Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Quienes se oponen a las
negociaciones de paz suelen comparar el proceso de sometimiento de los
paramilitares en 2005, con el Proceso de Paz que avanza en La Habana entre las
Farc y el Gobierno de Santos.
Ya en el ejercicio de comparar
subsiste un enorme error, dado que no se pueden contrastar esos dos eventos
políticos. Las razones y las circunstancias que impiden cualquier cotejo,
saltan a la vista, pero es bueno recordarlas ahora que se anuncia un posible
acuerdo entre las partes que negocian en Cuba, en el tema de la justicia
transicional.
La primera razón o circunstancia
tiene que ver con la naturaleza misma de los procesos en cuestión. La
desmovilización, entrega y encarcelamiento por un máximo de ocho años (Ley 975 de 2005) para los
líderes paramilitares, se dieron en el contexto de una acción de sometimiento a
la justicia de la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). No se trató
de un proceso de paz propiamente dicho por cuanto el Gobierno de Uribe Vélez no
dialogó y negoció con un enemigo interno, por cuanto esas fuerzas jamás
atacaron y desconocieron la autoridad y disputaron la soberanía del Estado. Por
el contrario, el paramilitarismo surge de las entrañas del Establecimiento y
sus estructuras armadas, operaron conjuntamente con las dispuestas por el
Estado para enfrentar a las guerrillas.
En lo que tiene que ver con la
naturaleza del Proceso que se adelanta
en La Habana, hay que señalar hasta la saciedad que se trata de una negociación
política entre dos enemigos. Es decir, la guerrilla de las Farc
representa ese enemigo interno que se opone a la autoridad del Estado y le disputa
el control territorial. De ese carácter
de enemigo interno se desprende el estatus político de esa guerrilla, a su vez derivado de las acciones propias
tipificadas dentro de la lógica y el sentido dado al Delito Político. Lo
contrario sucedió con los paramilitares, cuyo carácter político siempre quedó
en duda, justamente porque su lucha armada no estaba dirigida a atacar al
Estado y buscar la toma del poder como si eran las pretensiones de la guerrilla
que hoy negocia el fin del conflicto con el Gobierno de Santos.
Por lo anterior, no se pueden
comparar dos episodios totalmente distintos en su naturaleza. Otro asunto es
que los líderes paramilitares hayan aceptado, en el contexto de esa decisión
autónoma de someterse a la justicia, penas privativas de la libertad por un
máximo de ocho años. Y otro asunto muy distinto es que el Gobierno de Uribe
incumpliera lo pactado con los jefes paramilitares y al final tomara la
decisión de extraditarlos hacia los Estados Unidos para que respondieran por
delitos de narcotráfico y no por las 1.166 (58,9%) masacres que
esos jefes ordenaron perpetrar, según se lee en el Informe ¡Basta ya!
Aquellos que no aceptan la posibilidad
de que los miembros de la cúpula de las Farc no paguen un día de cárcel por los
delitos cometidos, exhiben un peregrino argumento: los paramilitares pagaron,
unos ocho años, y otros tantos están extraditados y sometidos a largas
condenas. Extradición que sirvió, sin duda, para ocultar la verdad de las
formas como operaron los paramilitares y de los apoyos económicos y políticos
que recibieron de miembros poderosos de la sociedad civil y de las élites
políticas comprometidas con ese fenómeno.
Para responder a ese argumento,
hay que decir que hoy las Farc están negociando con el Gobierno de
Santos y por efectos de Justicia Transicional, habrá penas alternativas a la
privación de la libertad. Eso sí, los ciudadanos colombianos tienen todo el
derecho de no aceptar y de no compartir el sentido y los alcances de esa
negociación, pero lo que no pueden hacer es comparar esos dos eventos, por las
circunstancias aquí expuestas.
Los Paramilitares se sometieron a
la justicia y sus líderes fueron timados por un Gobierno que buscó acallar la
verdad sobre los señalados vínculos y simpatías con el fenómeno paramilitar. Es
más, ese mismo Gobierno aceptó que por arte de birlibirloque, los combatientes
de las AUC pasaran de 12[1] mil,
a más 32 mil. Es claro que en ese proceso de 2005, se “colaron” narcotraficantes
gracias a la “venta de franquicias” que los propios jefes paras negociaron con
traficantes de drogas que se “desmovilizaron” siendo, en apariencia,
paramilitares.
Se suma a lo anterior que de ese
proceso de sometimiento de los paramilitares poco dejó en términos de Verdad,
Justicia y Reparación. Y menos aún, en lo que corresponde a No Repetición, por
cuanto hoy el Estado y la sociedad no saben a ciencia cierta en dónde están los
combatientes de las AUC que en 2005 entregaron sus armas al Gobierno de Uribe
Vélez.
Frente al proceso de paz que se
adelanta en La Habana, hay que decir que los acuerdos hasta el momento
firmados, dan cuenta del compromiso de las Farc y del Gobierno de centrar sus
esfuerzos para que haya Verdad, Justicia, Reparación y garantía de No
Repetición. Habrá que esperar que se creen las instituciones suficientes y una
fuerte institucionalidad derivada para honrar lo acordado.
Así, entonces, caen en un error
quienes insisten en comparar dos procesos políticos distintos.
[1] El entonces Jefe de las AUC, Carlos
Castaño, en entrevista con Darío Arizmendi, señaló que tenía 12 mil hombres en
armas. La entrevista se transmitió en la época en la que Pastrana Arango
dialogaba con las Farc en la zona de distensión del Caguán.
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