Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Para el primer semestre de 2012 se presenta el seguimiento y análisis de la información noticiosa registrada en varios diarios de Colombia, entre ellos, EL PAIS, EL ESPECTADOR y EL TIEMPO. Dicha información se registra bajo dos categorías a saber: Modelos Socioeconómicos, Políticos y Relaciones Internacionales y Litigios Ambientales. Aclaro que en este informe aparecen hechos relacionados con el jarillón[1], que si bien no hacen parte de los objetivos del seguimiento por categorías, son un gran aporte al proceso investigativo relacionado con los dos asentamientos informales, Los Samanes del Cauca y Navarro.
Modelos Socioeconómico, políticas y relaciones internacionales
A partir del seguimiento a los medios de prensa arriba señalados, se expone la siguiente tesis de trabajo:
El Estado colombiano, históricamente, se presenta como un orden social, político, económico y cultural precario y lábil, circunstancia que se manifiesta, atraviesa y sujeta los alcances de las políticas económicas y sociales implementadas por sucesivos gobiernos, cuyos planes de desarrollo gravitan sobre un modelo económico extractivo de riquezas del subsuelo y de recursos naturales, renovables y no renovables, que a su vez alimenta un desarrollo agroindustrial con énfasis en monocultivos y prácticas ambientales insostenibles.
Fenómenos como la construcción de jarillones sobre las márgenes de grandes, medianos y pequeños afluentes, la exploración y explotación de minerales como el oro, coltán y carbón, entre otros, agenciadas por capital nacional y transnacional, así como la puesta en marcha de actividades agroindustriales, son claras expresiones de un modelo de desarrollo extractivo que deja notables problemas ambientales, además de dudas frente a la capacidad estatal y a la responsabilidad privada para mitigar y manejar los riesgos que produce desarrollarse sin límites de resiliencia; y claramente, en las circunstancias y posibilidades que ofrece un Estado débil, con unas instituciones frágiles y una institucionalidad que claramente beneficia a la iniciativa privada, nacional y transnacional, el resultado no puede ser más desalentador: el sometimiento de la oferta y los servicios ambientales que ofrece un país biodiverso como Colombia, a las lógicas de un capital sobre el cual el Estado no ejerce control fiscal, ambiental y político.
Así las cosas, los planes de desarrollo del orden nacional, regional y local, cada vez están más sujetos a las relaciones de fuerza de poderosos actores locales y globales, interesados en un tipo de desarrollo que no asume responsabilidades socio ambientales y menos aún, está pensado para mitigar los riesgos que genera la implementación de grandes obras civiles (por ejemplo, carreteables), la entrega de licencias ambientales para proyectos de minería a cielo abierto en zonas frágiles de páramo y subpáramo o en lugares en donde la minería generaría efectos negativos social, antropológica y culturalmente para una nación biodiversa desde la perspectiva identitaria.
Los hechos fácticos que a continuación se narran, sin lugar a dudas, son la expresión de un modelo económico aupado por una iniciativa privada local, interesada más en modernizar el país y la sociedad, a costa de la edificación de un proyecto moderno con el que por ejemplo se logre concebir un Estadio fuerte y capaz de conciliar con fuerzas del mercado y en algunos casos, someterlas con claro beneficio para quienes sobreviven en el territorio colombiano; se impide así, que se edifique un Estado que encare con responsabilidad social, política y ambiental las presiones de un proceso de globalización que insiste en abrirle caminos al capital transnacional, en ámbitos que comprometen no sólo la calidad de vida de las personas, la del planeta, sino el valor de la vida humana y de los ecosistemas naturales con los que el ser humano actúa e interactúa como parte sustantiva.
Colombia, como orden político y jurídico, ha adherido a compromisos ambientales vinculantes como los que están articulados a cumbres ambientales internacionales (Cumbre de la Tierra, 1992, y Cumbre Río + 20, 2012, entre otros tratados), lo que le permitió en su momento el desarrollo de unas instituciones jurídicas fuertes para encarar una creciente e incontrolada inversión extranjera y nacional, empeñadas en explotar los recursos del subsuelo. Con el paso de sucesivos gobiernos, hay que decir que instituciones ambientales, pero sobre todo, la institucionalidad ambiental ganadas en los 90 con la promulgación de la Ley 99 de 1993 y la creación del SINA[2], hoy están profundamente debilitadas por acciones de gobiernos nacionales, departamentales y locales, que a través del clientelismo, la permisividad ambiental y la deficiente vigilancia de instituciones de control (ministerio Público, especialmente procuradurías ambientales y la Contraloría General de la República), han permitido que hoy particulares, nacionales y extranjeros, tengan títulos mineros y permisos de exploración y explotación en zonas de páramo y subpáramo y en bastos territorios protegidos bajo la figura de Parques Nacionales Naturales.
La combinación de dichas circunstancias y las relaciones de fuerzas echadas a andar entre los intereses privados (de particulares), frente a un Estado lábil en lo que corresponde a las responsabilidades y obligaciones que le caben como referente de orden político, social y jurídico, permiten ofrecer las dificultades y los desastres que la prensa escrita, local y nacional, registró en este primer semestre de 2012.
Lo anterior, entonces, tiene expresión en hechos noticiosos y periodísticos editados en los diarios EL TIEMPO, EL ESPECTADOR y EL PAIS.
En la edición del periódico EL PAIS del 01 de marzo de 2012 se edita una nota periodística en la página A2, bajo el título Anuncian obras para mitigar filtraciones en jarillón del Cauca (sic). En el cuerpo de la noticia se lee que la Alcaldía de Cali intervendrá el jarillón del río Cauca, a raíz de varias filtraciones halladas en puntos específicos de la barrera artificial.
“Se trata de la intervención de cuatro puntos del dique, en el oriente de la ciudad, donde de acuerdo con las autoridades locales se estarían presentando fugas de agua que pondrían en riesgo la estabilidad del talud. Cabe recordar que la primera filtración detectada por las entidades ambientales se confirmó en diciembre de 2011, cuando técnicos del Dagma y la CVC lograron establecer cuatro pequeños escapes bajo la estructura del dique en el sector de Alfonso López I”[3].
El diario EL PAIS, en su edición del 05 de marzo de 2012, registra un hecho relacionado, nuevamente, con el jarillón: Aprueban recursos para obras de emergencia invernal en el Valle (sic), es el titular de la noticia. En la Bajada o Sumario se lee lo siguiente: Gobierno destinó $4.000 millones para invertir jarillón del río Cauca en siete municipios del departamento (sic).
En el cuerpo de la noticia se lee que “los dineros, aprobados a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, serán utilizados para reforzar de emergencia el jarillón del río Cauca a su paso por Cali, Palmira, Bugalagrande, Buga, Guacarí, Obando y La Victoria, en el norte del Valle. Así lo dio a conocer el director del Comité Regional de Atención y Prevención de Desastres del Valle, Jorge Eliécer Rojas, al indicar que las obras estarían comenzando esta semana”[4].
En la noticia se lee, además, que “el funcionario explicó que de los $4.000 millones aprobados, $2.000 millones serán destinados para intervenir el jarillón del río Cauca, en el sector de Aguablanca, al oriente de Cali, donde las autoridades ambientales señalaron la existencia de cuatro filtraciones en los sectores de Alfonso López I, Floralia y Paso del Comercio… Otros $1.000 millones estarán destinados para hacer reforzamientos adicionales a los jarillones de los ríos Frayle, Bolo y el jarillón del Cauca a su paso por el sector de Piles, afluentes que rodean el sector de la Zona Franca y poblaciones aledañas”[5].
En la edición del 20 de marzo de 2012, del mismo diario caleño, aparece una nota periodística bajo el título Comenzó la intervención del jarillón del río Cauca (sic). En dicho texto se lee lo siguiente: “Un total de $7.500 millones, procedentes de la sobretasa ambiental, se invierten actualmente en la estabilización del jarillón del río Cauca, a la altura de Desepaz y en el Paso del Comercio, nororiente de Cali. En Desepaz se está reforzando el dique en un kilómetro y adicionalmente se eleva el mismo en 1,7 metros , para que quede con una altura total de cinco metros en ese sector… Según José Handemberg Prada, director de Gestión Ambiental de la CVC, <[6]
En la edición del 23 de marzo de 2012 se registra una noticia en la primera página del diario EL PAIS, bajo el título El Valle debe recuperar la ronda del río Cauca (sic). En el resumen, bajada o sumario se lee que “zonas inundables del afluente deberán ser despejadas. Se ejecutan obras de protección”. Ya en el cuerpo noticioso aparece el hecho central que genera la noticia: “El comportamiento del río Cauca en épocas de invierno será el punto de partida del estudio que realizarán la CVC y el Gobierno de Holanda, el cual busca determinar las áreas que deberán ser destinadas como zonas de expansión del afluente durante el invierno. Según Fortunato Carvajal, director general de la Alianza Colombia por el Agua, en la que participan los gobiernos de Colombia y Holanda, lo que se hará es ordenar la cuenca del río Cauca. A juicio de Carvajal, la construcción de diques o jarillones no son la única solución para protegerse de las inundaciones”[8].
Para el 29 de marzo aparece el titular Valle, el más afectado[9] (sic), con un desarrollo en páginas interiores a partir de un titular que dice así: Investigan a funcionarios por obras de invierno (sic). En la noticia se lee: “Los funcionarios de la Alcaldía responsables de adelantar obras de mitigación para enfrentar la ola invernal que quedaron contempladas en el presupuesto de Colombia Humanitaria y no fueron terminadas, serán investigados por la Personería”[10].
La aparición de agentes del Ministerio Público en aras de ejercer control y vigilancia de los recursos económicos, dispuestos para ejecutar obras de infraestructura que mitiguen el impacto de las lluvias, resulta significativo e importante, en especial cuando en los titulares de prensa se registran las intenciones y los anuncios de los gobiernos de invertir, por ejemplo, en el fortalecimiento de jarillones y la conservación de cuencas hidrográficas.
Los hechos fácticos hacen pensar en que tales controles no son efectivos o cuando más, se hacen de manera tardía, lo que permite que valiosos recursos económicos se pierdan en redes clientelares, o en obras con problemas en los diseños técnicos, que terminan por extender los ya existentes y aplazar nuevamente una ya cacareada solución oficial: el desalojo de las personas asentadas de tiempo atrás en el talud sobre el río Cauca.
En el diario EL ESPECTADOR, del 10 de marzo de 2012 se edita una nota en la que se hace referencia a la reunión en Río + 20. El titular resulta llamativo: ‘Los humanos son buenos para vivir en miseria’ (sic).
La expresión que da vida al titular hace parte de las opiniones entregadas por Thomas Lovejouy, que EL ESPECTADOR presenta de esta manera: “Lovejouy es el científico que acuñó el término diversidad biológica” (sic).
Frente a los retos de Río +20 el científico señala: “El diagrama de los límites planetarios fue publicado en Nature hace unos años. Tenemos información sobre tres límites que hemos sobrepasado. Uno es el cambio climático. Otro, el nivel de nitrógeno, que es resultado de los fertilizantes. Otro, la pérdida de la biodiversidad… No hay duda de que más personas generan mayor impacto. Aunque no es sólo el número de personas, sino lo que hace cada una. El incremento en el estándar de vida en países como China e India genera un gran impacto… En países de Suramérica casi todos están llegando a una tasa de remplazo poblacional. Eso se debe a que las mujeres se empoderan. La mayor clave, además del bienestar social, es el empoderamiento de la mujer”.
De la lectura de los hechos fácticos arriba reseñados se puede colegir lo siguiente: de un lado, que la idea universal de desarrollo se pone en crisis ante los evidentes daños ambientales que el ser humano le ha infringido a valiosos ecosistemas naturales a lo largo y ancho del planeta. Entre ellos, las madres viejas del río Cauca y las lagunas aledañas al cauce, desecadas por urbanizadores piratas, formales y poderosos terratenientes y finqueros.
De otro lado, que fenómenos atmosféricos como La Niña o El Niño no son el resultado de cambios naturales en los ciclos del agua, sino, y por el contrario, efectos evidentes de un desarrollo extractivo y de unas acciones humanas insostenibles ambientalmente, con claros efectos sociales, como por ejemplo, la destinación de zonas inundables para el levantamiento de asentamientos subnormales, así como urbanizaciones de bajo costo, llamadas de interés social.
Así, hay que señalar, entonces, que el modelo de desarrollo extractivo no sólo supera la capacidad de resiliencia[11] de los ecosistemas, sino que en sí mismo, es el resultado –y expresión- de la labilidad general del Estado colombiano y de las entidades ambientales en lo particular, en especial cuando desde el ámbito ambiental debe enfrentar fenómenos socio naturales.
Debilidad del Estado colombiano que aumenta cuando las finas redes clientelares aparecen en la acción política de funcionarios públicos que usan entidades como la CVC, las procuradurías ambientales, el DAGMA y EMCALI, entre otras, para favorecer actores económicos poderosos como las grandes constructoras y urbanizadoras.
Y peor resulta el panorama cuando los proyectos de desarrollo nacional, regional y local dejan por fuera el componente ambiental con toda su carga y sentido interdisciplinar, que asegure, por ejemplo, que fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales como los asentamientos subnormales, en zonas de alto riesgo como jarillones, sean examinados por el Estado y por sucesivos gobiernos únicamente en las épocas de lluvias cuando los taludes se ven amenazados por la fuerza de las aguas.
La construcción de jarillones a lo largo de grandes y medianos ríos es el resultado de una relación ambientalmente insostenible por parte de los seres humanos, del Estado, como orden político y social que, bajo los parámetros de un modelo de economía extractiva, desestima o reduce una relación consustancial que debería existir entre el ser humano y los ríos como fuentes de vida, a un asunto de control o de contención de las aguas de los afluentes, convertidos en un peligro más por el deterioro de las cuencas, de las madres viejas y de las zonas o cuerpos de agua que sirven de amortiguación, que por la fuerza misma de las aguas, en especial en épocas de invierno.
El río Cauca sigue siendo un importante ecosistema natural, a pesar de las insostenibles actividades agroindustriales y los asentamientos humanos que vierten sus desperdicios de manera directa o indirecta a su cauce, ante la inacción técnica, operativa y política de las entidades ambientales comprometidas en su cuidado.
A lo largo del serpenteante recorrido del río Cauca se erigen filones de tierra que fungen como murallas artificiales con las que se pretende contener las aguas del afluente, cuando llega la temporada invernal. Varios municipios del Valle del Cauca se benefician del paisaje y de las aguas del río Cauca, lo que le otorga a este ecosistema un valor estratégico para el departamento, mirado como simple recurso hídrico, lo que establece una relación asimétrica e irrespetuosa entre empresarios del campo, el propio Estado y el afluente como ecosistema vivo.
Con cada época invernal la prensa vuelca sus ojos sobre las ‘víctimas’, especialmente las asentadas en el jarillón del Cauca, así como sobre las acciones de control de autoridades administrativas que de tiempo atrás se ven desbordadas por la dimensión que adoptó el poblamiento de esta zona de contención del río Cauca. Ahora bien, son ‘víctimas culpables’ por el hecho de estar ubicados en una zona de alto riesgo, lo que de forma inmediata borra o desaparece circunstancias en las que se dieron los asentamientos, muchos de ellos generados por decisiones administrativas de la CVC, para el caso del jarillón del río Cauca.
Por lo anterior, la prensa, a través de ligeros y descontextualizados cubrimientos periodístico-noticiosos construye verdades a medias que alimentan imaginarios y representaciones concebidas en un discurso político (oficial) de claro desconocimiento a derechos adquiridos por los pobladores de asentamientos como Los Samanes del Cauca y los del corregimiento de Navarro.
Estamos ante el registro de un hecho noticioso que tiene un carácter histórico, porque él mismo se desprende de una realidad o de un fenómeno multifactorial que claramente demuestra los problemas que enfrenta Colombia y en particular el Valle del Cauca, para pensar, diseñar y construir ciudades incluyentes, ambientalmente responsables y seguras desde el punto de vista de la mitigación del riesgo.
Ciudades que han sido concebidas y construidas desde intereses particulares de empresas constructoras, que han impuesto una perspectiva de desarrollo en donde claramente se definen fronteras entre sectores poblacionales con niveles de vida elevados y aceptables, frente a otros con horizontes empobrecidos de bienestar.
Dicho fenómeno lo reconoce el Estado, en sus ámbitos nacional regional y local, como Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto. Los medios de comunicación y otras fuerzas y sectores sociales lo llaman simplemente invasiones, asentamientos subnormales y ocupaciones de alto riesgo por ocupar el extenso jarillón que sobre el río Cauca se construyó de tiempo atrás.
La entrega de millonarios recursos para obras de reforzamiento del jarillón a lo largo del recorrido del río Cauca sugiere varios asuntos a saber: en primer lugar, que la construcción de murallas de tierra sobre las márgenes del afluente responde a una decisión técnica que parece descartar acciones como reforestar, recuperar los llamados ‘bosques de galería’, así como los guaduales e incluso, iniciar tareas de siembra de forrajeras a lo largo del cauce del río Cauca; en segundo lugar, y de manera tangencial, los asentamientos humanos se legitiman cada día que pasa ante las acciones de mitigación que emprende el Estado y las entidades territoriales regionales y locales, ante un fenómeno de poblamiento que advierte la debilidad del Estado para evitarlos, como para solucionarlo de raíz.
En tercer lugar, el anuncio y las mismas inversiones millonarias, resultantes de equivocadas políticas ambientales en torno al manejo de la cuenca del Cauca, terminan por despertar y poner en marcha redes clientelares y de corrupción, que ahogan la intención de darle una solución definitiva al fenómeno de poblamiento de zonas de jarillón. Y en cuarto y último lugar, la acción administrativa y fiscal de los órganos de control no garantiza el establecimiento de mecanismos de vigilancia en la ejecución de las partidas, por parte de juntas de acción comunal, así como recomendaciones técnicas de agentes privados que pueden diferir de las acciones a tomar por los organismos estatales. La ejecución de las obras y el financiamiento de las mismas con recursos públicos no hacen posible establecer acciones tendientes a controlar las millonarias inversiones a través de canales de trazabilidad institucionalizados.
Al final de este seguimiento mediático y ante el desarrollo de la cumbre ambiental Río + 20, van quedando claro que el modelo económico vigente, con todo y sus matices, afronta serios problemas de viabilidad a juzgar por los desastres ambientales que a diario registra la prensa. De igual manera, se hace claridad en torno a que en las relaciones internacionales, las potencias del Norte, en especial los Estados Unidos, hacen caso omiso de los llamados de ambientalistas y científicos alrededor de la necesidad urgente de modificar modelos productivos y establecer una relación distinta con la Naturaleza y los recursos naturales explotados.
También queda clara la incapacidad del Estado colombiano para afrontar con determinación y eficiencia los retos ambientales que conllevan cada época invernal y los desequilibrados desarrollos de sus principales ciudades. La ciudad de Cali representa la incapacidad para diseñar una ciudad con sentido de lo colectivo. Cali, es, entonces, la expresión de una sociedad escindida y ligada a una incesante lucha de clases.
Hechos noticiosos mes de abril de 2012
El 09 de abril el periódico EL TIEMPO edita un hecho noticioso cuyo tema central gira en torno a la minería. El titular de la página interior reza así: “Dos firmas lideran la gran minería” (sic). En el texto se amplia lo que se constata en el titular. “De las más de 1,5 millones de hectáreas que tiene tituladas la gran minería, dos firmas dedicadas a la extracción de oro controlan el 59 por ciento del terreno. Se trata de las compañías Anglo Gold Ashanti y Mineros S.A., las cuales son las grandes poseedores de los derechos de exploración y explotación de estas tierras”.
Por su parte, el diario EL ESPECTADOR, el día 14 de abril publica una nota en la que se habla de la temporada de lluvias. El título es: ¿Listos para el invierno? (sic) El texto aparece firmado por Héctor Sandoval Duarte[12]. En el documento periodístico se lee lo siguiente: “A medida que las lluvias comienzan a tomar más fuerza en el país, se sienten las preocupaciones en el agro, ya que el Gobierno advierte que si la ola invernal de este año se torna aún más fuerte, los recursos no alcanzarían para atender los desastres en el campo. Adicionalmente a esto, las zonas agropecuarias del país todavía tienen tasas de aseguramiento muy bajas. Así las cosas, en días pasados el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, advirtió ante el Congreso que si las lluvias arrecian como en la pasada ola invernal, y los recursos no alcanzan, habría que buscar más <<
Para el 20 de abril, el diario EL PAIS edita una nota y la titula ‘Economía Azul’: un modelo de ganancias (sic). En el formato de la noticia se incluye la opinión del creador del modelo de economía azul, Cunter Pauli: “Todo tiene que convertirse en algo útil, pero con todo me refiero a lo existente, pues no tiene ningún sentido generar más gastos en maquinarias y materiales nuevos. La riqueza está en los recursos que tenemos, y en eso Colombia y el Valle tienen una gran ventaja… Más allá de azúcar, con la lignina[13] y la celulosa de la caña (presentes en el bagazo) se produce combustible y papel. No puede ser que se fabrique papel higiénico con un eucalipto que viene de Australia y que daña el ecosistema de acá. Con el bagazo de la caña se obtiene 25 veces más fibra por hectárea que con un bosque de eucalipto”.
Lo que está de fondo en la opinión de la fuente consultada por el diario EL PAIS hace referencia a la visión de desarrollo con la que el Estado colombiano y los gobiernos basan, de tiempo atrás, el crecimiento económico aprovechando las condiciones naturales que ofrece un país biodiverso, así como las características geográficas y la vocación agroindustrial, por ejemplo, del Valle del Cauca; de igual manera, refiere al uso racional de los recursos, a la responsabilidad ambiental tanto del Estado como de los particulares y por supuesto, la aplicación del conocimiento científico y técnico con miras a lograr mayores beneficios, con menores efectos ambientales y sociales.
En un dinámico proceso de globalización, en especial desde el ámbito económico, las expectativas de las fuerzas económicas y financieras del mundo se modifican, mientras se suceden permanentes cambios en las oportunidades de negocio y las circunstancias de circulación del capital.
Sobre este tema giró la columna de opinión de Roberto Arango, a la que tituló El Valle y el Pacífico (sic). Señala el columnista que “el eje de la economía mundial se ha venido desplazando progresivamente a lo largo de la historia de la cuenca del Mediterráneo, a la del Atlántico y en este siglo, se posicionará en la del Pacífico. Hoy en día esta Cuenca representa cerca del 40% de la economía mundial y la mitad del comercio internacional… La inserción del Valle del Cauca al comercio exterior con esta región se ha centrado fundamentalmente con el Ecuador, Perú y Chile que representaron en 2011, un poco más de la tercera parte de sus exportaciones”.
Hechos noticiosos mes de mayo de 2012
Los Tratados de Libre Comercio, TLC, en sí mismos suelen ser una estrategia de claro beneficio para las partes firmantes, siempre y cuando exista simetría en las condiciones en las que se desarrollan las actividades económicas de intercambio. Este factor, cuando no se da, requiere de un Estado decidido a proteger a aquellos sectores productivos que pueden resultar golpeados económicamente por la llegada al país de productos a bajo costo o de mejor calidad.
Justamente, sobre el TLC firmado con los Estados Unidos durante el gobierno de Juan Manuel Santos, agricultores del Valle del Cauca expresaron a los medios de comunicación sus temores y solicitaron ayuda del Estado.
En la nota del 03 de mayo de 2012 EL PAIS registra el hecho de la siguiente manera: Frutas, la opción del Valle con el TLC (sic). En el texto noticioso se lee: “Los agricultores expusieron sus temores frente al acuerdo con EE.UU., piden más ayuda. El sector agrícola del Valle del Cauca aspira a lograr una buena tajada del mercado de Estados Unidos, con la comercialización de frutas tropicales como la pitahaya, la granadilla, la uchuva, la papaya…”.
En esa misma dirección y en ese mismo escenario se entiende otra nota en la misma edición de EL PAIS, en la que se lee: “A pesar de la incertidumbre política que enfrenta hoy el Valle del Cauca, el departamento le apuesta a nuevo Plan de Desarrollo como carta de navegación de las inversiones y programas sociales hasta el año 2015” .
Dos días después, EL PAIS publica información relacionada con la capacidad instalada de la región, de cara al incremento del comercio con los Estados Unidos y otros países, en el contexto de la firma de TLC no sólo con el Coloso del Norte, sino con otros países del hemisferio y de Europa. En esta oportunidad se hace referencia, nuevamente, al dragado del puerto de Buenaventura, que de tiempo atrás presenta problemas de sedimentación, en parte generada por las altas cargas de material de arrastre y pérdida de suelo por erosión y otros fenómenos con los que vienen varios afluentes que desembocan en la Bahía.
Los problemas de infraestructura de Colombia hacen de Colombia un país con graves problemas de competividad. Baste con revisar el estado general de vías terciarias y secundarias y en particular de la situación del puerto de Buenaventura en cuanto a su capacidad para recibir barcos de gran calado.
Durante años se vienen adelantando obras de profundización del puerto, pero los problemas de acceso a grandes embarcaciones continúan. El 05 de mayo de 20012 EL TIEMPO registra el titular El canal de acceso apuesta a los 15 metros (sic).
La minería es, sin duda, el hecho noticioso de mayor registro y preocupación social y política, por la forma como el gobierno de Santos viene impulsando la llamada locomotora minero-energética. EL ESPECTADOR registra una nota en la que señala que la producción de carbón creció el 14,6%. La nota, del 15 de mayo de 2002 exalta el cuarto lugar que ocupa Colombia como exportador del mineral.
Con una economía extractiva, siguiendo el modelo económico colonial, de vender los recursos del subsuelo, Colombia avaza a pasos agigantados hacia la provocación de desastres ambientales, por la perdida de controles por parte de entidades ambientales que datan de 1993, creadas en el marco de los compromisos adquiridos por el país en la Cumbre de la Tierra de 1992. Sin mayor análisis se lee en la nota que “La locomotora minera se anotó un nuevo avance en los tres primeros meses del años al registrar una producción de 23.3 millones de toneladas de carbón…”.
En esa misma dirección temática, EL PAIS titula “Hallan otra ‘súper mina’ de carbón en la Guajira” (sic). El ‘alegre’ registro noticioso olvida o deja atrás la incapacidad administrativa, jurídica y política con la que el Estado colombiano suele aprobar concesiones mineras y la llegada de inversionistas extranjeros.
La biodiversidad y su aprovechamiento suelen exhibirse como factores positivos de los que el país podría beneficiarse dado que tiene recursos y una especial biodiversidad natural. EL TIEMPO habla de negocios verdes, enmarcados en complejas nomenclaturas como el biocomercio al que hay que oponerlo, la biopiratería), el ecoturismo (con lo que se garantiza la intervención de multinacionales hoteleras en zonas de parques nacionales naturales) y la biomimética (productos y procesos para lograr soluciones médicas). La nota se editó el 28 de mayo de 2012.
Aquí el problema gira en torno a la legislación ambiental, la capacidad de negociación de los gobiernos, pero sobre todo, la debilidad estatal para hacer cumplir la normatividad ambiental.
El tener un Estado privatizado, que actúa con sentido corporativo, es aprovechado por actores económicos de una fragmentada sociedad civil colombiana. Los cañicultores, afectados por la ola invernal, salieron a pedir ayuda del Estado para recuperarse de las perdidas sufridas por el fuerte invierno que azotó zonas de cultivo. Fácilmente se reconocen como víctimas, pero nunca reconocen los efectos negativos que la agroindustria azucarera han generado en ecosistemas hídricos (madres viejas, por ejemplo), zonas útiles en épocas invernales. En EL PAIS se lee lo siguiente en su edición del 23 de mayo de 2012: “Los cañicultores del Valle del Cauca le solicitarán mañana al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, un mayor apoyo en materia crediticia para la recuperación del sector”.
Hechos noticiosos mes de junio de 2012
En el diario EL TIEMPO del 02 de junio de 2012 se lee la siguiente información. “Brasil organiza la Cumbre de Desarrollo Sostenible Río + 20, por un mundo más equitativo, más limpio, más verde y más próspero”.
En este encuentro se valorará los avances que el mundo ha logrado en torno a conservar zonas de especial valor ambiental para la humanidad, la mitigación de los impactos de un desarrollo económico extractivo y en general, el diseño y la eficacia de políticas realcance mundial tendientes a evitar más daños al planeta.
Lo que la Cumbre en sí misma cuestiona es el modelo de desarrollo extractivo puesto en marcha por los países llamados desarrollados, a costa del bienestar de millones de habitantes, pero especialmente, los graves efectos ambientales provocados en zonas biodiversas y específicos ecosistemas.
Estamos ante un esfuerzo más, un evento más que confirmará la reiterada decisión de las grandes potencias políticas, económicas y militares del mundo, de frenar el ritmo de desarrollo, el consumo de materias primas y en general, la explotación incontrolada de recursos no renovables.
En esa línea expresa su opinión Víctor Tafur, en su columna Río +20: ¿A quién le importa? (sic), en la que crítica la coherencia y el poco liderazgo de Brasil, así como el nivel de polarización existente entre quienes piensan que es posible aún un modelo de desarrollo sostenible y quienes aseguran que el ritmo de desarrollo extractivo tiene su propia inercia y por ello no puede detenerse o imponérsele obstáculos o controles.
Para el 03 de junio de 2012 se registra la columna del ex vice ministro del medio ambiente, Ernesto Guhl Nanetti, quien fuera el segundo al mando cuando Manuel Cipriano Rodríguez Becerra fungió como el primer ministro del medio ambiente, cartera creada en 1993, a raíz de los compromisos ambientales asumidos por Colombia como país participante de la Cumbre de la Tierra en 1992.
Leamos con atención apartes de la reflexión que hace Guhl Nanetti:
“Hace 20 años se celebró la denominada Cumbre de Río de Janeiro, para poner en el escenario internacional la preocupación por el deterioro del medio ambiente resultante del proceso de desarrollo. La reunión estuvo inspirada en el muy razonable principio de situar el medio ambiente como el valor dominante, y a partir de allí buscar formas de desarrollo que permitieran la mejora de las condiciones de vida de la población y garantizar la sostenibilidad del progreso humano. Se propuso una generosa hermandad internacional para salvar el planeta y se preparó una hoja de ruta hacia la sostenibilidad, que se denominó la Agenda XXI. Los logros de esta ambiciosa y renovadora iniciativa han sido muy modestos y la salud del planeta sigue deteriorándose… En síntesis, se puede afirmar que los ideales y metas acordadas en Río 92, no se han cumplido en lo fundamental y que el estado del planeta sigue un peligroso curso de deterioro impulsado por un modelo económico globalizado e insostenible. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué seguimos destruyendo nuestra propia casa? Si bien es cierto que las respuestas a estas preguntas son múltiples e interrelacionadas, podrían resumirse en dos: la ineficacia de los acuerdos multilaterales y la falta de participación ciudadana en ellos…”[14].
Detrás del pesimismo o realismo de los columnistas, hay un complejo contexto que se define por unas relaciones asimétricas entre los países del Norte, desarrollados, y los del Sur, afanados por lograr un pleno desarrollo, de acuerdo con los cánones aceptados universalmente. Relaciones de fuerza que terminan a favor de multinacionales y del sistema financiero internacional, que promueve, a través del Banco Mundial, un tipo de desarrollo económico insostenible e inviable.
Ante la proximidad del evento ambiental Río +20, la gran prensa colombiana publicaría variadas notas en torno a este encuentro mundial como muestra de la preocupación de sectores globales por el futuro de la condición humana y por supuesto, del propio planeta.
He aquí varios titulares: En EL ESPECTADOR, Nuestros jóvenes en Río + 20 (sic), Cubrimiento especial de Río + 20 (sic), Economía verde (sic), Guía para entender Río +20 (sic), ¡Adiós al Producto Interno Bruto! (sic), La cumbre de las marchas (sic); Río + 20, hora cero (sic); Ideas en los pasillos de Río + 20 (sic); Cicatrices del cambio climático (sic); Lo que dejó Río + 20 (sic); ¿El control de la población?, ¡Olvídelo! (sic).
Bajo este titular aparece una entrevista concedida por Gro Harlem Brundtland, primera mujer en ser Primera Ministra y quien fuera en 1972 la autora de un informe ambiental mundial que posteriormente se conocería como el Informe Brundtland. Al referirse al documento final de la Cumbre Río + 20, señala que “los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están en el texto, en una forma difusa, pero están ahí y tenemos que seguir empujando para que tengan el contenido adecuado. Los ODS pueden significar que en el futuro las naciones reporten resultados de su desarrollo sostenible. El compromiso no es claro, pero hay una puerta abierta que puede llevar a que antes de 2015 se acuerde una agenda de desarrollo sostenible…”
Frente al asunto del control de la natalidad, como herramienta política de claro beneficio ambiental, Harlem Brundtland sostiene que “no hay forma de de controlar el crecimiento poblacional. China lo intentó sin éxito. Sin embargo, se puede empoderar a las mujeres, fomentar derechos reproductivos y facilitar el acceso a la planificación familiar, ese es el camino. Hay que invertir en las mujeres y en la gente joven, pero, controlar la población?, olvídenlo. Las mujeres no quieren tener hijos todos los años y si tienen la opción de elegir cuándo quieren ser madres, van a hacerlo para el beneficio de ellas, de su familia, de su comunidad y de su país”.
Por su parte, en EL TIEMPO, se registran los siguientes titulares: Los indígenas reclaman voz en la Cumbre Río + 20 (sic), Planeta en crisis busca evitar su autodestrucción (sic); Río + 20 aprobará propuesta de Colombia (sic); Colombia le dio oxígeno a Río + 20 (sic); Río + 20 dejó solo buenas intenciones (sic). La redacción del diario EL TIEMPO concluye de esta manera los alcances de otra cumbre mundial ambiental que pasa sin mayores compromisos por parte de los países desarrollados y las fuerzas económicas y políticas mundiales alrededor de disminuir los nocivos efectos ambientales de un modelo de desarrollo económico altamente extractivo.
“Los líderes mundiales de 193 países concluyeron el viernes la Conferencia Río + 20 para el desarrollo sostenible, de la ONU, con un tibio apoyo a la economía verde, que quedó en el tintero de las buenas intenciones, relegada por las urgencias de la crisis económica y dejada a la suerte de la iniciativa privada. Fue la cumbre de las ideas: se lanzaron muchas, pero se dejaron a un lado compromisos para cumplirlas. Quedó claro que no habrá sostenibilidad sin reducción de la pobreza. Y también, la importancia de darle un impulso a una economía respetuosa con el medio ambiente (economía verde). Sin embargo, se postergó hasta el 2014 la decisión de crear instrumentos financieros para apoyar una transición hacia ese modelo. Un fondo dotado con 30.000 millones de dólares anuales para financiarlo, propuesto por África, América Latina y China, se hundió”.
Al final, es claro que triunfó, nuevamente, el pragmatismo político y económico con el que se toman decisiones en el contexto de un modelo de desarrollo extractivo que valora con mínimos éticos los ecosistemas y la propia vida humana.
En cuanto al diario EL PAIS, estos son los titulares editados alrededor del tema de la Cumbre Río + 20: Futuro ambiental vuelve a la mesa en la Cumbre Río + 20 (sic). ¿A dónde irá ese Río? (sic) es el titular que identifica la columna de Gustavo Wilches Chaux quien critica “las prioridades de los gobiernos mundiales, pues éstas no son el cambio climático, ni el medio ambiente o la calidad de vida de la gente, sino más bien los grandes poderes económicos”. En la edición del 18 de junio de 2012, el diario caleño titula Protesta de ecologistas (sic) por la presencia de Mahmoud Ahmadinejad en Río de Janeiro; Río + 20 acoge propuesta de Colombia (sic); Acuerdos en Río + 20 (sic); Colombia, uno de los países más expuestos (sic); Río + 20 traza rumbo hacia un mundo sostenible (sic); Río + 20 se despidió con sabor agridulce (sic).
En la edición del 04 de junio de 2012, el diario EL TIEMPO publica una nota en la que se nombra a la Comunidad Andina de Naciones, CAN, cuyos delegados se reunieron para intentar integrar legislaciones locales para hacer frente a la minería ilegal. Sin duda, este frente regional contra la minería ilegal coadyuva al ocultamiento del daño que deja la minería legal, en especial la gran minería de cielo abierto.
Un porcentaje importante de la minería ilegal tiene un carácter artesanal, que al igual que la gran minería, necesita de controles efectivos y serios por parte de las entidades ambientales. Y al respecto hay que decir que Colombia ofrece hoy, en especial desde el 2002, una débil institucionalidad ambiental y unas precarias instituciones ambientales, con las cuales enfrentar con dignidad el reto que ofrece hoy la minería legal e ilegal.
En esa misma dirección se registra una entrevista al entonces ministro de medio ambiente, Frank Pearl, en la que el funcionario promete la puesta en marcha de una política estatal de prevención y medidas para enfrentar la desafiante minería ilegal. “El ministro del Medio Ambiente, Frank Pearl, no duda en señalar que la minería ilegal es la nueva fuente de financiación de los grupos armados ilegales en el país”.
Hay que insistir en la debilidad del Estado colombiano para enfrentar un boom minero que ofrece desde ya una bonanza maldita, de la que el país, el grueso de la Nación no se beneficiará.
En la edición del 10 de junio de 2012 aparece un texto periodístico de Alfredo Molano Bravo, habitual columnista de EL ESPECTADOR. El tema que aborda el sociólogo tiene que ver con la propuesta de la multinacional Drummond, que pretende desviar el río Ranchería para expandir su explotación de carbón en el Cerrejón.
En la narración, Molano Bravo señala que “durante siglos, la Guajira fue considerada tierra de nadie: una tierra despoblada, desértica, donde corría el viento. Hubo perlas en una época, pero los españoles se las llevaron. Después quedaron sólo cordones y soledades. Los indígenas fueron clasificados como salvajes y, por tanto, era lícito matarlos para defender el comercio y la civilización. Se trataba de un territorio baldío… El Cerrejón, que hoy pertenece en su gran mayoría a las multinacionales BHP Billiton, Xstrata y Anglo American, ha comenzado a poner en marcha un plan de expansión que le permitirá llegar a doblar su producción anual en los próximos 20 años. Esta meta implica explotar un depósito de 600 millones de toneladas que yacen bajo el curso medio del río Ranchería. Aprovechar esta mina implica la desviación del río en un tramo de 26 kilómetros que afectaría en el 40% las aguas aportadas por el acuífero aluvial localizado en sus riveras y bajo su cauce”.
A pesar de la existencia de dos momentos históricos distintos, tal y como los plantea Molano Bravo, subsiste un factor común: presencia débil del Estado, tensión entre poderosas fuerzas que buscan someter órdenes sociales y culturales, así como procesos de dominación de una racionalidad económica sobre una racionalidad de vida diferente, encarnada en las comunidades indígenas.
Para el 21 de junio de 2012 EL ESPECTADOR tituló una nota así: Holanda apoya sostenibilidad agraria (sic). En el texto se lee que a través de un “acuerdo de comercio sostenible entre Colombia y Holanda tres principales gremios agropecuarios se beneficiarán: floricultores, cafeteros y bananeros”.
Estamos ante una iniciativa que claramente insiste en la modalidad del monocultivo y motiva la producción agraria de claro beneficio privado, que contará, seguramente, con créditos blandos y apoyo técnico del Estado, dejando atrás la necesidad de fortalecer una política de seguridad alimentaria de claro beneficio colectivo.
Y termina este seguimiento con una nota del jueves 21 de junio de 2012, también publicada en EL ESPECTADOR, bajo el título Se demora el millón de barriles sostenibles (sic). El lead de dicha nota resulta llama la atención porque en él subyace una postura y la clara intención de construir una representación social negativa en torno a las licencias ambientales. En el texto se lee: “Las licencias ambientales se convirtieron en la piedra en el zapato de la industria petrolera, en procura de alcanzar la tan anhelada meta del millón de barriles diarios de crudo. Se bien la idea expresada emana del presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Alejandro Martínez, no deja de llamar la atención que el medio ubique en un lugar privilegiado del cuerpo de la noticia, lo que es apenas una simple opinión de un agente interesado en explotar un recurso del subsuelo, con fuertes impactos ambientales.
Abril de 2012. Hechos relacionados con el Jarillón
Lluvias traen preocupación al jarillón en el río Cauca (sic) es el titular de un texto noticioso publicado en EL PAIS el 22 de abril de 2012, en la página 25. Al interior de la noticia se lee que “no han pasado cuatros meses desde que a los habitantes de Brisas del Cauca las lluvias les quitaron el sueño, y hoy, de nuevo, viven con incertidumbre… Y es que a lo largo de los 17 kilómetros del jarillón que protege a la ciudad de las arremetidas del Cauca los asentamientos subnormales son la principal problemática. Unas 12.000 mil personas viven en esta fanja que protege a 10 comunas y unos 700.000 habitantes del oriente caleño. El personero Andrés Santamaría alertó sobre la necesidad de reubicar asentamientos, pues de lo contrario las obras no resultarán… En la zona de Puente del Comercio se trabaja en la ampliación del cauce del Cauca. Brisas del Nuevo Amanecer, en Desepaz, de donde salieron 890 familias el año pasado, era el punto más crítico porque fue roto el dique para pasar tubería… Comerciantes y habitantes de Juanchito acudieron a acciones legales porque consideran que los han perjudicado la ausencia de obras río arriba y el manejo de las aguas, aparte de la no aplicación de un Conpes del 2009” .
El responsable de la nota alude al documento Conpes 3624, llamado Programa para el saneamiento, manejo y recuperación ambiental de la cuenca alta del río Cauca, del 20 de noviembre de 2009.
En dicha política llaman la atención dos hechos claves: uno tiene que ver con la grave problemática que soporta el río Cauca en su paso por más seis departamentos y el otro, con la incapacidad instalada del Estado para enfrentar técnica, jurídica, institucional, política y científicamente los problemas que afectan el cauce del río Cauca.
Se sostiene en el Conpes 3624 que “la problemática ambiental de la cuenca alta del Río Cauca es amplia y compleja, está relacionada con la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por vertimientos industriales y domésticos, la explotación minera, el uso y manejo inadecuado de los suelos de las laderas y de la franja protectora de las fuentes superficiales, la alteración del sistema de humedales lénticos, mala disposición de residuos sólidos, los procesos de infiltración, los niveles de caudal circulante, los niveles freáticos, los niveles, duración y frecuencia de crecidas o avenidas, entre otros fenómenos”.
En cuanto a la incapacidad del Estado, en el mismo Conpes se lee que “De la información recogida en la región a nivel institucional se logró identificar que existen problemas en la articulación, que conllevan a baja capacidad de gestión de las instituciones del orden regional, departamental y municipal. Esta baja capacidad se ve reflejada en una limitada aplicación de estrategias de mediano y largo plazo, baja capacidad institucional en la aplicación de la normatividad vigente, limitada participación de instituciones de control, e inexistencia de programas de educación ambiental”[15].
En los diarios EL PAIS y EL TIEMPO se registran varios hechos en los que se alude al jarillón del río Cauca y el manejo que la administración les está dando a la temporada de lluvias.
El 18 de abril de 2012, el diario EL TIEMPO edita la nota Nubarrones se repiten por el lío del jarillón (sic), en la página 11. En el documento se lee que “el invierno arrecia y vuelve la preocupación por el jarillón del río Cauca. El personero Andrés Santamaría llamó la atención sobre la necesidad de reubicar a quienes se encuentran asentados en medio de este muro de protección. En la estabilización del jarillón, a la altura de Desepaz y el Paso del Comercio, la Administración invierte 7.500 millones de pesos”.
De tiempo atrás el fenómeno de poblamiento del jarillón se erige como un factor de acción estatal, en la medida en que obliga a que el Estado, nacional, regional y local, promueva, ejecute y diseñe diversas acciones encaminadas a mantener controlado el fenómeno. Asegurar el control del fenómeno de poblamiento brindó a pasadas administraciones locales -y brindará a las próximas- la oportunidad de buscar y ejecutar cuantiosos recursos económicos, con los que se logra movilizar redes clientelares resultantes de los compromisos electorales de los ganadores de los comicios. Así, los asentamientos humanos en el jarillón del río Cauca sirven a los compromisos electorales (clientelismo) de alcaldes y gobernadores.
Sucesivos gobiernos usan a los medios masivos para anunciar cuantiosas inversiones para afrontar, por ejemplo, los problemas generados por las intensas lluvias. Los anuncios de los gobiernos nacional, departamental y municipal se traducen en que la economía se dinamiza en tanto se ponen en marcha obras civiles. Lo que hay que señalar de estas inversiones, es que parece que no hubiera mayor control por parte de las contralorías departamentales y municipales, guiadas por la Contraloría General de la República.
Destinan $30.000 millones para obras de reconstrucción (sic) es el titular de una nota en el diario EL PAIS, páginas A 2, en la que se lee: “Gobierno asignó recursos al Valle para atender daños provocados por efectos de La Niña en 2010 y 2011. Un total de $30.000 millones serán invertidos en el Valle del Cauca para realizar labores de reconstrucción en los 42 municipios del departamento, afectados por las temporadas invernales del 2010 y 2011.
En lo que toca a los asentamientos del jarillón del río Cauca, el diario caleño registra otro ultimátum: “Hasta el próximo 30 de abril la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle y la CVC tendrán tiempo para presentar una propuesta económica de cofinanciación para desarrollar el plan de recuperación del jarillón del río Cauca. Se trata de la propuesta, valorada en $1,3 billones, que tendrá como objetivo entre otros, realizar obras de contención y desalojar a los invasores asentados sobre el dique de protección del río, a su paso por el oriente caleño. La presentación de la oferta económica será el requisito fundamental para que el Fondo de Adaptación determine la viabilidad del proyecto, según lo indicó su gerente, Cecilia Álvarez durante su participación en el Consejo Directivo de la CVC realizado en Cali…Al respecto, Carlos Sinisterra, asesor de la Alcaldía de Cali para el proyecto de recuperación del jarillón del río Cauca, aseguró que la Administración local definió que su participación económica será de $250.000 millones. Sinisterra indicó que sólo falta determinar las contrapartidas de la CVC y la Gobernación… En respuesta, María Jazmín Osorio, directora de la CVC, dijo que <>>”.
Si algo ha hecho la prensa local es registrar anuncios de inversiones en estudios técnicos, obras de mitigación, reforzamientos de diques y la redacción de informes socio ambientales, alrededor de la situación de los asentamientos existentes sobre el jarillón del río Cauca. Anuncios de inversiones sobre las cuales no hay evidencias de control fiscal por parte de la Contraloría local, regional y nacional, y menos aún, por parte de veedores ciudadanos.
El 03 de abril EL PAIS registra otra nota sobre el jarillón del río Cauca, esta vez no desde la lógica de la noticia, sino desde las posibilidades que ofrece el género entrevista.
El titular <<La CVC no es la tienda de los jarillones>> (sic), exhibe la debilidad institucional de la CVC y los problemas de coordinación de esta CAR con otras entidades estatales como la Policía y la propia Fiscalía. El pronunciamiento que da vida al titular lo hizo María Jazmín Osorio, directora del Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, como respuesta a las críticas recibidas por el manejo dado a las emergencias provocadas por las intensas lluvias. La funcionaria señaló que “…la corporación está <> para ejercer funciones sancionatorias como autoridad ambiental por el exceso de trámites administrativos. En temas como el control de la minería ilegal en los Farallones de Cali o en el sector de Zaragoza, en Buenaventura, recordó que están fuera de su jurisdicción… En 1993 se crearon el Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio del Medio Ambiente y otras corporaciones, entonces nos cambiaron las funciones, jurisdicciones y nuestra naturaleza. Lo que debemos hacer ahora es propender por el mejoramiento de las condiciones ambientales y liderar procesos, no realizarlos al 100%. En el referente vallecaucano está que la entidad es la que soluciona todo, pero eso está revaluado. Nosotros tenemos ventajas para colocar sobre la mesa recursos, pero no todos ”.
Categoría Litigios Ambientales
La ola invernal no sólo suscita inundaciones y daños en disímiles infraestructuras sanitarias, agroindustriales, de vivienda y en cultivos de mediana o pequeña envergadura, sino enfrentamientos entre el Estado y los particulares afectados por los desbordamientos de los ríos.
Para la categoría Litigios Jurídico-ambientales el diario EL PAIS edita una nota para el 11 de abril de 2012, en la página A2, bajo el título Iniciarán obras para mitigar inundaciones en Cencar (sic).
En el texto periodístico se lee que “en 30 días comenzará la intervención de las vías de la Zona Industrial de Yumbo, específicamente en el sector de Cencar, como parte de las acciones que buscan mitigar los efectos de las inundaciones… estos trabajos obedecen al cumplimiento a un fallo de tutela en el que se ordenó a la Administración local ejecutar los trabajos necesarios para evitar que las lluvias sigan causando estragos en el sector”.
Subyacen al hecho noticioso varios asuntos a considerar: uno, el marco legal garantista en el que los particulares actúan frente a la responsabilidad que el Estado local tiene frente a la tarea de brindar seguridad a sus asociados afectados por un fenómeno de lluvias, que puso en evidencia problemas logísticos y de infraestructura.
El segundo asunto tiene que ver con el modelo de desarrollo vigente, que genera impactos negativos en ecosistemas naturales, como los ríos, que en épocas de grandes precipitaciones ponen en crisis actividades económicas y productivas. Y el tercer elemento tiene que ver con la debilidad y la incapacidad del Estado local para afrontar con diligencia los desastres ambientales producidos por el desbordamiento de los ríos que circundan la ciudad de Cali.
Para el 29 de abril se registra la segunda nota de la nomenclatura Litigios ambientales. Cali, dueño de predio en el caso Campestre (sic) es el titular de una nota del diario EL PAIS en la que se señala que “hace dos años el municipio de Cali se puso a la tarea de desempolvar sus bienes ocultos y entre ellos encontró el de la Hacienda La Buitrera, al sur de la ciudad, hoy en proceso de recuperación. En la actualidad, sobre esas tierras, se pueden ver los campos de golf, las pesebreras y parte de las canchas de tenis del Club Campestre. Sobre este litigio de linderos ya hay una decisión. La Subdirección de Catastro resolvió cancelar la inscripción catastral del predio que figuraba a nombre de la Corporación Club Campestre y que está en terrenos de la Hacienda. Según la escritura 552 de 1937, la Hacienda La Buitrera fue comprada por el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales que, en cumplimiento de la Ley 54 de 1941, la cedió al municipio de Cali y en 1968, mediante escritura pública, fue entregado a Invicali”.
En el asunto aparecen la organización misma del Estado, en tanto administrador de sus propios recursos y la iniciativa privada, que en disímiles ocasiones usó y usa aún el Estado para proteger los intereses de familias y/o sectores de poder de la ciudad, cuyos privilegios se expresan en la construcción de exclusivos clubes en donde se suelen tomar y presionar decisiones políticas que involucran al Estado mismo.
Para el día 19 de junio de 2012 se registra una nota en el diario EL ESPECTADOR, bajo el título Disputa en Cerrejón (sic). En el texto noticioso se lee que “cinco municipios de La Guajira emprendieron una batalla jurídica con la intención de cobrarle a Cerrejón $400 mil millones de predial por el uso de una línea férrea para transportar carbón”.
Estamos frente a un conflicto político, contencioso-administrativo y jurídico que se sostiene en una antigua relación asimétrica entre un Estado lábil y una multinacional que explota recursos del subsuelo de la Nación. Las condiciones asimétricas de exploración y de explotación se alimentan por decisiones de sucesivos Gobiernos que vienen investidas de contradictorias y negativas visiones alrededor de lo colectivo, en particular en lo que tiene que ver con los beneficios que el Estado debe percibir por permitir que empresas con recursos foráneos exploten recursos del subsuelo, cuyas regalías producidas deberían garantizar bienestar para los pueblos y comunidades asentadas en las zonas de exploración y de explotación, en este caso, de carbón en la zona del Cerrejón (norte del país).
El viejo litigio entre EPSA y una comunidad de aproximadamente seis mil personas, por la contaminación generada, en hechos que se remiten a mediados de 2001, terminó 11 años después. El hecho jurídico lo registró así EL PAIS: “Un fallo del Consejo de Estado ratificó la decisión inicial de condenar a la Empresa de Energía del Pacífico, Epsa, por la contaminación causada en julio de 2001. Más de 500 mil metros cúbicos de sedimentos fueron arrojados por las compuertas que se abrieron en la central hidroeléctrica del río Anchicayá que dejaron desolación y un gran impacto en el ecosistema de la región…Más de 6.000 personas, habitantes del río que desembocaba sus aguas a la bahía de Buenaventura, se verán beneficiadas”.
Al terminar este seguimiento, sólo resta insistir en la debilidad del Estado, la fragmentación de la sociedad civil, la incapacidad de las instituciones privadas y estatales para trabajar de manera coordinada en aras de fortalecer el Estado y hacer de él un referente de orden para todos y cada uno de los colombianos.
Las responsabilidades son de todos, a pesar de que, sin duda, existen compromisos de individuos (como por ejemplo, políticos y mandatarios) o de instituciones que debemos evaluar su cumplimiento. La Universidad, como actor social y político de la sociedad civil, tiene la responsabilidad de asumir tareas de pensamiento, discusión, reflexión, así como de vigilancia, seguimiento e investigación, sobre asuntos públicos de especial incidencia en el devenir del país.
La Universidad no puede caer en el juego que le plantea el mercado y las dinámicas económicas y financieras del sistema capitalista global, formando profesionales medianamente idóneos para replicar un modelo económico abiertamente insostenible. Hay que insistir en formar ciudadanos y profesionales capaces de confrontar realidades, marcos mentales y las dañinas lógicas con las que se vienen asumiendo el desarrollo del país.
[1] No es en sí misma una categoría, pero sirve a los propósitos investigativos del proyecto de investigación ejecutado en dos asentamientos del jarillón del río Cauca.
[2] Sistema Nacional Ambiental.
[3] Anuncian obras para mitigar filtraciones en jarillón del Cauca (1 de marzo de 2012). El Pais, p. A 2.
[4] Aprueban recursos para obras de emergencia invernal en el Valle (5 de marzo de 2012). El País, p. A3.
[5] Ibid. p.
[6] Este dato puede no corresponder a la realidad. Es posible que se trate de personas y no de familias.
[7] Comenzó la recuperación en el jarillón del río Cauca (20 de marzo de 2012). El País, p. A 2.
[8] El Valle debe recuperar la ronda del río Cauca (23 de marzo de 2012). El País, p. A 2.
[9] Este hecho está registrado bajo la categoría Hechos, amenazas y desastres.
[10] Investigan a funcionarios por obras de invierno (29 de marzo de 2012). El País, p. A 4.
[11] La resiliencia de los ecosistemas es la capacidad de un ecosistema de recuperarse de un disturbio o de resistir presiones en curso. Se refiere a los complejos procesos físicos y ciclos biogeoquímicos regenerativos que realizan los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema —en un tiempo determinado— como respuesta para recuperar su estado anterior al efecto producido por el factor externo, y en esa medida tender al equilibrio (Chamochumbi, 2005).
[12] No se trata de una columna de opinión. El diario no explica el género. Pareciera que se tratara de un informe o de una noticia ampliada.
[13] “La lignina es el constituyente intercelular incrustante o cementante de las células fibrosas de los vegetales. Se concentra en la lámela media y funciona prácticamente como relleno para impartir rigidez al tallo de la planta. El segundo elemento en importancia de la composición vegetal. La lignina representa el 30 % de los componentes del vegetal. Si se eliminan las celulosas, los carbohidratos, los azúcares, las sales inorgánicas y las proteínas, solo resta esa sustancia péptica que será preciso separar por medio de procesos químicos para obtener la pulpa. La eliminación de la lignina y de los demás elementos no fibrosos, se realiza en un digestor y en un medio alcalino desintegrante como la soda cáustica. Una vez completado el proceso llamado de cocción o lixiviación, los vegetales deben sufrir un lavado exhaustivo y un posterior tratamiento mecánico para liberar totalmente las células individuales”.Tomado de http://papelera.eurofull.com/shop/detallenot.asp?notid=46
[14]¿Río más 20 o Río menos 20? Guhl Nanetti, Ernesto. El Espectador, 3 de junio de 2012. p. 26-27.
[15] Documento Conpes 3624 del 20 de noviembre de 2009.
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