Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Con el reciente fallo de la Corte Constitucional que tumbó el convenio o tratado de cooperación militar entre los Estados Unidos y Colombia, firmado en el segundo periodo de Uribe Vélez, el gobierno de Santos tiene dos opciones: una, insistir en participar de ese nuevo tipo de guerra fría que Chávez desea recrear por el advenimiento de su revolución socialista y su rechazo a la presencia de militares gringos en las señaladas siete bases colombianas; o dos, mantener la lucha antisubversiva con los recursos del Plan Colombia y los propios de la política de seguridad democrática, sin que ello implique un nuevo episodio de pérdida de la soberanía estatal.
Revivir el escenario militar de la guerra fría no sólo compromete los escasos presupuestos de los Estados que deciden participar de la carrera armamentista que de forma natural se desprende de esa confrontación ideológica, mediática y política, sino que termina por erosionar aún más la ya maltrecha soberanía estatal. Debe ser suficiente con haber violado la soberanía estatal con la aprobación extraterritorial del Plan Colombia, que no es más que una política de carácter transnacional que se aplica en Colombia desde 1998, sin la aprobación y el control político del Congreso nacional.
Con un vecindario en franca contravía de la política exterior estadounidense y con proyectos divergentes en torno al papel que debe cumplir el Estado en esta etapa de la globalización económica, bien vale la pena que el gobierno de Santos mida con cuidado si es conveniente presentar un proyecto de ley que permita tanto la presencia de militares gringos en Colombia, con una inmunidad a todas luces inconveniente, como el manejo operativo de las bases.
La coyuntura que genera el auto de la Corte Constitucional bien podrá servir para que el Estado colombiano dé un giro en su política exterior, que permita no sólo deslegitimar el impulso armamentista de Venezuela, sino generar confianza interna, en lo que respecta a los intereses ambientales, políticos y económicos que siempre acompañan la llegada de soldados americanos en los lugares donde deciden posarse. Es ingenuo pensar que la presencia de militares gringos en Colombia se reduce al combate contra el narcotráfico y las guerrillas. Por el contrario, detrás de ésta hay una avanzada de científicos y de empresas multinacionales interesadas en explotar los recursos de la biodiversidad que reposan en lugares cercanos a bases como la de Larandia (Caquetá), entre otras.
Ahora mismo Colombia enfrenta un reto ambiental y económico en materia de explotación minera, que hace pensar que las fuerzas norteamericanas no llegan al país exclusivamente a prestar ayuda técnica para enfrentar el desafío del narcotráfico, sino a salvaguardar los intereses de las multinacionales que buscan explotar apetecidos recursos naturales de la Nación, que no se reducen, por supuesto, a la minería tradicional, sino a la búsqueda de recursos bioenergéticos y otros de uso exclusivo de la industria bélica.
Ya es hora de que Colombia, como país, nación y como Estado, alcance la mayoría de edad, estableciendo e imponiendo reglas claras a las multinacionales interesadas en explotar nuestra biodiversidad. Más allá de propuestas de negociación, el país necesita extender y aplicar principios soberanos al manejo autónomo de recursos, como el acceso al agua, por ejemplo, que hoy resultan importantes desde la perspectiva geoestratégica.
Será difícil que Santos dé ese viraje por lo que él representa como político de derecha, pero desde varios sectores de la sociedad civil, entre ellos la academia, hay que insistir y exigir que el Estado mantenga el control sobre sus recursos naturales, a través de políticas claras que aseguren que dicha explotación no sólo se hará en condiciones que logren mitigar el impacto ambiental que de por sí se genera, sino en circunstancias de respeto tanto a la soberanía estatal como a la popular.
Podría el gobierno de Santos empezar por explicar las condiciones en las cuales se están entregando licencias ambientales para la explotación minera y abstenerse de presentar una iniciativa legislativa que aumente la presencia, sin controles, de los militares estadounidenses en territorio colombiano.
Con el reciente fallo de la Corte Constitucional que tumbó el convenio o tratado de cooperación militar entre los Estados Unidos y Colombia, firmado en el segundo periodo de Uribe Vélez, el gobierno de Santos tiene dos opciones: una, insistir en participar de ese nuevo tipo de guerra fría que Chávez desea recrear por el advenimiento de su revolución socialista y su rechazo a la presencia de militares gringos en las señaladas siete bases colombianas; o dos, mantener la lucha antisubversiva con los recursos del Plan Colombia y los propios de la política de seguridad democrática, sin que ello implique un nuevo episodio de pérdida de la soberanía estatal.
Revivir el escenario militar de la guerra fría no sólo compromete los escasos presupuestos de los Estados que deciden participar de la carrera armamentista que de forma natural se desprende de esa confrontación ideológica, mediática y política, sino que termina por erosionar aún más la ya maltrecha soberanía estatal. Debe ser suficiente con haber violado la soberanía estatal con la aprobación extraterritorial del Plan Colombia, que no es más que una política de carácter transnacional que se aplica en Colombia desde 1998, sin la aprobación y el control político del Congreso nacional.
Con un vecindario en franca contravía de la política exterior estadounidense y con proyectos divergentes en torno al papel que debe cumplir el Estado en esta etapa de la globalización económica, bien vale la pena que el gobierno de Santos mida con cuidado si es conveniente presentar un proyecto de ley que permita tanto la presencia de militares gringos en Colombia, con una inmunidad a todas luces inconveniente, como el manejo operativo de las bases.
La coyuntura que genera el auto de la Corte Constitucional bien podrá servir para que el Estado colombiano dé un giro en su política exterior, que permita no sólo deslegitimar el impulso armamentista de Venezuela, sino generar confianza interna, en lo que respecta a los intereses ambientales, políticos y económicos que siempre acompañan la llegada de soldados americanos en los lugares donde deciden posarse. Es ingenuo pensar que la presencia de militares gringos en Colombia se reduce al combate contra el narcotráfico y las guerrillas. Por el contrario, detrás de ésta hay una avanzada de científicos y de empresas multinacionales interesadas en explotar los recursos de la biodiversidad que reposan en lugares cercanos a bases como la de Larandia (Caquetá), entre otras.
Ahora mismo Colombia enfrenta un reto ambiental y económico en materia de explotación minera, que hace pensar que las fuerzas norteamericanas no llegan al país exclusivamente a prestar ayuda técnica para enfrentar el desafío del narcotráfico, sino a salvaguardar los intereses de las multinacionales que buscan explotar apetecidos recursos naturales de la Nación, que no se reducen, por supuesto, a la minería tradicional, sino a la búsqueda de recursos bioenergéticos y otros de uso exclusivo de la industria bélica.
Ya es hora de que Colombia, como país, nación y como Estado, alcance la mayoría de edad, estableciendo e imponiendo reglas claras a las multinacionales interesadas en explotar nuestra biodiversidad. Más allá de propuestas de negociación, el país necesita extender y aplicar principios soberanos al manejo autónomo de recursos, como el acceso al agua, por ejemplo, que hoy resultan importantes desde la perspectiva geoestratégica.
Será difícil que Santos dé ese viraje por lo que él representa como político de derecha, pero desde varios sectores de la sociedad civil, entre ellos la academia, hay que insistir y exigir que el Estado mantenga el control sobre sus recursos naturales, a través de políticas claras que aseguren que dicha explotación no sólo se hará en condiciones que logren mitigar el impacto ambiental que de por sí se genera, sino en circunstancias de respeto tanto a la soberanía estatal como a la popular.
Podría el gobierno de Santos empezar por explicar las condiciones en las cuales se están entregando licencias ambientales para la explotación minera y abstenerse de presentar una iniciativa legislativa que aumente la presencia, sin controles, de los militares estadounidenses en territorio colombiano.
Nota: este texto fue reproducido en Aula y Asfalto, espacio informativo de la carrera de comunicación social de la Universidad Central de Bogotá. Edición 203, 27/08/2010. http://www.aulayasfalto.e-pol.com.ar/
3 comentarios:
Profesor Ayala, el tema de tu columna de hoy, es una cuestión a la que muchos prefieren hacerle el quite dado el nivel de controversias, inequívocos y confrontaciones. Las bases militares en Colombia, no es otra cosa que un asunto de “regalar” nuestra soberanía, o mejor aún de pagar los favores que el Gobierno de Pastrana y Uribe recibieron del gobierno Norteamericano en la última década (sustentados en el dichoso Plan Colombia), amparados en una supuesta política transnacional que apela a la seguridad nacional en oposición al terrorismo internacional.
Bien valdría la pena revisar en la actual coyuntura los alcances reales de este “acuerdo”, a fin de hilar fino, y no tener que lamentar en unos cuantos años las pérdidas incalculables de orden social, económico, ambiental e incluso político, que seguramente se dará con este “acuerdo”. Si bien no tiene el mismo alcance, también valdría la pena recordar el caso de los militares en Juanchaco –Buenaventura-.
Carmen Jimena.
Hola Uribito:
Parece que los nuevos acontecimientos políticos nacioanles invitan a la mesura.
LuisF.
Lo leí y me gustó.
En el fondo es una lucha respecto al escenario donde está la plata. El problema de fondo no es donde está la plata, sino de cuál lado amanecimos hoy quienes producimos riqueza.
Cuando dices sobre los gringos, es como cuando se dice "los narcoterroristas de las far", obvio que suena a una petición de alineación, que en últimas sirve a los vendedores de armas. Es como cuando se dice el "imperialismo yankee", sofisma con el cual se disfraza el verdadero imperio, no son naciones, ni gobiernos, ni los estados, sino organizaciones globales con sedes donde menos se pague impuestos y más bajos salarios, como la China.
Juan Diego
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