacia la consolidación de sectores poderosos, externos e internos, que históricamente no han permitido profundizar la democracia en términos de garantizar derechos, libertades y condiciones legítimas de vida digna para las amplias mayorías, asociadas a un territorio, a una nación, a un Estado social de derecho. Huelga decir que dichos sectores poderosos evidencian un carácter precapitalista y feudal, que les impide ampliar sus horizontes económicos dadas las deprimentes condiciones de consumo de amplios sectores societales.
Vivir en democracia obliga a pensar en la Constitución política que le da vida al régimen democrático y que de manera natural genera tensiones entre aquella y la Carta Magna, en la medida en que la última es garante de derechos y libertades, y el régimen democrático, está teleológicamente pensado para profundizar esas garantías constitucionales, haciéndolas efectivas y reales en los distintos escenarios humanos. Cuando la democracia no logra traducir esos objetivos en realidades fácticas, no sólo fallan el régimen político, sino la sociedad entera que exhibe su incapacidad para exigir al Estado la ampliación de derechos y libertades.
El Estado debe garantizar que lo expresado en la Carta Política se cumpla de manera precisa, buscando para sí, ampliar la legitimidad necesaria para hacerse viable y creíble, y de esta forma, lograr que la democracia, real y profunda, se entronice en la ciudadanía de tal forma que sea el único régimen político deseable dentro de los imaginarios individuales y colectivos.
Un régimen político democrático que transcurra al margen de los derechos humanos, de su cumplimento, y de su extensión, no puede llamarse una democracia real, seria y profunda. Será siempre un remedo de democracia.
La violación constante de los derechos humanos en Colombia, bien por parte de las guerrillas, los particulares, los paramilitares y el propio Estado, van configurando un tipo de democracia que, soportada en el miedo, le va indicando al ciudadano que debe tomar distancia de procesos de participación y de comunicación acerca de asuntos públicos. En Colombia hoy es un riesgo discutir o proponer un proceso de paz, exigir la libertad de los secuestrados, y enarbolar las banderas de un sindicalismo propositivo e incluso, criticar a quienes en ámbitos privados, ejercen el poder.
Hay tan poco espíritu y conciencia democráticas en los ciudadanos colombianos, que ellos terminan agradeciendo al Estado o a un mandatario de turno, el cumplir con sus obligaciones. Cuando un gobierno en particular o un Estado, como estructura, nos aseguran poder viajar por las carreteras, ello no debe ser entendido como un favor que nos están haciendo a los ciudadanos que usamos las vías carreteables. Por el contrario, tan sólo están cumpliendo con su deber y así lo debemos reconocer y exigir.
La existencia de ese espíritu democrático exige superar ese talante de súbditos que aún mantienen muchos ciudadanos y que se evidenció en las expresiones de agradecimiento hacia Uribe Vélez, por haberle devuelto a unos pocos, la posibilidad de regresar a las fincas. Es ahí en donde debería de trabajar a fondo el gobierno de Santos, para borrar de los imaginarios colectivos e individuales ese ánimo o visión feudataria que aún persiste en ciertas élites y en extensos grupos humanos.
De igual manera, aquel régimen democrático que no avance en la necesidad de limitar el poder del Estado, o de aquellos sectores sociales, económicos y políticos, tradicionalmente opuestos a la profundización de la democracia, será un simple holograma y una muestra fehaciente de la complejidad de la condición humana, especialmente en las condiciones en las que se desarrolla en Colombia.
La Constitución y del mantenimiento de su rigidez deben servir para limitar el poder del Estado y de aquel mandatario que ponga en marcha procesos involutivos en materia de equilibrio de poderes, aseguramiento social y en general, en la ampliación de la legitimidad estatal. En Colombia, por largos periodos hemos asistido a la construcción de una fantasía democrática diseñada para mantener condiciones históricas de inequidad, asegurando el ejercicio interesado de ciertos sectores poderosos, especialmente en lo político y en lo económico, que hoy han garantizan la continuidad de un modelo económico y político abiertamente antidemocrático. Le vendría bien a las élites y al Presidente Santos leer la propuesta de democracia radical de Chantal Mouffe .
Nos falta mucho en Colombia para profundizar la democracia desde nuestra acción cotidiana, en los espacios de trabajo, y en los encuentros sociales। La democracia es un reto humano que indica que hemos avanzado lentamente, por los riesgos que conlleva aceptar que el Otro puede tener la razón o que tiene el derecho a pensar distinto.
Nota: este artículo fue publicado en la revista digital Razón Pública, de la semana del 13 al 19 de septiembre de 2010. www.razonpublica.com, bajo el título Democracia es más que poder votar.
El concepto de democracia radical expuesto por Chantal Mouffe, señala que ella, la democracia radical, “…exige que reconozcamos las diferencias: lo particular, lo múltiple, lo heterogéneo, y, en efecto, todo aquello que ha sido excluido del concepto de hombre en abstracto. El universalismo no se rechaza, antes bien, se particulariza; y surge la necesidad de una articulación nueva entre lo universal y lo particular… Si la tarea de la democracia radical es realmente la profundización en la revolución democrática y la vinculación de diversas luchas democráticas, una tarea de esa índole requiere que se creen nuevas posiciones del sujeto que permitan una articulación común de, pongámonos por caso, el antirracismo, el antisexismo y el anticapitalismo. Puesto que estas luchas no convergen espontáneamente, para establecer equivalencias democráticas se requiere un nuevo <
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