Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Con el reciente fallo del Ministerio Público, en el que se destituye a la senadora Piedad Córdoba y se le inhabilita para ocupar cargos públicos por 18 años, se cierra una puerta a la posibilidad de construir una salida negociada al conflicto.
El mensaje del fallo de la Procuraduría General de la Nación es claro: quien decida, como funcionario público, adelantar gestiones humanitarias o servir como mediador para humanizar la guerra interna o plantear salidas negociadas al conflicto armado interno, puede correr la misma suerte de la senadora Piedad Córdoba.
El fallo del Procurador Ordóñez niega la política como instrumento, camino y posibilidad de emprender un diálogo entre las Farc y el Estado colombiano, por lo menos mientras esté en el poder un representante de los poderes tradicionales y de las élites y de manera reiterada las fuerzas militares logren dar golpes militares contundentes como el logrado con la muerte de alias el Mono Jojoy.
En cuanto al comportamiento de la senadora Córdoba, huelga decir que es posible que ella haya traspasado esa débil y tenue frontera que existe entre la simpatía ideológica por la acción revolucionaria de un movimiento de izquierda, apoyada en la ilegitimidad histórica del Estado colombiano, y la acción política en beneficio de la agrupación armada ilegal, Farc, en un contexto de total animadversión social hacia dicha organización armada.
Pero lo cierto es que el Procurador Ordóñez termina dándole el empujón necesario a la acción política de la senadora Córdoba, y logra ponerla en la otra línea: promocionar la actividad de las Farc, buscando con ello que dicha agrupación lograra el reconocimiento político, nacional e internacional, para adelantar en el mediano plazo, un proceso de negociación con el Estado colombiano.
Con el fallo del Procurador no sólo se fijan límites a la acción política de los funcionarios públicos y se proscribe a la política y a lo político como instrumentos democráticos en aras de buscar salidas negociadas al conflicto armado interno, sino que se impone, como única posibilidad ideológica a seguir, la que de tiempo atrás profesa el mismo Procurador Ordóñez. Es decir, el Ministerio Público aporta, desde su acción disciplinaria, al proceso de derechización que exacerbó Uribe durante sus ocho años de gobierno y alienta al Gobierno de Santos a mantener esa línea de conducta política exigible no sólo para los funcionarios públicos, sino para todos los ciudadanos.
Se equivocan quienes pensaron que con la llegada de Santos a la presidencia el proceso de derechización que Uribe agenció con buenos resultados, apoyado en la Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática, iba a llegar a su fin. Por el contrario, el proceso se mantiene y continúa.
El pronunciamiento del Ministerio Público puede prestarse en adelante, para abrir investigaciones contra aquellos funcionarios públicos que dejen entrever públicamente simpatías hacia la combinación de las formas de lucha, justifiquen el levantamiento armado de las guerrillas e incluso, insistan en concebir propuestas para humanizar el conflicto armado, insistir en el respeto que deben mantener los actores armados involucrados en el conflicto armado interno por las normas del derecho internacional humanitario (Protocolo II).
Muy seguramente la decisión de la Procuraduría alentará la persecución política desde una instancia del Estado que no necesariamente compromete la acción del Ejecutivo. Sirve el pronunciamiento del Procurador para validar el odio y la animadversión que generó en varios sectores de la sociedad, la acción política, ideológica y humanitaria de la senadora Córdoba. Además, se convierte en una respuesta inesperada y anticipada a los procesos que lleva la Corte Suprema de Justicia por la llamada Farcpolítica, corporación a la que el Procurador anunció en los medios que compulsará copias para que investigue a la senadora por delitos de lesa humanidad.
Sin duda, estamos ante un triunfo ideológico y político de la derecha colombiana, hoy institucionalizada y representada en poderes públicos en cabeza del Ejecutivo y del Ministerio Público. Una victoria que se complementa muy bien con la acción militar con la que se han dado certeros golpes a las Farc, con la ayuda denodada de unos medios de comunicación voceros autorizados de esa derecha que insiste en mantener privilegios de clase y condiciones de exclusión para grandes mayorías.
Con la decisión del Procurador se inicia un pulso político, jurídico e ideológico entre dos instituciones del Estado, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia, alrededor de dos procesos, la Farcpolítica y la Parapolítica. El pulso apenas comienza.
Con el reciente fallo del Ministerio Público, en el que se destituye a la senadora Piedad Córdoba y se le inhabilita para ocupar cargos públicos por 18 años, se cierra una puerta a la posibilidad de construir una salida negociada al conflicto.
El mensaje del fallo de la Procuraduría General de la Nación es claro: quien decida, como funcionario público, adelantar gestiones humanitarias o servir como mediador para humanizar la guerra interna o plantear salidas negociadas al conflicto armado interno, puede correr la misma suerte de la senadora Piedad Córdoba.
El fallo del Procurador Ordóñez niega la política como instrumento, camino y posibilidad de emprender un diálogo entre las Farc y el Estado colombiano, por lo menos mientras esté en el poder un representante de los poderes tradicionales y de las élites y de manera reiterada las fuerzas militares logren dar golpes militares contundentes como el logrado con la muerte de alias el Mono Jojoy.
En cuanto al comportamiento de la senadora Córdoba, huelga decir que es posible que ella haya traspasado esa débil y tenue frontera que existe entre la simpatía ideológica por la acción revolucionaria de un movimiento de izquierda, apoyada en la ilegitimidad histórica del Estado colombiano, y la acción política en beneficio de la agrupación armada ilegal, Farc, en un contexto de total animadversión social hacia dicha organización armada.
Pero lo cierto es que el Procurador Ordóñez termina dándole el empujón necesario a la acción política de la senadora Córdoba, y logra ponerla en la otra línea: promocionar la actividad de las Farc, buscando con ello que dicha agrupación lograra el reconocimiento político, nacional e internacional, para adelantar en el mediano plazo, un proceso de negociación con el Estado colombiano.
Con el fallo del Procurador no sólo se fijan límites a la acción política de los funcionarios públicos y se proscribe a la política y a lo político como instrumentos democráticos en aras de buscar salidas negociadas al conflicto armado interno, sino que se impone, como única posibilidad ideológica a seguir, la que de tiempo atrás profesa el mismo Procurador Ordóñez. Es decir, el Ministerio Público aporta, desde su acción disciplinaria, al proceso de derechización que exacerbó Uribe durante sus ocho años de gobierno y alienta al Gobierno de Santos a mantener esa línea de conducta política exigible no sólo para los funcionarios públicos, sino para todos los ciudadanos.
Se equivocan quienes pensaron que con la llegada de Santos a la presidencia el proceso de derechización que Uribe agenció con buenos resultados, apoyado en la Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática, iba a llegar a su fin. Por el contrario, el proceso se mantiene y continúa.
El pronunciamiento del Ministerio Público puede prestarse en adelante, para abrir investigaciones contra aquellos funcionarios públicos que dejen entrever públicamente simpatías hacia la combinación de las formas de lucha, justifiquen el levantamiento armado de las guerrillas e incluso, insistan en concebir propuestas para humanizar el conflicto armado, insistir en el respeto que deben mantener los actores armados involucrados en el conflicto armado interno por las normas del derecho internacional humanitario (Protocolo II).
Muy seguramente la decisión de la Procuraduría alentará la persecución política desde una instancia del Estado que no necesariamente compromete la acción del Ejecutivo. Sirve el pronunciamiento del Procurador para validar el odio y la animadversión que generó en varios sectores de la sociedad, la acción política, ideológica y humanitaria de la senadora Córdoba. Además, se convierte en una respuesta inesperada y anticipada a los procesos que lleva la Corte Suprema de Justicia por la llamada Farcpolítica, corporación a la que el Procurador anunció en los medios que compulsará copias para que investigue a la senadora por delitos de lesa humanidad.
Sin duda, estamos ante un triunfo ideológico y político de la derecha colombiana, hoy institucionalizada y representada en poderes públicos en cabeza del Ejecutivo y del Ministerio Público. Una victoria que se complementa muy bien con la acción militar con la que se han dado certeros golpes a las Farc, con la ayuda denodada de unos medios de comunicación voceros autorizados de esa derecha que insiste en mantener privilegios de clase y condiciones de exclusión para grandes mayorías.
Con la decisión del Procurador se inicia un pulso político, jurídico e ideológico entre dos instituciones del Estado, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia, alrededor de dos procesos, la Farcpolítica y la Parapolítica. El pulso apenas comienza.
2 comentarios:
Hola Uribito:
¡Buen día!
Veo que ya regresaste a la arena política (el agasajo de ayer)
La decisión del Procurador es totalmente imparcial, pues su ideología no lo deja pensar libremente. ¡Triste el destino del control disciplinario en manos de semejante personaje y, sobre todo, la política!
Luisf.
No me cabe duda que la salida de hoy de Alvaro uribe fue una excusa para celebrar la forma como se configura cada vez m`as la legitimación de la violencia generada por el Estado Colombiano.
Muchas gracias, por los textos, sabe que siempre sigo la lectura
saludo con aprecio
Adriana
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